Norma 5. Definición de personas civiles 

Norma 5. Son personas civiles quienes no son miembros de las fuerzas armadas. La población civil comprende a todas las personas civiles.
Volumen II, capítulo 1, sección E.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos armados internacionales. También se aplica en los conflictos armados no internacionales, aunque la práctica sea ambigua por lo que se refiere a si los miembros de los grupos de oposición armados son considerados miembros de fuerzas armadas o personas civiles.
La definición de los civiles como personas que no son miembros de las fuerzas armadas se establece en el artículo 50 del Protocolo adicional I, al que no se ha hecho ninguna reserva.[1] Se expresa asimismo en muchos manuales militares[2] y se plasma en la práctica reseñada,[3] que incluye la de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[4]
En su fallo en el asunto Blaskic, en 2000, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia definió a los civiles como “personas que no son o ya no son miembros de las fuerzas armadas”.[5]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria. En la práctica de los Estados se añade, a veces, la condición de que los civiles son personas que no toman parte en las hostilidades. Este requisito adicional únicamente refuerza la norma de que una persona civil que participa directamente en las hostilidades pierde la protección contra los ataques (véase la norma 6). Con todo, ese civil no se convierte por ello en un combatiente con derecho al estatuto de prisionero de guerra y, si es capturado, puede ser juzgado según las leyes nacionales por la mera participación en el conflicto, respetando las garantías de un juicio imparcial (véase la norma 100).
Una excepción a esta regla es el levantamiento en masa, en el cual los habitantes de un país que aún no ha sido ocupado toman espontáneamente las armas, cuando se aproxima el enemigo, para oponerse a las tropas invasoras, sin tener tiempo para organizarse en una fuerza armada. Estas personas son consideradas combatientes si llevan las armas a la vista y respetan las leyes y costumbres de la guerra (véase el comentario de la norma 106). Se trata de una antigua norma de derecho internacional humanitario consuetudinario que se reconocía ya en el Código de Lieber y la Declaración de Bruselas.[6] Está codificada en el Reglamento de La Haya y en el III Convenio de Ginebra.[7] Aunque sea de limitada aplicación actual, el levantamiento en masa sigue mencionándose en muchos manuales militares, incluidos algunos muy recientes.[8]
La definición de que “cualquier persona que no sea miembro de las fuerzas armadas se considera una persona civil” y de que “la población civil comprende a todas las personas civiles” se incluyó en el borrador del Protocolo adicional II.[9] La primera parte de esta definición se enmendó, dejándola así: “Es persona civil cualquiera que no es miembro de las fuerzas armadas o de un grupo armado organizado”, y ambas partes fueron aprobadas por consenso en la Comisión III de la Conferencia Diplomática que concluyó con la aprobación de los Protocolos adicionales.[10] Sin embargo, esta definición se suprimió en el último momento de la Conferencia en el marco de una iniciativa tendente a aprobar un texto simplificado.[11] Como resultado, el Protocolo adicional II no contiene una definición de población civil, a pesar de que esta expresión se usa en varias disposiciones.[12] Puede aducirse que la expresión “fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados [...] bajo la dirección de un mando responsable”, contenida en el artículo 1 del Protocolo adicional II, reconoce, por deducción, las condiciones esenciales que deben reunir las fuerzas armadas, tal y como se aplican en los conflictos armados internacionales (véase la norma 4), y que de ello se desprende que son civiles todas las personas que no son miembros de tales fuerzas o grupos.[13] En tratados ulteriores, aplicables a los conflictos armados no internacionales, se han usado asimismo las expresiones “personas civiles” y “población civil” sin definirlas.[14]
Si bien es cierto que los miembros de las fuerzas armadas no son considerados civiles, no está clara la práctica por lo que respecta a si los miembros de grupos armados de oposición son civiles que están sujetos, por lo tanto, a la norma 6 sobre la pérdida de la protección contra los ataques si participan directamente en las hostilidades, o bien si los miembros de tales grupos son susceptibles de ser atacados como tales, independiente de lo que dispone la norma 6. Aunque el manual militar de Colombia define a las personas civiles como “aquellas que no participan directamente en las hostilidades militares (conflicto interno, conflicto internacional)”,[15] la mayoría de los manuales definen las personas civiles como aquellas que no son combatientes o no forman parte de las fuerzas armadas y guardan silencio acerca del estatuto de los miembros de los grupos armados de oposición.
[1]Protocolo adicional I (1977), art. 50 (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 1, párr. 705).
[2]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 712), Australia (ibíd., párr. 713), Benin (ibíd., párr. 714), Camerún (ibíd., párr. 715), Canadá (ibíd., párr. 716), Colombia (ibíd., párr. 717), Croacia (ibíd., párrs. 718 y 719), Ecuador (ibíd., párr. 721), Estados Unidos (ibíd., párrs. 736 y 737), España (ibíd., párr. 732), Francia (ibíd., párrs. 722 y 723), Hungría (ibíd., párr. 724), Indonesia (ibíd., párr. 725), Italia (ibíd., párr. 727), Kenya (ibíd., párr. 728), Madagascar (ibíd., párr. 729), Países Bajos (ibíd., párr. 730), Reino Unido (ibíd., párr. 735), República Dominicana (ibíd., párr. 720), Sudáfrica (ibíd., párr. 731), Suecia (ibíd., párr. 733), Togo (ibíd., párr. 734) y Yugoslavia (ibíd., párr. 738).
[3]V., v.g., la práctica referida de Israel (ibíd., párr. 726), Jordania (ibíd., párr. 743), Rwanda (ibíd., párr. 746) y Siria (ibíd., párr. 747).
[4]V., v.g., la práctica de los Estados Unidos (ibíd., párrs. 736 y 737), Francia (ibíd., párr. 722), Indonesia (ibíd., párr. 725), Israel (ibíd., párr. 726), Kenya (ibíd., párr. 728) y Reino Unido (ibíd., párr. 735).
[5]TPIY, Blaskic case, fallo (ibíd., párr. 751).
[6]Código de Lieber (1863), arts. 49 y 51; Declaración de Bruselas (1874), art. 10.
[7]Reglamento de La Haya (1907), art. 2; III Convenio de Ginebra (1949), art. 4, letra A, párr. 6.
[8]V., v.g., los manuales militares de Benin (citado en vol. II, cap. 1, párr. 714), Camerún (ibíd., párr. 715), Canadá (ibíd., párr. 764), Kenya (ibíd., párr. 728), Madagascar (ibíd., párr. 729), Sudáfrica (ibíd., párr. 731) y Togo (ibíd., párr. 734).
[9]Proyecto de Protocolo adicional II sometido por el CICR a la CCDH, art. 25 (ibíd., párr. 706).
[10]Proyecto de Protocolo adicional II, art. 25 tal como lo aprobó la Comisión III (ibíd., párr. 706).
[11]V. ibíd., párr. 706.
[12]Protocolo adicional II (1977), arts 13, 14, 15, 17 y18.
[13]Michael Bothe, Karl Josef Partsch y Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, Martinus Nijhoff, La Haya, 1982, p. 672.
[14]V., v.g., Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 3, párrs. 7 a 11; Protocolo III de la Convención sobre ciertas armas convencionales, art. 2; Convención de Ottawa (1997), preámbulo; Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), incisos i), iii) y viii).
[15]Colombia, Manual del Instructor (1999) (ibíd, párr. 717).