Norma 96. Toma de rehenes.

Norma 96. Queda prohibido tomar rehenes.
Volumen II, capítulo 32, sección I.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra prohíbe la toma de rehenes.[1] La toma de rehenes está asimismo prohibida por el IV Convenio de Ginebra y considerada como una infracción grave de dicho Convenio.[2] Estas disposiciones se alejaban, en cierta medida, del derecho internacional de aquella época, que se había formulado en 1948 en relación con el asunto de los rehenes, en el cual el Tribunal Militar de los Estados Unidos en Nuremberg no había excluido la posibilidad de que una potencia ocupante tomase rehenes como último recurso y en condiciones estrictamente definidas.[3] Sin embargo, aparte de las disposiciones de los Convenios de Ginebra, la práctica posterior a esa época muestra que la prohibición de tomar rehenes está ya firmemente arraigada en el derecho internacional consuetudinario y considerada como un crimen de guerra.
La prohibición de la toma de rehenes se reconoce como una garantía fundamental para las personas civiles y las personas fuera de combate en los Protocolos adicionales I y II.[4] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la “toma de rehenes” constituye un crimen de guerra tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.[5] La toma de rehenes se cita también como un crimen de guerra en los estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[6] Muchos manuales militares prohíben la toma de rehenes.[7] Esta prohibición figura, asimismo, en la legislación de numerosos países.[8]
Los Estados han condenado los casos de toma de rehenes en conflictos armados internacionales o no internacionales.[9] Diversas organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas, han condenado también estos hechos en el contexto de la guerra del Golfo y de los conflictos de Camboya, Chechenia, El Salvador, Kosovo, Oriente Próximo, Sierra Leona, Tayikistán y Yugoslavia.[10]
En el asunto de Karadzic y Mladic en 1995, los cargos de acusación de infracciones graves imputados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia a los inculpados se referían a tomar como rehenes a miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. En su examen del auto de procesamiento, el Tribunal confirmó los cargos.[11] En el asunto Blaskic, en 2000, el Tribunal reconoció que el acusado era culpable de tomar rehenes como violación de las leyes y costumbres de la guerra, y de tomar rehenes civiles como infracción grave del IV Convenio de Ginebra.[12] En el asunto Kordic y Cerkez, en 2001, el Tribunal resolvió que los acusados eran culpables de la infracción grave de tomar como rehenes a personas civiles.[13]
El CICR ha hecho un llamamiento a las partes en conflictos armados tanto internacionales como no internacionales para que se abstengan de recurrir a la toma de rehenes.[14]
El derecho internacional de los derechos humanos no prohíbe explícitamente la toma de rehenes, pero la práctica está prohibida en virtud de los derechos humanos que no admiten suspensiones, ya que equivaldrían a una privación arbitraria de la libertad (véase la norma 99). La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado que la toma de rehenes, independientemente del lugar donde se produzca y de quién sea el autor, es un acto ilegal tendiente a vulnerar los derechos humanos y nunca está justificada.[15] En su Observación General sobre el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (relativo a los estados de emergencia), el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que los Estados Partes no pueden invocar “en ningún caso” un estado de emergencia “como justificación de actos que violan el derecho humanitario o normas imperativas de derecho internacional, por ejemplo, la toma de rehenes”.[16]
La Convención Internacional contra la toma de rehenes define esta infracción como el hecho de apoderarse de otra persona (rehén) o detenerla, y amenazarla con matarla, herirla o mantenerla detenida para obligar a un tercero a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén.[17] En los Elementos de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional se utiliza la misma definición, pero se agrega que el comportamiento que se exige del tercero puede ser una condición no sólo para la liberación del rehén, sino también para su seguridad.[18] La toma de rehenes se caracteriza por la intención específica que la mueve; es precisamente ese factor lo que la diferencia de la privación de libertad como medida administrativa o judicial.
Aunque la prohibición de la toma de rehenes se incluye específicamente en el IV Convenio de Ginebra y se asocia, en general, con la retención de personas civiles como rehenes, nada indica que la infracción se limite a tomar como rehenes a personas civiles. El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional contra la toma de rehenes no limitan el alcance de la infracción a la toma de rehenes civiles, sino que la aplican a cualquier persona. De hecho, los Elementos de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional establecen que el crimen se aplica a toda persona protegida por los Convenios de Ginebra.[19]
[1]Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común (ibíd., párr. 2046).
[2]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 34 (ibíd., párr. 2047) y art. 147 (ibíd., párr. 2048).
[3]Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, List (Hostages Trial) case (ibíd., párr. 2195).
[4]Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 2, apdo. c) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 2050); Protocolo adicional II (1977), art. 4, párr. 2, apdo. c) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 2051).
[5]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. a), inciso viii) y art. 8, párr. 2, apdo. c), inciso iii)(ibíd., párr. 2054).
[6]Estatuto del TPIY (1993), art. 2, párr. 1, apdo. h) (ibíd., párr. 2062); Estatuto del TPIR (1994), art. 4, párr. 1, apdo. c) (ibíd., párr. 2063); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 3, párr. 1, apdo. c) (ibíd., párr. 2055).
[7] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 2088), Argentina (ibíd., párr. 2068), Australia (ibíd., párrs. 2069 y 2070), Bélgica (ibíd., párrs. 2071 y 2072), Benin (ibíd., párr. 2073), Burkina Faso (ibíd., párr. 2074), Camerún (ibíd., párrs. 2075 y 2076), Canadá (ibíd., párr. 2077), Colombia (ibíd., párr. 2078), Congo (ibíd., párr. 2079), Croacia (ibíd., párrs. 2080 y 2081), Ecuador (ibíd., párr. 2083), España (ibíd., párr. 2106), Estados Unidos (ibíd., párrs. 2112 a 2115), Filipinas (ibíd., párr. 2101), Francia (ibíd., párrs. 2084 a 2087), Hungría (ibíd., párr. 2089), Italia (ibíd., párrs. 2090 y 2091), Kenya (ibíd., párr. 2092), Madagascar (ibíd., párr. 2094), Malí (ibíd., párr. 2095), Marruecos (ibíd., párr. 2096), Nicaragua (ibíd., párr. 2099), Nigeria (ibíd., párr. 2100), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 2098), Países Bajos (ibíd., párr. 2097), Reino Unido (ibíd., párrs. 2110 y 2111), República de Corea (ibíd., párr. 2093), República Dominicana (ibíd., párr. 2082), Rumania (ibíd., párr. 2102), Rusia (ibíd., párr. 2103), Senegal (ibíd., párr. 2104), Sudáfrica (ibíd., párr. 2105), Suecia (ibíd., párr. 2107), Suiza (ibíd., párr. 2108), Togo (ibíd., párr. 2109) y Yugoslavia (ibíd., párr. 2116).
[8] V., v.g., la legislación (ibíd., párrs. 2117 a 2192).
[9] V., v.g., las declaraciones de Alemania (en el contexto del conflicto de Nagorno-Karabaj) (ibíd., párr. 2198), Estados Unidos (con respecto a la guerra del Golfo) (ibíd., párrs. 2204 y 2205), Italia (ibíd., párr. 2199), Pakistán (en el contexto del conflicto de Cachemira) (ibíd., párr. 2202) y Yugoslavia (ibíd., párr. 2207).
[10] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 664 (ibíd., párr. 2210), Res. 674 (ibíd., párr. 2210), Res. 686 (ibíd., párr. 2210) y Res. 706 (ibíd., párr. 2210); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 2211 y 2212); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 53/164 (ibíd., párr. 2213); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1992/71 (ibíd., párr. 2214), Res. 1992/S-1/1 (ibíd., párr. 2215), Res. 1995/55 (ibíd., párr. 2216), Res. 1998/60 (ibíd., párr. 2217) y Res. 1998/62 (ibíd., párr. 2218); Consejo de Europa, Res. 950 (ibíd., párr. 2224); OEA, Consejo Permanente, resolución 533 (797/89), Protección a la población civil de El Salvador (ibíd., párr. 2226); Parlamento Europeo, resolución sobre la violación de los derechos humanos y del derecho humanitario en Chechenia (ibíd., párr. 2225).
[11] TPIY, Karadzic and Mladic case, auto de procesamiento initial y examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 2231).
[12] TPIY, Blaskic case, fallo (ibíd., párr. 2232).
[13] TPIY, Kordic and Cerkez case, fallo (ibíd., párr. 2233).
[14] V., v.g., CICR, Memorándum sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario (ibíd., párr. 2236), Comunicado de prensa, Tayikistan: ICRC urges respect for humanitarian rules (ibíd., párr. 2238), Communication to the press n.° 93/25 (ibíd., párr. 2240), Memorándum sobre el respeto del derecho internacional humanitario en Angola ( ibíd. , párr. 2241), Memorandum on Compliance with International Humanitarian Law by the Forces Participating in Opération Turquoise (ibíd., párr. 2242), Comunicado de prensa n.° 1793 (ibíd., párr. 2243) y Communication to the Press of ICRC Moscow (ibíd., párr. 2244).
[15] Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1998/73 (ibíd., párr. 2219) y Res. 2001/38 (ibíd., párr. 2220).
[16] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 2234).
[17] Convención Internacional contra la toma de rehenes (1979), art. 1 (ibíd., párr. 2052).
[18] Elementos de los crímenes de la CPI (2000), definición de la toma de rehenes como crimen de guerra (Estatuto de la CPI, art. 8, párr. 2, apdo. a), inciso viii) y art. 8, párr. 2, apdo. c), inciso iii)).
[19] Elementos de los crímenes de la CPI (2000), definición de la toma de rehenes como crimen de guerra (Estatuto de la CPI, art. 8, párr. 2, apdo. a), inciso viii)).