Norma 78. Balas explosivas 

Norma 78. Queda prohibido el empleo antipersonal de balas que explotan en el cuerpo humano.
Volumen II, capítulo 26.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La prohibición de las balas explosivas surgió en 1868 con la aprobación de la Declaración de San Petersburgo, motivada por el deseo de no infligir sufrimientos mayores a los necesarios para dejar fuera de combate a los combatientes. Por ello, la Declaración prohíbe específicamente el empleo de “cualquier proyectil cuyo peso sea inferior a 400 gramos y que sea explosivo, o que esté cargado con materias explosivas o inflamables”, siendo 400 gramos el peso de la pieza de artillería más pequeña en aquella época.[1] Diecinueve estados se adhirieron a la Declaración de San Petersburgo en 1868 ó 1869, es decir, la mayoría de los Estados entonces existentes.[2] La prohibición expresada en la Declaración de San Petersburgo se repitió en la Declaración de Bruselas, el Manual de Oxford y el Manual de Oxford sobre las leyes de la guerra naval.[3] En el Informe de la Comisión sobre la Responsabilidad constituida tras la I Guerra Mundial se establecía el empleo de “balas explosivas” como crimen de guerra en virtud del derecho internacional consuetudinario.[4]
Desde que se aprobó la Declaración de San Petersburgo, la práctica ha modificado esta prohibición, ya que en la I Guerra Mundial se introdujeron las balas antiaéreas explosivas.[5] Además, posteriormente se han diseñado granadas y balas antimaterial explosivas más ligeras. Esta evolución no ha suscitado objeciones. En los manuales militares o las declaraciones de diversos Estados se considera que solo está prohibido el empleo antipersonal de esos proyectiles o que únicamente están prohibidos si han sido diseñados para explotar en el momento del impacto con el cuerpo humano.[6] Sin embargo, en algunos manuales militares y algunas legislaciones se sigue haciendo referencia al texto de la prohibición que figura en la Declaración de San Petersburgo, aunque la práctica posterior haya modificado esa prohibición.[7]
A raíz de las preocupaciones que surgieron tras diversas pruebas que demostraron que determinadas balas de 12,7 mm explotaban en muestras artificiales de tejido humano, el CICR reunió, en 1999, a un grupo de expertos de los ámbitos militar, jurídico y balístico de cuatro países que fabricaban o almacenaban esas balas explosivas (y, por lo tanto, eran Estados “especialmente afectados”). Los expertos gubernamentales, que participaron a título personal, coincidieron en que disparar a combatientes con balas cuyo efecto previsible fuese explotar al impactar contra el cuerpo humano sería contrario al objeto y propósito de la Declaración de San Petersburgo.[8]
La prohibición de las balas explosivas en cualquier conflicto armado figura en varios manuales militares y en las legislaciones de diversos Estados.[9] La corroboran, asimismo, otros tipos de práctica.[10] Además, en el Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas relativo a la observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas, que no se limita a los conflictos armados internacionales, se prohíbe el empleo de balas que explotan en el cuerpo humano.[11]
La práctica no aporta ninguna prueba del empleo antipersonal de balas que explotan en el cuerpo humano en conflictos armados no internacionales. En particular, los Estados han indicado que el empleo antipersonal de balas explosivas causaría un sufrimiento innecesario.[12] La norma que prohíbe los medios de guerra que causan sufrimientos innecesarios es aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales (véase la norma 70).
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Ningún Estado ha reivindicado el derecho a emplear balas antipersonal que explotan en el cuerpo humano. Los efectos de las balas que explotan en el cuerpo humano son mucho más graves que los de las balas expansivas, que también están prohibidas (véase la norma 77).
[1]Declaración de San Petersburgo (1868) (citada en vol. II, cap. 26, párr. 1).
[2]Austria-Hungría, Baden, Baviera, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Persia, Portugal, Prusia y la Confederación de Alemania del Norte, Reino Unido, Rusia, Suecia y Noruega, Suiza, Turquía y Würtemberg. Estonia se adhirió en 1991.
[3]Declaración de Bruselas (1874), art. 13, apdo. e) (ibíd., párr. 2); Manual de Oxford (1880), art. 9, apdo. a) (ibíd., párr. 3); Manual de Oxford sobre las leyes de la guerra naval (1913), art. 16, párr. 2 (ibíd., párr. 4).
[4]Report of the Commission on Responsibility (ibíd., párr. 5).
[5]Este hecho se refleja en el art. 18 de las Reglas de La Haya relativas a la guerra aérea (ibíd., párr. 6), que estipula que “[n]o está prohibido el empleo de proyectiles trazantes, incendiarios o explosivos por las aeronaves o contra ellas. Esta disposición se aplica también a los Estados Partes en la Declaración de San Petersburgo de 1868 y a los que no lo son”.
[6]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 13), Italia (ibíd., párr. 14) y Reino Unido (ibíd., párrs. 18 y 19), así como las declaraciones de Brasil (ibíd., párr. 28) y Estados Unidos (ibíd., párrs. 35 y 36).
[7]V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párrs. 8 y 9), Canadá (ibíd., párr. 11), España (ibíd., párr. 17), Estados Unidos (ibíd., párr. 20), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 15), la legislación de Andorra (ibíd., párr. 21), Australia (ibíd., párr. 22), Ecuador (ibíd., párr. 23) y Yugoslavia (ibíd., párr. 26), así como las declaraciones de Brasil (ibíd., párr. 28), Colombia (ibíd., párr. 29) y Yugoslavia (ibíd., párr. 37); v. también la práctica referida de Indonesia (ibíd., párr. 30) y Jordania (ibíd., párr. 31).
[8]V. CICR, declaración ante la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 46) y Ensuring respect for the 1868 St Petersburg Declaration: Prohibiting the use of certain explosive projectiles, Report submitted to the Third Preparatory Committee for the Second Review Conference of the States Parties to the CCW (ibíd., párr. 47).
[9]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 13), Australia (ibíd., párr. 8), España (ibíd., párr. 17) (“prohibición absoluta”) e Italia (ibíd., párr. 14), así como la legislación de Andorra (ibíd., párr. 21), Ecuador (ibíd., párr. 23) y Yugoslavia (ibíd., párr. 26); v. también la legislación de Italia (ibíd., párr. 24), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional.
[10]V., v.g., la declaración de Yugoslavia (ibíd., párr. 37), así como la práctica referida de Indonesia (ibíd., 30) y Jordania (ibíd., párr. 31).
[11]Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 6.2 (ibíd., párr. 7).
[12]V., v.g., Declaración de San Petersburgo (1868) (ibíd., párr. 1) y los manuales militares de Alemania (citado en vol. II, cap. 20, párr. 58) y Rusia (ibíd., párr. 78).