Norma 98. Desapariciones forzadas

Norma 98. Quedan prohibidas las desapariciones forzadas.
Volumen II, capítulo 32, sección K.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Los tratados de derecho internacional humanitario no mencionan el término “desaparición forzada” como tal. Sin embargo, las desapariciones forzadas infringen, o podrían infringir, una serie de normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de la privación arbitraria de la libertad (véase la norma 99), la prohibición de la tortura y de otros tratos crueles o inhumanos (véase la norma 90) y la prohibición del homicidio (véase la norma 89). Además, en los conflictos armados internacionales, la existencia de requisitos estrictos en cuanto al registro de los datos de las personas privadas de libertad, las visitas y la transmisión de información que les concierna tiene, entre otros, como objetivo prevenir las desapariciones forzadas (véase el capítulo 37). En los conflictos armados no internacionales, las partes deben adoptar asimismo medidas para prevenir las desapariciones, incluido el registro de los datos de las personas privadas de libertad (véase la norma 123). Esta prohibición debe interpretarse también a la luz de la norma que exige el respeto de la vida familiar (véase la norma 105) y de la norma que impone a cada parte en conflicto la adopción de todas las medidas factibles para averiguar lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas a raíz de un conflicto armado y de transmitir a los familiares de éstas toda la información de que dispongan al respecto (véase la norma 117). El efecto combinado de esas normas equivale a una prohibición del fenómeno de las “desapariciones forzadas” en derecho internacional humanitario.
Aunque todavía no se ha formulado plenamente la prohibición de las desapariciones forzadas en los manuales militares y en la legislación nacional, la prohibición figura expresamente en los manuales militares de Colombia, El Salvador, Indonesia y Perú.[1] La legislación de numerosos países prohíbe también específicamente esta práctica.[2]
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en 1981, consideró que las desapariciones forzadas “implican violaciones de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a no ser sometido a la tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a no ser arrestado o detenido arbitrariamente y el derecho a ser juzgado pública e imparcialmente”.[3] La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en 1986, condenó “todo acto que origine desapariciones forzadas o involuntarias de individuos o de grupos de individuos”.[4] El Plan de acción para los años 2000-2003, aprobado en 1999 por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, solicitó a todas las partes en un conflicto armado que adoptasen medidas eficaces para garantizar que “se dan órdenes estrictas para evitar todas las violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidas [...] las desapariciones forzadas”.[5] Todas estas resoluciones se aprobaron por consenso.
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria, pues ningún Estado ha reivindicado el derecho a practicar desapariciones forzadas de personas. Además, los Estados y las Naciones Unidas han condenado, en general, los presuntos casos de desapariciones forzadas. Por ejemplo, las desapariciones que se produjeron durante el conflicto de la antigua Yugoslavia fueron condenadas en las deliberaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en 1995, por Botswana, Honduras e Indonesia.[6] También fueron condenadas en resoluciones aprobadas por consenso por el Consejo de Seguridad y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.[7] La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó, asimismo, las desapariciones forzadas en la antigua Yugoslavia en una resolución aprobada en 1995.[8] La Asamblea General condenó también las desapariciones forzadas en una resolución sobre Sudán aprobada en 2000.[9]
Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la práctica sistemática de las desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad.[10] La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas prohíbe, asimismo, la desaparición forzada de seres humanos, que describe como “una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana”, afirmando que “viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable”.[11] La Declaración de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas, aprobada por consenso, precisa que la desaparición forzada constituye una violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, del derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y del derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que vulnera el derecho a la vida o lo pone gravemente en peligro.[12]
Cabe destacar que en el asunto Kupreskic, en 2000, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sostuvo que la desaparición forzada podía considerarse un crimen de lesa humanidad, a pesar de que no figura como tal en el Estatuto del Tribunal. El Tribunal tuvo en cuenta el hecho de que las desapariciones forzadas entrañan violaciones de varios derechos humanos y están prohibidas por la Declaración de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas y por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Se decidió, pues, que esta infracción entraba en la categoría de “otros actos inhumanos” prevista en el inciso i) del apartado 1 del artículo 5 de su Estatuto.[13]
Por lo demás, diversos organismos regionales de derechos humanos han llegado a la conclusión, en varios asuntos, de que las desapariciones forzadas violan varios derechos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han declarado que las desapariciones forzadas violan el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a un juicio imparcial y el derecho a la vida.[14] Además, como se afirma en la Declaración de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas, éstas producen un gran sufrimiento no sólo a la víctima, sino también a sus familiares.[15] El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han afirmado, asimismo, que la desaparición forzada de un familiar cercano constituye un trato inhumano para los miembros de su familia inmediata.[16] El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha subrayado, asimismo, en su Observación General sobre el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que la prohibición de los secuestros o las detenciones no reconocidas no puede ser objeto de suspensión, y ha declarado que “[e]l carácter absoluto de estas prohibiciones, aun en situaciones excepcionales, se justifica por su condición de normas de derecho internacional general”.[17] Por consiguiente, conviene señalar que, aunque sea la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada lo que constituye un crimen de lesa humanidad, toda desaparición forzada es una violación del derecho internacional humanitario y del derecho de los derechos humanos.
Existe una amplia práctica que indica que la prohibición de las desapariciones forzadas comprende el deber de investigar los presuntos casos de desapariciones forzadas.[18] La obligación de registrar los datos personales de las personas privadas de libertad (véase la norma 123) respalda la obligación de prevenir las desapariciones forzadas.
[1]Colombia, Manual Básico para Personerías y Fuerzas Armadas (1995) (ibíd., párr. 2385); El Salvador, Derechos Humanos, Decálogo de la Fuerza Armada de El Salvador (ibíd., párr. 2386); Indonesia, Directive on Human Rights in Irian Jaya and Maluku (ibíd., párr. 2387); Perú, Derechos Humanos, Decálogo de las Fuerzas del Orden (ibíd., párr. 2388).
[2]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 2398), Armenia (ibíd., párr. 2389), Australia (ibíd., párr. 2390), Azerbaiyán (ibíd., párr. 2391), Belarús (ibíd., párr. 2392), Canadá (ibíd., párr. 2394), Congo (ibíd., párr. 2395), El Salvador (ibíd., párr. 2396), Francia (ibíd., párr. 2397), Malí (ibíd., párr. 2399), Níger (ibíd., párr. 2401), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 2402), Países Bajos (ibíd., párr. 2400), Paraguay (ibíd., párr. 2404), Perú (ibíd., párr. 2405) y Reino Unido (ibíd., párr. 2407); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 2393), Nicaragua (ibíd., párr. 2403) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 2406).
[3]XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. II (ibíd., párr. 2433).
[4]XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XIII (ibíd., párr. 2434).
[5]XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. I (aprobada por consenso) (ibíd., párr. 2436).
[6]V., las declaraciones de Botswana (ibíd., párr. 2410), Honduras (ibíd., párr. 2412) e Indonesia (ibíd., párr. 2413)
[7]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1034 (ibíd., párr. 2415); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1994/72 (ibíd., párr. 2420) y Res. 1996/71 (ibíd., párr. 2421).
[8]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 50/193 (ibíd., párr. 2416). La resolución fue aprobada por 114 votos a favor, uno en contra y 20 abstenciones. Sin embargo, la explicación del voto de Rusia, que votó en contra de la resolución, muestra que no se oponía al principio de la condena de las desapariciones forzadas, sino que consideraba que el texto de la resolución era demasiado parcial.V. la declaración de Rusia ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, UN Doc. A/C.3/50/SR.58, 14 de diciembre de 1995, párr. 17.
[9]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 55/116 (citada en vol. II, cap. 32, párr. 2417). La resolución fue aprobada por 85 votos a favor, 32 contra y 49 abstenciones. Sin embargo, las explicaciones del voto de Bangladesh, Canadá, Estados Unidos, Libia y Tailandia no indican un desacuerdo sobre el principio debatido; v. las explicaciones del voto de estos Estados ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de octubre de 2000, UN Doc. A/C.3/55/SR.55, 29 de noviembre de 2000, párr. 138 (Canadá), párr. 139 (Estados Unidos), párr. 146 (Bangladesh), párr. 147 (Tailandia) y párr. 148 (Libia).
[10]Estatuto de la CPI (1998), art. 7, párr. 1, apdo. i) (citado en vol. II, cap. 32, párr. 2372). En el art. 7, párr. 2, apdo. i) (ibíd., párr. 2374) se define la desaparición forzada de personas como “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.
[11]Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994), preámbulo (ibíd., párr. 2371); v., asimismo, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 2001/46 (ibíd., párr. 2422); Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena (ibíd., párr. 2435).
[12]Declaración de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas (1992), art. 1 (ibíd., párr. 2379).
[13]TPIY, Kupreskic case, fallo (ibíd., párr. 2437).
[14] V., v.g., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 9466 (Perú) (ibíd., párr. 2446), Caso 9786 (Perú) (ibíd., párr. 2448) y Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (ibíd., párr. 2449), así como Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez (ibíd., párr. 2450); v. también la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Mouvement burkinabé des Droits de l'Homme et des peuples v. Burkina Faso (violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, del derecho a la libertad y del derecho a la seguridad de la persona) (ibíd., párr. 2441).
[15] Declaración de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas (1992), art. 1 párr. 2 (ibíd., párr. 2379).
[16] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Quinteros v. Uruguay (ibíd., párr. 2439), Lyashkevich v. Belarus (ibíd., párr. 2440); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Kurt v. Turkey (ibíd., párr. 2442), Timurtas v. Turkey (ibíd., párr. 2443) y Cyprus case (ibíd., párr. 2444).
[17] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 2438).
[18] V., v.g., Declaración de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas (1992), art. 13 (ibíd., párr. 2484); Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994), art. 12 (ibíd., párr. 2481); la práctica de Argentina (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) (ibíd. , párr. 2489), Chile (Mesa de diálogo sobre derechos humanos) (ibíd., párr. 2411), Croacia (Comisión para la búsqueda de personas desaparecidas durante las hostilidades en la República de Croacia) (ibíd. , párr. 2490), Filipinas (Grupo de trabajo sobre las desapariciones involuntarias) (ibíd., párr. 2492), Sri Lanka (Comisión de investigación sobre los desplazamientos forzosos y las desapariciones involuntarias en determinadas provincias) (ibíd., párr. 2414), la antigua Yugoslavia (Comisión mixta de búsqueda de personas desaparecidas y restos mortales) (ibíd. , párr. 2485) e Irak, por un lado, y Arabia Saudita, Estados Unidos, Francia, Kuwait y Reino Unido, por otro (Comisión Tripartita creada bajo los auspicios del CICR) ( ibíd., párr. 2514); Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 6 (art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 2504) y Quinteros v. Uruguay (ibíd., párr. 2505); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 40/140 (ibíd., párr. 2493); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 2001/46 (ibíd., párr. 2495); XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. II (ibíd., párr. 2502); Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena (ibíd., párr. 2503); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Kurt v. Turkey (ibíd., párr. 2506), Timurtas v. Turkey (ibíd., párr. 2507) y Cyprus case (ibíd., párr. 2508); Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez (ibíd., párr. 2512).