Norma 91. Castigos corporales

Norma 91. Quedan prohibidos los castigos corporales.
Volumen II, capítulo 32, sección E.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La prohibición de los castigos corporales se expresa en los Convenios de Ginebra III y IV.[1] Los Protocolos adicionales I y II reconocen esta prohibición como una garantía fundamental para las personas civiles y las personas fuera de combate.[2] Según los estatutos del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona, los castigos corporales constituyen un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales.[3] La prohibición de los castigos corporales figura, asimismo, en numerosos manuales militares,[4] así como en la legislación de algunos países.[5]
La prohibición de los castigos corporales no se enuncia explícitamente en los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la jurisprudencia en materia de derechos humanos muestra que los castigos corporales están prohibidos cuando constituyen un trato o una pena inhumano o degradante.[6] En su Observación General sobre el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que la prohibición de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes debía “hacerse extensiva a los castigos corporales, incluidos los castigos excesivos impuestos por la comisión de un delito o como medida educativa o disciplinaria”.[7] El derecho de los derechos humanos no autoriza la suspensión de la prohibición de los tratos o penas inhumanos o degradantes.
[1]III Convenio de Ginebra (1949), art. 87, tercer párrafo (ibíd., párr. 1355); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 32 (ibíd., párr. 1356).
[2]Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 2, apdo. iii) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 1356); Protocolo adicional II (1977), art. 4, párr. 2, apdo. a) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 1357).
[3]Estatuto del TPIR (1994), art. 4, párr. 1, apdo. a) (ibíd., párr. 1361); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 3, párr. 1, apdo. a) (ibíd., párr. 1358).
[4]V., v.g., los manuales militares Argentina (ibíd., párr. 1365), Australia (ibíd., párr. 1366), Benin (ibíd., párr. 1367), Canadá (ibíd., párr. 1368), Colombia (ibíd., párr. 1369), Croacia (ibíd., párr. 1370), España (ibíd., párr. 1380), Estados Unidos (ibíd., párr. 1386), Francia (ibíd., párrs. 1371 y 1372), Israel (ibíd., párr. 1373), Italia (ibíd., párr. 1374), Madagascar (ibíd., párr. 1375), Nicaragua (ibíd., párr. 1378), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 1377), Países Bajos (ibíd., párr. 1376), Reino Unido (ibíd., párrs. 1384 y 1385), Rumania (ibíd., párr. 1379), Suecia (ibíd., párr. 1381), Suiza (ibíd., párr. 1382) y Togo (ibíd., párr. 1383).
[5]V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 1387), Bangladesh (ibíd., párr. 1388), Irlanda (ibíd., párr. 1389), Mozambique (ibíd., párr. 1390), Noruega (ibíd., párr. 1391) y Polonia (ibíd., párr. 1392).
[6]V., v.g., Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tyrer case (ibíd., párr. 1401) y A. v. UK case (ibíd., párr. 1402).
[7]Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 20 (art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 1400).