Norma 90. Actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes 

Norma 90. Quedan prohibidos los actos de tortura, los tratos crueles e inhumanos y los atentados contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes.
Volumen II, capítulo 32, sección D.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La prohibición de la tortura se reconocía ya en el Código de Lieber.[1] El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg incluye los “malos tratos” infligidos a poblaciones civiles y prisioneros de guerra entre los crímenes de guerra.[2] En el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra se prohíben “los tratos crueles, la tortura” y “los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes” por lo que atañe a las personas civiles y a las personas fuera de combate.[3] La tortura y los tratos crueles están, asimismo, prohibidos por disposiciones específicas de los cuatro Convenios de Ginebra.[4] Además, “la tortura o los tratamientos inhumanos” y “[c]ausar grandes sufrimientos intencionadamente, o atentar gravemente contra la integridad física o la salud” constituyen infracciones graves de los Convenios de Ginebra y crímenes de guerra con arreglo al Estatuto de la Corte Penal Internacional.[5]
Los Protocolos adicionales I y II reconocen la prohibición de la tortura y de los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, como una garantía fundamental para las personas civiles y las personas fuera de combate.[6] La tortura, los tratos crueles y los atentados contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes, constituyen crímenes de guerra en los conflictos armados no internacionales en virtud de los estatutos de la Corte Penal Internacional, del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[7]
La prohibición de la tortura, los tratos crueles e inhumanos y los atentados contra la dignidad personal figura en numerosos manuales militares.[8] Esta prohibición se incluye, asimismo, en la legislación de un elevado número de países[9] y ha sido confirmada por la jurisprudencia nacional[10] e internacional.[11] La corroboran también diversas declaraciones oficiales y otros tipos de práctica.[12] La jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en los asuntos Furundzija y Kunarac, aportó elementos de prueba adicionales en apoyo a la naturaleza consuetudinaria de la prohibición de la tortura tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.[13]
Los presuntos casos de tortura y de tratos crueles e inhumanos en los conflictos armados, ya sean de carácter internacional o no internacional, han sido siempre condenados por el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como por organizaciones regionales y por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.[14] Esas acusaciones han sido, en general, negadas por las autoridades interesadas.[15]
La prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes figura en los tratados generales de derechos humanos,[16] así como en tratados específicos cuyo propósito es prevenir y sancionar esas prácticas.[17] Según esos instrumentos, esta prohibición no admite suspensiones.
Los Elementos de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional establecen que el crimen de guerra de la tortura consiste en infligir “grandes dolores o sufrimientos físicos o mentales” para, por ejemplo, “obtener información o una confesión, castigar a la víctima, intimidarla o ejercer coacción sobre ella o por cualquier otra razón basada en discriminación de cualquier tipo”.[18] Contrariamente al derecho de los derechos humanos, por ejemplo el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, los Elementos de los crímenes no exigen que esos dolores o sufrimientos sean causados por “un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
En dos asuntos juzgados poco después de su creación (Delalic y Furundzija, en 1998), el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sostuvo que la definición que figuraba en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura formaba parte del derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos armados. [19] Sin embargo, posteriormente, en el asunto Kunarac en 2001, el Tribunal declaró que “la definición de la tortura en derecho internacional humanitario no incluye los mismos elementos que la que se aplica en general en el ámbito de los derechos humanos”. En particular, el Tribunal sostuvo que “la presencia de un funcionario público o de cualquier otra persona con autoridad no es una condición necesaria para definir los hechos constitutivos de tortura en derecho internacional humanitario”. Definió la tortura como el hecho de infligir a una persona, por acción u omisión, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.[20]
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia llegó a la conclusión, al igual que diversos organismos regionales de defensa de los derechos humanos, que la violación puede constituir una tortura. [21] Cabe remitirse a la norma 93 en relación con la prohibición de la violación y de otras formas de violencia sexual.
Los Elementos de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional definen como “trato inhumano” el hecho de infligir “grandes dolores o sufrimientos físicos o mentales”.[22] El elemento que distingue el trato inhumano de la tortura es que no está presente el criterio de que el trato debe infligirse con una finalidad precisa. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia utilizó una definición más amplia, al considerar que el trato inhumano es aquel que “causa grandes sufrimientos o dolores físicos o mentales o que constituye un atentado grave contra la dignidad personal”.[23] El elemento de “atentado grave contra la dignidad personal” no se incluyó en la definición de trato inhumano en los Elementos de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional porque esos atentados están cubiertos por el crimen de guerra de “atentados contra la dignidad de la persona”.[24]
En su jurisprudencia, los órganos de defensa de los derechos humanos aplican una definición análoga a la de los Elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional, insistiendo en la gravedad de los dolores o sufrimientos físicos o mentales. Esos órganos han establecido casos en los que se ha violado la prohibición de trato inhumano con malos tratos activos, pero también con condiciones de detención pésimas,[25] así como en casos de reclusión en régimen de aislamiento.[26] La privación de alimentos, agua o asistencia sanitaria para las personas detenidas se ha considerado también un trato inhumano.[27]
La noción de “atentados contra la dignidad personal” se define en los Elementos de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional como el hecho de someter a una persona a un trato humillante o degradante, o de atentar de cualquier otra forma contra su dignidad, en una medida tan grave “que esté reconocido generalmente como atentado contra la dignidad personal”. Los Elementos de los crímenes precisan, además, que el trato degradante puede aplicarse también a personas fallecidas, y que la víctima no tiene porqué ser personalmente consciente del carácter humillante o degradante del trato sufrido.[28] Este último aspecto se incluyó con el fin de cubrir las humillaciones deliberadas o inconscientes a personas con discapacidad mental. Los Elementos de los crímenes agregan que es necesario tener en cuenta el contexto cultural de la víctima para abarcar, por ejemplo, los tratos que son humillantes para una persona de una nacionalidad o una religión concretas.
La Comisión Europea de Derechos Humanos ha definido la noción de “trato degradante” como trato o castigo que “humilla gravemente al individuo delante de otras personas o le obliga a actuar en contra de su voluntad o consciencia”.[29]
[1]Código de Lieber (1863), art. 16 (ibíd., párr. 1010).
[2]Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945) (1945), art. 6, párr. 2, apdo. b) (ibíd., párr. 982).
[3] Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común (ibíd., párr. 984).
[4] I Convenio de Ginebra (1949), art. 12, segundo párrafo (“tortura”) ( ibíd., párr. 985); II Convenio de Ginebra (1949), art. 12, segundo párrafo (“tortura”) (ibíd., párr. 986); III Convenio de Ginebra (1949), art. 17, cuarto párrafo (“tortura física o moral”) ( ibíd., párr. 987), art. 87, tercer párrafo (“toda forma de tortura o de crueldad”) (ibíd., párr. 988) y art. 89 (castigos disciplinarios “inhumanos, brutales o peligrosos”) (ibíd., párr. 989); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 32 (“tortura” y “cualesquiera otros malos tratos”) (ibíd., párr. 990).
[5] I Convenio de Ginebra (1949), art. 50 (ibíd., párr. 991); II Convenio de Ginebra (1949), art. 51 (ibíd., párr. 991); III Convenio de Ginebra (1949), art. 130 (ibíd., párr. 991); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 147 (ibíd., párr. 991); Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. a), incisos ii) y iii), y art. 8, párr. 2, apdo. c), inciso i) (ibíd., párrs. 1006 y 1007).
[6] Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 996); Protocolo adicional II (1977), art. 4, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 997).
[7] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. c), incisos i) y ii) (ibíd., párrs. 1007 y 1008); Estatuto del TPIR (1994), art. 4, párr. 1, apdos. a) y e) (ibíd., párr. 1028); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 3, párr. 1, apdos. a) y e) (ibíd., párr. 1009).
[8] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 1064), Argentina (ibíd., párrs. 1039 y 1040), Australia (ibíd., párrs. 1041 y 1042), Bélgica (ibíd., párrs. 1043 y 1044), Benin (ibíd., párr. 1045), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 1046), Burkina Faso (ibíd., párr. 1047), Canadá (ibíd., párrs. 1048 y 1049), China (ibíd., párr. 1050), Colombia (ibíd., párrs. 1051 y 1052), Congo (ibíd., párr. 1053), Croacia (ibíd., párrs. 1054 y 1055), Ecuador (ibíd., párr. 1057), El Salvador (ibíd., párrs. 1058 y 1059), España (ibíd., párr. 1088), Estados Unidos (ibíd., párrs. 1096 a 1100), Filipinas (ibíd., párrs. 1081 y 1082), Francia (ibíd., párrs. 1060 a 1063), Hungría (ibíd., párr. 1065), India (ibíd., párr. 1066), Indonesia (ibíd., párrs. 1067 y 1068), Israel (ibíd., párr. 1069), Italia (ibíd., párr. 1070), Kenya (ibíd., párr. 1071), Madagascar (ibíd., párr. 1072), Malí (ibíd., párr. 1073), Marruecos (ibíd., párr. 1074), Nicaragua (ibíd., párr. 1077), Nigeria (ibíd., párrs. 1078 y 1079), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 1076), Países Bajos (ibíd., párr. 1075), Perú (ibíd., párr. 1080), Reino Unido (ibíd., párrs. 1094 y 1095), República Dominicana (ibíd., párr. 1056), Rumania (ibíd., párr. 1083), Rusia (ibíd., párr. 1084), Senegal (ibíd., párrs. 1085 y 1086), Sudáfri- ca (ibíd., párr. 1087), Suecia (ibíd., párrs. 1089 y 1090), Suiza (ibíd., párr. 1091), Togo (ibíd., párr. 1092) y Uganda (ibíd., párr. 1093).
[9] V., v.g., la legislación (ibíd., párrs. 1101 a 1215).
[10] V., v.g., Australia, Tribunal Militar de Rabaul, Baba Masao case (ibíd., párr. 1216); Australia, Tribunal Militar de Rabaul, Tanaka Chuichi case (ibíd., párr. 1217); Bosnia y Herzegovina, Tribunal Cantonal de Tuzla, Drago case (ibíd., párr. 1218); Canadá, Tribunal de Apelación del Consejo de Guerra, Brocklebank case (ibíd., párr. 1219); Chile, Corte de Apelaciones de Santiago, Caso Benado Medwinsky (ibíd., párr. 1220); Chile, Corte de Apelaciones de Santiago, Caso Videla (ibíd., párr. 1221); China, Tribunal Militar para los crímenes de guerra del Ministerio de Defensa Nacional de Nanjing, Takashi Sakai case (ibíd., párr. 1216); Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-225/95 (ibíd., párr. 1222); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, List (Hostages Trial) case (ibíd., párr. 1216); Estados Unidos, Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este del Estado de Nueva York, Filartiga case (ibíd., párr. 1226); Israel, Tribunal de Distrito de Jerusalén, Eichmann case (ibíd., párr. 1216); Israel, Tribunal Supremo, Eichmann case (ibíd., párr. 1223); Israel, Tribunal Superior de Justicia, General Security Service case (ibíd., párr. 1224); Noruega, Tribunal de Apelación, Bruns case (ibíd., párr. 1216); Países Bajos, Tribunal Militar Temporal de Makassar, Motomura case (ibíd., párr. 1216) y Notomi Sueo case (ibíd., párr. 1216); Reino Unido, Tribunal Militar de Hanover, Heering case (ibíd., párr. 1225).
[11] V., v.g., CIJ, Nicaragua case (Merits), fallo (ibíd., párr. 1278); TPIY, Tadic case, segundo auto de procesamiento modificado y fallo ( ibíd., párr. 1279), Mrksic case, auto inicial de procesamiento (ibíd., párr. 1280), Delalic case, fallo (ibíd., párr. 1281), Furundzija case, fallo (ibíd., párr. 1282), Jelisic case, fallo (ibíd., párr. 1283), Kupreskic case, fallo (ibíd., párr. 1284), Blaskic case, fallo (ibíd., párr. 1285), Kunarac case, fallo (ibíd., párr. 1286) y Kordic and Cerkez case, fallo (ibíd., párr. 1287).
[12] V., v.g., las declaraciones de Egipto (ibíd., párr. 1230), Estados Unidos (ibíd., párrs. 1234 a 1238) y Países Bajos (ibíd., párr. 1233), así como la práctica de Azerbaiyán (ibíd., párr. 1228), China (ibíd., párr. 1229), Francia (ibíd., párr. 1231) y Yugoslavia (ibíd., párr. 1241).
[13] TPIY, Furundzija case, fallo (ibíd., párr. 1282) y Kunarac case, fallo (ibíd., párr. 1286).
[14] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 674 (ibíd., párr. 1248), Res. 770 (ibíd., párr. 1249), Res. 771 (ibíd., párr. 1250) y Res. 1072 (ibíd., párr. 1251); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2547 (XXIV) (ibíd., párr. 1253), Res. 3103 (XXVIII) (ibíd., párr. 1253), Res. 3318 (XXIX) (ibíd., párr. 1254), Res. 34/93 H (ibíd., párr. 1253), Res. 41/35 (ibíd., párr. 1253), Res. 50/193 (ibíd., párr. 1255) y Res. 53/164 (ibíd., párr. 1256); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1989/67 (ibíd., párr. 1257), Res. 1990/53 (ibíd., párr. 1257), Res. 1991/67 (ibíd., párr. 1258), Res. 1991/78 (ibíd., párr. 1257), Res. 1992/60 (ibíd., párr. 1258), Res. 1992/68 (ibíd., párr. 1257), Res. 1994/72 (ibíd., párr. 1259), Res. 1996/71 (ibíd., párr. 1260) y Res. 1996/73 (ibíd., párr. 1261); XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XI (ibíd., párr. 1270); XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XIV (ibíd., párr. 1271); XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XIV (ibíd., párr. 1272); XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. X (ibíd., párr. 1273).
[15] V., v.g., la práctica reflejada en los documentos de archivo del CICR (ibíd., párrs. 1243, 1244, 1246 y 1247).
[16]V. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 7 (ibíd., párr. 993); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 3 ( ibíd. , párr. 992); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 5, párr. 2 (ibíd., párr. 994); Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 5 (ibíd., párr. 998); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 37, párr. 1, apdo. a) (ibíd., párr. 1002).
[17]V. Convención contra la Tortura (1984) (ibíd., párr. 999), Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985) (ibíd., párr. 1000) y Convención Europea sobre la Prevención de la Tortura (1987) (ibíd., párr. 1001).
[18]Elementos de los crímenes de la CPI (2000), definición de la tortura como crímen de guerra (Estatuto de la CPI, art. 8, párr. 2, apdo. a), inciso ii) y art. 8, párr. 2, apdo. c), inciso i)).
[19]TPIY, Delalic case, fallo (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1328) y Furundzija case, fallo (ibíd., párr. 1329).
[20]TPIY, Kunarac case, fallo (ibíd., párr. 1332).
[21]V., v.g., TPIY, Delalic case, fallo (ibíd., párrs. 1328 y 1731); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Aydin v. Turkey (ibíd., párrs. 1344 y 1741); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 10.970 (Perú) (ibíd., párr. 1349 y 1743).
[22]Elementos de los crímenes de la CPI (2000), definición del trato inhumano como crimen de guerra (Estatuto de la CPI, art. 8, párr. 2, apdo. a), inciso ii)).
[23]V. TPIY, Delalic case, fallo (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1328) y Cerkez case, fallo (ibíd., párr. 1330).
[24]Knut Dormann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court. Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 63 y 64.
[25]V., v.g., Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Améndola Massiotti and Baritussio v. Uruguay (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1334) y Deidrick v. Jamaica (ibíd., párr. 1335); Comisión Africanade Derechos Humanos y de los Pueblos, comunicación n.° 151/96, Civil Liberties Organisation v. Nigeria(ibíd., párr. 1338); Comisión Europea de Derechos Humanos, Greek case (ibíd., párr. 1339).
[26]V., v.g., Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 20 (art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 1333), Gómez de Voituret v. Uruguay (ibíd., párr. 1333) y Espinoza de Polay v. Perú (ibíd., párr. 1333); Comité Europeo para la prevención de la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes, Second General Report (ibíd., párr. 1346); Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez (ibíd., párr. 1347); Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y Otros (ibíd., párr. 1351).
[27] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Essono Mika Miha v. Equatorial Guinea, comunicación n.° 414/1990, 8 de julio de 1994, párr. 6.4; Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Williams v. Jamaica, comunicación n.° 609/1995, párr. 6.5; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Keenan v. United Kingdom, fallo, 3 de abril de 2001, párr. 115; Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, comunicación n.° 151/96, Civil Liberties Organisation v. Nigeria, 26° período ordinario de sesiones, Kigali, 1 a 15 de noviembre de 1999, párr. 27.
[28] Elementos de los crímenes de la CPI (2000), definición de atentado contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes, como crimen de guerra (Estatuto de la CPI, art. 8, párr. 2, apdo. b) inciso xxi) y art. 8, párr. 2, apdo. c), inciso ii))
[29] Comisión Europea de Derechos Humanos, Greek case (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1339).