Norma 53. Hacer padecer hambre como método de guerra.

Norma 53. Queda prohibido, como método de guerra, hacer padecer hambre a la población civil.
Volumen II, capítulo 17, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Aunque, en 1863, el Código de Lieber estipulaba que “es legítimo hacer padecer hambre a los beligerantes enemigos, armados o desarmados, a fin de acelerar el sometimiento del enemigo”,[1] en 1919 el Informe de la Comisión sobre la Responsabilidad, establecida tras la I Guerra Mundial, señalaba que “hacer padecer hambre deliberadamente a las personas civiles” constituía una violación de las leyes y costumbres de la guerra susceptible de procesamiento penal.[2] La prohibición de hacer padecer hambre como método de guerra está codificada en el párrafo 1 del artículo 54 del Protocolo adicional I.[3] En general, esta disposición se consideró novedosa cuando se aprobó el Protocolo adicional I, pero desde entonces se ha consolidado como norma de derecho internacional consuetudinario. Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “[h]acer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales.[4]
Numerosos manuales militares establecen la prohibición de hacer padecer hambre.[5] La legislación de muchos países tipifica como delito hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra.[6] Corroboran también esta norma diversas declaraciones oficiales y otra práctica,[7] incluida la de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[8] La práctica contraria ha sido en general condenada o negada por las partes acusadas.[9]
La prohibición de hacer padecer hambre como método de guerra se establece en el Protocolo adicional II.[10] Esta norma se incluye, además, en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[11]
La prohibición de hacer padecer hambre aparece en los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[12] La legislación de diversos países tipifica como crimen de guerra hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra en cualquier conflicto.[13] La prohibición de hacer padecer hambre fue aplicada por el Tribunal de Distrito de Zadar en el asunto Perisic y otros en 1997.[14] La refrendan, además, varias declaraciones oficiales y la práctica reseñada en el contexto de conflictos armados no internacionales.[15] Los Estados han denunciado, en general, los casos en que posiblemente se ha hecho padecer hambre como método de guerra en conflictos armados no internacionales, por ejemplo en las guerras civiles de Nigeria y Sudán.[16]
La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en 1995, condenó categóricamente “todo intento de hacer padecer hambre a la población civil en los conflictos armados” y destacó la “prohibición de hacer padecer hambre a las personas civiles como método de guerra”.[17] También hizo hincapié en esta prohibición el Plan de acción para los años 2000-2003, aprobado por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 1999.[18]
Las normas 54 a 56 son un corolario de la prohibición de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra. Eso significa que atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (véase la norma 54) y obstaculizar el acceso de ayuda humanitaria destinada a las personas civiles necesitadas, o incluso impedir su paso deliberadamente (véase la norma 55) y restringir la libertad de movimiento del personal humanitario (véase la norma 56), pueden constituir violaciones de la prohibición de hacer padecer hambre. La práctica relacionada con las normas 54 a 56 confirma que esta regla es una norma de derecho internacional consuetudinario.
La prohibición de hacer padecer hambre como método de guerra no prohíbe los estados de sitio siempre que tengan por finalidad alcanzar un objetivo militar y no hacer padecer hambre a la población civil, como se expresa, por ejemplo, en los manuales militares de Francia y Nueva Zelandia.[19] El manual de Israel sobre el derecho de la guerra explica que la prohibición de hacer padecer hambre “implica claramente que debe permitirse a los habitantes abandonar la ciudad durante un estado de sitio”.[20] En caso contrario, la parte sitiante debe permitir el paso sin trabas de alimentos y otros suministros esenciales, de conformidad con la norma 55. Los Estados han denunciado el uso de la guerra de sitio en Bosnia y Herzegovina,[21] condenado asimismo por diversas organizaciones internacionales.[22]
Análogamente, la prohibición de hacer padecer hambre como método de guerra no prohíbe que se imponga un bloqueo naval siempre que tenga por finalidad alcanzar un objetivo militar y no haga padecer hambre a la población civil. Este principio se establece en el Manual de San Remo sobre la guerra en el mar y en varios manuales militares en los que se puntualiza también que si la población civil no está lo suficientemente abastecida, la parte sitiante debe facilitar el paso sin trabas del socorro humanitario.[23] Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han condenado el bloqueo y los embargos a diversas ciudades y regiones, por ejemplo en relación con los conflictos de Afganistán y los territorios ocupados por Israel.[24] Los embargos impuestos por las Naciones Unidas deben cumplir, asimismo, esta norma.
[1]Código de Lieber (1863), art. 17 (citado en vol. II, cap. 17, párr. 4).
[2]Report of the Commission on Responsibility (ibíd., párr. 5).
[3]Protocolo adicional I (1977), art. 54, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 1).
[4]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xxv) (ibíd., párr. 3).
[5] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 19), Argentina (ibíd., párr. 9), Australia (ibíd., párrs. 10 y 11), Bélgica (ibíd., párr. 12), Benin (ibíd., párr. 13), Canadá (ibíd., párr. 14), Colombia (ibíd., párr. 15), Croacia (ibíd., párr. 16), España (ibíd., párr. 30), Estados Unidos (ibíd., párr. 35), Francia (ibíd., párrs. 17 y 18), Hungría (ibíd., párr. 20), Indonesia (ibíd., párr. 21), Israel (ibíd., párr. 22), Kenya (ibíd., párr. 23), Madagascar (ibíd., párr. 25), Nigeria (ibíd., párr. 28), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 27), Países Bajos (ibíd., párr. 26), Reino Unido (ibíd., párr. 34), República de Corea (ibíd., párr. 24), Rusia (ibíd., párr. 29), Suecia (ibíd., párr. 31), Suiza (ibíd., párr. 32), Togo (ibíd., párr. 33) y Yugoslavia (ibíd., párr. 36).
[6] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 50), Australia (ibíd., párrs. 37 y 38), Azerbaiyán ( ibíd. , párr. 39), Belarús (ibíd., párr. 40), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 41), Canadá (ibíd., párr. 43), China (ibíd., párr. 44), Congo (ibíd., párr. 45), Cote d'Ivoire (ibíd., párr. 46), Croacia (ibíd., párr. 47), Eslovenia (ibíd., párr. 58), Etiopía (ibíd., párr. 48), Georgia (ibíd., párr. 49), Irlanda (ibíd., párr. 51), Lituania (ibíd., párr. 52), Malí (ibíd., párr. 53), Noruega (ibíd., párr. 57), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 56), Países Bajos (ibíd., párrs. 54 y 55), Reino Unido (ibíd., párr. 60) y Yugoslavia (ibíd., párrs. 61 y 62); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 42) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 59).
[7] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párrs. 81 a 85), Bélgica (ibíd., párr. 67), China (ibíd., párr. 70), Cote d'Ivoire (ibíd., párr. 74), Cuba (ibíd., párr. 75), Estados Unidos (ibíd., párr. 101), Finlandia (ibíd., párr. 77), Malai- sia (ibíd., párr. 92), Reino Unido (ibíd., párr. 99), URSS (ibíd., párr. 106) y Yemen (ibíd., párr. 107), la práctica de Estados Unidos (ibíd., párr. 103), así como la práctica referida de Bélgica (ibíd., párr. 69) e Israel (ibíd., párr. 88).
[8] V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párr. 35), Francia (ibíd., párr. 17), Indonesia (ibíd., párr. 21), Israel (ibíd., párr. 22), Kenya (ibíd., párr. 23) y Reino Unido (ibíd., párr. 34), así como la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 39), China (ibíd., párr. 44), Etiopía (ibíd., párr. 48) y Países Bajos (ibíd., párr. 54), las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párr. 101), Malaisia (ibíd., párr. 92) y Reino Unido (ibíd., párr. 99), así como la práctica referida de Israel (ibíd., párr. 88).
[9] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 81), Arabia Saudita (ibíd., párr. 76), Austria (ibíd., párr. 66), China (ibíd., párr. 70), Cote d'Ivoire (ibíd., párr. 74), Cuba (ibíd., párr. 75), Egipto (ibíd., párr. 76), Finlandia (ibíd., párr. 77), Irán (ibíd., párr. 76), Malaisia (ibíd., párr. 92), Pakistán (ibíd., párr. 76), Reino Unido (ibíd., párr. 99), Senegal (ibíd., párr. 76), Turquía (ibíd., párr. 76), Yemen (ibíd., párr. 107) y tres Estados (ibíd., párrs. 108 a 110).
[10] Protocolo adicional II (1977), art. 14 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 2).
[11] V., v.g., Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 6 (ibíd., párr. 6); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.5 (ibíd., párr. 7).
[12] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 19), Argentina (ibíd., párr. 9), Australia (ibíd., párrs. 10 y 11), Benin (ibíd., párr. 13), Canadá (ibíd., párr. 14), Colombia (ibíd., párr. 15), Croacia (ibíd., párr. 16), España (ibíd., párr. 30), Francia (ibíd., párr. 18), Hungría (ibíd., párr. 20), Kenya (ibíd., párr. 23), Madagascar (ibíd., párr. 25), Nigeria (ibíd., párr. 28), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 27), Países Bajos (ibíd., párr. 26), República de Corea (ibíd., párr. 24), Rusia (ibíd., párr. 29), Togo (ibíd., párr. 33) y Yugoslavia (ibíd., párr. 36).
[13] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 50), Azerbaiyán (ibíd., párr. 39), Belarús (ibíd., párr. 40), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 41), Croacia (ibíd., párr. 47), Eslovenia (ibíd., párr. 57), Etiopía (ibíd., párr. 48), Lituania (ibíd., párr. 52) y Yugoslavia (ibíd., párr. 61).
[14] Croacia, Tribunal de Distrito de Zadar, Perisic and Others case, fallo (ibíd., párr. 63).
[15] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párrs. 79 y 80), Bélgica (ibíd., párr. 67), Colombia (ibíd., párr. 72), Estados Unidos (ibíd., párr. 102), Filipinas (ibíd., párr. 96), Francia (ibíd., párr. 78), Irak (ibíd., párr. 87), Nigeria (ibíd., párr. 94), Santa Sede (ibíd., párr. 86), Suecia (ibíd., párr. 98) y URSS (ibíd., párr. 105), así como la práctica referida de Bélgica (ibíd., párr. 69), Malaisia (ibíd., párr. 93) y Rwanda (ibíd., párr. 97).
[16] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párrs. 79 y 80) y Bélgica (ibíd., párr. 67).
[17] XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 2 (ibíd., párr. 118).
[18] XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 1 (aprobada por consenso) (ibíd., párr. 119).
[19]Francia, LOAC Manual (ibíd., párr. 136); Nueva Zelandia, Military Manual (ibíd., párr. 138).
[20]Israel, Manual on the Laws of War (ibíd., párr. 137).
[21]V., v.g., las declaraciones de Albania (ibíd., párr. 142) y Pakistán (ibíd., párr. 144).
[22]V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 761 (ibíd., párr. 145), Res. 764 (ibíd., párr. 146) y Res. 859 (ibíd., párr. 147); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaración del Presidente (ibíd., párr. 148); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 48/88, 49/10 y 49/196 (ibíd., párr. 149); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1994/72 (ibíd., párr. 150); UE, Declaración ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 153); Unión de Europa Occidental, Special Declaration of the Presidential Committee on the situation in the former Yugoslavia (ibíd., párr. 154).
[23]Manual de San Remo (1994), párrs. 102 y 103 (ibíd., párr. 160); manuales militares de Australia (ibíd., párr. 162), Canadá (ibíd., párr. 163), Estados Unidos (ibíd., párr. 169) y Francia (ibíd., párr. 165).
[24]V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 174 y 175); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1994/74 (ibíd., párr. 176) y Res. 1995/76 (ibíd., párr. 176); OCI, Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores, Res. 1/7-P (IS) (ibíd., párr. 183).