Norma 71. Armas de efectos indiscriminados

Norma 71. Queda prohibido el empleo de armas de tal índole que sus efectos sean indiscriminados.
Volumen II, capítulo 20, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. Son armas de tal índole que sus efectos sean indiscriminados aquellas que no pueden dirigirse contra un objetivo militar o cuyos efectos no pueden limitarse, como exige el derecho internacional humanitario. La prohibición de esas armas se basa, asimismo, en la prohibición general de los ataques indiscriminados (véanse las normas 11 y 12).
En el Protocolo adicional I se prohíbe el empleo de armas que “pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil”.[1] Esta prohibición se reafirmó en el Estatuto de la Corte Penal Internacional[2] y se ha incluido, asimismo, en otros instrumentos.[3]
Esta norma figura en muchos manuales militares.[4] La legislación de varios países tipifica como delito la transgresión de esta norma,[5] que corroboran diversas declaraciones oficiales y la práctica reseñada,[6] incluidas las de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[7]
La prohibición de emplear armas de tal índole que sus efectos sean indiscriminados se menciona, asimismo, en numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en algunas resoluciones de la Asamblea General de la OEA.[8] También se ha hecho referencia a ella en varias conferencias internacionales.[9]
En sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las armas nucleares, varios Estados que no eran Partes en el Protocolo adicional I hicieron alusión a la prohibición del empleo de armas de efectos indiscriminados.[10] En su opinión consultiva, la Corte declaró que esta prohibición era uno de los “principios cardinales” del derecho internacional humanitario.[11]
Las armas de tal índole que sus efectos sean indiscriminados están prohibidas en los conflictos armados no internacionales en virtud de la norma consuetudinaria que establece que los civiles no deben ser atacados (véase la norma 1). Este fue el razonamiento en que se basó la prohibición de determinados tipos de minas y armas trampa en el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales, que es aplicable en los conflictos armados no internacionales.[12] Análogamente, la Convención de Ottawa, que prohíbe en empleo de minas antipersonal en todos los conflictos armados, se basa, en parte, en el principio de que debe distinguirse entre las personas civiles y los combatientes.[13]
La prohibición de las armas de tal índole que sus efectos sean indiscriminados se establece, asimismo, en varios manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[14] La corroboran, además, diversas declaraciones oficiales y la práctica reseñada.[15] La práctica es conforme con la aplicabilidad de la norma tanto en los conflictos internacionales como en los no internacionales, ya que, en general, los Estados no disponen de armamentos militares diferentes para los conflictos armados internacionales y los no internacionales.
En sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las armas nucleares, muchos Estados consideraron que la prohibición de las armas indiscriminadas se basaba en el principio de que es necesario distinguir entre personas civiles y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares.[16] Aunque la Corte indicó que no consideraría la cuestión de los conflictos armados no internacionales, afirmó que “los Estados no deben convertir nunca a las personas civiles en el blanco de un ataque y, por consiguiente, no deben emplear nunca armas que no sean capaces de distinguir entre los objetivos militares y los civiles”.[17]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Ningún Estado ha indicado que puede emplear armas de efectos indiscriminados en cualquier tipo de conflicto armado.
En varios manuales militares y declaraciones oficiales se mencionan las armas “de efectos indiscriminados”, “dirigidas indiscriminadamente contra objetivos militares y civiles” o “que no pueden distinguir entre objetivos militares y civiles”, sin entrar en más detalle.[18] Fuera de esas declaraciones generales, los dos criterios a los que se hace referencia con mayor frecuencia son si el arma puede dirigirse contra un objetivo militar y si es posible limitar sus efectos, como exige el derecho internacional humanitario. Ambos criterios se enuncian en el Protocolo adicional I: en el apartado b) del párrafo 4 del artículo 51 se prohíben las armas que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto y en el apartado c) se prohíben las armas cuyos efectos no sea posible limitar conforme a lo exigido por el Protocolo.[19] Esos criterios forman parte de la definición de ataques de efectos indiscriminados con arreglo al derecho internacional consuetudinario (véase la norma 12).
El criterio relativo a la posibilidad de dirigir un arma contra un objetivo militar concreto se menciona en varios manuales militares, diversas declaraciones oficiales y la práctica reseñada.[20] La magistrada Higgins, en su opinión disidente en el asunto de las armas nucleares, declaró que un arma tiene efectos indiscriminados si no puede dirigirse contra un objetivo militar.[21] En el asunto Martic, en 1996, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia hizo también referencia a este criterio.[22] El criterio relativo a la posibilidad de limitar los efectos de un arma conforme exige el derecho internacional humanitario se menciona, asimismo, en varios manuales militares y declaraciones oficiales.[23] En sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las armas nucleares, diversos Estados sostuvieron que un arma tiene efectos indiscriminados si no pueden controlarse sus efectos o si los daños serían generales y cabría esperar que causara pérdidas incidentales entre la población civil que serían excesivas en relación con la ventaja militar prevista.[24]
En sus opiniones individuales en el asunto de las armas nucleares, los magistrados de la Corte Internacional de Justicia que consideraban que las armas nucleares tienen efectos indiscriminados basaron su análisis en el criterio de que se trata de un arma cuyos efectos no pueden limitarse, respaldando su opinión en la destrucción generalizada causada por el arma tanto en el tiempo como en el espacio.[25] Sin embargo, los jueces no propusieron una definición concreta.
En el preámbulo de una resolución aprobada en 1969, la Asamblea General de las Naciones Unidas señaló que las armas biológicas y químicas “son intrínsecamente reprobables porque sus efectos suelen ser incontrolables e imprevisibles”.[26] La prohibición de las armas que tengan “efectos indiscriminados” se mencionó, asimismo, en una resolución aprobada por la Organización de los Estados Americanos en 1998.[27]
Aunque nadie ha negado la existencia de la norma que prohíbe las armas de efectos indiscriminados, hay divergencia de opiniones en cuanto a si la norma en sí hace que un arma sea ilegal o si el arma es ilegal únicamente si un tratado o una norma consuetudinaria concretos prohíben su empleo. En sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las armas nucleares, la mayoría de los Estados utilizaron la norma que prohíbe las armas de efectos indiscriminados para respaldar su opinión sobre la legalidad o la ilegalidad de las armas nucleares.[28] Sin embargo, Francia declaró que, a su juicio, era necesario que existiera una norma concreta para que un arma pudiera ser considerada de tal índole que sus efectos sean indiscriminados y, por ende, sea ilegal.[29] En su opinión individual, los jueces de la Corte examinaron la legalidad de los efectos de las armas nucleares sobre la base de la norma misma e independientemente del derecho convencional.[30] Las deliberaciones que condujeron a la aprobación de varias resoluciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención sobre ciertas armas convencionales son ambiguas, pues algunas de ellas hacen pensar que ciertas armas ya están prohibidas en virtud de esta norma, mientras que otras apuntan a la necesidad de una prohibición específica.[31]
Las armas que se han citado en la práctica como de efectos indiscriminados en algunas o en todas las circunstancias son: las armas químicas,[32] biológicas[33] y nucleares,[34] las minas terrestres antipersonal,[35] las minas,[36] el veneno, [37] los explosivos lanzados desde globos,[38] los misiles V-1 y V-2,[39] las bombas de racimo,[40] las armas trampa,[41] los misiles Scud,[42] los cohetes Katyusha,[43] las armas incendiarias[44] y las técnicas de modificación ambiental.[45] Ninguno de estos ejemplos reúne suficiente consenso para llegar a la conclusión de que, con arreglo al derecho internacional consuetudinario, todos transgreden la norma que prohíbe el empleo de armas de efectos indiscriminados. Sin embargo, las opiniones coinciden en que algunas de ellas están prohibidas. Dichas armas se examinan en los capítulos siguientes.
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N.B.: El Protocolo adicional I exige que los Estados adopten mecanismos o procedimientos internos a fin de garantizar que el empleo de un medio o método de guerra sea conforme con el derecho internacional humanitario.[46] Varios Estados, incluidos algunos que no son Partes en el Protocolo adicional I, han cumplido ya este requisito.[47]
[1] Protocolo adicional I (1977), art. 51, párr. 4 (citado en vol. II, cap. 3, párrs. 206 y 251).
[2] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xx) (citado en vol. II, cap. 20, párr. 265).
[3] V., v.g., Manual de San Remo (1994), párr. 42, apdo. b) (ibíd., párr. 268); Reglamento n°. 200/15 de la UNTAET, sección 6, párr. 1, apdo b), inciso xx) (ibíd., párr. 269).
[4] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 278 y 279), Australia (ibíd., párrs. 270 y 271), Bélgica (ibíd., párr. 272), Canadá (ibíd., párr. 273), Colombia (ibíd., párr. 274), Ecuador (ibíd., párr. 275), Estados Unidos (ibíd., párrs. 287 a 289), Francia (ibíd., párrs. 276 y 277), Israel (ibíd., párr. 280), Nigeria (ibíd., párr. 283), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 282), República de Corea (ibíd., párr. 281), Rusia (ibíd., párr. 284), Suecia (ibíd., párr. 285), Suiza (ibíd., párr. 286) y Yugoslavia (ibíd., párr. 290).
[5] V., v.g., la legislación de Canadá (ibíd., párr. 292), Congo (ibíd., párr. 293), Georgia (ibíd., párr. 294), Malí (ibíd., párr. 295), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 296) y Reino Unido (ibíd., párr. 298); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 291) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 297).
[6] V., v.g., las declaraciones de Australia (ibíd., párrs. 300 y 301), Canadá (ibíd., párrs. 302 a 304), China (ibíd., párr. 305), Chipre (ibíd., párr. 306), Ecuador (ibíd., párrs. 307 y 308), Egipto (ibíd., párrs. 309 a 311), Estados Unidos (ibíd., párrs. 359 a 365), Francia (ibíd., párrs. 312 y 313), Irán (ibíd., párrs. 317 y 318), Islas Marshall (ibíd., párrs. 329 y 330), Islas Salomón (ibíd., párrs. 347 y 348), Israel (ibíd., párr. 320), Italia (ibíd., párr. 322), Japón (ibíd., párr. 323), Lesotho (ibíd., párr. 327), Malaisia (ibíd., párr. 328), México (ibíd., párr. 331), Nauru (ibíd., párr. 332), Nigeria (ibíd., párr. 337), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 336), Países Bajos (ibíd., párrs. 333 a 335), Perú (ibíd., párr. 339), Polonia (ibíd., párr. 340), Reino Unido (ibíd., párrs. 355 a 358), República Federal de Alemania (ibíd., párr. 314), Rumania (ibíd., párr. 341), Rusia (ibíd., párrs. 342 a 344), Rwanda (ibíd., párr. 345), Santa Sede (ibíd., párr. 315), Sri Lanka (ibíd., párr. 349), Sudáfrica (ibíd., párr. 352), Suecia (ibíd., párr. 350), Suiza (ibíd., párr. 351), Turquía (ibíd., párr. 353), URSS (ibíd., párr. 354), Viet Nam (ibíd., párr. 367) y Zimbabwe (ibíd., párr. 368), así como la práctica referida de Estados Unidos (ibíd., párr. 366), India (ibíd., párr. 316), Irán (ibíd., párr. 319), Israel (ibíd., párr. 321), Jordania (ibíd., párr. 324), Kuwait (ibíd., párr. 326), Pakistán (ibíd., párr. 338), República de Corea (ibíd., párr. 325) y Rwanda (ibíd., párr. 346).
[7] V., v.g., los manuales militares de Francia (ibíd., párr. 276) e Israel (ibíd., párr. 280), las declaraciones de Chipre (ibíd., párr. 306), Egipto (ibíd., párr. 309), Estados Unidos (ibíd., párrs. 359 a 364), Israel (ibíd., párr. 320), Polonia (ibíd., párr. 340), Reino Unido (ibíd., párrs. 355 a 357), Rumania (ibíd., párr. 341), Santa Sede (ibíd., párr. 315), Turquía (ibíd., párr. 353), URSS (ibíd., párr. 354) y Viet Nam (ibíd., párr. 367), la práctica de Estados Unidos (ibíd., párr. 366), así como la práctica referida de India (ibíd., párr. 316), Irán (ibíd., párr. 319), Israel (ibíd., párr. 321) y Pakistán (ibíd., párr. 338).
[8] V. Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 1653 (XVI) (ibíd., párr. 369), Res. 3032 (XXVII) (ibíd., párr. 370), Res. 3076 (XXVIII) (ibíd., párrs. 371 a 373), Res. 3255 A (XXIX) (ibíd., párrs. 371 y 372), Res. 31/64 (ibíd., párrs. 371 y 374), Res. 32/15 y 33/70 (ibíd., párr. 371), Res. 34/82 (ibíd., párrs. 371 y 375), Res. 35/153 y 36/93 (ibíd., párrs. 371, 376 y 377), Res. 37/79 (ibíd., párrs. 371, 376, 377) y Res. 38/66, 39/56, 40/84, 41/50, 42/30, 43/67, 45/64, 46/40, 47/56, 48/79, 49/79, 50/74, 51/49, 52/42, 53/81 y 54/58 (ibíd., párrs. 376 y 377); OEA, Asamblea General, Res. 1270 (XXIV-O/94) y 1335 (XXV-O/95) (ibíd., párr. 381) y Res. 1565 (XXVIII-O/98) (ibíd., párr. 382).
[9] V., v.g., XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XIV (ibíd., párr. 383); XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XIII (ibíd., párr. 383); XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 2 (ibíd., párr. 386); Segunda Conferencia de Examen por los Estados Partes en la Convención sobre ciertas armas convencionales, Declaración Final (ibíd., párr. 387); African Parliamentary Conference on International Humanitarian Law for the Protection of Civilians during Armed Conflict, Final Declaration (ibíd., párr. 388).
[10]V., v.g., los alegatos orales y las declaraciones escritas presentados en el Nuclear Weapons case por Estados Unidos (ibíd., párr. 364), Irán (ibíd., párrs. 317 y 318), Islas Marshall (ibíd., párrs. 329 y 330), Japón (ibíd., párr. 323), Nauru (ibíd., párr. 332) y Reino Unido (ibíd., párr. 358); v. también las declaraciones escritas presentadas en el Nuclear Weapons (WHO) case por Malaisia (ibíd., párr. 328) y Sri Lanka (ibíd., párr. 349).
[11]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (ibíd., párr. 389).
[12]Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 1, párr. 2.
[13]Convención de Ottawa (1997), preámbulo (citado en vol. II, cap. 20, párr. 264).
[14]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 278 y 279), Australia (ibíd., párr. 270), Colombia (ibíd., párr. 274), Ecuador (ibíd., párr. 275), Nigeria (ibíd., párr. 283), República de Corea (ibíd., párr. 281) y Yugoslavia (ibíd., párr. 290).
[15]V., v.g., las declaraciones de Ecuador (ibíd., párr. 307), Egipto (ibíd., párrs. 309 y 310), Estados Unidos (ibíd., párr. 365), Islas Marshall (ibíd., párr. 329), Israel (ibíd., párr. 320), Lesotho (ibíd., párr. 327), Países Bajos (ibíd., párrs. 333 a 335), Reino Unido (ibíd., párr. 358) Rumania (ibíd., párr. 341), Rusia (ibíd., párrs. 342 y 343), Rwanda (ibíd., párr. 345), Santa Sede (ibíd., párr. 315) y Sudáfrica (ibíd., párr. 352), así como la práctica referida de Estados Unidos (ibíd., párr. 366), India (ibíd., párr. 316), Irán (ibíd., párr. 317) y Kuwait (ibíd., párr. 326).
[16]V., v.g., los alegatos orales y las declaraciones escritas presentados en el Nuclear Weapons case por Ecuador (ibíd., párr. 308), Egipto (ibíd., párr. 310), Estados Unidos (ibíd., párr. 364), Irán (ibíd., párrs. 317 y 318), Islas Salomón (ibíd., párr. 348), Japón (ibíd., párr. 323), Nauru (ibíd., párr. 332), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 336) y Reino Unido (ibíd., párr. 358); v. también las declaraciones escritas presentadas en el Nuclear Weapons (WHO) case por Islas Salomón (ibíd., párr. 347), Malaisia (ibíd., párr. 328), México (ibíd., párr. 331) y Sri Lanka (ibíd., párr. 349).
[17] CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (ibíd., párr. 389).
[18] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 278 y 279), Colombia (ibíd., párr. 274), Francia (ibíd., párrs. 276 y 277), Suecia (ibíd., párr. 285) y Suiza (ibíd., párr. 286), así como las declaraciones de China (ibíd., párr. 305), Irán (ibíd., párr. 317), Islas Marshall (ibíd., párr. 330), Islas Salomón (ibíd., párr. 347), México (ibíd., párr. 331), Nauru (ibíd., párr. 332), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 336) y Rumania (ibíd., párr. 341).
[19] Protocolo adicional I (1977), art. 51, párr. 4, apdo. b) (citado en vol. II, cap. 3, párr. 206) y art. 51, párr. 4, apdo. c) (ibíd., párr. 251).
[20] V., v.g., los manuales militares de Australia (citado en vol. II, cap. 20, párr. 270), Canadá (ibíd., párr. 273), Ecuador (ibíd., párr. 275), Estados Unidos (ibíd., párrs. 287 a 289), Israel (ibíd., párr. 280) y Nueva Zelandia (ibíd., párr. 282), las declaraciones de Israel (ibíd., párr. 320) y Reino Unido (ibíd., párr. 357), así como la práctica referida de Israel (ibíd., párr. 321).
[21] CIJ, Nuclear Weapons case, opinión disidente de la magistrada Higgins (ibíd., párr. 392).
[22]TPIY, Martic case, examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 397).
[23]V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 270), Canadá (ibíd., párr. 273), Colombia (ibíd., párr. 274), Ecuador (ibíd., párr. 275), Estados Unidos (ibíd., párrs. 287 a 289), Israel (ibíd., párr. 280), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 282), Suiza (ibíd., párr. 286) y Yugoslavia (ibíd., párr. 290), así como las declaraciones de China (ibíd., párr. 305), Rumania (ibíd., párr. 341) y Suecia (ibíd., párr. 350).
[24]V., v.g., los alegatos orales y las declaraciones escritas presentadas en el Nuclear Weapons case por Ecuador (ibíd., párr. 308), Egipto (ibíd., párrs. 310 y 311), Irán (ibíd., párr. 317), Islas Marshall (ibíd., párr. 330), Japón (ibíd., párr. 323) y Zimbabwe (ibíd., párr. 368); v. también las declaraciones escritas presentadas en el Nuclear Weapons (WHO) case por Islas Salomón (ibíd., párr. 347) y Malaisia (ibíd., párr. 328).
[25]V., v.g., CIJ, Nuclear Weapons case, opinión separada del magistrado Fleischhauer (ibíd., párr. 394), declaración del magistrado Herczegh (ibíd., párr. 395) y declaración del Presidente Bedjaoui (ibíd., párr. 396); v. también las opiniones individuales de los magistrados Ferrari-Bravo, Koroma, Ranjeva, Shahabuddeen y Weeramantry.
[26]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2603 A (XXIV). Aunque tres Estados votaron en contra de esta resolución y 36 se abstuvieron, el desacuerdo giraba principalmente en torno a los herbicidas y no a los principios generales.
[27]OEA, Asamblea General, Res. 1565 (XXVIII-O/98) (citada en vol. II, cap. 20, párr. 382).
[28] V., v.g., los alegatos orales y las declaraciones escritas presentados en el Nuclear Weapons case por Ecuador (ibíd., párr. 308), Egipto (ibíd., párrs. 310 y 311), Estados Unidos (ibíd., párr. 364), Irán (ibíd., párrs. 317 y 318), Islas Marshall (ibíd., párrs. 329 y 330), Islas Salomón (ibíd., párr. 348), Nauru (ibíd., párr. 332), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 336), Países Bajos (ibíd., párr. 335), Reino Unido (ibíd., párr. 358) y Zimbabwe (ibíd., párr. 368); v. también las declaraciones escritas presentadas en el Nuclear Weapons (WHO) case por Islas Salomón (ibíd., párr. 347), México (ibíd., párr. 331), Rwanda (ibíd., párr. 345) y Sri Lanka (ibíd., párr. 349).
[29] Francia, declaración escrita presentada a la CIJ en el Nuclear Weapons (WHO) case (ibíd., párr. 313); v. también Italia, declaración en la CDDH (ibíd., párr. 322).
[30] V. CIJ, Nuclear Weapons case, opiniones individuales de los jueces (ibíd., párrs. 390 a 396).
[31] V., v.g., las declaraciones de Canadá (ibíd., párrs. 303 y 304), Chipre (ibíd., párr. 306), Ecuador (ibíd., párr. 307), Egipto (ibíd., párr. 309), Francia (ibíd., párr. 312), Israel (ibíd., párr. 320), Italia (ibíd., párr. 322), Nigeria (ibíd., párr. 337), Países Bajos (ibíd., párr. 334), Polonia (ibíd., párr. 340), Reino Unido (ibíd., párr. 355), República Federal de Alemania (ibíd., párr. 314), Rumania (ibíd., párr. 341), Rusia (ibíd., párr. 343), Santa Sede (ibíd., párr. 315), Suecia (ibíd., párr. 350), Suiza (ibíd., párr. 351), Turquía (ibíd., párr. 353) y Viet Nam (ibíd., párr. 367).
[32] V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párrs. 270 y 271), Francia (ibíd., párrs. 276 y 277) y Rusia (ibíd., párr. 284), así como las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párr. 360) y Rumania (ibíd., párr. 341); v. también Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1989/39 (ibíd., párr. 378) y Res. 1996/16 (ibíd., párr. 379) y Naciones Unidas, Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, Estudio preparado por la Secretaría (ibíd., párr. 380).
[33] V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párrs. 270 y 271), Estados Unidos (ibíd., párr. 287), Francia (ibíd., párrs. 276 y 277) y Rusia (ibíd., párr. 284), así como las declaraciones de Rumania (ibíd., párr. 341) y Suecia (ibíd., párr. 350); v. también Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1996/16 (ibíd., párr. 379) y Naciones Unidas, Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, Estudio preparado por la Secretaría (ibíd., párr. 380).
[34] V., v.g., el manual militar de Suiza (ibíd., párr. 286) y las declaraciones de Australia (ibíd., párr. 301), Ecuador (ibíd., párr. 308), Egipto (ibíd., párr. 311), Irán (ibíd., párrs. 317 y 318), Islas Marshall (ibíd., párrs. 329 y 330), Islas Salomón (ibíd., párr. 347), Japón (ibíd., párr. 323), Lesotho (ibíd., párr. 327), Malaisia (ibíd., párr. 328) y Zimbabwe (ibíd., párr. 368); v. también Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1996/16 (ibíd., párr. 379) y Naciones Unidas, Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, Estudio preparado por la Secretaría (ibíd., párr. 380).
[35] V., v.g., los manuales militares de Francia (ibíd., párrs. 276 y 277) y la práctica referida de Perú (ibíd., párr. 339).
[36] V., v.g., los manuales militares de Ecuador (ibíd., párr. 275) y Estados Unidos (ibíd., párr. 289), la declaración de Australia (ibíd., párr. 300), así como la práctica referida de Jordania (ibíd., párr. 324) y Rwanda (ibíd., párr. 346); v. también Naciones Unidas, Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, Estudio preparado por la Secretaría (ibíd., párr. 380).
[37] V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párrs. 270 y 271), Canadá (ibíd., párr. 273), Francia (ibíd., párrs. 276 y 277) y Rusia (ibíd., párr. 284).
[38] V., v.g., los manuales militares de Ecuador (ibíd., párr. 275) y Estados Unidos (ibíd., párrs. 287 y 289).
[39] V., v.g., los manuales militares de Ecuador (ibíd., párr. 275) y Estados Unidos (ibíd., párrs. 287 y 289), así como la práctica referida de Jordania (ibíd., párr. 324).
[40] V., v.g., la declaración de Suiza (ibíd., párr. 351); v. también Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1996/16 (ibíd., párr. 379) y Naciones Unidas, Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, Estudio preparado por la Secretaría (ibíd., párr. 380).
[41] V., v.g., las declaraciones de Australia (ibíd., párr. 300) y Rusia (ibíd., párr. 342); v. también Naciones Unidas, Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, Estudio preparado por la Secretaría (ibíd., párr. 380).
[42] V., v.g., el manual militar de Canadá (ibíd., párr. 273), las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párrs. 361 y 363), Israel (ibíd., párr. 320) y Reino Unido (ibíd., párr. 356), así como la práctica referida de Israel (ibíd., párr. 321).
[43] V., v.g., la práctica referida de Israel (ibíd., párr. 321).
[44] V., v.g., las declaraciones de Australia (ibíd., párr. 300), Rusia (ibíd., párr. 342), Suecia (ibíd., párr. 350), Suiza (ibíd., párr. 351) y Turquía (ibíd., párr. 353); v. también Naciones Unidas, Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, Estudio preparado por la Secretaría (ibíd., párr. 380).
[45] V., v.g., el manual militar de Rusia (ibíd., párr. 284).
[46] Protocolo adicional I (1977), art. 36.
[47] En particular, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. V. Isabelle Daoust, Robin Coupland y Rikke Ishoey, “¿Nuevas guerras, nuevas armas? La obligación de los Estados de examinar la licitud de los medios y métodos de hacer la guerra”, RICR, n.° 162, 2002, p. 97; J. McClelly, “The review of weapons in accordance with art. 36 of Additional Protocol I”, International Review of the Red Cross, n.° 850, 2003, p. 397.