Norma 6. Pérdida de protección de las personas civiles contra los ataques 

Norma 6. Las personas civiles gozan de protección contra los ataques, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.
Volumen II, capítulo 1, sección F.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma consuetudinaria del derecho internacional aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. El uso de escudos humanos se aborda en la norma 97.
La norma por la cual los civiles pierden la protección de que disfrutan contra los ataques si toman directamente parte en las hostilidades y mientras dure esta participación está contenida en el artículo 51, párrafo 3, del Protocolo adicional I, al que no se ha hecho ninguna reserva.[1] En la Conferencia Diplomática que concluyó con la aprobación de los Protocolos adicionales, México declaró que el artículo 51 del Protocolo adicional I era tan fundamental que “no puede ser objeto de ningún tipo de reservas, porque éstas serían incompatibles con el objeto y el fin del Protocolo I, negándolo en su esencia”.[2] En esta misma Conferencia, el Reino Unido afirmó asimismo que la excepción que se hace a la inmunidad de los civiles contra los ataques es una “valiosa reafirmación” de una norma existente del derecho internacional consuetudinario.[3] Cuando ratificó la Convención sobre ciertas armas convencionales, el Reino Unido declaró que los civiles gozan de la protección de la Convención, “salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”.[4]
En muchos manuales se indica que los civiles no están protegidos contra los ataques si toman parte directamente en las hostilidades.[5] Corroboran esta norma diversas declaraciones oficiales y la práctica reseñada,[6] incluidas las de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[7] En octubre de 1973, antes de que se aprobara el Protocolo adicional I, el CICR hizo un llamamiento a las partes en conflicto en Oriente Próximo instándoles a que respetaran la inmunidad de los civiles contra los ataques, salvo si éstos participaban directamente en las hostilidades y mientras lo hicieran, al que los Estados concernidos (Egipto, Irak, Israel y Siria) respondieron favorablemente.[8]
Según el artículo 13 del Protocolo adicional II, las personas civiles gozan de protección contra los ataques, “salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”.[9] Esta norma se estipula, además, en otros instrumentos concernientes asimismo a los conflictos armados no internacionales.[10]
La norma de que los civiles no están protegidos contra los ataques si toman directamente parte en las hostilidades se incluye en muchos manuales militares que son aplicables o se han aplicado en conflictos armados no internacionales.[11]
En la causa concerniente a los acontecimientos de la Tablada, en Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que los civiles que participan directamente en los enfrentamientos, ya sea solos o como parte de un grupo, se convierten en objetivos militares legítimos, pero sólo mientras participen activamente en los combates.[12]
Esta norma parece crear una ambivalencia entre los grupos armados de oposición y las fuerzas armadas gubernamentales, hasta el punto de que los miembros de tales grupos pueden ser considerados personas civiles (véase el comentario de la norma 5). La aplicación de esta norma implicaría que un ataque a los miembros de grupos armados de oposición sólo sería lícito “si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”, mientras que un ataque a los miembros de las fuerzas armadas gubernamentales sería lícito en cualquier momento. Semejantes ambivalencias no existirían si se considerara que los miembros de los grupos armados de oposición toman continuamente parte directa en las hostilidades, por su militancia, o que no son civiles.
Resulta claro que la licitud de un ataque contra personas civiles depende de cómo se interprete exactamente el concepto de “participación directa en las hostilidades” y, en conexión con ello, del momento en que ésta empieza y termina. Como se expone más adelante, aún no se ha aclarado el significado de “participar directamente en las hostilidades”. Hay que señalar, sin embargo, que sea cual fuere el significado que se dé a esta expresión, inmunidad contra los ataques no implica estar a resguardo de ser detenido y juzgado.
No existe una definición exacta de “participación directa en las hostilidades”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que con la expresión “participación directa en las hostilidades” se entiende, en general, “actos que por su índole o finalidad tienen por objeto causar efectivamente daño al personal o material del enemigo”.[13] La pérdida de la protección contra los ataques es algo claro e incontestado, como ponen de manifiesto diversos manuales militares, cuando una persona civil usa armas u otros medios para cometer actos de violencia contra el personal o el material de las fuerzas enemigas.[14] Pero hay también muchos casos en la práctica que proporcionan poca o ninguna orientación para interpretar la expresión “participar directamente en las hostilidades”, afirmando, por ejemplo, que la valoración de la participación directa ha de efectuarse caso por caso, o repitiendo sencillamente la norma general de que la participación directa de los civiles en las hostilidades da lugar a que éstos pierdan la protección contra los ataques.[15] En los manuales militares de Ecuador y los Estados Unidos se ofrecen algunos ejemplos generales de actos que constituyen una participación directa en las hostilidades, tales como servir de guardián, agente secreto o vigía a favor de fuerzas militares.[16] En el informe sobre la práctica de Filipinas se estima que los civiles que actúan como espías, correos u oteadores pierden su protección contra los ataques.[17]
En un informe sobre los derechos humanos en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intenta distinguir la participación “directa” de la “indirecta”:
Las personas civiles que tan sólo apoyen el esfuerzo militar o de guerra del adversario o de otra forma sólo participen indirectamente en las hostilidades no pueden ser consideradas combatientes por esa única razón. Esto se debe a que la participación indirecta, tal como vender mercaderías a una o varias de las partes en el conflicto, expresar simpatía por la causa de una de las partes o, más claro aún, no haber actuado para prevenir la incursión de una de las partes en contienda, no implica actos de violencia que constituyan una amenaza inmediata de daño actual a la contraparte.[18]
El Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para El Salvador ya había expuesto antes la distinción entre participación directa e indirecta.[19] Es, sin embargo, evidente que el derecho internacional no prohíbe a los Estados promulgar leyes que establezcan la participación, directa o indirecta, en hostilidades como delito punible para cualquiera.
En el informe sobre la práctica en Rwanda se distinguen los actos que constituyen una participación directa en conflictos armados internacionales y no internacionales del apoyo logístico en los conflictos armados no internacionales, que se excluye de los actos que constituyen una participación directa. Según las respuestas que dieron oficiales del ejército ruandés a un cuestionario que se reseña en el informe, las personas civiles desarmadas que siguen a las fuerzas armadas en un conflicto armado internacional para proveerlas de alimentos, transportar municiones o transmitir mensajes, por ejemplo, pierden su estatuto de civiles. Ahora bien, en el marco de un conflicto armado no internacional, los civiles sin armas que colaboran con una de las partes en conflicto siguen siendo siempre civiles. Según el informe, esta distinción está justificada por el hecho de que, en los conflictos armados internos, las personas civiles están forzadas a colaborar con la parte en cuyo poder se encuentran.[20]
Cabe en todo caso concluir que, aparte de los pocos ejemplos incontestados antes mencionados, especialmente el uso de armas u otros medios para cometer actos de violencia contra el personal o el material de las fuerzas enemigas, no se ha establecido en la práctica de los Estados una definición clara y uniforme de “participación directa en las hostilidades”.[21]
En varios manuales militares se especifica que los civiles que trabajan en objetivos militares, como las fábricas de munición, no participan directamente en las hostilidades, pero han de asumir los riesgos que acarrea un ataque a ese objetivo militar.[22] Los heridos y los muertos que ocasiona un ataque a un objetivo legítimo entre tales personas civiles se consideran víctimas incidentales, cuyo número hay que procurar reducir a un mínimo, tomando todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque, efectuándolo, por ejemplo, por la noche (véase la norma 17). La teoría de que hay que considerar a tales personas como casi-combatientes, susceptibles de ser atacados, no está respaldada por la práctica moderna de los Estados.
La cuestión de cómo clasificar a una persona en caso de duda es compleja y difícil. En el marco de conflictos armados internacionales, el Protocolo adicional I ha intentado resolver esta cuestión disponiendo que “en caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil”.[23] Algunos Estados consignan esta norma en sus manuales militares.[24] Otros han expresado reservas acerca de las ramificaciones militares de una interpretación estricta de tal norma. Al ratificar el Protocolo adicional I, Francia y el Reino Unido expusieron, en particular, su interpretación de que esta disposición no invalida el deber de los jefes militares de velar por la seguridad de las tropas a sus órdenes y por su situación militar, de conformidad con otras disposiciones del Protocolo adicional I.[25] El manual de la Marina estadounidense señala que:
La participación directa en las hostilidades ha de juzgarse caso por caso. Los combatientes sobre el terreno tienen que determinar con honradez si una persona civil puede o no ser atacada deliberadamente, basándose en su comportamiento, localización y vestimenta, así como en las demás informaciones disponibles en ese momento. [26]
A la luz de lo expuesto, cabe concluir que, en caso de duda, ha de efectuarse una cuidadosa evaluación, en las condiciones y con las limitaciones de cada situación particular, para determinar si hay suficientes indicaciones que autoricen un ataque. No se puede atacar automáticamente a cualquiera que pueda resultar sospechoso.
En las situaciones de conflicto armado internacional, la cuestión de los casos dudosos apenas se ha abordado en la práctica de los Estados, por más que sería deseable una norma clara al respecto, puesto que reforzaría la protección de la población civil contra los ataques. En los conflictos armados no internacionales parece, en este sentido, justificado el mismo modo equilibrado de proceder que acabamos de exponer en relación con los conflictos armados internacionales.
[1]Protocolo adicional I (1977), art. 51, párr. 3 (aprobado por 77 votos a favor, uno en contra y 16 abstenciones) (ibíd., párr. 755).
[2]México, declaración en la CDDH (ibíd., párr. 800).
[3]Reino Unido, declaración en la CDDH (ibíd., párr. 803).
[4]Reino Unido, declaración efectuada cuando ratificó la Convención sobre ciertas armas convencionales (ibíd., párr. 757).
[5]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 770), Australia (ibíd., párr. 762), Benin (ibíd., párr. 763), Canadá (ibíd., párr. 764), Colombia (ibíd., párr. 765), Croacia (ibíd., párr. 766), Ecuador (ibíd., párr. 768), Estados Unidos (ibíd., párrs. 787 y 788), España (ibíd., párr. 782), Francia (ibíd., párr. 769), India (ibíd., párr. 771), Indonesia (ibíd., párr. 772), Italia (ibíd., párr. 773), Kenya (ibíd., párr. 774), Madagascar (ibíd., párr. 775), Nigeria (ibíd., párrs. 779 y 780), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 778), Países Bajos (ibíd., párrs. 776 y 777), Reino Unido (ibíd., párr. 786), República Dominicana (ibíd., párr. 767), Sudáfrica (ibíd., párr. 781), Suecia (ibíd., párr. 783), Togo (ibíd., párr. 784) y Yugoslavia (ibíd., párr. 789).
[6]V., v.g., las declaraciones de Bélgica (ibíd., párr. 792) y Estados Unidos (ibíd., párrs. 804 y 806), así como la práctica referida de Chile (ibíd., párr. 793), Estados Unidos (ibíd., párr. 807), Jordania (ibíd., párr. 796) y Malaisia (ibíd., párr. 799).
[7]V., v.g., la práctica de los Estados Unidos (ibíd., párrs. 787 y 788 y 804 y 807), Francia (ibíd., párr. 769), India (ibíd., párr. 771), Indonesia (ibíd., párr. 772), Kenya (ibíd., párr. 774), Malaisia (ibíd., párr. 799), Nigeria (ibíd., párr. 779) y Reino Unido (ibíd., párr. 786).
[8]V. CICR, La acción del Comité Internacional en Oriente Próximo (ibíd., párr. 813).
[9]Protocolo adicional II (1977), art. 13, párr. 3 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 756).
[10]V., v.g., Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY, párr. 6 (ibíd. párr. 759); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.5 (ibíd., párr. 760); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 5.2 (ibíd., párr. 761).
[11] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 770), Australia (ibíd., párr. 762), Benin (ibíd., párr. 763), Colombia (ibíd., párr. 765), Croacia (ibíd., párr. 766), Ecuador (ibíd., párr. 768), España (ibíd., párr. 782), Italia (ibíd., párr. 773), Kenya (ibíd., párr. 774), Madagascar (ibíd., párr. 775), Nigeria (ibíd., párr. 779), Países Bajos (ibíd., párr. 776), Sudáfrica (ibíd., párr. 781), Togo (ibíd., párr. 784) y Yugoslavia (ibíd., párr. 789).
[12] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.137 (Argentina) (ibíd., párr. 810).
[13]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer informe sobre los derechos humanos en Colombia (ibíd., párr. 811).
[14]V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 820), Bélgica (ibíd., párr. 821), Ecuador (ibíd., párr. 822), Estados Unidos (ibíd., párrs. 827 y 830), El Salvador (ibíd., párr. 823), India (ibíd., párr. 824), Países Bajos (ibíd., párr. 825) y Yugoslavia (ibíd., párr. 831).
[15]V., v.g., Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común (ibíd., párr. 754); Protocolo adicional I (1977), art. 51, párr. 3 (aprobado por 77 votos a favor, uno en contra y 16 abstenciones) (ibíd., párr. 755); Protocolo adicional II (1977), art. 13, párr. 3 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 756); Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 6 (ibíd., párr. 759); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.5 (ibíd., párr. 760); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 5.2 (ibíd., párr. 761); la práctica de Alemania (ibíd., párr. 770), Australia (ibíd., párr. 762), Bélgica (ibíd., párr. 792), Benin (ibíd., párr. 763), Canadá (ibíd., párr. 764), Colombia (ibíd., párr. 765), Croacia (ibíd., párr. 766), Ecuador (ibíd., párr. 768), Estados Unidos (ibíd., párrs. 787, 788 y 804 a 806), España (ibíd., párr. 782), Francia (ibíd., párr. 769), India (ibíd., párr. 771), Indonesia (ibíd., párr. 772), Italia (ibíd., párr. 773), Jordania (ibíd., párr. 796), Kenya (ibíd., párr. 774), Madagascar (ibíd., párr. 775), Malaisia (ibíd., párr. 799), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 778), Países Bajos (ibíd., párr. 776), Reino Unido (ibíd., párrs. 757 y 786), República Dominicana (ibíd., párr. 767), Suecia (ibíd., párr. 783), Togo ( ibíd., párr. 784) y Yugoslavia (ibíd., párr. 789); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.137 (Argentina) (ibíd., párr. 810).
[16]Ecuador, Aspectos importantes del derecho internacional marítimo que deben tener presente los comandantes de los buques, 1989 (ibíd., párr. 822); Estados Unidos, Air Force Commander's Handbook (ibíd., párr. 829).
[17]Informe sobre la práctica de Filipinas (ibíd., párr. 849).
[18]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (ibíd., párr. 811).
[19]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Representante especial sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, Informe final (ibíd., párr. 853).
[20]Informe sobre la práctica de Rwanda (ibíd., párr. 850).
[21]El CICR ha intentado aclarar la noción de participación directa mediante una serie de reuniones de expertos que comenzó en 2003.
[22]V., v.g., los manuales militares de Alemania (citado en vol. II, cap. 2, párr. 640), Australia (ibíd., párr. 635), Canadá (ibíd., párr. 636), Colombia (ibíd., párr. 637), Croacia (ibíd., párr. 638), Ecuador (ibíd., párr. 639), Estados Unidos (ibíd., párr. 648), España (ibíd., párrs. 645 y 646), Hungría (ibíd., párr. 641), Madagascar (ibíd., párr. 642), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 644), Países Bajos (ibíd., párr. 643) y Suiza (ibíd., párr. 647).
[23] Protocolo adicional I (1977), art. 50, párr. 1 (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 1, párr. 887).
[24] V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 893), Australia (ibíd., párr. 894), Camerún (ibíd.,párr. 895), Canadá (ibíd., párr. 896), Colombia (ibíd., párr. 897), Croacia (ibíd., párr. 898), España (ibíd., párr. 905), Hungría (ibíd., párr. 900), Kenya (ibíd., párr. 901), Madagascar (ibíd., párr. 902), Países Bajos (ibíd., párr. 903), Sudáfrica (ibíd., párr. 904), Suecia (ibíd., párr. 906) y Yugoslavia (ibíd., párr. 908).
[25] Francia, declaraciones y reservas realizadas cuando ratificó el Protocolo adicional I (ibíd., párr. 888); Reino Unido, declaraciones y reservas realizadas cuando ratificó el Protocolo adicional I (ibíd., párr. 889).
[26] Estados Unidos, Naval Handbook (ibíd., párr. 830).