Norma 73. Armas biológicas

Norma 73. Queda prohibido el empleo de armas biológicas.
Volumen II, capítulo 23.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. Esta norma se aplica a las armas biológicas diseñadas para atacar a seres humanos. Su aplicación a los herbicidas se aborda en la norma 76.
La prohibición del empleo de armas biológicas en los conflictos armados internacionales se basa en el Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes y la Convención sobre armas biológicas.[1] Cuando se adhirieron al Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes, 37 Estados efectuaron una reserva según la cual conservaban el derecho a tomar represalias si una parte adversa (y, en algunos casos, el aliado de esa parte) incumplía los términos del Protocolo. Dado que se han retirado 17 de esas reservas relativas a “no ser el primero en utilizar esas armas”,[2] sólo quedan 20.[3] Sin embargo, 18 de los 20 Estados que han mantenido su reserva son Partes en la Convención sobre armas biológicas, que prohíbe la posesión de armas biológicas, de modo que no sería legal que las empleasen como represalia.[4] Así pues, en la actualidad Angola e Israel son los únicos Estados que mantienen esta reserva con respecto al Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes y que no son Partes en la Convención sobre armas biológicas.
Cabe deducir, pues, de los esfuerzos para eliminar las armas biológicas en las tres últimas décadas, que los Estados consideran que esas armas no deberían existir y, por lo tanto, no deben emplearse en ninguna circunstancia, ni siquiera en los conflictos armados no internacionales.
Los Estados han negado poseer ese tipo de armas prácticamente en todos los casos denunciados. Cuando Rusia admitió, en 1992, que había mantenido su programa de armas biológicas, declaró que iba a suspenderlo definitivamente. Desde entonces, ha negado categóricamente todas las acusaciones de que seguía produciendo armas biológicas.[5] Todos los informes relativos a los programas iraquíes de armas biológicas han suscitado condenas de la comunidad internacional.[6] Las declaraciones y otra práctica de los Estados, tanto Partes como no Partes en la Convención sobre armas biológicas, indican que la prohibición de emplear armas biológicas en cualquier circunstancia no se basa meramente en tratados.[7]
Existe una amplia práctica de los Estados, concretamente manuales militares y legislación, que corrobora la prohibición del empleo de las armas biológicas, independientemente de si el Estado concernido es Parte en la Convención sobre armas biológicas o ha formulado una reserva de “no ser el primero en utilizarlas” con respecto al Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes.[8] En el manual de la Marina de los Estados Unidos se afirma que la prohibición de las armas biológicas es parte del derecho consuetudinario y vinculante para todos los Estados, sean o no Partes en el Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes o la Convención sobre armas biológicas.[9] Tres Estados que no son Partes en la Convención sobre armas biológicas han tipificado como delito la producción, la compra, la venta o el empleo de armas biológicas.[10] Existe también jurisprudencia nacional según la cual las armas biológicas están prohibidas, inclusive en los conflictos armados no internacionales.[11]
Diversas declaraciones oficiales refrendan, asimismo, la prohibición del empleo de las armas biológicas. Por ejemplo, en enero de 1991, el Reino Unido y los Estados Unidos informaron a Irak de que esperaban que no empleara armas biológicas, aunque por aquel entonces, había formulado la reserva “de no ser el primero en utilizarlas” con respecto al Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes y todavía no era Parte en la Convención sobre armas biológicas.[12] En 2001, los Estados Unidos acusaron a Siria de violar la Convención sobre armas biológicas, aunque Siria no era Parte en la Convención.[13] En sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las armas nucleares, Australia afirmó que el empleo de armas biológicas sería contrario a “los principios generales fundamentales de la humanidad”.[14]
En varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se insta a los Estados a adherirse al Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes o a la Convención sobre armas biológicas y a cumplir estrictamente los principios y objetivos que contienen.[15]
En 1990 y 1991, el CICR recordó a todas las partes en la guerra del Golfo que el empleo de armas biológicas estaba prohibido en virtud del derecho internacional humanitario.[16] En 1994, hizo alusión a la prohibición en el contexto del conflicto en Angola, aunque dicho país no había formulado la reserva de “no ser el primero en utilizar esas armas” con respecto al Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes y no era Parte en la Convención sobre armas biológicas.[17] En ningún caso se expresaron objeciones a la afirmación del CICR. La práctica es conforme con la aplicabilidad de la norma tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales, ya que, en general, los Estados no disponen de armamentos militares diferentes para los conflictos armados internacionales y los no internacionales. Todas las acusaciones de empleo de armas biológicas por los Estados han sido negadas y, en la mayoría de los casos, se ha demostrado que eran falsas.[18]
[1]Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes (1925) (citado en vol. II, cap. 23, párr. 1); Convención sobre las armas biológicas (1972), preámbulo (ibíd., párr. 4) y art. 1 (ibíd., párr. 5).
[2]Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Irlanda, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido, República de Corea, Rumania, Rusia y Sudáfrica (ibíd., párr. 1).
[3]Argelia, Angola, Bahrein, Bangladesh, China, Fiji, India, Irak, Islas Salomón, Israel, Jordania, Kuwait, Libia, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Portugal, República Popular Democrática de Corea, Viet Nam y Yugoslavia (ibíd., párr. 1).
[4]Convención sobre las armas biológicas (1972), art. 1 (ibíd., párr. 5).
[5]V. la práctica de Rusia (y antiguamente la URSS) (ibíd., párrs. 210 a 213).
[6]V., v.g., las declaraciones de Cuba (ibíd., párr. 106), Ecuador (ibíd., párr. 115), Estados Unidos (ibíd., párr. 233), Francia (ibíd., párr. 121), Reino Unido (ibíd., párrs. 219, 220 y 222), URSS (ibíd., párr. 209) y Yemen (ibíd., párr. 237); Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre la labor realizada por la Comisión Especial establecida en virtud de la resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad (ibíd., párr. 257); UNSCOM, Informe Final del grupo sobre desarme y las cuestiones relativas a las actividades actuales y futuras de vigilancia y verificación (ibíd., párr. 258).
[7]V., v.g., las declaraciones, la práctica y la práctica referida (ibíd., párrs. 76 a 241).
[8]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 23 a 25), Australia (ibíd., párrs. 12 y 13), Bélgica (ibíd., párr. 14), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 15), Camerún (ibíd., párr. 16), Canadá (ibíd., párr. 17), Colombia (ibíd., párr. 18), Ecuador (ibíd., párr. 19), España (ibíd., párr. 34), Estados Unidos (ibíd., párrs. 39 a 43), Francia (ibíd., párrs. 20 a 22), Italia (ibíd., párr. 26), Kenya (ibíd., párr. 27), Nigeria (ibíd., párr. 31), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 30), Países Bajos (ibíd., párrs. 28 y 29), Rusia (ibíd., párr. 32), Sudáfrica (ibíd., párr. 33), Suiza (ibíd., párrs. 35 y 36), Reino Unido (ibíd., párrs. 37 y 38) y Yugoslavia (ibíd., párr. 44), así como la legislación de Alemania (ibíd., párr. 55), Armenia (ibíd., párr. 45), Belarús (ibíd., párr. 47), Brasil (ibíd., párr. 48), China (ibíd., párr. 49), Colombia (ibíd., párr. 50), Croacia (ibíd., párr. 51), Estonia (ibíd., párr. 52), Georgia (ibíd., párr. 54), Hungría (ibíd., párr. 57), Italia (ibíd., párr. 58), Moldova (ibíd., párr. 61), Polonia (ibíd., párr. 64), Suiza ( ibíd., párr. 66), Tayikistán (ibíd., párr. 68), Ucrania (ibíd., párr. 69) y Yugoslavia (ibíd., párr. 73).
[9]Estados Unidos, Naval Handbook (ibíd., párr. 43); v. también Francia, LOAC Teaching Note (ibíd., párr. 22).
[10]V. la legislación de Kazajstán (“producción, compra o venta”) (ibíd., párr. 60), Moldova (proyecto de ley aprobado en 2003) (“empleo”) (ibíd., párr. 61) y Tayikistán (“producción, compra” o “venta” y “empleo”) (ibíd., párr. 68).
[11]Japón, Tribunal de Distrito de Tokio, Shimoda case (ibíd., párr. 75); Colombia, Corte Constitucional, Sentencia n.° 225/95 (ibíd., párr. 74).
[12]Reino Unido, carta al Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 220); Estados Unidos, Department of State, Diplomatic Note to Irak (ibíd., párr. 233).
[13]Estados Unidos, declaración en la Quinta Conferencia de los Estados Partes encargada del Examen de la Convención sobre las armas biológicas (1972) (ibíd., párr. 236).
[14]Australia, alegatos orales ante la CIJ en el Nuclear Weapons case (ibíd., párr. 79).
[15]V., v.g., Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 3256 (XXIX) (ibíd., párrs. 245 a 247) y Res. 32/77 y 33/59 A (ibíd., párrs. 245, 246 y 253), ambas aprobadas sin votación.
[16]CICR, Memorándum sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario (ibíd., párr. 272) y Comunicado de prensa n.° 1658 (ibíd., párr. 273).
[17]CICR, Memorándum sobre el respeto del derecho internacional humanitario en Angola (ibíd., párr. 274).
[18] V., v.g., la práctica de Estados Unidos (ibíd., párr. 108) y Rusia (y, anteriormente, de la URSS) (ibíd., párrs. 212, 231 y 277).