Norma 74. Armas químicas 

Norma 74. Queda prohibido el empleo de armas químicas.
Volumen II, capítulo 24, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
El empleo de armas químicas está prohibido en los conflictos armados internacionales por diversos tratados, incluidos la Declaración de La Haya relativa a la prohibición de los gases asfixiantes, el Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes, la Convención sobre las armas químicas y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[1] En la actualidad, son sólo cinco los Estados que no son Partes en el Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes ni en la Convención sobre las armas químicas.[2] De ellos, uno ha realizado una declaración en la que manifiesta su apoyo al objetivo de la Convención.[3] La prohibición figura, asimismo, en otros instrumentos.[4]
La prohibición de emplear armas químicas se reafirma en numerosos manuales militares.[5] La legislación de muchos países incluye, asimismo esta prohibición.[6] Hay muchas declaraciones y otros tipos de práctica de Estados de todo el mundo que expresan la prohibición del empleo de armas químicas con arreglo al derecho internacional consuetudinario.[7] La mayoría de las acusaciones realizadas desde los años treinta carecen de fundamento o han sido negadas; los pocos casos confirmados han sido ampliamente denunciados por otros Estados.[8] También se desprende de las jurisprudencias nacionales que el empleo de armas químicas está prohibido en virtud del derecho internacional consuetudinario.[9]
Hay cada vez más pruebas de que, en la actualidad, posiblemente sea ilícito utilizar armas químicas como represalia al empleo de esas armas por otro Estado. Existen aún 21 reservas al Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes en las que se declara que si una parte adversa (y, en algunos casos, un aliado de esa parte) no respeta el Protocolo, el Estado ratificante dejará de considerarse vinculado por él.[10] Sin embargo, 17 de esos Estados son Partes en la Convención sobre las armas químicas, que prohíbe todo empleo y que no admite reservas. Ello deja sólo cuatro estados (Angola, Irak, Israel y la República Popular Democrática de Corea) que, merced a las reservas efectuadas y con arreglo al derecho convencional, pueden valerse del derecho a utilizar armas químicas como represalia contra otro Estado que las haya empleado primero. Dos de ellos (Israel y la República Popular Democrática de Corea) han afirmado que nunca emplearán armas químicas o que tienen el firme propósito de eliminarlas.[11] Cabe observar que el hecho de “emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares, o cualquier líquido, material o dispositivo análogos” figura en el Estatuto de la Corte Penal Internacional como un crimen de guerra para el que la Corte tiene competencia, y que el crimen no se limita al primer empleo de esas armas.[12]
El manual de la Marina de los Estados Unidos da a entender que, para los Estados que no son Partes en la Convención sobre las armas químicas, utilizar ese tipo de armas como represalia cuando otro Estados las haya empleado primero es lícito, pero su uso debe cesar cuando el que motivó las represalias haya terminado.[13] No obstante, en enero de 1991, tanto los Estados Unidos como el Reino Unido declararon que esperaban que Irak cumpliese sus obligaciones en virtud del Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes y no emplease armas químicas, aunque Irak hubiera realizado la reserva de “no ser el primero en emplear las armas químicas”.[14] En 1987, Irán declaró que nunca había empleado armas químicas como represalia contra el empleo de tales armas por Irak, aunque su postura entonces era que el Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes prohibía solamente ser el primero en emplearlas.[15]
En varias resoluciones adoptadas entre 1986 y 1988, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el empleo de armas químicas en la guerra entre Irán e Irak sin abordar la cuestión de si se trataba del primer empleo o de represalias.[16]
En 1990 y 1991, el CICR recordó a las partes en la guerra del Golfo que estaba prohibido emplear armas químicas.[17] Las Partes interesadas habían formulado la reserva de “no ser el primero en emplearlas” con respecto al Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes, y la Convención sobre las armas químicas aún no existía.
La prohibición del empleo de armas químicas que figura en la Convención sobre las armas químicas se aplica en todas las circunstancias, inclusive en los conflictos armados no internacionales.[18] Además, la prohibición se expresa en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[19]
En varios manuales militares que se aplican o se han aplicado a conflictos armados no internacionales se reafirma la prohibición de emplear armas químicas.[20] Esta prohibición figura también en la legislación de numerosos países.[21] La Corte Constitucional de Colombia ha declarado que la prohibición de emplear armas químicas en conflictos armados no internacionales forma parte del derecho internacional consuetudinario.[22]
El presunto empleo de armas químicas por Rusia en Chechenia, por Sudán contra los grupos armados de oposición y por Turquía en el sudeste del país fue negado por los respectivos gobiernos.[23] Además, como afirmó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el asunto Tadic, en 1995, la comunidad internacional condenó el empleo de armas químicas por parte de Irak contra los kurdos.[24] El Reino Unido, por ejemplo, declaró que este empleo vulneraba el Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes y el derecho internacional humanitario.[25]
En el asunto Tadic mencionado más arriba, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sostuvo que “no hay duda de que surgió, progresivamente, un consenso general en la comunidad internacional acerca del principio de que el empleo de esas armas [químicas] está también prohibido en los conflictos armados internos”.[26]
En un memorándum sobre el respeto del derecho internacional humanitario en Angola de 1994, el CICR recordó a las partes en conflicto que estaba prohibido emplear armas químicas, aunque Angola no había ratificado la Convención sobre las armas químicas.[27]
La práctica es conforme con la aplicabilidad de la norma tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales, ya que, en general, los Estados no disponen de armamentos militares diferentes para los conflictos armados internacionales y los no internacionales.
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria. Ningún Estado ha declarado que las armas químicas pueden emplearse legalmente en los conflictos armados internacionales o no internacionales. Al contrario, existen numerosas declaraciones en que se afirma que no deben emplearse nunca armas químicas y que éstas deben ser eliminadas.[28]
[1] Declaración de La Haya relativa a la prohibición de los gases asfixiantes (1988) (citada en vol. II, cap. 24, párr. 1); Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes (1925) (ibíd., párr. 4); Convención sobre las armas químicas (1993), art. I (ibíd., párr. 13); Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xviii) (ibíd., párr. 15).
[2] Bahamas, Comoras, Myanmar, República Democrática del Congo y Somalia.
[3]V. las declaraciones de Haití (ibíd., párr. 240), Honduras (ibíd., párr. 242) y la República Democrática delCongo (ibíd., párr. 187).
[4]V., v.g., Manual de Oxford sobre las leyes de la guerra naval (1913), art. 16, párr. 1 (ibíd., párr. 16); Report of the Commission on Responsibility (ibíd., párr. 17); Compromiso de Mendoza (1991) (ibíd., párr. 20); Declaración de Cartagena sobre Renuncia a las Armas de Destrucción en Masa (1991) (ibíd., párr. 21); India-Pakistan Declaration on Prohibition of Chemical Weapons (ibíd., párr. 22); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 6.2 (ibíd., párr. 24); Reglamento n°. 2000/15 de la UNTAET, sección 6, párr. 1, apdo. b), inciso xviii) (ibíd., párr. 25).
[5] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 38 a 40), Australia (ibíd., párrs. 26 y 27), Bélgica (ibíd., párr. 28), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 29), Camerún (ibíd., párr. 30), Canadá (ibíd., párrs. 31 y 32), Colombia (ibíd., párr. 33), Ecuador (ibíd., párr. 34), España (ibíd., párr. 50), Estados Unidos ( ibíd. , párrs. 55 a 59), Francia (ibíd., párrs. 35 a 37), Israel (ibíd., párr. 41), Italia (ibíd., párr. 42), Kenya (ibíd., párr. 43), Nigeria (ibíd., párr. 47), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 46), Países Bajos (ibíd., párrs. 44 y 45), Reino Unido (ibíd., párrs. 53 y 54), Rusia (ibíd., párr. 48), Sudáfrica (ibíd., párr. 49), Suiza (ibíd., párrs. 51 y 52) y Yugoslavia (ibíd., párr. 60).
[6] V., v.g., la legislación (ibíd., párrs. 61 a 117).
[7] V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos ( ibíd. , párr. 59) (prohibición de “ser el primero en emplear las armas químicas”), Israel ( ibíd., párr. 41), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 46) y Países Bajos (ibíd., párr. 44), las declaraciones de Arabia Saudita (ibíd., párr. 353), Belarús (ibíd., párr. 144), Bélgica (ibíd., párr. 150), Bulgaria (ibíd., párr. 160), Checoslovaquia ( ibíd., párr. 196), Estados Unidos (ibíd., párr. 420) (prohibición de “ser el primero en emplear armas químicas”), Hungría (ibíd., párr. 243), Italia (ibíd., párr. 266), Kampuchea Democrática (ibíd., párr. 279), Lesotho (ibíd., párr. 295), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 324), Países Bajos (ibíd., párr. 320), Polonia (ibíd., párr. 343), Reino Unido (ibíd., párr. 414), Rumania (ibíd., párr. 347), Suecia (ibíd., párr. 371), Suiza (ibíd., párr. 375), Tanzania (ibíd., párr. 379), Ucrania (ibíd., párr. 389) y URSS ( ibíd. , párr. 395), así como la práctica referida de Irán ( ibíd. , párr. 255), República de Corea ( ibíd. , párr. 288), Sudáfrica (ibíd., párr. 361) y Zimbabwe (ibíd., párr. 443).
[8] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párrs. 230 y 233), Bélgica (ibíd., párrs. 151 y 152), Camboya (y anteriormente Kampuchea) (ibíd., párrs. 278 y 279), Canadá (ibíd., párr. 173), China (ibíd., párr. 177), Dinamarca (ibíd., párr. 203), Egipto (ibíd., párr. 208), Estados Unidos (ibíd., párrs. 397, 416, 418, 424 y 430), Francia (ibíd., párr. 222), Hungría (ibíd., párr. 243), Irán (ibíd., párr. 250), Israel (ibíd., párr. 260), Luxemburgo (ibíd., párr. 301), Mongolia (ibíd., párr. 313), Noruega (ibíd., párr. 328), Países Bajos (ibíd., párr. 319), Perú (ibíd., párr. 338), Portugal (ibíd., párr. 344), Reino Unido (ibíd., párrs. 406, 407 y 409 a 412), Rusia (ibíd., párr. 350), Siria (ibíd., párr. 378), Suecia (ibíd., párrs. 371 y 372), Turquía (ibíd., párr. 388), URSS (ibíd., párr. 397) y Viet Nam (ibíd., párr. 434), así como la práctica referida de China (ibíd., párr. 269), India (ibíd., párr. 332), Irán (ibíd., párr. 255), Italia (ibíd., párr. 264), Japón (ibíd., párr. 269), Pakistán (ibíd., párr. 333), Sudán (ibíd., párr. 366) y Yugoslavia (ibíd., párrs. 439 y 440).
[9] V., v.g., Colombia, Corte Constitucional, Sentencia n.° C-225/95 (ibíd., párr. 119); Japón, Tribunal de Distrito de Tokio, Shimoda case (ibíd., párr. 120).
[10] Angola, Argelia, Bahrein, Bangladesh, China, Estados Unidos, Fiji, India, Irak, Islas Salomón, Israel, Jordania, Kuwait, Libia, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Portugal, República Popular Democrática de Corea, Viet Nam y Yugoslavia.
[11]V. las declaraciones de Israel (ibíd., párrs. 260 a 263), Libia (ibíd., párrs. 297 a 299) y la República Popular Democrática de Corea (ibíd., párrs. 283 y 284).
[12]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xviii) (ibíd., párr. 15).
[13]Estados Unidos, Naval Handbook (ibíd., párr. 59).
[14]Reino Unido, carta al Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 410) y declaración del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y del Commonwealth (ibíd., párr. 411); Estados Unidos, Department of State, Diplomatic Note to Irak (ibíd., párr. 424).
[15]Irán, declaración ante la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 250).
[16]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 582 (ibíd., párr. 448), Res. 598 (ibíd., párr. 449), Res. 612 (ibíd., párr. 450) y Res. 620 (ibíd., párr. 451).
[17]CICR, Memorándum sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario (ibíd., párr. 505) y Comunicado de prensa n.° 1658 (ibíd., párr. 506).
[18]Convención sobre las armas químicas (1993), art. I (ibíd., párr. 13).
[19]V., v.g., Compromiso de Mendoza (1991) (ibíd., párr. 20); Declaración de Cartagena sobre Renuncia a las Armas de Destrucción en Masa (1991) (ibíd., párr. 21); Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and IHL in the Philippines (1998), parte IV, art. 4, párr. 4 (ibíd., párr. 23); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 6.2 (ibíd., párr. 24).
[20]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 38 a 40), Australia (ibíd., párr. 26), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 29), Canadá (ibíd., párr. 32), Colombia (ibíd., párr. 33), Ecuador (ibíd., párr. 34), España (ibíd., párr. 50), Italia (ibíd., párr. 42), Kenya (ibíd., párr. 43), Sudáfrica (ibíd., párr. 49) y Yugoslavia (ibíd., párr. 60).
[21]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 82), Armenia (ibíd., párr. 61), Australia (ibíd., párr. 63), Belarús (ibíd., párr. 65), Canadá (ibíd., párr. 68), Croacia (ibíd., párr. 74), Ecuador (ibíd., párr. 77), Eslove- nia (ibíd., párr. 106), Estados Unidos (ibíd., párr. 116), Estonia (ibíd., párr. 78), Finlandia (ibíd., párr. 79), Francia (ibíd., párr. 80), Georgia (ibíd., párr. 81), India (ibíd., párr. 84), Irlanda (ibíd., párr. 85), Italia (ibíd., párr. 87), Japón (ibíd., párrs. 88 y 89), Kazajstán (ibíd., párr. 90), Luxemburgo (ibíd., párr. 92), Noruega (ibíd., párr. 98), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 97), Países Bajos (ibíd., párr. 96), Panamá (ibíd., párr. 99), Perú (ibíd., párr. 100), Polonia ( ibíd., párr. 102), Reino Unido (ibíd., párr. 114), República Checa (ibíd., párr. 75), República de Corea (ibíd., párr. 91), Rumania (ibíd., párr. 103), Rusia ( ibíd., párr. 104), Singapur (ibíd., párr. 105), Sudáfrica (ibíd., párr. 107), Suecia (ibíd., párr. 108), Suiza (ibíd., párrs. 109 y 110), Tayikistán (ibíd., párr. 111), Ucrania (ibíd., párr. 113), Yugoslavia (ibíd., párr. 117) y Zimbabwe (ibíd., párr. 118); v. también la legislación de Bulgaria (ibíd., párr. 66), Hungría (ibíd., párr. 83) e Italia (ibíd., párr. 86), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional.
[22]Colombia, Corte Constitucional, Sentencia n.° C-225/95 (ibíd., párr. 119).
[23]V. las declaraciones de Rusia (ibíd., párr. 350), Sudán (ibíd., párr. 366) y Turquía (ibíd., párr. 388).
[24]TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (ibíd., párr. 499).
[25]Reino Unido, declaración del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Commonwealth en una rueda de prensa (ibíd., párr. 406) y proyecto de resolución presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 407).
[26]TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (ibíd., párr. 499).
[27]CICR, Memorándum sobre el respeto del derecho internacional humanitario en Angola (ibíd., párr. 512).
[28] V., v.g., las declaraciones de Afganistán (ibíd., párrs. 121 y 122), Albania (ibíd., párr. 124), Alemania (ibíd., párr. 233), Arabia Saudita (ibíd., párrs. 354 y 356), Argelia (ibíd., párrs. 125 y 126), Armenia (ibíd., párr. 132), Australia (ibíd., párr. 136), Austria (ibíd., párrs. 139 y 140), Bahrein (ibíd., párr. 141), Bangladesh (ibíd., párr. 143), Belarús (ibíd., párrs. 146 y 147), Bélgica (ibíd., párr. 153), Benin (ibíd., párr. 154), Birmania (ibíd., párr. 167), Brasil (ibíd., párr. 158), Bulgaria (ibíd., párr. 162), Burkina Faso (ibíd., párr. 166), Camerún (ibíd., párr. 169), Canadá (ibíd., párrs. 172 y 174), Chile (ibíd., párr. 176), China (ibíd., párrs. 178 a 181 y 183), Colombia (ibíd., párr. 184), Cuba (ibíd., párrs. 190,191 y 194), Ecuador (ibíd., párrs. 206 y 207), El Salvador (ibíd., párr. 212), Estados Unidos (ibíd., párrs. 427 y 428), Etiopía (ibíd., párrs. 213 a 215), Finlandia (ibíd., párr. 218), Francia (ibíd., párrs. 221, 222 y 224), Ghana (ibíd., párr. 234), Grecia (ibíd., párr. 238), Guinea (ibíd., párr. 239), Haití (ibíd., párrs. 240 y 241), Honduras (ibíd., párr. 242), India (ibíd., párrs. 244 y 246), Irán (ibíd., párr. 253), Israel (ibíd., párrs. 261 a 263), Italia (ibíd., párr. 268), Japón (ibíd., párrs. 271, 272 y 275), Kampuchea Democrática (ibíd., párr. 279), Libia (ibíd., párrs. 298 y 299), Liechtenstein (ibíd., párr. 300), Malaisia (ibíd., párrs. 303 y 305), México (ibíd., párrs. 311 y 312), Mongolia (ibíd., párr. 314), Nepal (ibíd., párr. 316), Nigeria (ibíd., párr. 327), Noruega (ibíd., párr. 329), Países Bajos (ibíd., párrs. 317 y 320), Pakistán (ibíd., párr. 332), Perú (ibíd., párr. 335), Qatar (ibíd., párr. 346), Reino Unido (ibíd., párrs. 403, 405, 406 y 412), República Checa (ibíd., párr. 200), República de Corea (ibíd., párr. 286), República Democrática Alemana (ibíd., párr. 231), República Federal de Alemania (ibíd., párrs. 228 y 229), Rumania (ibíd., párr. 349), Siria (ibíd., párr. 377), Sri Lanka (ibíd., párrs. 362 y 363), Sudáfrica (ibíd., párr. 360), Suecia (ibíd., párrs. 367 a 369 y 371), Suiza (ibíd., párr. 376), Tailandia (ibíd., párrs. 381 y 383), Túnez (ibíd., párr. 385), Turquía (ibíd., párr. 386), Ucrania (ibíd., párrs. 390, 391 y 393), URSS (ibíd., párr. 398), Venezuela (ibíd., párr. 433), Viet Nam (ibíd., párr. 435), Yemen (ibíd., párr. 437), Yugoslavia (ibíd., párr. 438) y Zaire (ibíd., párr. 441); v. también la práctica de Belarús (ibíd., párr. 149), Bélgica (ibíd., párr. 153), Indonesia (ibíd., párr. 248) y República Popular Democrática de Corea (ibíd., párr. 283), así como la práctica referida de Jordania (ibíd., párr. 277).