Norma 56. Libertad de movimiento del personal humanitario.

Norma 56. Las partes en conflicto deben garantizar la libertad de movimiento del personal humanitario autorizado, esencial para el ejercicio de sus funciones y que sólo podrá restringirse temporalmente en caso de necesidad militar imperiosa.
Volumen II, capítulo 17, sección D.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. La obligación de garantizar la libertad de movimiento es un corolario de la obligación de permitir el acceso a las personas civiles necesitadas y la prohibición de obstruir deliberadamente la prestación de asistencia humanitaria (véase la norma 55).
La obligación de garantizar la libertad de movimiento del personal humanitario autorizado se establece en el Protocolo adicional I.[1] En el Protocolo adicional II se pide que se organicen acciones de socorro en favor de las poblaciones civiles necesitadas, pero no se incluye ninguna disposición específica sobre la libertad de movimiento del personal de socorro humanitario, que es fundamental para la prestación de ayuda humanitaria.[2]
En el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales se solicita la libertad de movimiento, así como el paso rápido y sin trabas del personal de socorro humanitario, pidiendo a cada parte en conflicto que tome “las medidas que sean necesarias para proteger a la fuerza o misión de los efectos de minas, armas trampa y otros artefactos, que se encuentren en la zona bajo su control”. En particular, se establece que cada alta parte contratante o parte en conflicto deberá:
en caso de que sea necesario acceder a algún lugar bajo su control o pasar por él para el desempeño de las funciones de la misión y a fin de ofrecer al personal de la misión acceso seguro hacia ese lugar o a través de él:
aa) a menos que lo impidan las hostilidades en curso, informar al jefe de la misión acerca de una ruta segura hacia ese lugar, cuando disponga de esa información; o
bb) cuando no se proporcione información que señale una ruta segura de conformidad con el subinciso aa), en la medida de lo necesario y factible, abrir un pasillo a través de los campos de minas.[3]
En la práctica, se ha exigido que el personal humanitario tenga la libertad de movimiento esencial para el ejercicio de sus funciones tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. Las transgresiones de esta norma se han condenado independientemente de la naturaleza del conflicto. Las Naciones Unidas, en particular, han realizado numerosas declaraciones y aprobado muchas resoluciones a este respecto, muchas de ellas en relación con conflictos armados no internacionales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, ha pedido a las partes en los conflictos en Afganistán, Angola, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Liberia, Somalia, Tayikistán y la región de los Grandes Lagos que garanticen la libertad de movimiento del personal humanitario.[4] En una resolución aprobada en 1999 sobre la protección de las personas civiles en los conflictos armados, el Consejo de Seguridad resaltó la necesidad de que los combatientes garantizasen “la libertad de circulación [...] del personal de las organizaciones humanitarias internacionales”.[5] En otra resolución sobre el mismo tema aprobada en 2000, el Consejo de Seguridad reiteró “su llamamiento a todas las partes interesadas, incluidas las partes que no son Estados” para que garantizasen “la libertad de circulación [...] del personal de las organizaciones humanitarias”.[6]
El CICR ha pedido a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, que respeten esta norma.[7]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria.
En la mayoría de los casos, la práctica no menciona la necesidad de que esta norma se aplique al personal humanitario autorizado, pero resulta evidente que no puede exigirse a una parte en conflicto que garantice la libertad de movimiento de una organización a la que no ha autorizado. Sin embargo, cabe recordar que la autorización no puede denegarse arbitrariamente (véase el comentario de la norma 55). Además, en la práctica se reconoce el derecho de cada parte en conflicto a asegurarse de que el personal interesado participe realmente en actividades humanitarias.[8] De conformidad con los Convenios de Ginebra III y IV, “[l]a situación particular del Comité Internacional de la Cruz Roja a este respecto será siempre reconocida y respetada”.[9]
El Protocolo adicional I estipula que: “Las actividades del personal de socorro sólo podrán ser limitadas y sus movimientos temporalmente restringidos, en caso de imperiosa necesidad militar”.[10] La justificación de la excepción de la necesidad militar imperiosa se basa en que no puede permitirse que las operaciones de socorro interfieran con las operaciones militares, y menos si se pone en peligro al personal humanitario. No obstante, estas restricciones sólo pueden ser limitadas y temporales, y no pueden implicar, en ningún caso, la transgresión de las normas precedentes (véanse las normas 53 a 55).
[1]Protocolo adicional I (1977), art. 71, párr. 3 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 725).
[2]Protocolo adicional II (1977), art. 18, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 680).
[3]Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 12 (citado en vol. II, cap. 29, párr. 352).
[4]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 746 (citada en vol. II, cap. 17, párr. 734), Res. 751 (ibíd., párr. 735), Res. 819 (ibíd., párr. 736), Res. 998 (ibíd., párr. 737), Res. 1075 (ibíd., párr. 738), Res. 1078 (ibíd., párr. 739), Res. 1080 (ibíd., párr. 740), Res. 1083 (ibíd., párr. 741), Res. 1088 (ibíd., párr. 742), Res. 1173 y 1180 (ibíd., párr. 743), Res. 1193 (ibíd., párr. 744), Res. 1202 (ibíd., párr. 745), Res. 1213 (ibíd., párr. 746), Res. 1333 (ibíd., párr. 750) y declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 752 a 762).
[5]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1265 (ibíd., párr. 748).
[6]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1296 (ibíd., párr. 749).
[7]V., v.g., CICR, Conflicto de África Austral: Llamamiento del CICR (ibíd., párr. 772), Llamamiento en favor de la población civil en Yugoslavia (ibíd., párr. 773), Comunicado de Prensa n.° 1705 (ibíd., párr. 774), Comunicado de Prensa n.° 1712 (ibíd., párr. 775), Comunicado de Prensa n.° 1726 (ibíd., párr. 775), Memorándum sobre el respeto del derecho internacional humanitario en Angola (ibíd., párr. 776) y Memorandum on Compliance with International Humanitarian Law by the Forces Participating in Opération Turquoise (ibíd., párr. 777).
[8]V. también el Protocolo adicional I (1977), art. 71, párr. 4 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 725).
[9]III Convenio de Ginebra (1949), art. 125, tercer párrafo; IV Convenio de Ginebra (1949), art. 142, tercer párrafo.
[10] Protocolo adicional I (1977), art. 71, párr. 3 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 725).