Norma 59. Uso indebido de los emblemas distintivos establecidos en los Convenios de Ginebra 

Norma 59. Queda prohibido hacer uso indebido de los emblemas distintivos estipulados en los Convenios de Ginebra.
Volumen II, capítulo 18, sección C.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Se trata de una antigua norma de derecho internacional humanitario que se reconocía ya en el Código de Lieber, la Declaración de Bruselas y el Manual de Oxford.[1] Se codificó en los Reglamentos de La Haya de 1899 y 1907 y los Convenios de Ginebra de 1906, 1929 y 1949.[2] Se establece en el Protocolo adicional I.[3] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “[u]tilizar de modo indebido [...] los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra” constituye un crimen de guerra en conflictos armados internacionales cuando causa la muerte o lesiones graves.[4]
Numerosos manuales militares expresan la prohibición de utilizar de modo indebido los emblemas distintivos.[5] La legislación de muchos países tipifica como delito la transgresión de esta norma,[6] que respaldan, asimismo, las jurisprudencias nacionales,[7] diversas declaraciones oficiales y otra práctica.[8] En su fallo en el asunto del emblema en 1994, el Tribunal Federal Supremo de Alemania declaró que la protección de los emblemas contra un uso no autorizado constituía un interés común esencial.[9]
El Protocolo adicional II establece la prohibición de utilizar indebidamente los emblemas distintivos.[10] Esta prohibición se incluye, además, en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[11]
La prohibición de hacer uso indebido de los emblemas distintivos se expresa en manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[12] La legislación de muchos países tipifica como delito la transgresión de esta norma,[13] que está refrendada por las jurisprudencias nacionales,[14] así como por declaraciones oficiales realizadas en el contexto de conflictos armados no internacionales.[15]
En 1977, la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja invitó a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra a “aplicar en forma efectiva, la legislación nacional vigente que reprime el empleo abusivo del emblema de la cruz roja, de la media luna roja y del león y sol rojos; a promulgar la legislación pertinente, en el caso de que aún no exista, y a prever las penas aplicables a los infractores mediante sentencia adecuada”.[16] El CICR ha exhortado a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, a que se abstengan de hacer uso indebido de los emblemas distintivos.[17]
Aunque se han referido varios casos de uso indebido de los emblemas distintivos, éstos han sido denunciados, principalmente, por el CICR, pero también por terceros Estados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.[18] Algunas de las partes implicadas en los incidentes reconocieron que esos actos eran ilegales y manifestaron su intención de tomar medidas para evitar que se repitieran en el futuro.[19] Cabe, pues, deducir que la abstención, en la práctica, de recurrir a un uso indebido de los emblemas distintivos se basa en una expectativa legítima a tal efecto.
El uso indebido se refiere a cualquier utilización distinta de la prevista para los emblemas distintivos, a saber, la identificación del personal sanitario y religioso, las unidades y los medios de transporte sanitarios, así como el personal y los bienes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Estos usos están definidos en los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales I y II.[20] Numerosos manuales militares y la legislación de un elevado número de países emplean esta definición de uso indebido.[21]
[1]Código de Lieber (1863), art. 117 (citado en vol. II, cap. 18, párr. 186); Declaración de Bruselas (1874), art. 13, apdo. f) (ibíd., párr. 187); Manual de Oxford (1880), art. 8, apdo. d) (ibíd., párr. 188).
[2]Reglamento de La Haya (1899), art. 23, apdo. f) (ibíd., párr. 168); Reglamento de La Haya (1907), art. 23, apdo. f) (ibíd., párr. 170); Convenio de Ginebra de 1906, arts. 27 y 28 (ibíd., párr. 169); Convenio de Ginebra de 1929, art. 24 (ibíd., párr. 171) y art. 28 (ibíd., párr. 172); I Convenio de Ginebra (1949), art. 39 (ibíd., párr. 173), art. 44 (ibíd., párr. 174), art. 53 (ibíd., párr. 175) y art. 54 (ibíd., párr. 176); II Convenio de Ginebra (1949), art. 41, primer párrafo (ibíd., párr. 177), art. 44 (ibíd., párr. 178) y art. 45 (ibíd., párr. 179).
[3]Protocolo adicional I (1977), art. 38, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 182).
[4]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso vii) (ibíd., párr. 185).
[5]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 213), Argentina (ibíd., párrs. 196 y 197), Australia (ibíd., párrs. 198 y 199), Bélgica (ibíd., párrs. 200 y 201), Burkina Faso (ibíd., párr. 202), Camerún (ibíd., párrs. 203 y 204), Canadá (ibíd., párrs. 205 y 206), Colombia (ibíd., párr. 207), Congo (ibíd., párr. 208), Ecuador (ibíd., párr. 210), España (ibíd., párrs. 229 y 230), Estados Unidos (ibíd., párrs. 235 a 238), Francia (ibíd., párrs. 211 y 212), Indonesia (ibíd., párr. 214), Italia (ibíd., párr. 215), Japón (ibíd., párr. 216), Líbano (ibíd., párr. 219), Madagascar (ibíd., párr. 220), Malí (ibíd., párr. 221), Marruecos (ibíd., párr. 222), Nigeria (ibíd., párr. 226), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 225), Países Bajos (ibíd., párrs. 223 y 224), Reino Unido (ibíd., párrs. 233 y 234), República de Corea (ibíd., párrs. 217 y 218), República Dominicana (ibíd., párr. 209), Rusia (ibíd., párr. 227), Senegal (ibíd., párr. 228), Suecia (ibíd., párr. 231), Suiza (ibíd., párr. 232) y Yugoslavia (ibíd., párr. 239).
[6]V., v.g., la legislación (ibíd., párrs. 240 a 412).
[7]V., v.g., Colombia, Consejo de Estado, fallo N.° 11369 (ibíd., párr. 413); Alemania, Tribunal Federal Supremo, Emblem case (ibíd., párr. 414); Países Bajos, Tribunal Supremo, Red Cross Emblem case (ibíd., párr. 415).
[8]V., v.g., la declaración de Estados Unidos (ibíd., párr. 425), la práctica de Francia (ibíd., párr. 421), Irak (ibíd., párr. 423) y Reino Unido (ibíd., párr. 424), así como la práctica referida de Alemania (ibíd., párr. 422).
[9]Alemania, Tribunal Federal Supremo, Emblem case (ibíd., párr. 414).
[10]Protocolo adicional II (1977), art. 12 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 184).
[11]V., v.g., Declaración de La Haya sobre el respeto de los principios humanitarios (ibíd., párr. 189); Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 6 (ibíd., párr. 190); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párrs. 2.5 y 3 (ibíd., párr. 191).
[12]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 213), Argentina (ibíd., párr. 197), Australia (ibíd., párrs. 198 y 199), Camerún (ibíd., párr. 204), Canadá (ibíd., párrs. 205 y 206), Colombia (ibíd., párr. 207), Ecuador (ibíd., párr. 210), España (ibíd., párr. 230), Francia (ibíd., párr. 212), Italia (ibíd., párr. 215), Líbano (ibíd., párr. 219), Madagascar (ibíd., párr. 220), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 225), Rusia (ibíd., párr. 227) y Yugoslavia (ibíd., párr. 239).
[13] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 306), Antigua y Barbuda (ibíd., párr. 242), Armenia (ibíd., párrs. 245 y 246), Azerbaiyán (ibíd., párr. 251), Belarús (ibíd., párrs. 256 y 257), Bélgica (ibíd., párr. 258), Be- lice (ibíd., párr. 259), Bolivia (ibíd., párr. 260), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párrs. 261 y 262), Bulgaria (ibíd., párr. 266), Camerún (ibíd., párr. 270), Chile (ibíd., párr. 274), China (ibíd., párr. 275), Costa Rica (ibíd., párr. 282), Croacia (ibíd., párrs. 284 y 285), El Salvador (ibíd., párr. 296), Eslovaquia (ibíd., párr. 376), Eslovenia (ibíd., párrs. 377 y 378), España (ibíd., párrs. 380 y 381), Estonia (ibíd., párr. 297), Etiopía (ibíd., párr. 298), Finlandia (ibíd., párrs. 299 y 300), Guatemala (ibíd., párr. 311), Guinea (ibíd., párr. 313), Hungría (ibíd., párr. 317), Irlanda ( ibíd., párr. 321), Kazajstán (ibíd., párr. 329), Kirguistán (ibíd., párr. 331), Malta (ibíd., párr. 342), Moldova (ibíd., párrs. 345 y 346), Nicaragua (ibíd., párrs. 355 y 356), Noruega (ibíd., párrs. 359 y 360), Países Bajos (ibíd., párr. 350), Panamá (ibíd., párr. 361), Polonia (ibíd., párrs. 365 y 366), República Checa (ibíd., párr. 291), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 279), Saint Kitts y Nevis (ibíd., párr. 370), Suecia (ibíd., párr. 384), Tayikistán (ibíd., párrs. 386 y 387), Togo (ibíd., párr. 391), Ucrania (ibíd., párr. 398 y 400), Uruguay (ibíd., párr. 405), Yemen (ibíd., párr. 408) y Yugoslavia (ibíd., párrs. 409 y 410); v. también la legislación de Bulgaria (ibíd., párr. 265), Burkina Faso (ibíd., párr. 267), Eslovaquia (ibíd., párr. 375), Hungría (ibíd., párr. 316), Italia (ibíd., párrs. 323 y 325), Nicaragua (ibíd., párr. 354), República Checa (ibíd., párr. 290), Rumania (ibíd., párr. 367) y Togo (ibíd., párr. 390), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, así como los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 244) y Letonia (ibíd., párr. 332).
[14] V., v.g., Colombia, Consejo de Estado, fallo n.° 11369 (ibíd., párr. 413).
[15] V., v.g., las declaraciones de Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 417) y Colombia (ibíd., párrs. 419 y 420).
[16] XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XI (ibíd., párr. 434).
[17] V., v.g., CICR, Communication to the Press n.° 87/19/MMR (ibíd., párr. 443), Comunicado de prensa n.° 1673 (ibíd., párr. 444), Press Release, ICRC denies allegations (ibíd., párr. 448), Comunicación a la prensa n.° 93/17 (ibíd., párr. 450), Memorándum sobre el respeto del derecho internacional humanitario en Angola (ibíd., párr. 452), Memorandum on Compliance with International Humanitarian Law by the Forces Participating in Opération Turquoise (ibíd., párr. 453), Information to the Press (ibíd., párr. 458), Comunicación a la prensa n.° 00/42 (ibíd., párr. 460) y la práctica reflejada en los documentos de archivo del CICR (ibíd., párrs. 439, 441, 442, 445, 449, 451 y 454).
[18] V., v.g., ICRC, Communication to the Press n.° 87/19/MMR (ibíd., párr. 443); la práctica referida en los documentos de archivo del CICR (ibíd., párrs. 429, 441, 442, 449, 454 y 458) y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua (ibíd., párr. 436).
[19] V., v.g., la práctica referida en los documentos de archivo del CICR (ibíd., párrs. 441 y 454).
[20] V. I Convenio de Ginebra (1949), arts. 24 a 27 y 38 a 44 (ibíd., párrs. 173, 174 y 180); II Convenio de Ginebra (1949), arts. 22, 24, 25, 27, 36 a 39 y 41 a 44 (ibíd., párrs. 177, 178 y 180); IV Convenio de Ginebra (1949), arts. 18 a 22 (ibíd., párr. 180); Protocolo adicional I (1977), arts. 8, 18, 22 y 23 (ibíd., párr. 183); Protocolo adicional II (1977), art. 12 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 184).
[21] V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párrs. 196 y 197), Bélgica (ibíd., párrs. 200 y 201), Ecuador (ibíd., párr. 210), España (ibíd., párrs. 229 y 230), Estados Unidos (ibíd., párrs. 235 a 238), Reino Unido (ibíd., párr. 233), República Dominicana (ibíd., párr. 209), Suecia (ibíd., párr. 231) y Suiza (ibíd., párr. 232), y la legislación (ibíd., párrs. 240 a 412).