Norma 50. Destrucción y confiscación de los bienes del adversario 

Norma 50. Queda prohibido destruir o confiscar los bienes de un adversario, a no ser que lo exija una necesidad militar imperiosa.
Volumen II, capítulo 16, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Se trata de una antigua norma de derecho internacional consuetudinario que se reconocía ya en el Código de Lieber y la Declaración de Bruselas, y que se codificó en el Reglamento de La Haya.[1] La transgresión de esta norma mediante “la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente” constituye una infracción grave en virtud de los Convenios de Ginebra.[2] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “[d]estruir o apoderarse de bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales.[3] Por lo que respecta al criterio de que la destrucción debe ser a gran escala para que constituya una infracción grave, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia señaló, en el asunto Blaskic, que “la noción de ‘gran escala' se evalúa en función de los hechos de la causa -un único acto, como la destrucción de un hospital, puede bastar para caracterizar un delito como este”.[4]
Esta norma figura en numerosos manuales militares.[5] La legislación de muchos países tipifica como delito la destrucción o confiscación de los bienes de un adversario, a no ser que lo exija una necesidad militar imperiosa.[6] Esta norma se ha aplicado en varios juicios después de la II Guerra Mundial.[7] Varios de los cargos de acusación presentados ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se basan en esta norma, y en los asuntos Blaskic y Kordic y Cerkez se declaró culpables de esta violación a los inculpados.[8]
Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el hecho de “[d]estruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales.[9]
Esta norma se incluye en los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[10] La legislación de muchos países tipifica como delito la transgresión de esta norma en cualquier conflicto armado.[11]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales.
[1]Código de Lieber (1863), arts. 15 y 16 (citados en vol. II, cap. 16, párrs. 57 y 58); Declaración de Bruselas (1874), art. 13, apdo. g) (ibíd., párr. 60); Reglamento de La Haya (1907), art. 23, apdo. g) (ibíd., párr. 51).
[2]I Convenio de Ginebra (1949), art. 50 (ibíd., párr. 53); II Convenio de Ginebra (1949), art. 51 (ibíd., párr. 53); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 147 (ibíd., párr. 53).
[3]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xiii) (ibíd., párr. 55).
[4]TPIY, Blaskic case, fallo (ibíd., párr. 239).
[5]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 88), Argentina (ibíd., párrs. 70 y 71), Australia (ibíd., párrs. 72 y 73), Bélgica (ibíd., párrs. 74 y 75), Benin (ibíd., párr. 76), Camerún (ibíd., párr. 77), Canadá (ibíd., párrs. 78 y 79), Colombia (ibíd., párr. 80), Ecuador (ibíd., párr. 83), España (ibíd., párr. 109), Estados Unidos (ibíd., párrs. 115 a 120), Filipinas (ibíd., párr. 104), Francia (ibíd., párrs. 84 a 87), Israel (ibíd., párr. 90), Italia (ibíd., párrs. 91 y 92), Kenya (ibíd., párr. 93), Líbano (ibíd., párr. 95), Madagascar (ibíd., párr. 96), Nigeria (ibíd., párrs. 100 a 102), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 98), Países Bajos (ibíd., párr. 97), Perú (ibíd., párr. 103), Reino Unido (ibíd., párrs. 113 y 114), República de Corea (ibíd., párr. 94), República Dominicana (ibíd., párr. 82), Rumania (ibíd., párr. 105), Rusia (ibíd., párr. 106), Senegal (ibíd., párr. 107), Sudáfrica (ibíd., párr. 108), Suecia (ibíd., párr. 110), Suiza (ibíd., párr. 111) y Togo (ibíd., párr. 112).
[6] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 155), Armenia (ibíd., párr. 122), Australia (ibíd., párrs. 123 a 125), Azerbaiyán (ibíd., párr. 126), Bangladesh (ibíd., párr. 127), Barbados (ibíd., párr. 128), Belarús (ibíd., párr. 129), Bélgica (ibíd., párr. 130), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 131), Botswana (ibíd., párr. 132), Bulgaria (ibíd., párr. 133), Canadá (ibíd., párrs. 136 y 138), Chile (ibíd., párr. 139), Chipre (ibíd., párr. 146), Congo (ibíd., párr. 142), Croacia (ibíd., párr. 144), Cuba (ibíd., párr. 145), El Salvador (ibíd., párrs. 149 y 150), Eslovaquia (ibíd., párr. 198), Eslovenia (ibíd., párr. 199), España (ibíd., párrs. 200 y 201), Estados Unidos (ibíd., párrs. 212 y 213), Estonia (ibíd., párr. 151), Filipinas (ibíd., párr. 192), Georgia (ibíd., párr. 154), India (ibíd., párr. 157), Irak (ibíd., párr. 158), Irlanda (ibíd., párr. 159), Islas Cook (ibíd., párr. 143), Israel (ibíd., párr. 160), Italia (ibíd., párrs. 161 y 162), Kenya (ibíd., párr. 165), Letonia (ibíd., párr. 166), Lituania (ibíd., párr. 168), Luxemburgo (ibíd., párrs. 169 y 170), Malaisia (ibíd., párr. 172), Malawi (ibíd., párr. 171), Malí (ibíd., párr. 174), Mauricio (ibíd., párr. 175), México (ibíd., párr. 176), Moldova (ibíd., párr. 177), Mozambique (ibíd., párr. 178), Nicaragua (ibíd., párrs. 183 y 184), Níger (ibíd., párr. 185), Nigeria (ibíd., párr. 186), Noruega (ibíd., párr. 187), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 181 y 182), Países Bajos (ibíd., párrs. 179 y 180), Papua Nueva Guinea (ibíd., párr. 189), Paraguay (ibíd., párr. 190), Perú (ibíd., párr. 181), Portugal (ibíd., párr. 193), Reino Unido (ibíd., párrs. 210 y 211), República Checa (ibíd., párr. 147), Rumania (ibíd., párr. 194), Seychelles (ibíd., párr. 196), Singapur (ibíd., párr. 197), Tayikistán (ibíd., párr. 205), Ucrania (ibíd., párr. 209), Uganda (ibíd., párr. 207), Uzbekistán (ibíd., párr. 215), Vanuatu (ibíd., párr. 216), Viet Nam (ibíd., párr. 218), Yugoslavia (ibíd., párr. 219) y Zimbabwe (ibíd., párr. 220); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 121), Burundi (ibíd., párr. 134), Jordania (ibíd., párr. 164), Líbano (ibíd., párr. 167), Sri Lanka (ibíd., párr. 204) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 206).
[7] V., en particular, Alemania, Tribunal Supremo de Dresden, General Devastation case (ibíd., párr. 222); Francia, Tribunal Militar Permanente de Dijon, Holstein case (ibíd., párr. 221); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, List (Hostages Trial) case (ibíd., párr. 225) y Von Leeb (The High Command Trial) case (ibíd., párr. 226); Países Bajos, Tribunal Especial de Casación, Wingten case (ibíd., párr. 224).
[8] TPIY, Nikolic case, auto inicial de procesamiento y examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 236), Karadzic and Mladic case, auto inicial de procesamiento y examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 237), Rajic case, auto inicial de procesamiento y examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 238), Blaskic case, fallo (ibíd., párr. 239), y Kordic and Cerkez case, fallo (ibíd., párr. 240).
[9] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso xii) (ibíd., párr. 56).
[10] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 88), Australia (ibíd., párr. 72), Benin (ibíd., párr. 76), Canadá (ibíd., párr. 79), Colombia (ibíd., párr. 80), Ecuador (ibíd., párr. 83), Filipinas (ibíd., párr. 104), Italia (ibíd., párrs. 91 y 92), Kenya (ibíd., párr. 93), Líbano (ibíd., párr. 95), Madagascar (ibíd., párr. 96), Nigeria (ibíd., párrs. 100 y 102), Perú (ibíd., párr. 103), Sudáfrica (ibíd., párr. 108) y Togo (ibíd., párr. 112).
[11] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 155), Armenia (ibíd., párr. 122), Australia (ibíd., párr. 125), Azer- baiyán (ibíd., párr. 126), Belarús (ibíd., párr. 129), Bélgica (ibíd., párr. 130), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 131), Camboya (ibíd., párr. 135), Canadá (ibíd., párr. 138), Congo (ibíd., párr. 142), Croacia (ibíd., párr. 144), El Salvador (ibíd., párrs. 149 y 150), Eslovenia (ibíd., párr. 199), España (ibíd., párrs. 200 y 201), Estonia (ibíd., párr. 151), Georgia (ibíd., párr. 154), Letonia (ibíd., párr. 166), Lituania (ibíd., párr. 168), Moldova (ibíd., párr. 177), Nicaragua (ibíd., párr. 184), Níger (ibíd., párr. 185), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 182), Países Bajos (ibíd., párr. 180), Portugal (ibíd., párr. 193), Reino Unido (ibíd., párr. 211), Tayikistán (ibíd., párr. 205), Uzbekistán (ibíd., párr. 215) y Yugoslavia (ibíd., párr. 219); v. también la legislación de Bulgaria (ibíd., párr. 133), Eslovaquia (ibíd., párr. 198), Italia (ibíd., párrs. 161 y 162), Mozambique (ibíd., párr. 178), Nicaragua (ibíd., párr. 183), Paraguay (ibíd., párr. 190), Perú (ibíd., párr. 191), República Checa (ibíd., párr. 147) y Rumania (ibíd., párr. 194), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 121), Burundi (ibíd., párr. 134), Jordania (ibíd., párr. 164) y Trinidad y Tobago ( ibíd., párr. 206).