Norma 80. Armas trampa

Norma 80. Queda prohibido el empleo de armas trampa que estén de algún modo unidas o vinculadas a objetos o personas que gozan de una protección especial del derecho internacional humanitario o a objetos que pueden atraer a las personas civiles.
Volumen II, capítulo 28.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Tanto la práctica convencional como otros tipos de práctica de los Estados confirman el principio de que las armas trampa están prohibidas si, por su naturaleza o empleo, su uso viola la protección jurídica otorgada a las personas o los bienes protegidos por otra norma consuetudinaria de derecho internacional humanitario. Este es el razonamiento en que se basa la lista de armas trampa prohibidas por el Protocolo II y el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales.[1]
La lista de armas trampa prohibidas por el Protocolo II y el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales se encuentra reflejada en los manuales militares y la legislación de algunos Estados Partes en esos tratados.[2] Otros manuales militares hacen una descripción más general y destacan que las armas trampa vinculadas con bienes de uso civil cotidiano están prohibidas y que no deben emplearse en relación con personas protegidas, bienes protegidos (como el material sanitario, los cementerios y los bienes culturales o religiosos) o emblemas o signos protectores reconocidos a nivel internacional (como la cruz roja y la media luna roja).[3] Es más, en varios manuales se especifica que no deben emplearse armas trampa en relación con determinados bienes que puedan atraer a personas civiles, como los juguetes infantiles.[4] Estas prohibiciones figuran, asimismo, en manuales militares y declaraciones de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo II o el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales.[5]
El principio en que se basan las prohibiciones de emplear determinados tipos de armas trampa o emplear armas trampa en determinadas situaciones durante los conflictos armados internacionales es igualmente válido para los conflictos armados no internacionales. Además, durante las deliberaciones sobre la ampliación de la aplicabilidad del Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales a los conflictos armados no internacionales, la aplicación de las disposiciones sobre armas trampa a esos conflictos no fue impugnada. Aunque las deliberaciones tuvieron lugar en el contexto de la negociación del texto de un tratado, indican que los Estados consideraron pertinente que las personas civiles y los bienes protegidos por las normas del derecho internacional humanitario aplicable en conflictos armados no internacionales estuviesen también protegidos contra las armas trampa que violasen esas normas.
Además, la reglamentación de las armas trampa figura también en manuales militares y legislaciones nacionales aplicables en los conflictos armados no internacionales.[6] La Corte Constitucional de Colombia ha afirmado que la prohibición de determinadas armas trampa en los conflictos armados no internacionales forma parte del derecho internacional consuetudinario.[7]
Las armas trampa que se emplean de un modo que no está prohibido por la presente norma siguen sujetas a las normas generales sobre la conducción de las hostilidades, en especial el principio de distinción (véanse las normas 1 y 7) y el principio de proporcionalidad (véase la norma 14). Además, debe respetarse también la norma que establece que han de tomarse todas las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causarse incidentalmente (véase la norma 15).
[1]Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 6, párr. 1 (citado en vol. II, cap. 28, párr. 5); Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 7, párr. 1 (ibíd., párr. 5).
[2]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 42), Australia (ibíd., párrs. 30 y 31), Canadá (ibíd., párr. 36), Francia (ibíd., párr. 41), Israel (ibíd., párr. 44), Kenya (ibíd., párr. 45), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 47) y Países Bajos (ibíd., párr. 46), así como la legislación de República de Corea (ibíd., párr. 61).
[3]V., v.g., los manuales militares de Camerún (ibíd., párr. 34), Ecuador (ibíd., párr. 38), Estados Unidos (ibíd., párrs. 56 y 58) y Suiza (ibíd., párrs. 52 a 54).
[4]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 43), Bélgica (ibíd., párr. 32) y Francia (ibíd., párr. 39).
[5]V. los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 29), Bélgica (ibíd., párr. 32), Camerún (ibíd., párr. 34), Estados Unidos (ibíd., párrs. 56 a 58) y Kenya (ibíd., párr. 45), así como la declaración de Egipto (ibíd., párr. 66).
[6]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 42 y 43), Australia (ibíd., párr. 30), Canadá (ibíd., párr. 37), Ecuador (ibíd., párr. 38), Kenya (ibíd., párr. 45) y Sudáfrica (ibíd., párr. 49), así como la legislación de Estonia (ibíd., párr. 59); v. también la legislación de Hungría (ibíd., párr. 60), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional.
[7]Colombia, Corte Constitucional, Sentencia n.° C-225/95 (ibíd., párr. 62).