Norma 61. Uso indebido de cualquier otro emblema internacionalmente reconocido.

Norma 61. Queda prohibido hacer uso indebido de cualquier otro emblema internacionalmente reconocido.
Volumen II, capítulo 18, sección E.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Por lo que respecta al emblema distintivo para los bienes de carácter cultural, esta norma aparece en la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales.[1] Figura, asimismo, en el párrafo 1 del artículo 38 del Protocolo adicional I en relación con emblemas reconocidos internacionalmente en general, incluido el emblema protector de los bienes culturales.[2] El párrafo 8 del artículo 66 del Protocolo adicional I exige a los Estados Partes que tomen medidas para prevenir y castigar cualquier uso indebido del distintivo internacional de la protección civil.[3]
Numerosos manuales militares prohíben hacer uso indebido de cualquier otro emblema internacionalmente reconocido.[4] La legislación de muchos países tipifica como delito la transgresión de esta norma,[5] que corrobora, asimismo, la práctica de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I o en la Convención de La Haya sobre la protección de los bienes culturales.[6]
Por lo que respecta al emblema distintivo de los bienes culturales, esta norma se enuncia en la Convención de La Haya sobre la protección de los bienes culturales.[7] La Comisión III de la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales incluyó por consenso, en el proyecto de Protocolo adicional II, la norma de que: “Se prohíbe también usar indebida y deliberadamente en un conflicto armado otros emblemas, signos o señales protectores internacionalmente reconocidos”, inclusive el emblema protector de los bienes culturales, pero dicha norma se abandonó en el último momento en el marco de una iniciativa tendente a aprobar un texto simplificado.[8]
La prohibición de hacer uso indebido de otros emblemas internacionalmente reconocidos se expresa en los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[9] La legislación de numerosos países tipifica como delito la transgresión de esta norma.[10]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Ninguna parte ha negado la aplicabilidad de esta norma ni ha pretendido que sería legítimo hacer uso indebido de emblemas internacionalmente reconocidos. El uso indebido iría en detrimento de la protección debida a las personas y los bienes identificados por esos emblemas.
El término “otros emblemas internacionalmente reconocidos” incluye el emblema protector de los bienes culturales, el signo distintivo internacional de la protección civil y el signo internacional especial para las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. Comprende, asimismo, el emblema protector de las zonas y localidades sanitarias,[11] el emblema protector de las zonas y localidades sanitarias y de seguridad,[12] las letras “PW” o “PG” empleadas para señalar los campamentos de prisioneros de guerra[13] y las letras “IC” empleadas para señalar los campamentos de internamiento de personas civiles.[14]
La expresión “uso indebido” se refiere a cualquier uso distinto del previsto para esos emblemas, es decir, la identificación de los respectivos bienes, zonas, localidades y campamentos.
[1] Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 17 (ibíd., párr. 550).
[2] Protocolo adicional I (1977), art. 38, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 551).
[3] Protocolo adicional I (1977), art. 66, párr. 8 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 552).
[4] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 569), Argentina (ibíd., párr. 556), Australia (ibíd., párrs. 557 y 558), Bélgica (ibíd., párr. 559), Burkina Faso (ibíd., párr. 560), Camerún (ibíd., párrs. 561 y 562), Canadá (ibíd., párr. 563), Colombia (ibíd., párr. 564), Congo (ibíd., párr. 565), Ecuador (ibíd., párr. 566), España (ibíd., párr. 578), Estados Unidos (ibíd., párrs. 580 y 581), Francia (ibíd., párrs. 567 y 568), Italia (ibíd., párr. 570), Líbano (ibíd., párr. 571), Malí (ibíd., párr. 572), Marruecos (ibíd., párr. 573), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 575), Países Bajos (ibíd., párr. 574), Rusia (ibíd., párr. 576), Senegal (ibíd., párr. 577), Suecia (ibíd., párr. 579) y Yugoslavia (ibíd., párr. 582).
[5] V., v.g., la legislación de Argelia (ibíd., párr. 583), Argentina (ibíd., párr. 585), Armenia (ibíd., párr. 586), Australia (ibíd., párr. 587), Belarús (ibíd., párr. 589), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 590), Burkina Faso (ibíd., párr. 591), Côte d'Ivoire (ibíd., párr. 594), Croacia (ibíd., párr. 595), Dinamarca (ibíd., párr. 596), Eslovenia (ibíd., párr. 607), España (ibíd., párr. 608), Estonia (ibíd., párr. 597), Finlandia (ibíd., párr. 598), Francia (ibíd., párr. 599), Guinea (ibíd., párr. 600), Irlanda (ibíd., párr. 601), Islas Cook (ibíd., párr. 593), Italia (ibíd., párr. 602), Malí (ibíd., párr. 603), Noruega (ibíd., párrs. 604 y 605), Polonia (ibíd., párr. 606), Reino Unido (ibíd., párr. 613), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 592), Suecia (ibíd., párrs. 609 y 610), Suiza (ibíd., párrs. 611 y 612), Yugoslavia (ibíd., párr. 614) y Zimbabwe (ibíd., párr. 615); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 584) y Bangladesh (ibíd., párr. 588).
[6] V. los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párrs. 580 y 581), las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párr. 619) e Israel (ibíd., párr. 617) y la práctica del Reino Unido (ibíd., párr. 618).
[7] Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 17 (ibíd., párr. 550).
[8] Proyecto de Protocolo adicional II, art. 23 (ibíd., párr. 554).
[9] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 569), Australia (ibíd., párr. 557), Colombia (ibíd., párr. 564), Ecuador (ibíd., párr. 566), Italia (ibíd., párr. 570), Líbano (ibíd., párr. 571) y Yugoslavia (ibíd., párr. 582).
[10] V., v.g., la legislación de Argentina (ibíd., párr. 585), Armenia (ibíd., párr. 586), Belarús (ibíd., párr. 589), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 590), Croacia (ibíd., párr. 595), Dinamarca (ibíd., párr. 596), Eslovenia (ibíd., párr. 607), España (ibíd., párr. 608), Estonia (ibíd., párr. 597), Guinea (ibíd., párr. 600), Noruega (ibíd., párrs. 604 y 605), Polonia (ibíd., párr. 606), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 592), Suecia (ibíd., párr. 610), Suiza (ibíd., párr. 612) y Yugoslavia (ibíd., párr. 614); v. también la legislación de Burkina Faso (ibíd., párr. 591) e Italia (ibíd., párr. 602), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 584) y Bangladesh (ibíd., párr. 588).
[11]I Convenio de Ginebra (1949), art. 23 y Anexo I, art. 6.
[12]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 14 y Anexo I, art. 6.
[13]III Convenio de Ginebra (1949), art. 23, tercer párrafo.
[14]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 83, tercer párrafo.