Norma 58. Uso indebido de la bandera blanca de parlamento 

Norma 58. Queda prohibido hacer uso indebido de la bandera blanca de parlamento.
Volumen II, capítulo 18, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Se trata de una antigua norma de derecho internacional humanitario que se reconocía ya en el Código de Lieber, la Declaración de Bruselas y el Manual de Oxford.[1] Está codificada en el Reglamento de La Haya.[2] En el Informe de la Comisión sobre la Responsabilidad, constituida tras la I Guerra Mundial, se consideró el “uso indebido de banderas” como una violación de las leyes y costumbres de la guerra objeto de procesamiento penal.[3] Esta norma figura en el Protocolo adicional I.[4] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “[u]tilizar de modo indebido la bandera blanca” constituye un crimen de guerra en conflictos armados internacionales cuando causa la muerte o lesiones graves.[5]
La prohibición de hacer uso indebido de la bandera blanca se establece en muchos manuales militares.[6] La legislación de muchos países tipifica como delito la transgresión de esta norma,[7] que ha sido también respaldada por declaraciones oficiales y otras prácticas.[8]
La prohibición de hacer uso indebido de la bandera blanca fue incluida en el proyecto de Protocolo adicional II por la Comisión III de la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales, pero se abandonó en el último momento en el marco de una iniciativa tendente a aprobar un texto simplificado.[9] La prohibición figura en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[10]
Esta norma se establece en los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[11] La legislación de muchos países tipifica como delito la transgresión de esta norma.[12]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria. Tampoco se ha hallado práctica que indique que sería lícito utilizar indebidamente la protección de la bandera blanca en los conflictos armados no internacionales. Ese uso indebido iría en detrimento de la protección otorgada a las personas que utilizan, de buena fe, una bandera blanca (véase el comentario de la norma 67). Cabe, pues, deducir que la abstención, en la práctica, de utilizar indebidamente la bandera blanca se basa en una expectativa legítima a tal efecto.
El uso indebido se refiere a cualquier utilización distinta de la prevista para la bandera blanca, a saber, indicar el deseo de comunicarse, por ejemplo, a fin de negociar un alto el fuego o de rendirse.[13] Cualquier otro uso, por ejemplo obtener una ventaja militar sobre el enemigo, sería indebido e ilegal.
[1]Código de Lieber (1863), art. 114 (ibíd., párr. 72) y art. 117 (ibíd., párr. 73); Declaración de Bruselas (1874), art. 13, apdo. f) (ibíd., párr. 74); Manual de Oxford (1880), art. 8, apdo. d) (ibíd., párr. 75).
[2]Reglamento de La Haya (1907), art. 23, apdo. f) (ibíd., párr. 68).
[3]Report of the Commission on Responsibility (ibíd., párr. 76).
[4]Protocolo adicional I (1977), art. 38, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 69).
[5]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso vii) (ibíd., párr. 71).
[6] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 93), Argentina (ibíd., párrs. 80 y 81), Australia (ibíd., párrs. 82 y 83), Bélgica (ibíd., párr. 84), Burkina Faso (ibíd., párr. 85), Camerún (ibíd., párrs. 86 y 87), Canadá (ibíd., párr. 88), Congo (ibíd., párr. 89), Ecuador (ibíd., párr. 90), España (ibíd., párr. 109), Estados Unidos (ibíd., párrs. 113 a 116), Francia (ibíd., párrs. 91 y 92), Italia (ibíd., párr. 94), Líbano (ibíd., párr. 96), Madagascar (ibíd., párr. 97), Malí (ibíd., párr. 98), Marruecos (ibíd., párr. 99), Nigeria (ibíd., párrs. 103 a 105), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 102), Países Bajos (ibíd., párrs. 100 y 101), Reino Unido (ibíd., párrs. 111 y 112), República de Corea (ibíd., párr. 95), Rusia (ibíd., párr. 106), Senegal (ibíd., párr. 107), Sudáfrica (ibíd., párr. 108), Suecia (ibíd., párr. 110) y Yugoslavia (ibíd., párr. 117).
[7] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 137), Argelia (ibíd., párr. 118), Australia (ibíd., párrs. 120 a 122), Azerbaiyán (ibíd., párr. 123), Belarús (ibíd., párr. 124), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 125), Burkina Faso (ibíd., párr. 126), Canadá (ibíd., párr. 128), China (ibíd., párr. 129), Congo (ibíd., párr. 130), Cote d'Ivoire (ibíd., párr. 132), Croacia (ibíd., párr. 133), Eslovenia (ibíd., párr. 150), España (ibíd., párrs. 151 y 152), Estados Unidos (ibíd., párr. 156), Estonia (ibíd., párr. 134), Francia (ibíd., párr. 135), Georgia (ibíd., párr. 136), Guinea (ibíd., párr. 138), Irlanda (ibíd., párr. 139), Italia (ibíd., párrs. 140 y 141), Malí (ibíd., párr. 142), Nicaragua (ibíd., párr. 147), Noruega (ibíd., párr. 148), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 146), Países Bajos (ibíd., párrs. 144 y 145), Polonia (ibíd., párr. 149), Reino Unido (ibíd., párr. 155), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 131), Suecia (ibíd., párr. 153) y Yugoslavia (ibíd., párr. 157); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 119), Burundi (ibíd., párr. 127) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 154).
[8] V., v.g., la declaración de Estados Unidos (ibíd., párr. 160) y la práctica del Reino Unido (ibíd., párr. 159).
[9] Proyecto de Protocolo adicional II, art. 23, párr. 2 (ibíd., párr. 70).
[10] V., v.g., Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 6 (ibíd., párr. 77); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.5 (ibíd., párr. 78).
[11] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 93), Australia (ibíd., párr. 82), Ecuador (ibíd., párr. 90), Italia (ibíd., párr. 94), Líbano (ibíd., párr. 96), Madagascar (ibíd., párr. 97), Nigeria (ibíd., párrs. 103 y 105), Sudáfrica (ibíd., párr. 108) y Yugoslavia (ibíd., párr. 117).
[12] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 137), Azerbaiyán (ibíd., párr. 123), Belarús (ibíd., párr. 124), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 125), Croacia (ibíd., párr. 133), Eslovenia (ibíd., párr. 150), España (ibíd., párr. 152), Estonia (ibíd., párr. 134), Guinea (ibíd., párr. 138), Nicaragua (ibíd., párr. 147), Polonia (ibíd., párr. 149), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 131), Suecia (ibíd., párr. 153) y Yugoslavia (ibíd., párr. 157); v. también la legislación de Burkina Faso (ibíd., párr. 126) e Italia (ibíd., párrs. 140 y 141), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, así como el proyecto de ley de Argentina (ibíd., párr. 119).
[13]V. vol. II, cap. 19, párrs. 49 a 92.