Norma 95. Trabajo forzado 

Norma 95. Queda prohibido el trabajo forzado no retribuido o abusivo.
Volumen II, capítulo 32, sección H.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
En el contexto de los conflictos armados internacionales, el III Convenio de Ginebra dispone que: “La Potencia detenedora podrá emplear como trabajadores a los prisioneros de guerra físicamente aptos, teniendo en cuenta su edad, su sexo y su graduación, así como sus aptitudes físicas, a fin, sobre todo, de mantenerlos en buen estado de salud física y moral”.[1]
La Convención enumera pormenorizadamente los tipos de trabajo a los que puede obligarse a un prisionero de guerra, “[a]parte de los trabajos relacionados con la administración, el acondicionamiento o la conservación de su campamento”.[2] Esta lista se basa en la prohibición general que figura en el Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra: “Los trabajos ejecutados por los prisioneros de guerra no tendrán ninguna relación directa con las operaciones de la guerra”.[3] Además, el III Convenio de Ginebra estipula que: “Si no es por propia voluntad, ningún prisionero de guerra podrá ser empleado en faenas insalubres o peligrosas. A ningún prisionero de guerra se asignarán trabajos que pueda considerarse que son humillantes para un miembro de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora. La recogida de minas o de dispositivos análogos se considerará que es un trabajo peligroso”.[4] El Convenio contiene otras disposiciones detalladas sobre las condiciones de trabajo, la remuneración, los accidentes laborales y el seguimiento médico.[5]
El IV Convenio de Ginebra establece que las personas civiles protegidas pueden ser obligadas a trabajar, pero solo bajo condiciones estrictas, con excepción de las labores “que no tengan relación alguna directa con la conducción de las operaciones militares” o que “las hagan tomar parte en las operaciones militares” y, además, el trabajo debe ser retribuido.[6] Por último, el IV Convenio de Ginebra estipula que los internados civiles no deben ser empleados como mano de obra “a no ser que éstos lo deseen”, en cuyo caso deberán ser también retribuidos.[7]
En los manuales militares y la legislación de numerosos países se indica que el hecho de imponer un trabajo forzado a los prisioneros de guerra o a las personas civiles[8] y el hecho de obligar a los prisioneros de guerra o a las personas civiles a realizar trabajos prohibidos constituyen delitos.[9] En varios juicios celebrados a nivel nacional por crímenes de guerra, los inculpados fueron juzgados culpables de haber obligado a los prisioneros de guerra o a personas civiles a efectuar trabajos relacionados con la guerra.[10]
En el contexto de los conflictos armados no internacionales, el Protocolo adicional II establece que las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto armado “en caso de que deban trabajar, gozarán de condiciones de trabajo y garantías análogas a aquellas de que disfrute la población civil local”.[11]
El Convenio sobre el trabajo forzoso y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los convenios regionales de derechos humanos, prohíben el “trabajo forzoso u obligatorio”.[12] En el Convenio sobre el trabajo forzoso se define esta noción como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.[13] Sin embargo, el derecho de los derechos humanos prevé excepciones a la norma general, en la medida en que ciertos tipos de trabajo no son considerados como trabajo forzado ilícito, por ejemplo el trabajo de los detenidos en las prisiones, todo servicio necesario para que la comunidad se recupere tras una catástrofe o el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.[14] Además, contrariamente a la prohibición de la esclavitud y de la trata de esclavos, la prohibición del trabajo forzado u obligatorio puede ser suspendida, por ejemplo en caso de conflicto armado, cuando las normas específicas del derecho internacional humanitario mencionadas más arriba sean aplicables.[15]
La deportación con fines de trabajo forzado constituye una transgresión de la prohibición de la deportación (véase la norma 129), aunque también está definida como un crimen de guerra por separado en los conflictos armados internacionales. El Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg incluye, entre los crímenes de guerra, “la deportación para trabajos forzados, o con otro fin, de poblaciones civiles de los territorios ocupados o presentes en ellos”.[16] Varios detenidos conducidos ante el Tribunal fueron acusados y condenados por haber deportado a miles de civiles para que realizaran trabajos forzados, es decir, para realizar un trabajo obligatorio no retribuido.[17] La deportación con fines de trabajos forzados está, asimismo, prohibida por los manuales militares y la legislación de diversos países.[18] Varios tribunales nacionales han condenado a personas reconocidas culpables de este crimen, inclusive en el asunto de los rehenes, en el que se reconoció culpables a los acusados de haber “deportado, para trabajos forzados, a prisioneros de guerra y miembros de las poblaciones civiles en los territorios ocupados por las fuerzas armadas alemanas”.[19]
Obligar a personas a servir en las fuerza armadas de una potencia enemiga es un tipo particular de trabajo forzado que está prohibido en los conflictos armados internacionales. El Reglamento de La Haya precisa que está prohibido obligar a los nacionales de la parte adversa a participar en operaciones de guerra dirigidas contra su país, aun en caso de que hubieran estado a su servicio antes del inicio de la guerra.[20] Los Convenios de Ginebra III y IV estipulan que el hecho de obligar a un prisionero de guerra o a una persona civil protegida a hacerlo es una infracción grave.[21] La prohibición se repite en la lista de crímenes de guerra que figura en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[22]
La prohibición de obligar a personas a servir en las fuerzas armadas de una potencia enemiga figura en numerosos manuales militares,[23] así como en la legislación de muchos países.[24] Esta norma se basa en el hecho de que resulta deshonroso y muy duro para una persona participar por la fuerza en operaciones militares contra su propio país, independientemente del hecho de que sea retribuida o no por ello.
[1] III Convenio de Ginebra (1949), art. 49.
[2] III Convenio de Ginebra (1949), art. 50 (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1761).
[3] Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 31 (ibíd., párr. 1757).
[4] III Convenio de Ginebra (1949), art. 52 (ibíd., párr. 1762).
[5] III Convenio de Ginebra (1949), arts. 51 y 53 a 55.
[6] IV Convenio de Ginebra (1949), art. 40 (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1763) y art. 51 (ibíd., párr. 1764).
[7] IV Convenio de Ginebra (1949), art. 95 (ibíd., párr. 1765).
[8]V., v.g., los manuales militares Ecuador (ibíd., párr. 1801) y Estados Unidos (ibíd., párr. 1813), así como la legislación de Australia (ibíd., párrs. 1816 y 1817), Azerbaiyán (ibíd., párr. 1820), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 1824), Cote d'Ivoire (ibíd., párr. 1830), Croacia (ibíd., párr. 1831), Eslovenia (ibíd., párr. 1850), Etiopía (ibíd., párr. 1832), Letonia (ibíd., párr. 1838), Lituania (ibíd., párr. 1839), Paraguay (ibíd., párr. 1848), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 1828), Uzbekistán (ibíd., párr. 1856) y Yugoslavia (ibíd., párrs. 1857 y 1858).
[9]V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párrs. 1810 a 1813), Nigeria (ibíd., párr. 1806), Países Bajos (ibíd., párr. 1804), Reino Unido (ibíd., párr. 1809) y Sudáfrica (ibíd., párr. 1808), así como la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 1821), China (ibíd., párr. 1827), Irlanda (ibíd., párr. 1834), Italia (ibíd., párr. 1836), Luxemburgo (ibíd., párr. 1840), Nicaragua (ibíd., párr. 1845) y Noruega (ibíd., párr. 1847).
[10]V., v.g., Canadá, Tribunal Federal de Apelación, Rudolph and Minister of Employment and Immigration case (empleo de civiles para fabricar misiles V2) (ibíd., párr. 1859); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Krauch (I. G. Farben Trial) case (prisioneros de guerra que trabajaban en minas de carbón) (ibíd., párr. 1870) y Von Leeb (High Command) case (civiles que construían fortificaciones) (ibíd., párr. 1872); Francia, Tribunal General de Rastadt del gobierno militar de la zona francesa de ocupación en Alemania, Roechling case (prisioneros de guerra que trabajaban en la industria metalúrgica) (ibíd., párr. 1861); Países Bajos, Tribunal Militar Temporal de Makassar, Koshiro case (prisioneros de guerra que trabajaban en la construcción y el aprovisionamiento de depósitos de municiones) (ibíd., párr. 1863); Países Bajos, Tribunal Especial de Casación, Rohrig and Others case (civiles que construían fortificaciones) (ibíd., párr. 1864); Reino Unido, Tribunal Militar de Lüneberg, Student case (prisioneros de guerra que descargaban armas, municiones y material de guerra de aeronaves) (ibíd., párr. 1866).
[11]Protocolo adicional II (1977), art. 5, párr. 1, apdo. e) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 1773).
[12]Convenio sobre el trabajo forzoso (1930), art. 1 (ibíd., párr. 1758); Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (1957), arts. 1 y 2 (ibíd., párrs. 1768 y 1769); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 8, párr. 3 (ibíd., párr. 1770); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 4, párr. 2 (ibíd., párr. 1766); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 6, párr. 2; Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 15 (derecho de trabajar en condiciones justas y satisfactorias).
[13]Convenio sobre el trabajo forzoso (1930), art. 2 (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1758); v. la interpretación dada ulteriormente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Van der Mussele v. Belgium (ibíd., párr. 1899).
[14]V. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 8, párr. 3, apdos. b) y c); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 4, párr. 3; Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 6, párr. 3.
[15]V., v.g., Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 4, párr. 2 y art. 8, párr. 3 (citados en vol. II, cap. 32, párr. 1770) y Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 4, párr. 2 y art. 15, párr. 2 (ibíd., párr. 1766).
[16]Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945) (1945), art. 6 (ibíd., párr. 1759).
[17]V. Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, Case of the Major War Criminals (ibíd., párr. 1890).
[18]V., v.g., los manuales militares de Nigeria (ibíd., párr. 1806) y Reino Unido (ibíd., párr. 1809), así como la legislación de Australia (ibíd., párr. 1817), Bangladesh (ibíd., párr. 1821), Belarús (ibíd., párr. 1822), Etiopía (ibíd., párr. 1832), Israel (ibíd., párr. 1835) y Ucrania (ibíd., párr. 1852).
[19]V., v.g., Canadá, Tribunal Federal de Apelación, Rudolph and Minister of Employment and Immigration case (ibíd., párr. 1859); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, List (Hostages Trial) case (ibíd., párr. 1868), Milch case (ibíd., párr. 1869), Krauch (I. G. Farben Trial) case (ibíd., párr. 1870) y Krupp case (ibíd., párr. 1871); Países Bajos, Tribunal Especial de Casación, Rohrig and Others case (ibíd., párr. 1864); Polonia, Tribunal Supremo de Poznan, Greiser case (ibíd., párr. 1865).
[20]Reglamento de La Haya (1907), art. 23, párr. h (ibíd., párr. 1907).
[21]III Convenio de Ginebra (1949), art. 130 (ibíd., párr. 1910); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 147 (ibíd., párr. 1910).
[22]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. a), inciso v) y art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xv) (ibíd., párr. 1912).
[23] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 1929), Argentina (ibíd., párr. 1918), Australia (ibíd., párrs. 1919 y 1920), Bélgica (ibíd., párr. 1921), Benin (ibíd., párr. 1922), Burkina Faso (ibíd., párr. 1923), Camerún (ibíd., párr. 1924), Canadá (ibíd., párr. 1925), Estados Unidos (ibíd., párrs. 1948 a 1950), Francia (ibíd., párrs. 1926 a 1928), Israel (ibíd., párr. 1930), Italia (ibíd., párr. 1931), Kenya (ibíd., párr. 1932), Malí (ibíd., párr. 1934), Marruecos (ibíd., párr. 1935), Nigeria (ibíd., párrs. 1938 y 1939), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 1937), Países Bajos (ibíd., párr. 1936), Reino Unido (ibíd., párrs. 1946 y 1947), República de Corea (ibíd., párr. 1933), Rusia (ibíd., párr. 1940), Senegal (ibíd., párr. 1941), Sudáfrica (ibíd., párr. 1942), Suecia (ibíd., párr. 1943), Suiza (ibíd., párr. 1944) y Togo (ibíd., párr. 1945).
[24]V., v.g., la legislación (ibíd., párrs. 1951 a 2032).