Norma 84. Protección de las personas civiles y los bienes de carácter civil de los efectos de las armas incendiarias 

Norma 84. Si se emplean armas incendiarias, se pondrá especial cuidado en evitar que causen incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, así como daños a bienes de carácter civil, o en reducir en todo caso a un mínimo estos efectos.
Volumen II, capítulo 30, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Las deliberaciones que tuvieron lugar en los años setenta en la Asamblea General de las Naciones Unidas y durante las conferencias diplomáticas que condujeron a la aprobación de los Protocolos adicionales y la Convención sobre ciertas armas convencionales muestran que el empleo de armas incendiarias es un tema delicado. La polémica surgió, en particular, en torno a los efectos indiscriminados de esas armas en la guerra de Viet Nam, y muchos países preconizaron una prohibición total de su empleo.[1] La mayoría de los que no suscribieron una prohibición total propusieron restricciones estrictas para evitar bajas entre los civiles.[2]
Las disposiciones que finalmente se aprobaron por consenso en el Protocolo III de la Convención sobre ciertas armas convencionales reflejan esta última tendencia, no sólo porque reiteran el principio de distinción aplicable al empleo de todas las armas, sino porque prohíben también el empleo de armas incendiarias lanzadas desde aeronaves contra objetivos militares situados en lugares donde se concentran personas civiles y restringen el empleo de otras armas incendiarias en tales lugares.[3] Menos de la mitad de los países existentes son Partes en este tratado. Sin embargo, son muchos los Estados que no almacenan armas incendiarias y rara vez se ha empleado ese tipo de armas desde la aprobación del Protocolo.
Además, en la mayoría de los manuales militares se hace referencia a las normas incluidas en el Protocolo III de la Convención sobre ciertas armas convencionales o a la obligación de los Estados de evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, las bajas entre la población civil.[4] Entre ellos figuran los manuales de varios Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo.[5]
Aunque no cabe duda de que la norma expresada en el párrafo 1 del artículo 2 del Protocolo III, que no es más que una aplicación del principio de distinción (véanse las normas 1 y 7), forma parte del derecho internacional consuetudinario, es más difícil afirmar que las normas detalladas que figuran en los párrafos 2 a 4 del artículo 2 del Protocolo III son también derecho internacional consuetudinario. Ahora bien, pueden considerarse directrices para la aplicación de la norma consuetudinaria de que deben tomarse precauciones particulares para evitar bajas entre la población civil.[6]
Además, en los manuales militares, las declaraciones oficiales y otros tipos de práctica se indica que sólo pueden emplearse armas incendiarias para determinados fines legítimos.[7] Esto, junto con el hecho de que las armas incendiarias se emplean con una frecuencia muy inferior a las demás armas convencionales, indica que la opinión general de los Estados es que debería evitarse su empleo, siempre que sea viable desde el punto de vista militar (véase asimismo la norma 85).
Antes de la modificación de la Convención en diciembre de 2001,[8] el Protocolo III de la Convención sobre ciertas armas convencionales se aplicaba sólo a los conflictos armados internacionales. La mayoría de los acontecimientos relacionados con la aplicación del derecho internacional humanitario en los conflictos armados no internacionales se ha producido en los últimos veinte años y el hecho de que las armas incendiarias no se hayan empleado, en general, durante ese período significa que no ha habido motivos para que la comunidad internacional abordase la cuestión. Sin embargo, habida cuenta de la polémica que suscitó el empleo de armas incendiarias en los años setenta y la clara opinión que se ha ido formando desde entonces en la comunidad internacional de que es menester proteger con especial cuidado a las personas civiles contra los efectos de los conflictos armados, cabe llegar a la conclusión de que esta norma es igualmente válida para los conflictos armados no internacionales. El hecho de que la ampliación del ámbito de aplicación del Protocolo III a los conflictos armados no internacionales en 2001 no suscitara ninguna controversia durante las negociaciones y, por lo tanto, haya entrado en vigor, corrobora esta conclusión.[9]
[1]V., v.g., las declaraciones (citadas en vol. II, cap. 30, párrs. 9 a 73).
[2]V., v.g., las declaraciones de Australia (ibíd., párrs. 141, 143 y 144), Austria (ibíd., párr. 146), Dinamarca (ibíd., párrs. 148 y 149), Egipto (ibíd., párr. 146), Estados Unidos (ibíd., párrs. 165 y 166), Ghana (ibíd., párr. 146), Indonesia (ibíd., párr. 154), Jamaica (ibíd., párr. 146), Japón (ibíd., párrs. 155 y 156), México (ibíd., párr. 146), Noruega (ibíd., párrs. 149 y 160), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 159), Países Bajos (ibíd., párrs. 142 a 144 y 158), Reino Unido (ibíd., párr. 164), Rumania (ibíd., párr. 146), Siria (ibíd., párr. 162), Suecia (ibíd., párr. 146), URSS (ibíd., párr. 163), Venezuela (ibíd., párr. 146) y Yugoslavia (ibíd., párr. 146); v. también la práctica referida de Estados Unidos (ibíd., párr. 167).
[3]Protocolo III de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 2 (ibíd., párr. 110).
[4]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 126), Argentina (ibíd., párr. 117), Australia (ibíd., párrs. 118 y 119), Bélgica (ibíd., párr. 120), Camerún (ibíd., párr. 121), Canadá (ibíd., párr. 122), Ecuador (ibíd., párr. 123), España (ibíd., párr. 132), Estados Unidos (ibíd., párrs. 136 y 137), Francia (ibíd., párrs. 124 y 125), Israel (ibíd., párr. 127), Kenya (ibíd., párr. 128), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 130), Países Bajos (ibíd., párr. 129), Rusia (ibíd., párr. 131), Suecia (ibíd., párr. 133) y Suiza (ibíd., párr. 134).
[5]V. los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 117), Bélgica (ibíd., párr. 120), Camerún (ibíd., párr. 121), Estados Unidos (ibíd., párr. 136), Israel (ibíd., párr. 127) y Kenya (ibíd., párr. 128).
[6]Protocolo III de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 2, párrs. 2 a 4 (ibíd., párr. 110).
[7] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 126), Argentina (ibíd., párr. 117), Australia (ibíd., párrs. 118 y 119), Bélgica (ibíd., párr. 120), Camerún (ibíd., párr. 121), Canadá (ibíd., párr. 122), Ecuador (ibíd., párr. 123), España (ibíd., párr. 132), Estados Unidos (ibíd., párrs. 136 y 137), Francia (ibíd., párrs. 124 y 125), Israel (ibíd., párr. 127), Kenya (ibíd., párr. 128), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 130), Países Bajos (ibíd., párr. 129), Rusia (ibíd., párr. 131), Suecia (ibíd., párr. 133) y Suiza (ibíd., párr. 134), las declaraciones de Australia (ibíd., párrs. 141, 143 y 144), Austria (ibíd., párr. 146), Dinamarca (ibíd., párrs. 148 y 149), Egipto (ibíd., párr. 146), Estados Unidos (ibíd., párrs. 165,166 y 168), Ghana (ibíd., párr. 146), Indonesia (ibíd., párr. 154), Jamaica (ibíd., párr. 146), Japón (ibíd., párrs. 155 y 156), México (ibíd., párr. 146), Noruega (ibíd., párrs. 149 y 160), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 159), Países Bajos (ibíd., párrs. 142 a 144 y 158), Reino Unido (ibíd., párr. 164), Rumania (ibíd., párr. 146), Siria (ibíd., párr. 162), Suecia (ibíd., párr. 146), URSS (ibíd., párr. 163), Venezuela (ibíd., párr. 146) y Yugoslavia (ibíd., párr. 146), así como la práctica referida de Estados Unidos (ibíd., párr. 167).
[8]V. Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 1 enmendado (ibíd., párr. 115).
[9]La enmienda entró en vigor el 18 de mayo de 2004. Hasta la fecha, 29 Estados han ratificado la Convención enmendada sobre ciertas armas convencionales: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, China, Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, México, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República de Corea, Rumania, Santa Sede, Serbia y Montenegro, Suecia y Suiza.