Norma 70. Métodos y medios de guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios

Norma 70. Queda prohibido el empleo de medios y métodos de guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.
Volumen II, capítulo 20, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La prohibición del empleo de medios y métodos de guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios se establece en un elevado número de tratados, incluidos algunos instrumentos tan antiguos como la Declaración de San Petersburgo y las Declaraciones y los Reglamentos de La Haya.[1] La prohibición de emplear armas químicas y biológicas enunciada en el Protocolo de Ginebra relativo a los gases fue motivada inicialmente por esta norma.[2] Su reafirmación en tratados recientes, en especial en el Protocolo adicional I, la Convención sobre ciertas armas convencionales, su Protocolo II y su Protocolo II enmendado, la Convención de Ottawa relativa a las minas antipersonal y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, indica que sigue siendo válida.[3] La norma figura, asimismo, en otros instrumentos.[4]
Esta norma se incluye en numerosos manuales militares.[5] En el manual de DIH de Suecia, en particular, se caracteriza la prohibición de emplear medios y métodos de guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios, tal como se establece en el párrafo 2 del artículo 35 del Protocolo adicional I, como norma de derecho internacional consuetudinario.[6] La legislación de muchos países tipifica como delito la transgresión de esta norma,[7] en la cual se han basado las jurisprudencias nacionales.[8]
Esta norma se menciona en numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en algunas resoluciones de la Asamblea General de la OEA.[9] También se ha hecho referencia a ella en varias conferencias internacionales.[10]
En sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las armas nucleares, muchos Estados hicieron alusión a esta norma.[11] En su opinión consultiva, la Corte declaró que la prohibición de emplear medios y métodos de guerra de tal índole que causasen males superfluos o sufrimientos innecesarios era uno de los “principios cardinales” del derecho internacional humanitario.[12]
La prohibición de emplear medios y métodos de guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios se incluyó por consenso en el proyecto de Protocolo adicional II, pero se abandonó en el último momento en el marco de una iniciativa tendente a aprobar un texto simplificado.[13] Sin embargo, no consta que se hicieran objeciones a la norma, como tal, en este contexto.
Cuando se aprobaron la Convención de Ottawa relativa a las minas antipersonal y la Convención sobre ciertas armas convencionales, aplicable en los conflictos armados no internacionales en virtud de una modificación de su artículo 1 en 2001, los Estados declararon que se basaban, entre otras cosas, en la prohibición de emplear medios y métodos de guerra de tal índole que causasen males superfluos o sufrimientos innecesarios.[14] En el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales, aplicable también en los conflictos armados no internacionales, se prohíbe “emplear minas, armas trampa u otros artefactos, concebidos de tal forma o que sean de tal naturaleza, que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios”.[15]
Los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales incluyen, asimismo, esta norma,[16] que también figura en la legislación de varios Estados[17] y en la cual se han basado las jurisprudencias nacionales.[18]
Durante los conflictos en la antigua Yugoslavia, la prohibición de emplear medios y métodos de guerra de tal índole que causasen males superfluos o sufrimientos innecesarios se incluyó en los acuerdos relativos a lo que entonces se consideraban conflictos armados no internacionales.[19] Además, en 1991, Yugoslavia denunció el presunto uso por Eslovenia de “balas semiblindadas” porque causaban “daños desproporcionados e innecesarios”.[20]
La práctica es conforme con la aplicabilidad de la norma tanto en los conflictos internacionales como en los no internacionales, ya que, en general, los Estados no disponen de armamentos militares diferentes para los conflictos armados internacionales y los no internacionales.[21]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria con respecto a los conflictos armados internacionales o no internacionales. Ningún Estado ha indicado que puede emplear medios o métodos de guerra de tal índole que causen sufrimientos innecesarios en cualquier tipo de conflicto armado. La práctica muestra que las partes en un conflicto se abstienen de utilizar, en conflictos armados no internacionales, armas prohibidas en los conflictos armados internacionales. En el asunto Tadic, en 1996, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia declaró que:
De hecho, las consideraciones elementales de humanidad y de sentido común hacen absurdo pensar que los Estados puedan emplear armas prohibidas en los conflictos armados internacionales cuando tratan de reprimir una rebelión de sus propios ciudadanos en su territorio interno. Lo que es inhumano y, por ende, está prohibido en los conflictos internacionales no puede considerarse humano y admisible en los conflictos de civiles.[22]
La prohibición de medios de guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios se refiere a los efectos de un arma sobre los combatientes. Aunque existe acuerdo general sobre la existencia de esta norma, las opiniones difieren en cuanto al modo de determinar si un arma causa males superfluos o sufrimientos innecesarios. En general, los Estados coinciden en que todo sufrimiento que no tenga un fin militar infringe esta norma. Muchos Estados señalan que la norma exige la existencia de un equilibrio entre la necesidad militar, por un lado, y los daños previstos o los sufrimientos infligidos a una persona, por otro, y que esos daños o sufrimientos excesivos, es decir, desproporcionados con respecto a la ventaja militar prevista, transgreden por tanto esta norma.[23] Algunos Estados hacen también referencia a la disponibilidad de alternativas como elemento que debe tenerse en cuenta para determinar si un arma causa sufrimientos innecesarios o males superfluos.[24]
En su opinión consultiva relativa al asunto de las armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia definió sufrimiento innecesario como “un sufrimiento superior al daño inevitable para alcanzar objetivos militares legítimos”.[25]
Un factor importante a la hora de establecer si un arma pueda causar males superfluos o sufrimientos innecesarios es que no pueda evitarse una discapacidad grave permanente. En el manual del Ejército del Aire de los Estados Unidos, por ejemplo, se cita como uno de los criterios para prohibir las sustancias venenosas el hecho de que resulta “inevitable una [...] discapacidad permanente”.[26] La norma que prohíbe dirigir rayos láser a los ojos de soldados, según se estableció en el Protocolo IV de la Convención sobre ciertas armas convencionales (véase la norma 86), se inspiró en la consideración de que este modo de causar deliberadamente una ceguera permanente suponía infligir males superfluos o sufrimientos innecesarios.[27] Cuando aprobaron la Convención de Ottawa relativa a las minas antipersonal, los Estados se basaron, entre otras cosas, en la prohibición de emplear medios de guerra de tal índole que causaran males superfluos o sufrimientos innecesarios.[28] Las discapacidades graves que suelen derivarse del empleo de armas incendiarias hicieron que muchos países propusieran la prohibición de su uso contra seres humanos (véase el comentario de la norma 85).
Una cuestión relacionada con esto es el empleo de armas que causan inevitablemente la muerte. En el preámbulo de la Declaración de San Petersburgo se indica que el empleo de tales armas sería “contrario a las leyes de la humanidad” y fue precisamente esta consideración lo que hizo que en la Declaración se prohibiera el empleo de balas explosivas.[29] En el manual del Ejército del Aire de los Estados Unidos, por ejemplo, se señala que “la antigua prohibición consuetudinaria del uso de veneno” se basa, en parte, en que “la muerte es inevitable” y que el derecho internacional ha condenado las balas “dum-dum” debido a los “tipos de lesiones que producen y a que la muerte es inevitable”.[30] En varios manuales militares se indica que las armas que causan inevitablemente la muerte están prohibidas.[31]
La prohibición de métodos de guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios se introdujo por primera vez en el Protocolo adicional I.[32] Cuando aprobaron la Convención sobre ciertas armas convencionales y la Convención de Ottawa relativa a las armas antipersonal, los Estados se basaron en la prohibición de “armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la guerra de naturaleza tal que [causasen] daños superfluos o sufrimientos innecesarios” (sin cursiva en el original).[33] En el Estatuto de la Corte Penal Internacional se incluye, asimismo, el empleo de “métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios” (sin cursiva en el original) como un crimen de guerra.[34]
Numerosos Estados han incluido la prohibición de emplear métodos de guerra de tal índole que causen males superfluos o daños innecesarios en sus manuales militares y legislaciones.[35] Se menciona, asimismo, en declaraciones oficiales y otra práctica,[36] que incluye la de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[37] Sin embargo, los Estados que han expresado esta norma no dan ejemplos de métodos de guerra que estarían prohibidos en virtud de ella.
Aunque nadie ha negado la existencia de la prohibición de medios y métodos de guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios, hay divergencia de opiniones en cuanto a si la norma en sí hace que un arma sea ilegal o si el arma es ilegal únicamente si un tratado o una norma consuetudinaria concretos prohíben su empleo.
Aunque en la mayoría de los manuales militares se prohíben las armas que causan sufrimientos innecesarios como tales,[38] en algunos se indica que las armas cubiertas por esta prohibición debe determinarlas la práctica de los Estados sobre la abstención de emplear ciertas armas porque causan sufrimientos innecesarios.[39]
En sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las armas nucleares, Francia y Rusia declararon que sólo es posible prohibir un arma en virtud de esta norma si los Estados deciden prohibirla mediante un tratado.[40] Sin embargo, casi todos los demás países no compartían esta opinión y consideraron la legalidad de los efectos de las armas nucleares en función de la norma en sí.[41] En su opinión consultiva en el asunto relativo a las armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia analizó la legalidad de los efectos de las armas nucleares en función de la norma e independientemente del derecho convencional, al igual que hicieron los jueces en sus opiniones individuales.[42]
Las armas que se han citado en la práctica como armas que causan sufrimientos innecesarios si se emplean en determinados contextos o en todas las circunstancias son las siguientes: lanzas o espadas con cabeza en forma de anzuelo,[43] bayonetas con hojas dentadas,[44] balas expansivas,[45] balas explosivas,[46] veneno y armas envenenadas, incluidos los proyectiles impregnados con sustancias que inflamen las heridas;[47] las armas biológicas y químicas,[48] las armas que producen lesiones principalmente mediante fragmentos no localizables por rayos X, incluidos los proyectiles llenos de fragmentos de vidrio,[49] determinadas armas trampa,[50] las minas terrestres antipersonal,[51] los torpedos sin mecanismos de autodestrucción,[52] las armas incendiarias,[53] las armas láser que causan ceguera[54] y las armas nucleares.[55] No existe suficiente consenso acerca de todos estos ejemplos para llegar a la conclusión de que, con arreglo al derecho internacional consuetudinario, todas transgreden la norma que prohíbe los sufrimientos innecesarios. Sin embargo, hay consenso en que algunas están prohibidas. Dichas normas se examinan en los capítulos siguientes.
[1]Declaración de San Petersburgo (1868) (citada en vol. II, cap. 20, párr. 1); Declaración de La Haya relativa a los gases asfixiantes (1899) ( ibíd. , párr. 2); Declaración de La Haya prohibiendo las balas que se hinchan o aplastan fácilmente en el cuerpo (1899) (ibíd., párr. 3); Reglamento de La Haya (1899), art. 23, apdo. e) (ibíd., párr. 4); Reglamento de La Haya (1907), art. 23, apdo. e) (ibíd., párr. 5).
[2]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 59), Australia (ibíd., párrs. 34 y 35) y Francia (ibíd., párrs. 55 y 56).
[3]Protocolo adicional I (1977), art. 35, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd. , párr. 6); Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), preámbulo (ibíd., párr. 8); Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 6, párr. 2 (ibíd., párr. 13); Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 3, párr. 3 (ibíd., párr. 15); Convención de Ottawa (1997), preámbulo (ibíd., párr. 16); Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xx) (ibíd., párr. 17).
[4] V., v.g., Manual de Oxford sobre las leyes de la guerra naval (1913), art. 16, párr. 2 (ibíd., párr. 21); Estatuto del TPIY (1993), art. 3, apdo. a) (ibíd., párr. 27); Manual de San Remo (1994), párr. 42, apdo. a) (ibíd., párr. 28); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 6.4 (ibíd., párr. 30); Reglamento n°. 2000/15 de la UNTAET, sección 6, párr.1, apdo. b), inciso xx) (ibíd., párr. 31).
[5] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 57 a 59), Argentina (ibíd., párrs. 32 y 33), Australia (ibíd., párrs. 34 y 35), Bélgica (ibíd., párrs. 36 a 38), Benin (ibíd., párr. 39), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 40), Burkina Faso (ibíd., párr. 41), Camerún (ibíd., párrs. 42 y 43), Canadá (ibíd., párrs. 44 y 45), Colombia (ibíd., párrs. 46 y 47), Congo (ibíd., párr. 48), Croacia (ibíd., párrs. 49 y 50), Ecuador (ibíd., párr. 52), España (ibíd., párr. 81), Estados Unidos (ibíd., párrs. 87 a 93), Francia (ibíd., párrs. 53 a 56), Hungría (ibíd., párr. 60), Indonesia (ibíd., párr. 61), Israel (ibíd., párrs. 62 y 63), Italia (ibíd., párrs. 64 y 65), Kenya (ibíd., párr. 66), Madagascar (ibíd., párr. 68), Malí (ibíd., párr. 69), Marruecos (ibíd., párr. 70), Nigeria (ibíd., párrs. 74 a 76), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 73), Países Bajos (ibíd., párrs. 71 y 72), Reino Unido (ibíd., párrs. 85 y 86), República de Corea (ibíd., párr. 67), República Dominicana (ibíd., párr. 51), Rumania (ibíd., párr. 77), Rusia (ibíd., párr. 78), Senegal (ibíd., párr. 79), Sudáfrica (ibíd., párr. 80), Suecia (ibíd., párr. 82), Suiza (ibíd., párr. 83), Togo (ibíd., párr. 84) y Yugoslavia (ibíd., párr. 94).
[6] Suecia, IHL Manual (ibíd., párr. 82).
[7] V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 96), Belarús (ibíd., párr. 97), Canadá (ibíd., párr. 99), Colombia (ibíd., párr. 102), Congo (ibíd., párr. 103), España (ibíd., párrs. 112 y 113), Estados Unidos (ibíd., párr. 116), Georgia (ibíd., párr. 104), Irlanda (ibíd., párr. 105), Italia (ibíd., párr. 106), Malí (ibíd., párr. 107), Nicaragua (ibíd., párr. 110), Noruega (ibíd., párr. 111), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 109), Reino Unido (ibíd., párr. 115), Venezuela (ibíd., párr. 117) y Yugoslavia (ibíd., párr. 118); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 95), Burundi (ibíd., párr. 98) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 114).
[8] V., v.g., Japón, Tribunal de Distrito de Tokio, Shimoda case, fallo (ibíd., párr. 120).
[9] Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 3076 (XXVIII) (ibíd., párrs. 214 y 217), Res. 3102 (XXVIII) (ibíd., párr. 215), Res. 3255 (XXIX) (ibíd., párrs. 217 y 218), Res. 31/64 (ibíd., párrs. 217 y 219), Res. 32/152 (ibíd., párrs. 217 y 220), Res. 33/70 (ibíd., párr. 217), Res. 34/82 (ibíd., párrs. 217 y 222), Res. 35/153 (ibíd., párrs. 217 y 223), Res. 36/93 y 37/79 (ibíd., párrs. 217 y 224), Res. 38/66, 39/56, 40/84, 41/50, 45/64, 46/40, 47/56, 48/79, 49/79, 50/74, 51/49, 52/42, 53/81 y 54/58 (ibíd., párr. 224); OEA, Asamblea General, Res. 1270 (XXIV-O/94) (ibíd., párr. 229) y Res. 1565 (XXVIII-O/98) (ibíd., párr. 230).
[10] V., v.g., XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XIV (ibíd., párr. 231); XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 2 (ibíd., párr. 234); Segunda Conferencia de Examen por los Estados Partes en la Convención sobre ciertas armas convencionales, Declaración Final (ibíd., párr. 236); African Parliamentary Conference on International Humanitarian Law for the Protection of Civilians during Armed Conflict, Final Declaration (ibíd., párr. 237).
[11]V., v.g., los alegatos orales y las declaraciones escritas presentados en el Nuclear Weapons case por Australia (ibíd., párr. 123), Ecuador (ibíd., párr. 133), Egipto (ibíd., párr. 135), Estados Unidos (ibíd., párrs. 202 y 203), Francia (implícitamente) (ibíd., párr. 136), India (ibíd., párr. 144), Indonesia (ibíd., párr. 147), Irán (ibíd., párr. 147), Islas Marshall (ibíd., párr. 155), Islas Salomón (ibíd., párr. 178), Italia (ibíd., párr. 149), Japón (ibíd., párr. 151), Lesotho (ibíd., párr. 153), México (ibíd., párr. 159), Nueva Zelandia ( ibíd., párr. 165), Países Bajos (ibíd., párr. 162), Reino Unido (ibíd., párrs. 191 y 192), Rusia (ibíd., párrs. 171 y 172), Samoa (ibíd., párr. 175) y Suecia (ibíd., párr. 182); v. también las declaraciones escritas presentadas en el Nuclear Weapons (WHO) case por Islas Salomón (ibíd., párr. 177), Nauru (ibíd., párr. 161), Rwanda (ibíd., párr. 173), Samoa (ibíd., párr. 174) y Sri Lanka (ibíd., párr. 179).
[12]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva ( ibíd., párr. 238).
[13]Proyecto de Protocolo adicional II, art. 20, párr. 2 (ibíd., párr. 7).
[14]Convención de Ottawa (1997), preámbulo (ibíd., párr. 16); Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), preámbulo (ibíd., párr. 8).
[15]Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 3, párr. 3 (ibíd., párr. 15).
[16]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 57 a 59), Australia (ibíd., párr. 34), Benin (ibíd., párr. 39), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 40), Canadá (ibíd., párr. 45), Colombia (ibíd., párrs. 46 y 47), Croacia (ibíd., párrs. 49 y 50), Ecuador (ibíd., párr. 52), Italia (ibíd., párrs. 64 y 65), Kenya (ibíd., párr. 66), Madagascar (ibíd., párr. 68), Nigeria (ibíd., párrs. 74 y 76), República de Corea (ibíd., párr. 67), Sudáfrica (ibíd., párr. 80), Togo (ibíd., párr. 84) y Yugoslavia (ibíd., párr. 94).
[17] V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 96), Belarús (ibíd., párr. 97), Colombia (ibíd., párr. 102), España (ibíd., párr. 113), Nicaragua (ibíd., párr. 110), Venezuela (ibíd., párr. 117) y Yugoslavia (ibíd., párr. 118); v. también la legislación de Italia (ibíd., párr. 106), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y el proyecto de ley de Argentina (ibíd., párr. 95).
[18] V., v.g., Argentina, Cámara Federal de Apelaciones, Juicio a las juntas militares, fallo (ibíd., párr. 119).
[19] Memorandum of Understanding on the Application of International Humanitarian Law between Croatia and the SFRY (1991), párr. 6 (ibíd., párr. 25); Agreement on the Application of International Humanitarian Law between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.5 (ibíd., párr. 26).
[20] Yugoslavia, Ministerio de Defensa, Examples of violations of the rules of international law committed by the so-called armed forces of Slovenia (ibíd., párr. 209).
[21] El empleo de sustancias antidisturbios y de balas expansivas por las fuerzas de policía fuera de situaciones de conflicto armado se aborda en el comentario de las normas 75 y 77.
[22] TPIY, The Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/aDule”, decisión sobre la moción de la defensa acerca de un recurso interlocutorio sobre la competencia, Cámara de Apelaciones, 2 de octubre de 1995, asunto n.° IT- 94-1-AR72, párr. 119.
[23]V., v.g., los manuales militares de Alemania (citado en vol. II, cap. 20, párr. 58), Australia (ibíd., párr. 35), Canadá (ibíd., párrs. 44 y 45), Ecuador (ibíd., párr. 52), Estados Unidos (ibíd., párrs. 88, 89 y 93), Francia (ibíd., párrs. 54 a 56), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 73), Sudáfrica (ibíd., párr. 80) y Yugoslavia (ibíd., párr. 94); la legislación de Belarús (ibíd., párr. 97); las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párrs. 194, 202 y 206), India (ibíd., párr. 144), Países Bajos (ibíd., párr. 162) y Reino Unido (ibíd., párrs. 191 y 192).
[24]V. el manual militar de Estados Unidos (ibíd., párr. 88) y la declaración del Reino Unido (ibíd., párr. 191).
[25]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (ibíd., párr. 238).
[26]Estados Unidos, Air Force Pamphlet (ibíd., párr. 88).
[27]V., v.g., Suecia, declaración realizada cuando adoptó el Protocolo IV de la Convención sobre ciertas armas convencionales (ibíd., párr. 14) y los manuales militares de Francia (ibíd., párrs. 55 y 56).
[28]Convención de Ottawa (1997), preámbulo (ibíd., párr. 16).
[29] Declaración de San Petersburgo (1868) (ibíd., párr. 1).
[30] Estados Unidos, Air Force Pamphlet (ibíd., párr. 88); v. también Ecuador, Aspectos importantes del derecho internacional marítimo que deben tener presente los comandantes de los buques (1989) (ibíd., párr. 52) y Estados Unidos, Air Force Commander's Handbook (ibíd., párr. 89) y Naval Handbook (ibíd., párr. 93).
[31] V., v.g., los manuales militares de Bélgica (ibíd., párr. 36), Ecuador (ibíd., párr. 52) y Estados Unidos (ibíd., párr. 93), así como las declaraciones de Egipto (ibíd., párr. 135), India (ibíd., párr. 144), Islas Salomón (ibíd., párr. 178) y Rusia (ibíd., párrs. 171 y 172); v. también las declaraciones de Australia (ibíd., párr. 121) y Nueva Zelandia (ibíd., párr. 164).
[32] Protocolo adicional I (1977), art. 35, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 6).
[33] Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), preámbulo (ibíd., párr. 8); Convención de Ottawa (1997), preámbulo (ibíd., párr. 16).
[34] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso (xx) (ibíd., párr. 17).
[35] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 57 a 59), Argentina (ibíd., párr. 33), Australia (ibíd., párrs. 34 y 35), Bélgica (ibíd., párr. 36), Benin (ibíd., párr. 39), Colombia (ibíd., párr. 46), Croacia (ibíd., párr. 49), Ecuador (ibíd., párr. 52), España (ibíd., párr. 81), Estados Unidos (ibíd., párrs. 88 y 93), Hungría (ibíd., párr. 60), Italia (ibíd., párr. 64), Kenya (ibíd., párr. 66), Países Bajos (ibíd., párr. 71), República Dominicana (ibíd., párr. 51), Suecia (ibíd., párr. 82) y Togo (ibíd., párr. 84), así como la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 96), Belarús ( ibíd., párr. 97), Canadá (ibíd., párr. 99), Colombia (ibíd., párr. 102), Congo (ibíd., párr. 103), España (ibíd., párrs. 112 y 113), Georgia (ibíd., párr. 104), Irlanda (ibíd., párr. 105), Malí (ibíd., párr. 107), Nicaragua (ibíd., párr. 110), Noruega (ibíd., párr. 111), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 109), Reino Unido (ibíd., párr. 115) y Yugoslavia (ibíd., párr. 118) ); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 95), Burundi (ibíd., párr. 98) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 114).
[36]V., v.g., las declaraciones de Australia (ibíd., párr. 123), Egipto (ibíd., párr. 135), Estados Unidos (ibíd., párrs. 196 y 198), Francia (ibíd., párr. 139), Irán (ibíd., párr. 147), México (ibíd., párr. 159), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 165), Países Bajos (ibíd., párr. 162), Reino Unido (ibíd., párr. 192), República Federal de Alemania (ibíd., párr. 140), Sri Lanka (ibíd., párr. 179), Yugoslavia (ibíd., párr. 208) y Zimbabwe (ibíd., párr. 210), así como la práctica de Francia (ibíd., párr. 138).
[37]V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párrs. 88 y 93), la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 96), las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párr. 196), Irán (ibíd., párr. 147), Reino Unido (ibíd., párr. 192) y Sri Lanka (ibíd., párr. 179), así como la práctica de Francia (ibíd., párr. 138).
[38]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 57 a 59), Argentina (ibíd., párr. 33), Australia (ibíd., párrs. 34 y 35), Bélgica (ibíd., párrs. 36 a 38), Benin (ibíd., párr. 39), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 40), Burkina Faso (ibíd., párr. 41), Camerún (ibíd., párrs. 42 y 43), Canadá (ibíd., párrs. 44 y 45), Colombia (ibíd., párrs. 46 y 47), Congo (ibíd., párr. 48), Croacia (ibíd., párrs. 49 y 50), Ecuador (ibíd., párr. 52), España (ibíd., párr. 81), Estados Unidos (ibíd., párrs. 89, 90, 92 y 93), Francia (ibíd., párrs. 53 a 56), Hungría (ibíd., párr. 60), Indonesia (ibíd., párr. 61), Israel (ibíd., párrs. 62 y 63), Italia (ibíd., párrs. 64 y 65), Kenya (ibíd., párr. 66), Madagascar (ibíd., párr. 68), Malí (ibíd., párr. 69), Marruecos (ibíd., párr. 70), Nigeria (ibíd., pá- rrs. 74 a 76), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 73), Países Bajos (ibíd., párrs. 71 y 72), Reino Unido (ibíd., párrs. 85 y 86), República de Corea (ibíd., párr. 67), República Dominicana (ibíd., párr. 51), Rumania (ibíd., párr. 77), Rusia (ibíd., párr. 78), Senegal (ibíd., párr. 79), Sudáfrica (ibíd., párr. 80), Suecia (ibíd., párr. 82), Suiza (ibíd., párr. 83), Togo (ibíd., párr. 84) y Yugoslavia (ibíd., párr. 94).
[39]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 32) y Estados Unidos (ibíd., párrs. 87, 88 y 91).
[40]V. los alegatos orales y las declaraciones escritas presentados en el Nuclear Weapons case por Francia (ibíd., párr. 136) y Rusia (ibíd., párrs. 171 y 172).
[41]V., v.g., los alegatos orales y las declaraciones escritas presentados en el Nuclear Weapons case por Ecuador (ibíd., párr. 133), Estados Unidos (ibíd., párr. 202), Irán (ibíd., párr. 147), Islas Marshall (ibíd., párr. 155), Japón (ibíd., párr. 151), Lesotho (ibíd., párr. 153), México (ibíd., párr. 159), Nauru (ibíd., párr. 161), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 165), Países Bajos (ibíd., párr. 162), Reino Unido (ibíd., párrs. 191 y 192) Samoa (ibíd., párr. 175) y Suecia (ibíd., párr. 182); v. también las declaraciones escritas presentadas en el Nuclear Weapons (WHO) case por Samoa (ibíd., párr. 174) y Sri Lanka (ibíd., párr. 179).
[42] CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (ibíd., párr. 238), incluidas las opiniones individuales de los magistrados (ibíd., párrs. 239 a 245).
[43] V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párr. 87), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 73), Reino Unido (ibíd., párr. 85) y Sudáfrica (ibíd., párr. 80); v. también Naciones Unidas, Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, Estudio preparado por la Secretaría (ibíd., párr. 227).
[44] V., v.g., los manuales militares de los Países Bajos (ibíd., párrs. 71 y 72).
[45] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 57 a 59), Australia (ibíd., párr. 34) (“armas de punta hueca”), Ecuador (ibíd., párr. 52), Estados Unidos (ibíd., párr. 91), Francia (ibíd., párrs. 55 y 56), Países Bajos (ibíd., párrs. 71 y 72), Rusia (ibíd., párr. 78), Sudáfrica (ibíd., 80) y Yugoslavia (ibíd., párr. 94); v. también los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párr. 87), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 73) y Reino Unido (ibíd., 85), que prohíben las “balas de forma irregular”; v. también Naciones Unidas, Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, Estudio preparado por la Secretaría (ibíd., párr. 227).
[46] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 58) y Rusia (ibíd., párr. 78); v. también Naciones Unidas, Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, Estudio preparado por la Secretaría (ibíd., párr. 227).
[47] V., v.g., los manuales militares de Ecuador (ibíd., párr. 52), Estados Unidos (ibíd., párrs. 87, 89, 91 y 93), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 73), Países Bajos (ibíd., párr. 72), Reino Unido (ibíd. , párr. 85) y Sudáfrica ( ibíd. , párr. 80); v. también Naciones Unidas, Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, Estudio preparado por la Secretaría (ibíd. , párr. 227).
[48] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 59), Australia (ibíd., párrs. 34 y 35) y Francia (ibíd., párrs. 55 y 56).
[49] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 59), Australia (ibíd., párr. 34), Ecuador (ibíd., párr. 52), Estados Unidos (ibíd., párrs. 87, 89, 91 y 93), Francia (ibíd., párrs. 55 y 56), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 73), Países Bajos (ibíd., párrs. 71 y 72), Reino Unido (ibíd., párr. 85) y Sudáfrica (ibíd., párr. 80); v. también Naciones Unidas, Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, Estudio preparado por la Secretaría (ibíd., párr. 227).
[50] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 59) y Países Bajos (ibíd., párr. 72).
[51] V., v.g., los manuales militares de Francia (ibíd., párrs. 55 y 56).
[52] V., v.g., los manuales militares de Francia (ibíd., párrs. 55 y 56).
[53] V., v.g., las declaraciones de Colombia (ibíd., párrs. 130 y 131), Mauritania (ibíd., párr. 156), México (ibíd., párrs. 157 y 158) y Noruega (ibíd., párr. 166), así como la práctica referida de Zimbabwe (ibíd., párr. 211); v. también Naciones Unidas, Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, Estudio preparado por la Secretaría (ibíd., párr. 227).
[54] V., v.g., Suecia, declaración realizada al aceptar el Protocolo IV de la Convención sobre ciertas armas convencionales (ibíd., párr. 14) y los manuales militares de Francia (ibíd., párrs. 55 y 56).
[55] V., v.g., los alegatos orales y las declaraciones escritas presentados en el Nuclear Weapons case por Ecuador (ibíd., párr. 133), Egipto (ibíd., párr. 135), India (ibíd., párr. 144), Irán (ibíd., párr. 147), Islas Marshall (ibíd., párr. 155), Japón (ibíd., párr. 151), Lesotho (ibíd., párr. 153), Suecia (ibíd., párr. 182) y Zimbabwe (ibíd., párr. 210), así como las declaraciones escritas presentadas en el Nuclear Weapons (WHO) case por Islas Salomón (ibíd., párr. 177) y Samoa (ibíd., párr. 174).