Norma 72. Queda prohibido el empleo de veneno o de armas envenenadas.
Volumen II, capítulo 21.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. Esta prohibición existe independientemente de la prohibición de las armas químicas (véase la norma 74). Aunque el Protocolo de Ginebra relativo a los gases asfixiantes se inspiró en la prohibición vigente del empleo de veneno, hay suficiente práctica distinta para establecer una norma concreta sobre el empleo de veneno y de armas envenenadas.
La prohibición del empleo de veneno o de armas envenenadas es una antigua norma de derecho internacional consuetudinario que se reconocía ya en el Código de Lieber y el Reglamento de La Haya.[1] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “[e]mplear veneno o armas envenenadas” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales.[2]
La prohibición de emplear veneno o armas envenenadas se establece en numerosos manuales militares.[3] La legislación de muchos países tipifica como delito el empleo de veneno o armas envenenadas.[4] Corroboran, asimismo, esta prohibición diversas declaraciones oficiales y la práctica reseñada.[5] Existen jurisprudencias nacionales que refrendan el hecho de que esta norma forma parte del derecho internacional consuetudinario.[6]
En sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las armas nucleares, varios Estados recordaron la prohibición de usar veneno y armas envenenadas.[7] En su opinión consultiva, la Corte reafirmó el carácter consuetudinario de la prohibición del empleo de veneno y de armas envenenadas.[8]
El Estatuto de la Corte Penal Internacional no incluye el empleo de veneno o de armas envenenadas como crimen de guerra en las secciones que tratan de los conflictos armados no internacionales, y esta cuestión no se examinó abiertamente en la conferencia diplomática de Roma. Por ello, algunos instrumentos de aplicación del Estatuto de la Corte Penal Internacional limitan a los conflictos armados internacionales la norma de que el empleo de veneno o de armas envenenadas constituye un crimen de guerra.[9] Sin embargo, la legislación de algunos países que tipifica como delito el empleo de veneno o de armas envenenadas se aplica a los conflictos armados no internacionales.[10] La legislación de Alemania señala explícitamente que esta norma se aplica tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.[11] La norma se incluye, asimismo, en algunos manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[12] En varios manuales militares se explica la prohibición de emplear veneno o armas envenenadas en los conflictos armados internacionales calificándolos de “inhumanos” o “indiscriminados”, argumento igualmente válido en los conflictos armados no internacionales.[13] Existen también ejemplos en la práctica referida de varios Estados que apoyan la aplicación de esta norma en los conflictos armados no internacionales.[14]
La práctica es conforme con la aplicabilidad de la norma tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales, ya que, en general, los Estados no disponen de armamentos militares diferentes para los conflictos armados internacionales y los no internacionales. No existe información confirmada sobre el empleo de veneno o armas envenenadas en conflictos armados internacionales ni en conflictos armados no internacionales.[15] Ha habido muy pocas acusaciones de empleo de veneno o de armas envenenadas.
Ningún Estado ha sostenido que pueda emplearse veneno lícitamente en conflictos armados internacionales o no internacionales. El único ejemplo de práctica ligeramente contraria —un manual según el cual el envenenamiento del agua potable y los alimentos no está prohibido si se anuncia o se marcan los productos— no basta para negar el carácter consuetudinario de esta norma.[16]
La mayoría de los Estados indica que el veneno y las armas envenenadas están prohibidos, sin dar más detalles. En su opinión consultiva en el asunto de las armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia declaró que los términos “veneno” y “armas envenenadas” se entienden, en la práctica de los Estados, “en su sentido ordinario, como armas cuyo efecto principal o exclusivo es envenenar o asfixiar”.[17] En sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las armas nucleares, el Reino Unido y los Estados Unidos declararon que la prohibición no se aplicaba a las armas que podían envenenar incidentalmente, sino sólo a las armas diseñadas para matar o herir por el efecto del veneno.[18] Esta interpretación no indica que el veneno deba ser el mecanismo principal o exclusivo de lesión, sino que debe ser un mecanismo lesivo “intencional”, en consonancia con la norma original, es decir la prohibición de impregnar las puntas de flecha con venenos que impedirían la recuperación de la herida producida.
Se entiende que la prohibición del empleo de veneno o de armas envenenadas proscribe prácticas como impregnar balas con veneno o envenenar los alimentos y el agua de la parte adversa. En la explicación de la aplicación de esta norma en varios manuales militares se especifica que la prohibición de emplear veneno abarca, asimismo, el envenenamiento de pozos y otras redes de abastecimiento de agua.[19]
[1]Código de Lieber (1863), art. 70 (citado en vol. II, cap. 21, párr. 4); Reglamento de La Haya (1907), art. 23, apdo. a) (ibíd., párr. 2).
[2]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xvii) (ibíd., párr. 3).
[3]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 25), Argentina (ibíd., párr. 12), Australia (ibíd., párrs. 13 y 14), Bélgica (ibíd., párr. 15), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 16), Canadá (ibíd., párrs. 17 y 18), Colombia (ibíd., párr. 19), Ecuador (ibíd., párr. 21), España (ibíd., párr. 40), Estados Unidos (ibíd., párrs. 46 a 51), Francia (ibíd., párrs. 22 a 24), Indonesia (ibíd., párr. 26), Israel (ibíd., párrs. 27 y 28), Italia (ibíd., párr. 29), Kenya (ibíd., párr. 30), Nigeria (ibíd., párrs. 35 a 37), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 34), Países Bajos (ibíd., párrs. 32 y 33), Reino Unido (ibíd., párrs. 44 y 45), República de Corea (ibíd., párr. 31), República Dominicana (ibíd., párr. 20), Rusia (ibíd., párr. 38), Sudáfrica (ibíd., párr. 39), Suiza (ibíd., párrs. 41 a 43) y Yugoslavia (ibíd., párr. 52).
[4] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 64), Australia (ibíd., párrs. 54 y 55), Brasil (ibíd., párr. 56), Canadá (ibíd., párr. 58), China (ibíd., párr. 59), Congo (ibíd., párr. 60), Estados Unidos (ibíd., párr. 73), Estonia (ibíd., párr. 62), Georgia (ibíd., párr. 63), Italia (ibíd., párr. 65), Malí (ibíd., párr. 66), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 69), Países Bajos (ibíd., párrs. 67 y 68), Reino Unido (ibíd., párr. 72), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 61), Suiza (ibíd., párr. 70) y Yugoslavia (ibíd., párr. 74); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 57) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 71).
[5] V., v.g., las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párrs. 98 y 99), Irak (ibíd., párr. 80) y Pakistán (ibíd., párr. 91), así como la práctica referida de Bosnia y Herzegovina, República Srpska (ibíd., párr. 77), Filipinas (ibíd., párr. 92), India (ibíd., párr. 79), Jordania (ibíd., párr. 82), Kuwait (ibíd., párr. 83), Malaisia (ibíd., párr. 85), Noruega (ibíd., párr. 90) y Rwanda (ibíd., párr. 93).
[6] V., v.g., Japón, Tribunal de Distrito de Tokio, Shimoda case (ibíd., párr. 75).
[7] V., v.g., los alegatos orales y las declaraciones escritas presentados en el Nuclear Weapons case por Egipto (ibíd., párr. 78), Estados Unidos (ibíd., párr. 100), Islas Marshall (ibíd., párr. 86), Islas Salomón (ibíd., párrs. 94 y 95), México (ibíd., párr. 87), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 89), Reino Unido (ibíd., párr. 97), Suecia (ibíd., párr. 96) y Zimbabwe (ibíd., párr. 101); v. también los alegatos orales y las declaraciones escritas presentados en el Nuclear Weapons (WHO) case por Malaisia (ibíd., párr. 84) y Nauru (ibíd., párr. 88).
[8] CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva, párrs. 80 a 82.
[9] V., v.g., la legislación de Australia (citada en vol. II, cap. 21, párr. 55), Canadá (ibíd., párr. 58), Congo (ibíd., párr. 60), Malí (ibíd., párr. 66), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 69), Países Bajos (ibíd., párr. 68) y Reino Unido (ibíd., párr. 72); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 57) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 71).
[10] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 64), Estonia (ibíd., párr. 62), República Democrática del Congo ( ibíd., párr. 61), Suiza (ibíd., párr. 70) y Yugoslavia (ibíd., párr. 74); v. también la legislación de Italia (ibíd., párr. 65), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional.
[11]Alemania, Law Introducing the International Crimes Code (ibíd., párr. 64).
[12]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 25), Australia (ibíd., párr. 13), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 16), Canadá (ibíd., párr. 18), Colombia (ibíd., párr. 19), Ecuador (ibíd., párr. 21), Italia (ibíd., párr. 29), Kenya (ibíd., párr. 30), Nigeria (ibíd., párrs. 35 y 37), Sudáfrica (ibíd., párr. 39) y Yugoslavia (ibíd., párr. 52).
[13]V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párrs. 13 y 14), Canadá (ibíd., párr. 17), Estados Unidos (ibíd., párr. 47), Francia (ibíd., párrs. 23 y 24) e Israel (ibíd., párr. 28), así como los manuales militares de Ecuador (citado en vol. II, cap. 20, párr. 52), Estados Unidos (ibíd., párrs. 87, 89, 91 y 93), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 73), Países Bajos (ibíd., párr. 72), Reino Unido (ibíd., párr. 85) y Sudáfrica (ibíd., párr. 80).
[14]V., v.g., la práctica referida de Bosnia y Herzegovina, República Srpska (citada en vol. II, cap. 21, párr. 77), Filipinas (ibíd., párr. 92), India (ibíd., párr. 79) y Rwanda (ibíd., párr. 93).
[15]La información sobre el empleo de armas químicas y la utilización de sustancias antidisturbios se aborda en el capítulo 24.
[16]V. Yugoslavia, YPA Military Manual (citado en vol. II, cap. 21, párr. 52).
[17]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (ibíd., párr. 111).
[18]Declaraciones escritas presentadas en el Nuclear Weapons case por el Reino Unido (ibíd., párr. 97) y Estados Unidos (ibíd., párr. 100).
[19]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 25), Australia (ibíd., párr. 14) (incluso avisando), Bélgica (ibíd., párr. 15) (incluso avisando), Canadá (ibíd., párr. 17) (incluso avisando), Colombia (ibíd., párr. 19), España (ibíd., párr. 40), Estados Unidos (ibíd., párrs. 46, 48 y 49), Israel (ibíd., párr. 28), Nigeria (ibíd., párr. 36), Países Bajos (ibíd., párr. 32), Reino Unido (ibíd., párr. 44) (incluso avisando), República de Corea (ibíd., párr. 31), República Dominicana (ibíd., párr. 20), Sudáfrica (ibíd., párr. 39), Suiza (ibíd., párr. 43) y Yugoslavia (ibíd., párr. 52) (a menos que se avise).