Norma 85. Empleo de armas incendiarias contra combatientes 

Norma 85. Queda prohibido el empleo antipersonal de armas incendiarias, a menos que no sea factible emplear un arma menos dañina para poner al adversario fuera de combate.
Volumen II, capítulo 30, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Durante las deliberaciones que tuvieron lugar en los años setenta, muchos Estados se mostraron a favor de una prohibición total del empleo de armas incendiarias, inclusive contra combatientes.[1] Varios Estados realizaron, asimismo, declaraciones oficiales en que apoyaban una prohibición total.[2] La legislación de diversos países prohíbe totalmente el empleo de armas incendiarias.[3] En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre el desarme general y completo en la que deploraba el empleo del napalm y de otras armas incendiarias en todos los conflictos armados.[4]
Sin embargo, cuando se comprobó que no se alcanzaría un consenso para su total prohibición en la Conferencia Preparatoria de la Convención sobre ciertas armas convencionales, varios Estados trataron, como último recurso, de conseguir que se prohibiera su empleo contra los combatientes con limitadas excepciones, como cuando se encuentran protegidos por un blindaje o en fortificaciones de campaña.[5] Ahora bien, unos pocos Estados siguieron oponiéndose, en particular los Estados Unidos y, en cierta medida, el Reino Unido.[6] Dado que el Protocolo III de la Convención sobre ciertas armas convencionales debía aprobarse por consenso, no se incluyó esta prohibición. No obstante, el hecho de que esta prohibición no se incluyera en el Protocolo no significa que el empleo de armas incendiarias contra combatientes sea lícito en todas las circunstancias.
Varios Estados han especificado las pocas situaciones en que pueden emplearse armas incendiarias, concretamente, cuando los combatientes se encuentran protegidos por un blindaje o en fortificaciones de campaña.[7] Otros han declarado que no es posible emplear armas incendiarias de manera que causen sufrimientos innecesarios.[8] En diversos manuales militares y varias declaraciones oficiales se señala que el empleo de armas incendiarias contra combatientes está prohibido porque causa sufrimientos innecesarios.[9]
Se dispone de muy poca información sobre el empleo de napalm y de armas incendiarias similares contra combatientes desde la aprobación de la Convención sobre ciertas armas convencionales. La información disponible consiste en acusaciones no confirmadas en que se condena su empleo.[10] De esta práctica se deduce que no pueden emplearse armas incendiarias contra combatientes si su empleo puede causar sufrimientos innecesarios, es decir, si es factible emplear un arma menos dañina para dejar a los combatientes fuera de combate.
La situación por lo que respecta a los conflictos armados no internacionales es análoga a la descrita en la norma anterior, es decir, que la comunidad internacional no ha tenido que abordar esta cuestión en los últimos veinte años. Sin embargo, es razonable llegar a la conclusión de que esta norma es aplicable en los conflictos armados no internacionales. Dado que está prohibido emplear medios y métodos de guerra que por su naturaleza causarían sufrimientos innecesarios en los conflictos armados no internacionales (véase la norma 70), el empleo antipersonal de armas incendiarias en situaciones en que la necesidad militar no imponga su empleo constituiría una transgresión de esa norma.
[1] La Comisión especial de armas convencionales de la Conferencia Diplomática que concluyó con la aprobación de los Protocolos adicionales recibió propuestas oficiales en este sentido de Afganistán, Argelia, Austria, Colombia, Côte d'Ivoire, Egipto, Irán, Kuwait, Lesotho, Líbano, Malí, Mauritania, México, Noruega, Rumania, Sudán, Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez, Venezuela, Yugoslavia y Zaire (ibíd., párr. 9). Sin embargo, parece que en 1975 Kuwait cambió ligeramente de posición en respaldo de una prohibición del uso indiscriminado de armas incendiarias contra combatientes y personas civiles, y la prohibición del empleo de esas armas contra bienes de carácter civil (véase ibíd., párr. 36).
[2] V., v.g., las declaraciones de Barbados (ibíd., párr. 12), Checoslovaquia (ibíd., párr. 20), China (ibíd., párr. 16), Chipre (ibíd., párr. 19), Ecuador (ibíd., párr. 21), Emiratos Árabes Unidos (ibíd., párr. 68), Irak (ibíd., párrs. 30 y 31), Madagascar (ibíd., párr. 37), Mongolia (ibíd., párr. 42), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 45 y 46), Perú (ibíd., párr. 50), Polonia (ibíd., párrs. 53 a 55), Siria (ibíd., párr. 63), Togo (ibíd., párr. 64) y URSS (ibíd., párrs. 66 y 67).
[3] V., v.g., Colombia, Manual Básico para Personerías y Fuerzas Armadas (ibíd., párr. 4) y la legislación de Andorra (ibíd., párr. 5), Hungría (ibíd., párr. 6) y Yugoslavia (ibíd., párr. 7).
[4] Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2932 A (XXVII) (aprobada por 99 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones) (ibíd., párr. 74).
[5] V. las propuestas presentadas en la Conferencia Preparatoria de la Convención sobre ciertas armas convencionales por Austria (ibíd., párr. 146), Egipto (ibíd., párr. 146), Ghana (ibíd., párr. 146), Indonesia (ibíd., párr. 154), Jamaica (ibíd., párr. 146), México (ibíd., párr. 146), Rumania (ibíd., párr. 146), Suecia (ibíd., párr. 146), Venezuela (ibíd., párr. 146), Yugoslavia (ibíd., párr. 146) y Zaire (ibíd., párr. 146).
[6] V. las declaraciones realizadas en la Conferencia Preparatoria de la Convención sobre ciertas armas convencionales por Estados Unidos (ibíd., párrs. 166 y 206) y Reino Unido (ibíd., párr. 164).
[7]V. las propuestas presentadas en la Conferencia Preparatoria de la Convención sobre ciertas armas convencionales por Austria (ibíd., párr. 198), Dinamarca (ibíd., párr. 199), Egipto (ibíd., párr. 198), Ghana (ibíd., párr. 198), Indonesia (ibíd., párr. 200), Jamaica (ibíd., párr. 198), México (ibíd., párr. 198), Noruega (ibíd., párr. 199), Rumania (ibíd., párr. 198), Suecia (ibíd., párr. 198), Venezuela (ibíd., párr. 198), Yugoslavia (ibíd., párr. 198) y Zaire (ibíd., párr. 198).
[8]V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 187), Canadá (ibíd., párr. 189), Estados Unidos (ibíd., párrs. 194 y 195), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 191) y Reino Unido (ibíd., párr. 193), así como las declaraciones de Polonia (ibíd., párr. 203) y Reino Unido (ibíd., párr. 205).
[9]V., v.g., los manuales militares de Bélgica (ibíd., párr. 188), Colombia (ibíd., párr. 190) y Suecia (ibíd., párr. 192), así como las declaraciones de Noruega (ibíd., párr. 202) y URSS (ibíd., párr. 204).
[10]V. las condenas realizadas por Jordania (ibíd., párr. 201) y URSS (ibíd., párr. 204), así como la práctica referida de Angola (ibíd., párr. 214) y Etiopía (ibíd., párr. 215).