Norma 52. Queda prohibido el pillaje.
Volumen II, capítulo 16, sección D.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La prohibición del pillaje es una antigua norma de derecho internacional consuetudinario que se reconocía ya en el Código de Lieber, la Declaración de Bruselas y el Manual de Oxford.[1] El Reglamento de La Haya prohíbe el pillaje en todas las circunstancias.[2] El pillaje se considera un crimen de guerra en el Informe de la Comisión sobre la Responsabilidad establecida después de la I Guerra Mundial, así como en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional (Nuremberg) creado tras la II Guerra Mundial.[3] El IV Convenio de Ginebra prohíbe, asimismo, el pillaje.[4] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “[s]aquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales.[5]
Numerosos manuales militares incluyen la prohibición del pillaje [6] y la legislación de muchos países lo tipifica como delito.[7] Esta prohibición se ha aplicado en varios asuntos presentados ante tribunales nacionales tras la II Guerra Mundial,[8] así como ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.[9] La prohibición del pillaje ha sido corroborada por declaraciones oficiales y otras prácticas.[10]
El pillaje está prohibido en virtud del Protocolo adicional II.[11] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “[s]aquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales.[12] El pillaje se incluye, asimismo, como crimen de guerra en los estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[13]
La prohibición del pillaje se establece en manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[14] La legislación de muchos países tipifica el pillaje como delito.[15] En su fallo en el juicio a las juntas militares celebrado en 1985, la Cámara Federal de Apelaciones de Argentina aplicó la prohibición del pillaje enunciada en el Reglamento de La Haya a actos cometidos en el contexto de violencia interna.[16] Diversas declaraciones oficiales y otras prácticas refrendan la prohibición del pillaje en el contexto de los conflictos armados no internacionales.[17]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Los Estados han condenado, en general, las presuntas infracciones de esta norma,[18] las cuales han sido también condenadas por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.[19] Las más de las veces han sido negadas o reconocidas como ilegales por las partes concernidas.[20] En otro caso, las autoridades manifestaron que no eran capaces de imponer disciplina a sus tropas.[21]
En el Plan de acción para los años 2000-2003, aprobado por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 1999, se insta a todas las partes en un conflicto a asegurarse de que “se dan órdenes estrictas para evitar todas las violaciones graves del derecho internacional humanitario, [incluidos] [...] los saqueos”.[22]
La práctica específica reunida en relación con el pillaje de bienes culturales (véase la norma 40) y las pertenencias de los heridos y los enfermos (véase la norma 111), los muertos (véase la norma 113) y las personas privadas de libertad (véase la norma 122) debe tenerse también en cuenta a la hora de evaluar la naturaleza consuetudinaria de esta norma.
El pillaje se define en el diccionario jurídico Black como “la acción por la que un ejército invasor o conquistador se apodera de bienes privados pertenecientes al enemigo”.[23] En los Elementos de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional se especifica que la apropiación debe efectuarse solamente “para su uso privado o personal”.[24] Así pues, la prohibición del pillaje es una aplicación específica del principio general de las leyes que prohíben el robo. Esa prohibición figura en las legislaciones penales de todos los países. El pillaje es, en general, punible en virtud del derecho militar o del derecho penal general.
[1]Código de Lieber (1863), art. 44 (ibíd., párr. 470); Declaración de Bruselas (1874), art. 18 (ibíd., párr. 471) y art. 39 (ibíd., párr. 472); Manual de Oxford (1880), art. 32 (ibíd., párr. 473).
[2]Reglamento de La Haya (1907), art. 28 (ibíd., párr. 461) y art. 47 (ibíd., párr. 462).
[3]Report of the Commission on Responsibility (ibíd., párr. 475); Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945), art. 6, apdo. b) (que castiga el “robo”) (ibíd., párr. 465).
[4]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 33, segundo párrafo (ibíd., párr. 466).
[5]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xvi) (ibíd., párr. 468).
[6]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 511 y 512), Argentina (ibíd., párrs. 486 y 487), Australia (ibíd., párrs. 488 y 489), Bélgica (ibíd., párrs. 490 y 491), Benin (ibíd., párr. 492), Burkina Faso (ibíd., párr. 493), Camerún (ibíd., párrs. 494 y 495), Canadá (ibíd., párrs. 496 y 497), China (ibíd., párr. 498), Colombia (ibíd., párrs. 499 y 500), Congo (ibíd., párr. 501), Croacia (ibíd., párrs. 502 y 503), Ecuador (ibíd., párr. 505), El Salvador (ibíd., párr. 506), España (ibíd., párr. 539), Estados Unidos (ibíd., párrs. 547 a 552), Filipinas (ibíd., párrs. 533 y 534), Francia (ibíd., párrs. 507 a 510), Indonesia (ibíd., párrs. 513 y 514), Israel (ibíd., párrs. 515 y 516), Italia (ibíd., párrs. 517 y 518), Kenya (ibíd., párr. 519), Madagascar (ibíd., párr. 522), Malí (ibíd., párr. 523), Marruecos (ibíd., párr. 524), Nigeria (ibíd., párrs. 528 a 531), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 527), Países Bajos (ibíd., párrs. 525 y 526), Perú (ibíd., párr. 532), Reino Unido (ibíd., párrs. 545 y 546), República de Corea (ibíd., párrs. 520 y 521), República Dominicana (ibíd., párr. 504), Rusia (ibíd., párr. 535), Senegal (ibíd., párrs. 536 y 537), Sudáfrica (ibíd., párr. 538), Suecia (ibíd., párr. 540), Suiza (ibíd., párr. 541), Togo (ibíd., párr. 542), Uganda (ibíd., párrs. 543 y 544) y Yugoslavia (ibíd., párr. 553).
[7]V., v.g., la legislación de Albania (ibíd., párr. 554), Alemania (ibíd., párr. 591), Argelia (ibíd., párr. 555), Australia (ibíd., párrs. 557 a 559), Azerbaiyán (ibíd., párrs. 560 y 561), Bangladesh (ibíd., párr. 562), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 563), Brasil (ibíd., párr. 564), Bulgaria (ibíd., párr. 565), Burkina Faso (ibíd., párr. 566), Camerún (ibíd., párr. 568), Canadá (ibíd., párrs. 569 y 570), Chad (ibíd., párr. 571), Chile (ibíd., párr. 572), China (ibíd., párrs. 573 y 574), Colombia (ibíd., párr. 576), Congo (ibíd., párr. 578), Côte d'Ivoire (ibíd., párr. 579), Croacia (ibíd., párr. 580), Ecuador (ibíd., párr. 582), Egipto (ibíd., párr. 583), El Salvador (ibíd., párrs. 584 y 585), Eslovaquia (ibíd., párr. 634), Eslovenia (ibíd., párr. 635), España (ibíd., párrs. 636 a 638), Estados Unidos (ibíd., párrs. 653 a 656), Estonia (ibíd., párr. 586), Etiopía (ibíd., párr. 587), Filipinas (ibíd., párrs. 629 y 630), Francia (ibíd., párr. 588), Gambia (ibíd., párr. 589), Georgia (ibíd., párr. 590), Ghana (ibíd., párr. 592), Guinea (ibíd., párr. 593), Hungría (ibíd., párr. 594), India (ibíd., párr. 595), Indonesia (ibíd., párrs. 596 y 597), Irak (ibíd., párr. 598), Irlanda (ibíd., párr. 599), Israel (ibíd., párrs. 600 y 601), Italia (ibíd., párrs. 602 y 603), Jordania (ibíd., párr. 604), Kazajstán (ibíd., párr. 605), Kenya (ibíd., párr. 606), Letonia (ibíd., párr. 608), Luxemburgo (ibíd., párr. 609), Malaisia (ibíd., párr. 610), Malí (ibíd., párrs. 611 y 612), Marruecos (ibíd., párr. 615), México (ibíd., párr. 613), Moldova (ibíd., párr. 614), Mozambique (ibíd., párr. 616), Myanmar (ibíd., párr. 617), Nicaragua (ibíd., párr. 623), Nigeria (ibíd., párr. 624), Noruega (ibíd., párr. 625), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 621 y 622), Países Bajos (ibíd., párrs. 618 a 620), Paraguay (ibíd., párrs. 626 y 627), Perú (ibíd., párr. 628), Reino Unido (ibíd., párrs. 650 a 652), República Checa (ibíd., párr. 581), República de Corea (ibíd., párr. 607), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 577), Rusia (ibíd., párr. 631), Senegal (ibíd., párr. 632), Singapur (ibíd., párr. 633), Sri Lanka (ibíd., párrs. 639 a 641), Suiza (ibíd., párr. 642), Tayikistán (ibíd., párr. 643), Togo (ibíd., párr. 644), Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 645), Túnez (ibíd., párr. 647), Uganda (ibíd., párr. 648), Ucrania (ibíd., párr. 649), Uzbekistán (ibíd. , párr. 657), Venezuela (ibíd., párr. 658), Viet Nam (ibíd., párr. 659), Yemen (ibíd., párrs. 660 y 661), Yugoslavia (ibíd., párrs. 662 y 663), Zambia (ibíd., párr. 664) y Zimbabwe (ibíd., párr. 665); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 556), Burundi (ibíd., párr. 567) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 646).
[8] V., en particular, China, Tribunal Militar del Ministerio de Defensa Nacional de Nanjing para los crímenes de guerra, Takashi Sakai case (ibíd., párr. 667); Francia, Tribunal Militar Permanente de Clermont-Ferrand, Szabados case (ibíd., párr. 669); Francia, Tribunal Militar Permanente de Dijon, Holstein case (ibíd., párr. 670); Francia, Tribunal Militar Permanente de Metz, Bauer case (ibíd., párr. 671); Países Bajos, Tribunal Penal Especial de Hertogenbosch y Tribunal Especial de Casación, Esau case (ibíd., párr. 675); Países Bajos, Tribunal Penal Especial de La Haya, Fiebig case (ibíd., párr. 676); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Pohl case (ibíd., párr. 677) y Von Leeb (The High Command Trial) case (ibíd., párr. 678).
[9] TPIY, Jelisic case, fallo (ibíd., párr. 740), Delalic case, fallo (ibíd., párr. 742), Blaskic case, fallo (ibíd., párr. 743) y Kordic and Cerkez case, fallo (ibíd., párr. 744).
[10] V., v.g., las declaraciones de Afganistán (ibíd., párr. 680), Alemania (ibíd., párrs. 688 y 689), Bahrein (ibíd., párr. 683), China (ibíd., párr. 684), Eslovenia (ibíd., párr. 699), España (ibíd., párr. 700), Estados Unidos (ibíd., párr. 704), Finlandia (ibíd., párr. 686), Francia (ibíd., párr. 687), Kuwait (ibíd., párrs. 691 a 693), Qatar (ibíd., párr. 695), Reino Unido (ibíd., párrs. 701 y 703), Rusia (ibíd., párr. 697) y Yugoslavia (ibíd., párr. 705), la práctica del Reino Unido (ibíd., párr. 702), así como la práctica referida de Irán (ibíd., párr. 690).
[11] Protocolo adicional II (1977), art. 4, párr. 2, apdo. g) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 467).
[12] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso v) (ibíd., párr. 468).
[13] Estatuto del TPIY (1993), art. 3, apdo. e) (ibíd., párr. 480); Estatuto del TPIR (1994), art. 4, apdo. f) (ibíd., párr. 482); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 3 (ibíd., párr. 469).
[14] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 511 y 512), Argentina (ibíd., párr. 487), Australia (ibíd., párrs. 488 y 489), Benin (ibíd., párr. 492), Camerún (ibíd., párr. 495), Canadá (ibíd., párrs. 496 y 497), China (ibíd., párr. 498), Colombia (ibíd., párrs. 499 y 500), Croacia (ibíd., párrs. 502 y 503), Ecuador (ibíd., párr. 505), El Salvador (ibíd., párr. 506), España (ibíd., párr. 539), Filipinas (ibíd., párrs. 533 y 534), Francia (ibíd., párr. 510), Italia (ibíd., párrs. 517 y 518), Kenya (ibíd., párr. 519), Madagascar (ibíd., párr. 522), Nigeria (ibíd., párrs. 528, 529 y 531), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 527), Países Bajos (ibíd., párr. 525), Perú (ibíd., párr. 533), Rusia (ibíd., párr. 535), Senegal (ibíd., párr. 537), Sudáfrica (ibíd., párr. 538), Togo (ibíd., párr. 542), Uganda (ibíd., párrs. 543 y 544) y Yugoslavia (ibíd., párr. 553).
[15] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 591), Australia (ibíd., párr. 559), Azerbaiyán (ibíd., párr. 561), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 563), Canadá (ibíd., párrs. 569 y 570), Colombia (ibíd., párr. 576), Congo (ibíd., párr. 578), Croacia (ibíd., párr. 580), Ecuador (ibíd., párr. 582), El Salvador (ibíd., párrs. 584 y 585), Eslovenia (ibíd., párr. 635), España (ibíd., párrs. 637 y 638), Estonia ( ibíd. , párr. 586), Etiopía ( ibíd. , párr. 587), Gambia (ibíd., párr. 589), Georgia (ibíd., párr. 590), Ghana (ibíd., párr. 592), Guinea (ibíd., párr. 593), Irlanda (ibíd., párr. 599), Kazajstán (ibíd., párr. 605), Kenya (ibíd., párr. 606), Letonia (ibíd., párr. 608), Moldova (ibíd., párr. 614), Nicaragua (ibíd., párr. 623), Nigeria (ibíd., párr. 624), Noruega (ibíd., párr. 625), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 621 y 622), Países Bajos (ibíd., párr. 620), Paraguay (ibíd., párr. 627), Reino Unido (ibíd., párr. 652), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 577), Rusia (ibíd., párr. 631), Singapur (ibíd., párr. 633), Suiza (ibíd., párr. 642), Tayikistán (ibíd., párr. 643), Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 645), Uganda (ibíd., párr. 648), Ucrania (ibíd., párr. 649), Uzbekistán (ibíd., párr. 657), Venezuela (ibíd., párr. 658), Yemen (ibíd., párr. 661), Yugoslavia (ibíd., párr. 663), Zambia (ibíd., párr. 664) y Zimbabwe (ibíd., párr. 665); v. también la legislación de Bulgaria (ibíd., párr. 565), Burkina Faso (ibíd., párr. 566), Eslovaquia (ibíd., párr. 634), Hungría (ibíd., párr. 594), Italia (ibíd., párrs. 602 y 603), Mozambique (ibíd., párr. 616), Paraguay (ibíd., párr. 626), Perú (ibíd., párr. 628), República Checa (ibíd., párr. 581), República de Corea (ibíd., párr. 607) y Togo (ibíd., párr. 644), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 556), Burundi (ibíd., párr. 567) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 646).
[16] Argentina, Cámara Federal de Apelaciones, Juicio a las juntas militares (ibíd., párr. 666).
[17] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 688), Francia (ibíd., párr. 687), Rusia (ibíd., párr. 696) y Rwanda (ibíd., párr. 698), así como la práctica de Colombia (ibíd., párr. 685) y Yugoslavia (ibíd., párr. 705).
[18] V., v.g., las declaraciones de Afganistán (ibíd., párr. 680), Alemania (ibíd., párrs. 688 y 689), Bahrein (ibíd., párr. 683), China (ibíd., párr. 684), Colombia (ibíd., párr. 685), Eslovenia (ibíd., párr. 699), España (ibíd., párr. 700), Estados Unidos (ibíd., párr. 704), Finlandia (ibíd., párr. 686), Francia (ibíd., párr. 687), Kuwait (ibíd., párrs. 691 a 693), Nigeria (ibíd., párr. 694), Qatar (ibíd., párr. 695), Reino Unido (ibíd., párrs. 701 a 703), Rwanda (ibíd., párr. 698), Rusia (ibíd., párrs. 696 y 697) y Yugoslavia (ibíd., párr. 705).
[19]V., v.g. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 912 (ibíd., párr. 710), Res. 1019 (ibíd., párr. 711) y Res. 1034 (ibíd., párr. 712); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 713 a 715); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 50/193 (ibíd., párr. 716); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1994/59 (ibíd., párr. 717), Res. 1996/71 (ibíd., párr. 718) y Res. 1997/57 (ibíd., párr. 719); Consejo para la Cooperación del Golfo, Final Communiqué of the Ministerial Council (ibíd., párr. 736).
[20]V., v.g., las declaraciones de Rusia (ibíd., párr. 696) y Rwanda (ibíd., párr. 698), así como la práctica referida de Bosnia y Herzegovina, República Srpska (ibíd., párr. 757).
[21]V., v.g., la práctica referida de un Estado (ibíd., párr. 708).
[22]XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Plan de acción para los años 2000-2003 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 738).
[23]Black's Law Dictionary, Fifth Edition, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1979, p. 1033.
[24]Elementos de los crímenes (2000), Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, Crimen de guerra de saquear (Estatuto de la CPI, art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xvi) y apdo. e), inciso v)).