Norma 81. Reducción de los efectos de las minas terrestres 

Norma 81. Cuando se empleen minas terrestres, se pondrá especial cuidado en reducir a un mínimo sus efectos indiscriminados.
Volumen II, capítulo 29, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. Esta norma se aplica al empleo de minas antivehículo. Se aplica, asimismo, en relación con las minas antipersonal para los Estados que todavía no han adoptado una prohibición total de su empleo.
Muchas de las normas que figuran tanto en la versión original como en la versión enmendada del Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales, así como otros tipos de práctica de los Estados, tienen por objeto evitar los efectos indiscriminados de las minas.[1] Las disposiciones de esos tratados, que incluyen la prohibición de determinados tipos de minas y otras limitaciones, pretenden, concretamente, limitar los daños potencialmente indiscriminados que causan esas armas. Además, la práctica muestra que las normas consuetudinarias que se aplican a la conducción de las hostilidades, como el principio de distinción (véanse las normas 1 y 7), el principio de proporcionalidad (véase la norma 14) y la obligación de tomar todas las precauciones viables en el ataque (véase la norma 15), se aplican igualmente al empleo de minas terrestres.
La obligación de tomar precauciones especiales cuando se empleen minas terrestres se basa en varias normas codificadas en el Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales. En ese Protocolo se establecen las normas generales sobre el emplazamiento de todas las minas terrestres.[2] Se formulan, asimismo, restricciones concretas por lo que respecta al empleo de minas terrestres dispersables y no dispersables empleadas en zonas pobladas.[3] Además, el Protocolo exige que se tomen todas las precauciones posibles para proteger a las personas civiles de los efectos de esas armas.[4] El Protocolo hace asimismo referencia a medidas cautelares especiales como marcar y colocar carteles en los campos minados, llevar registros de los campos minados y vigilarlos, así como a procedimientos para proteger a las fuerzas y las misiones de las Naciones Unidas.[5] El Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales fue aprobado por consenso y no suscitó polémica en aquel entonces.
Muchos manuales militares expresan la necesidad de tomar medidas cautelares especiales cuando se empleen minas terrestres.[6] Hay, asimismo, indicios de que se considera que las disposiciones del Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales constituyen una norma mínima fehaciente en relación con el empleo de minas terrestres que no están específicamente prohibidas en virtud de obligaciones convencionales, como las minas terrestres antipersonal a tenor de lo dispuesto en la Convención de Ottawa.[7] Como resultado, estas medidas cautelares en su conjunto indican el tipo de medidas que los Estados consideran que deben tomarse para minimizar los efectos indiscriminados de las minas terrestres.
En el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales se reafirman y desarrollan las medidas cautelares que deben adoptarse cuando se empleen minas terrestres.[8]
La versión original del Protocolo II original de la Convención sobre ciertas armas convencionales sólo era aplicable a los conflictos armados internacionales, y la práctica real en los conflictos internos no ha sido, en su mayor parte, conforme con esas normas. Sin embargo, la preocupación mostrada por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como algunos Estados a título individual, en relación con los efectos de las minas terrestres para las personas civiles en los conflictos armados no internacionales refleja la opinión de la comunidad internacional de que debe protegerse a los civiles de las minas en tales situaciones.[9] La ampliación del ámbito de aplicación del Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales a los conflictos armados no internacionales refleja esa opinión.[10] Posteriormente, la propia Convención sobre ciertas armas convencionales ha sido modificada, de modo que el Protocolo II original ya es aplicable también a los conflictos armados no internacionales para los Estados que se adhieran a la Convención enmendada.[11] La modificación, aprobada en la Segunda Conferencia de Examen en 2001, no suscitó ninguna controversia. Por consiguiente, hay argumentos sólidos para afirmar que existe una norma consuetudinaria en los conflictos armados no internacionales según la cual las minas no deben emplearse de manera que equivalga a un ataque indiscriminado y, por lo tanto, debe ponerse especial cuidado para reducir a un mínimo sus efectos indiscriminados.
Habida cuenta de las más de 140 ratificaciones de la Convención de Ottawa, y otras en curso, la mayoría de los Estados están obligados a no emplear, producir, almacenar y transferir minas terrestres antipersonal. Sin embargo, varios Estados, como China, Estados Unidos, Finlandia, India, Pakistán, República de Corea y Rusia, no han ratificado la Convención y sostienen que siguen teniendo derecho a emplear minas terrestres antipersonal.[12] Una docena de Estados que no son Partes en la Convención ha empleado minas antipersonal en conflictos recientes.[13] Esta práctica significa que no puede decirse, por el momento, que el empleo de minas terrestres antipersonal esté prohibido en virtud del derecho internacional consuetudinario.
Sin embargo, casi todos los Estados, incluidos los que no son Partes en la Convención de Ottawa y no son partidarios de una prohibición inmediata, están de acuerdo en que deben avanzar hacia la eliminación definitiva de las minas terrestres antipersonal. Cabe mencionar, en particular, la Declaración Final aprobada por consenso por los Estados Partes en la Convención sobre ciertas armas convencionales durante la Segunda Conferencia de Examen en 2001, entre los que se encontraban varios Estados que no eran Partes en la Convención de Ottawa.[14] En la Declaración, los Estados Partes: “Declaran solemnemente: [...] Su convicción de que todos los Estados deberían esforzarse para alcanzar la meta de una eventual eliminación de las minas antipersonal en todo el mundo”.[15] Además, en varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se insta a los Estados a contribuir a la eliminación de las minas antipersonal.[16] Aunque hubo algunas abstenciones cuando se votaron esas resoluciones, la mayoría de los Estados que se abstuvieron se han adherido posteriormente a la Declaración aprobada en la Segunda Conferencia de Examen o han hecho declaraciones en las que reconocen el objetivo de eliminar definitivamente las minas antipersonal, como Etiopía en 1995 y Turquía en 2002 (que ya ha ratificado también la Convención de Ottawa).[17] Las resoluciones aprobadas por la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de la OCI en 1995 y 1996 y por la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 1995 respaldan, asimismo, la eliminación definitiva de las minas terrestres antipersonal.[18] Merece la pena mencionar que, en su primera reunión en Maputo, en 1999, los Estados Partes en la Convención de Ottawa aprobaron una Declaración en la que se exhortaba a los Estados que aún empleaban o poseían minas terrestres antipersonal a que “[dejasen] ya de hacerlo”.[19] Esa declaración, dirigida a Estados no Partes, expresa claramente la idea de que todos los Estados deberían avanzar hacia la eliminación de las minas antipersonal. Toda la práctica citada más arriba apunta a la aparición de la obligación de eliminar las minas terrestres antipersonal.
[1] En particular, la prohibición de determinados tipos de minas en el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 3, párr. 5 (citado en vol. II, cap. 29, párr. 2), art. 3, párr. 6 (ibíd., párr. 3), art. 4 (ibíd., párr. 4), art. 6, párr. 2 (ibíd., párr. 5) y art. 6, párr. 3 (ibíd., párr. 6), así como otras limitaciones expresadas en el Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), arts. 4 y 5 (ibíd., párr. 194) y en el Protocolo II enmendado, arts. 5 y 6 (ibíd., párr. 203).
[2]Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 7 (ibíd., párr. 341).
[3]Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), arts. 4 y 5 (ibíd., párr. 194).
[4]Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 3, párr. 4 (ibíd., párr. 192).
[5]Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 4, párr. 2 (ibíd., párr. 194), art. 7 (ibíd., párr. 341) y art. 8 (ibíd., párr. 342).
[6]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 229), Argentina (ibíd., párr. 221), Australia (ibíd., párrs. 222 y 223), Bélgica (ibíd., párr. 224), Camerún (ibíd., párr. 225), Canadá (ibíd., párr. 226), España (ibíd., párr. 234), Estados Unidos (ibíd., párrs. 236 a 238), Francia (ibíd., párrs. 227 y 228), Israel (ibíd., párr. 230), Kenya (ibíd., párr. 231), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 233), Países Bajos (ibíd., párr. 232) y Suecia (ibíd., párr. 235).
[7] V., v.g., la declaración de Canadá (ibíd., párr. 245) y Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 49/75 D (ibíd., párr. 283) y Res. 50/70 O (ibíd. párr. 283).
[8]V., v.g., Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 3, párr. 10 (ibíd., párr. 192), art. 3, párr. 11 (ibíd., párr. 202), arts. 5 y 6 (ibíd., párr. 203), art. 9 ( ibíd., párr. 350), art. 10 (ibíd., párr. 351) y art. 12 (ibíd., párr. 352).
[9]V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 965 (ibíd., párr. 277), Res. 1005 (ibíd., párr. 278), Res. 1076 (ibíd., párr. 279), Res. 1089 (ibíd., párr. 280) y Res. 1096 (ibíd., párr. 281); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 49/198 (ibíd., párr. 285), Res. 49/199 (ibíd., párr. 284), Res. 50/178 (ibíd., párr. 284), Res. 50/197 (ibíd., párr. 285), Res. 51/98 (ibíd., párr. 284), Res. 51/112 (ibíd., párr. 285) y Res. 55/116 (ibíd., párr. 289) y las declaraciones de Australia (ibíd., párr. 242), Canadá (ibíd., párrs. 244 y 245) y Reino Unido (ibíd., párr. 272).
[10]Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 1, párr. 2 (ibíd., párr. 200).
[11]Convención sobre ciertas armas convencionales, art. 1 enmendado (ibíd., párr. 218).
[12]V., v.g., las declaraciones de China (ibíd., párr. 54), Estados Unidos (ibíd., párr. 101), Finlandia (ibíd., párr. 62), India (ibíd., párr. 66), Pakistán (ibíd., párrs. 83, 84 y 262), República de Corea (ibíd., párr. 72) y Rusia (ibíd., párr. 88).
[13]V. la práctica referida en: Campaña internacional para la prohibición de las minas, Landmine Monitor Report 1999 (ibíd., párr. 187) y Landmine Monitor Report 2000 (ibíd., párrs. 188 y 190).
[14]Los Estados que no eran parte en la Convención de Ottawa y participaron en esta Declaración fueron: Belarús, China, Cuba, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Grecia, India, Israel, Letonia, Lituania, Mongolia, Pakistán, Polonia, República de Corea, Rusia, Ucrania y Yugoslavia.
[15]Segunda Conferencia de Examen por los Estados Partes en la Convención sobre ciertas armas convencionales, Declaración Final (citada en vol. II, cap. 29, párr. 163).
[16]V., v.g., Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 49/75 D (ibíd., párr. 108), Res. 49/199 (ibíd., párr. 109), Res. 50/70 O (ibíd., párr. 108), Res. 50/178 (ibíd., párr. 109), Res. 51/45 S (ibíd., párr. 110), Res. 51/98 (ibíd., párr. 109) y Res. 52/38 H (ibíd., párr. 112).
[17]Etiopía, declaración ante la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 61) y Turquía, comunicado de prensa del Ministro de Asuntos Exteriores (ibíd., párr. 96).
[18]OCI, Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores, Res. 36/23-P y 27/24-P (ibíd., párr. 152); XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 2 (ibíd., párr. 156).
[19]Primera Reunión de los Estados Partes en la Convención de Ottawa (1997), Declaración (ibíd., párr. 160).