Norma 51. Bienes públicos y privados en los territorios ocupados 

Norma 51. En los territorios ocupados:(a) podrán confiscarse los bienes públicos muebles que puedan usarse para operaciones militares,(b) los bienes públicos inmuebles deben administrarse de conformidad con la norma del usufructo, y(c) los bienes privados deben respetarse y no pueden confiscarse; a no ser que una necesidad militar imperiosa exija la destrucción o confiscación de esos bienes.
Volumen II, capítulo 16, sección C.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos armados internacionales.
La regla que estipula que pueden confiscarse todos los bienes muebles de propiedad pública que puedan utilizarse para operaciones militares es una antigua norma de derecho internacional consuetudinario que se reconoció ya en el Código de Lieber, la Declaración de Bruselas y el Manual de Oxford.[1] Se codifica en el Reglamento de La Haya, que establece que es posible confiscar: “numerario, fondos, obligaciones por cobrar que pertenezcan al Estado, depósitos de armas, medios de transporte, almacenes y provisiones, y en general toda propiedad mueble del Estado que pueda servir para operaciones militares” .[2]
Esta norma figura en numerosos manuales militares[3] y se ha aplicado en varios juicios después de la II Guerra Mundial.[4]
Los manuales militares de Australia, Canadá y Nueva Zelandia definen la confiscación como la acción de “adueñarse de los bienes públicos muebles del enemigo sin la obligación de compensar al Estado al que pertenecen”.[5] Técnicamente, es un concepto diferente del de botín de guerra en la medida en que este último sólo concierne al material militar capturado o encontrado en el campo de batalla, pero la distinción entre ambas categorías se ha difuminado en la práctica, ya que el régimen aplicable es el mismo: pueden tomarse sin compensación. En el manual militar de Alemania, por ejemplo, se habla en ambos casos de “botín de guerra”.[6]
Según el Reglamento de La Haya, los bienes de las comunidades y los establecimientos dedicados al culto, la caridad, la instrucción, las artes y las ciencias, deben tratarse como bienes privados aun cuando pertenezcan Estado.[7] Por ello, se prohíbe confiscar o destruir esos bienes, incluidos los monumentos históricos y las obras de arte o científicas (véase la norma 40).
La regla que estipula que todos los bienes inmuebles de propiedad pública deben administrarse de conformidad con las normas de usufructo es una antigua norma de derecho internacional consuetudinario que se reconoció ya en el Código de Lieber, la Declaración de Bruselas y el Manual de Oxford.[8] Se codifica en el Reglamento de La Haya como sigue:
El Estado ocupante no debe considerarse sino como administrador y usufructuario de los edificios públicos, inmuebles, bosques y explotaciones agrícolas que pertenezcan al Estado enemigo y se encuentren en el país ocupado. Deberá defender el capital de esas empresas y administrarlas conforme a las reglas del usufructo.[9]
Diversos manuales militares contienen esta norma.[10] En los manuales de Australia, Canadá y Nueva Zelandia se explica que, a raíz de ello, “los bienes públicos inmuebles del enemigo pueden administrarse y utilizarse, pero no pueden confiscarse”.[11] Esta norma se ha aplicado en varias ocasiones después de la II Guerra Mundial.[12]
Diversos manuales militares aplican explícitamente a los bienes públicos inmuebles el principio de que es posible destruir los bienes del adversario en caso de necesidad militar imperiosa (véase la norma 50).[13]
La protección de los bienes privados contra la confiscación es una antigua norma de derecho internacional consuetudinario que se reconocía ya en el Código de Lieber, la Declaración de Bruselas y el Manual de Oxford.[14] La prohibición de confiscar los bienes privados está codificada en el artículo 46 del Reglamento de La Haya.[15] Esta prohibición no significa que no pueda confiscarse nunca ningún bien privado porque, como se señala en el artículo 53 del Reglamento de La Haya:
Todos los medios destinados en tierra, en mar y en los aires para la transmisión de noticias o para el transporte de personas o cosas, [...] los depósitos de armas y en general toda clase de municiones de guerra, pueden ser tomados, aunque pertenezcan a particulares, pero deberán ser restituidos, y la indemnización se fijará cuando se restablezca la paz.[16]
Esta norma se establece en muchos manuales militares.[17] Como se explica en el manual de las fuerzas de defensa de Australia, “la potencia ocupante puede confiscar estos bienes, pero no pasan a ser de su propiedad. La confiscación es simplemente una transferencia de posesión del bien a la potencia ocupante, pero el propietario privado conserva la propiedad”.[18] Según el manual militar de Nueva Zelandia, esta categoría comprende:
[...] los cables y las instalaciones de telégrafo y teléfono; los equipos de televisión, telecomunicaciones y radio; los caballos, los automóviles, las bicicletas, los carros y los carruajes; los ferrocarriles y las instalaciones ferroviarias, los tranvías; los barcos de navegación fluvial y por canales; las aeronaves de todo tipo, excepto las de transporte sanitario; las armas deportivas y de caza; y todos los tipos de bienes que puedan utilizarse como material de guerra.[19]
Diversos manuales militares aplican explícitamente a los bienes privados el principio de que es posible destruir o confiscar los bienes del adversario en caso de necesidad militar imperiosa (véase la norma 50).[20]
La jurisprudencia nacional posterior a la II Guerra Mundial y otros asuntos juzgados confirman la protección de los bienes privados contra la confiscación.[21] En el asunto Al-Nawar, sometido al Tribunal Superior de Justicia de Israel en 1985, el juez Shamgar sostuvo que el artículo 46 del Reglamento de La Haya no se aplicaba a los bienes “efectivamente utilizados por el ejército hostil”.[22]
El Reglamento de La Haya establece normas pormenorizadas con respecto a las contribuciones en especie y en servicios, conocidas como requisas, que se exigen a la población y las autoridades del territorio ocupado para satisfacer las necesidades de las fuerzas ocupantes:
No podrán exigirse empréstitos en especie y servicios del común o de los habitantes sino para atender a las necesidades del ejército que ocupe el territorio. Serán proporcionados a los recursos del país y de tal naturaleza que no impliquen para los habitantes la obligación de tomar parte en las operaciones de la guerra contra su país. Esos empréstitos y servicios no serán exigidos sino con la autorización del Comandante de la localidad ocupada. Los empréstitos en especie serán, en cuanto sea posible, pagados de contado; en caso contrario se dejará constancia de aquellos por medio de documentos, y el pago se hará lo más pronto posible.[23]
Estas normas se han incluido en muchos manuales militares.[24] La legislación de numerosos países tipifica como delito su transgresión.[25] Existen otras normas detalladas que limitan la requisa de determinadas clases de bienes: los que pertenecen a las sociedades de socorro,[26] los hospitales civiles en el territorio ocupado,[27] así como el material y los edificios de protección civil en los territorios ocupados.[28]
La principal norma de respeto de la propiedad privada se enuncia explícitamente en algunos manuales que son aplicables en los conflictos armados no internacionales.[29] Sin embargo, esa norma no establece otra regla separada aparte de prohibir la destrucción y la confiscación, salvo en caso de necesidad militar imperiosa (véase la norma 50), así como el pillaje (véase la norma 52). No se ha hallado ninguna norma para los conflictos armados no internacionales que prohíba, con arreglo al derecho internacional, la confiscación de la propiedad privada, y tampoco existe ninguna norma de derecho internacional que permita tal confiscación. Sin embargo, se espera que esa cuestión se regule en el ordenamiento jurídico interno de los países.
[1] Código de Lieber (1863), art. 31 (ibíd., párr. 246); Declaración de Bruselas (1874), art. 6 (ibíd., párr. 247); Manual de Oxford (1880), art. 50 (ibíd., párr. 248).
[2] Reglamento de La Haya (1907), art. 53 (ibíd., párr. 245).
[3] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 255), Argentina (ibíd., párr. 251), Australia (ibíd., párr. 252), Canadá (ibíd., párr. 253), Estados Unidos (ibíd., párr. 262), Francia (ibíd., párr. 254), Italia (ibíd., párr. 256), Nigeria (ibíd., párr. 258), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 257) y Reino Unido (ibíd., párr. 261).
[4] V., en particular, Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Flick case (ibíd., párr. 268), Krupp case (ibíd., párr. 269) y Krauch (I. G. Farben Trial) case (ibíd., párr. 270).
[5] Australia, Defence Force Manual (ibíd., párr. 252); Canadá, LOAC Manual (ibíd., párr. 253); Nueva Zelandia, Military Manual (ibíd., párr. 257).
[6] Alemania, Military Manual (ibíd., párr. 255).
[7] Reglamento de La Haya (1907), art. 56.
[8] Código de Lieber (1863), art. 31 (citado en vol. II, cap. 16, párr. 284); Declaración de Bruselas (1874), art. 7 (ibíd., párr. 285); Manual de Oxford (1880), art. 52 (ibíd., párr. 286).
[9] Reglamento de La Haya (1907), art. 55 (ibíd., párr. 283).
[10] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 291), Argentina (ibíd., párr. 288), Australia (ibíd., párr. 289), Canadá (ibíd., párr. 290), Estados Unidos (ibíd., párr. 298), Italia (ibíd., párr. 292), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 293), Reino Unido (ibíd., párr. 297) y Suiza (ibíd., párr. 296).
[11]Australia, Defence Force Manual (ibíd., párr. 289); Canadá, LOAC Manual (ibíd., párr. 290); Nueva Zelandia, Military Manual (ibíd., párr. 293).
[12]V., en particular, Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Flick case (ibíd., párr. 303), Krupp case (ibíd., párr. 304) y Krauch (I. G. Farben Trial) case (ibíd., párr. 305); Polonia, Tribunal Supremo de Poznan, Greiser case (ibíd., párr. 302).
[13]V., v.g., los manuales militares de Canadá (ibíd., párr. 290), Estados Unidos (ibíd., párr. 298), Nigeria (ibíd., párr. 294), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 293) y Reino Unido (ibíd., párr. 297).
[14]Código de Lieber (1863), art. 22 (ibíd., párr. 319), art. 37 (ibíd., párr. 320) y art. 38 (ibíd., párr. 321); Declaración de Bruselas (1874), art. 38 (ibíd., párr. 322); Manual de Oxford (1880), art. 54 (ibíd., párr. 323).
[15]Reglamento de La Haya (1907), art. 46 (ibíd., párr. 317).
[16]Reglamento de La Haya (1907), art. 53 (ibíd., párr. 317).
[17]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 342), Argentina (ibíd., párr. 327), Australia (ibíd., párr. 329), Benin (ibíd., párr. 330), Canadá (ibíd., párrs. 333 y 334), Colombia (ibíd., párrs. 335 a 337), Estados Unidos (ibíd., párrs. 363, 364 y 367), Filipinas (ibíd., párr. 354), Hungría (ibíd., párr. 343), Indonesia (ibíd., párr. 344), Israel (ibíd., párr. 345), Italia (ibíd., párr. 346), Nigeria (ibíd., párrs. 350 a 352), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 349), Perú (ibíd., párr. 353), Reino Unido (ibíd., párr. 362) Rumania (ibíd., párr. 356), Sudáfrica (ibíd., párr. 357), Suiza (ibíd., párr. 358), Togo (ibíd., párr. 359) y Uganda (ibíd., párrs. 360 y 361).
[18]Australia, Defence Force Manual (ibíd., párr. 329).
[19]Nueva Zelandia, Military Manual (ibíd., párr. 349).
[20]V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párrs. 363 y 365), Reino Unido (ibíd., párr. 362) y Suiza (ibíd., párr. 358).
[21]V., en particular, Alemania, Tribunal Regional Superior de Dusseldorf y Tribunal Constitucional Federal, Jorgic case (ibíd., párr. 411); Bosnia y Herzegovina, Tribunal Cantonal de Bihac, Bijelic case (ibíd., párr. 405); China, Tribunal Militar del Ministerio de Defensa Nacional de Nanjing para los crímenes de guerra, Takashi Sakai case (ibíd., párr. 406); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Flick case (ibíd., párr. 421), Krupp case (ibíd., párr. 422), Krauch (I. G. Farben Trial) case (ibíd., párr. 423) y Von Leeb (The High Command Trial) case (ibíd., párr. 424); Francia, Tribunal Militar Permanente de Clermont-Ferrand, Szabados case (ibíd., párr. 408); Francia, Tribunal Militar Permanente de Metz, Rust case (ibíd., párr. 409); Francia, Tribunal General del gobierno militar de la zona francesa de ocupación en Alemania, Roechling case (ibíd., párr. 410); Israel, Tribunal Superior de Justicia, Ayub case (ibíd., párr. 412) y Sakhwil case (ibíd., párr. 413); Japón, Tribunal de Distrito de Chiba, Religious Organisation Hokekyoji case (ibíd., párr. 415); Japón, Tribunal de Distrito de Tokio, Takada case (ibíd., párr. 416) y Suikosha case (ibíd., párr. 417); Países Bajos, Tribunal Especial de Casación, Esau case (ibíd., párr. 418); Países Bajos, Tribunal Penal Especial de La Haya, Fiebig case (ibíd., párr. 419) y Polonia, Tribunal Supremo de Poznan, Greiser case (ibíd., párr. 420).
[22]Israel, Tribunal Superior de Justicia, Al-Nawar case (ibíd., párr. 414).
[23]Reglamento de La Haya (1907), art. 52 (ibíd., párr. 317).
[24]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 342), Argentina (ibíd., párr. 327), Australia (ibíd., párrs. 328 y 329), Canadá (ibíd., párrs. 333 y 334), Estados Unidos (ibíd., párrs. 363 y 364), Francia (ibíd., párr. 341), Italia (ibíd., párr. 346), Nigeria (ibíd., párr. 351), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 349), Reino Unido (ibíd., párr. 362) y Suiza (ibíd., párr. 358).
[25]V., v.g., la legislación de Argentina (ibíd., párr. 368), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 373), Bulgaria (ibíd., párr. 374), Chile (ibíd., párr. 376), China (ibíd., párr. 377), Colombia (ibíd., párr. 378), Croacia (ibíd., párr. 379), Eslovenia (ibíd., párr. 398), España (ibíd., párr. 399), Estonia (ibíd., párr. 382), Italia (ibíd., párrs. 387 y 388), Lituania (ibíd., párr. 389), Moldova (ibíd., párr. 391), Noruega (ibíd., párr. 396), Países Bajos (ibíd., párr. 395) y Yugoslavia (ibíd., párr. 404); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 370).
[26]I Convenio de Ginebra (1949), art. 34.
[27]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 57.
[28]Protocolo adicional I (1977), art. 63, párrs. 4 a 6.
[29]V., v.g., los manuales militares de Benin (citado en vol. II, cap. 16, párr. 330), Canadá (ibíd., párr. 334), Colombia (ibíd., párrs. 336 y 337), El Salvador (ibíd., párr. 340), Filipinas (ibíd., párr. 354), Italia (ibíd., párr. 346), Perú (ibíd., párr. 353), Sudáfrica (ibíd., párr. 357) y Togo (ibíd., párr. 359).