Norma 46. Órdenes o amenazas de no dar cuartel 

Nota: La obligación de dar cuartel es una norma básica que prohíbe los ataques a personas reconocidas como fuera de combate en situaciones de combate en el campo de batalla. El trato debido a las personas fuera de combate se aborda en la Parte V.
Norma 46. Queda prohibido ordenar que no se dé cuartel, amenazar con ello al adversario o conducir las hostilidades en función de tal decisión.
Volumen II, capítulo 15, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. Aunque todas las personas que participan directamente en las hostilidades deben respetar esta norma, en la práctica es especialmente pertinente para los jefes militares.
La prohibición de ordenar que no se dé cuartel es una antigua norma de derecho internacional consuetudinario que se reconocía ya en el Código de Lieber, la Declaración de Bruselas y el Manual de Oxford, y que se codificó en el Reglamento de La Haya.[1] En el informe de la Comisión sobre la Responsabilidad establecida tras la II Guerra Mundial se incluyeron como crimen de guerra “las instrucciones de no dar cuartel”.[2] Actualmente, esta norma figura en el Protocolo adicional I.[3] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “declarar que no se dará cuartel” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales.[4]
Numerosos manuales militares contienen esta prohibición.[5] La legislación de muchos países tipifica como delito impartir la orden de que no se dé cuartel.[6] En varios asuntos juzgados después de las dos guerras mundiales, se imputó este delito a los acusados.[7]
La inclusión en el Protocolo adicional I de la prohibición de “amenazar” con ordenar que no haya supervivientes o conducir las hostilidades sobre la base de esa decisión no ha sido impugnada y se ha incluido en muchos manuales militares.[8] También se expresa en las legislaciones de varios Estados.[9] La prohibición de amenazar con que no se dará cuartel ha sido respaldada por varios Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[10] La prohibición de amenazar con perpetrar un acto prohibido se reconoce en derecho internacional. Además, si se prohíbe ordenar o amenazar con ordenar que no haya supervivientes, con mayor razón estará prohibido ejecutar esa orden o amenaza y conducir las operaciones militares en base a ella. Llevar a cabo operaciones militares sobre la base de que no se dará cuartel constituye una violación reiterada de la prohibición de atacar a las personas que se encuentran fuera de combate (véase la norma 47).
En el artículo 4 del Protocolo adicional II se prohíbe ordenar que no haya supervivientes.[11] En su informe sobre el establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra Leona, el Secretario General de las Naciones Unidas señaló que las disposiciones del artículo 4 se habían considerado durante mucho tiempo como parte del derecho internacional consuetudinario.[12] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “declarar que no se dará cuartel” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales.[13]
La prohibición de ordenar que no haya supervivientes se incluye, asimismo, en los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[14] La legislación de muchos Estados tipifica como delito ordenar que no se dé cuartel en cualquier conflicto armado.[15] La Corte Constitucional de Colombia resolvió que esta prohibición era constitucional, ya que su finalidad era proteger la vida y la dignidad de las personas. Asimismo, sostuvo que no debían obedecerse las órdenes de superiores que implicasen “homicidios fuera de combate”.[16] La prohibición de ordenar que no haya supervivientes está también ratificada por declaraciones oficiales relativas a los conflictos armados no internacionales.[17]
En su examen de un incidente en el que dos soldados heridos fueron asesinados por un miembro de una patrulla del FMLN, la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador no halló pruebas de que las ejecuciones fueran ordenadas por superiores jerárquicos ni que fueran parte de una política del FMLN consistente en matar a los prisioneros. Señaló que el FMLN había reconocido el carácter criminal del incidente y juzgado al acusado.[18]
El CICR ha recordado la prohibición de ordenar que no haya supervivientes por lo que respecta tanto a los conflictos armados internacionales como a los no internacionales.[19]
Conducir las hostilidades sobre la base de que no se dará cuartel constituiría una infracción del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra porque significaría la muerte de personas fuera de combate.[20] Asimismo, violaría la garantía fundamental que prohíbe el homicidio (véase la norma 89).
[1]Código de Lieber (1863), art. 60 (citado en vol. II, cap. 15, párr. 7); Declaración de Bruselas (1874), art. 13, apdo. d) (ibíd., párr. 8); Manual de Oxford (1880), art. 9, apdo. b) (ibíd., párr. 9); Reglamento de La Haya (1907), art. 23, apdo. d) (ibíd., párr. 2).
[2]Report of the Commission on Responsibility (ibíd., párr. 11).
[3]Protocolo adicional I (1977), art. 40 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3).
[4]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xii) (ibíd., párr. 6).
[5]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 15), Bélgica (ibíd., párr. 19), Burkina Faso (ibíd., párr. 22), Camerún (ibíd., párr. 23), Colombia (ibíd., párr. 27), Congo (ibíd., párr. 28), Estados Unidos (ibíd., párr. 52), Francia (ibíd., párrs. 29 y 30), Italia (ibíd., párr. 34), Malí (ibíd., párr. 36), Marruecos (ibíd., párr. 37), Nigeria (ibíd., párrs. 40 a 42), Reino Unido (ibíd., párrs. 50 y 51), Senegal (ibíd., párr. 44), Sudá- frica (ibíd., párr. 45) y Suiza (ibíd., párr. 48).
[6]V., v.g., la legislación de Armenia ( ibíd. , párr. 54), Australia ( ibíd. , párr. 55), Canadá ( ibíd. , párr. 59), China (ibíd., párr. 60), Congo (ibíd., párr. 61), España (ibíd., párr. 75), Estados Unidos (ibíd., párr. 78), Etiopía (ibíd., párr. 63), Georgia (ibíd., párr. 64), Italia (ibíd., párr. 67), Lituania (ibíd., párr. 68), Malí (ibíd., párr. 69), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 72), Países Bajos (ibíd., párrs. 70 y 71) y Reino Unido (ibíd., párr. 77); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 58) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 76).
[7]V., v.g., Alemania, Tribunal de Leipzig, Stenger and Cruisus case (ibíd., párr. 85); Canadá, Tribunal Militar de Aurich, Abbaye Ardenne case (ibíd., párr. 81); Estados Unidos, Comisión Militar de Augsburg, Thiele case (ibíd., párr. 91); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Von Leeb (The High Command Trial) case (ibíd., párr. 92); Reino Unido, Tribunal Militar de Hamburgo, Peleus case (ibíd., párr. 86), Wickman case (ibíd., párr. 88) y Von Ruchteschell case (ibíd., párr. 89); Reino Unido, Tribunal Militar de Brunswick, Von Falkenhorst case (ibíd., párr. 87); Reino Unido, Tribunal n.° 5 de Curiohaus, Hamburgo-Altona, Le Paradis case (ibíd., párr. 90).
[8]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 33), Argentina (ibíd., párr. 16), Australia (ibíd., pá- rrs. 17 y 18), Bélgica (ibíd., párr. 20), Benin (ibíd., párr. 21), Camerún (ibíd., párr. 24), Canadá (ibíd., párrs. 25 y 26), España (ibíd., párr. 46), Francia (ibíd., párrs. 30 y 32), Kenya (ibíd., párr. 35), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 39), Países Bajos (ibíd., párr. 38), Rusia (ibíd., párr. 43), Suecia (ibíd., párr. 47), Togo (ibíd., párr. 49) y Yugoslavia (ibíd., párr. 53).
[9]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 65), Australia (ibíd., párr. 56), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 57), Croacia (ibíd., párr. 62), Eslovenia (ibíd., párr. 74), Irlanda (ibíd., párr. 66), Noruega (ibíd., párr. 73) y Yugoslavia (ibíd., párr. 79).
[10]V. los manuales militares de Francia (ibíd., párr. 30) y Kenya (ibíd., párr. 35), la declaración de Estados Unidos (ibíd., párr. 98), así como la práctica referida de Israel (ibíd., párr. 95).
[11]Protocolo adicional II (1977), art. 4, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 4).
[12]Secretario General de las Naciones Unidas, Informe sobre el establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra Leona (citado en vol. II, cap. 32, párr. 444).
[13]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso x) (citado en vol. II, cap. 15, párr. 6).
[14]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 33), Argentina (ibíd., párr. 16), Australia (ibíd., párrs. 17 y 18), Benin (ibíd., párr. 21), Camerún (ibíd., párr. 24), Canadá (ibíd., párrs. 25 y 26), Colombia (ibíd., párr. 27), España (ibíd., párr. 46), Francia (ibíd., párr. 32), Italia (ibíd., párr. 34), Kenya (ibíd., párr. 35), Nigeria (ibíd., párrs. 40 y 42), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 39), Países Bajos (ibíd., párr. 38), Rusia (ibíd., párr. 43), Sudáfrica (ibíd., párr. 45), Togo (ibíd., párr. 49) y Yugoslavia (ibíd., párr. 53).
[15]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 65), Australia (ibíd., párr. 56), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 57), Canadá (ibíd., párr. 59), Congo (ibíd., párr. 61), Croacia (ibíd., párr. 62), Eslovenia (ibíd., párr. 74), Etiopía (ibíd., párr. 63), Georgia (ibíd., párr. 64), Irlanda (ibíd., párr. 66), Noruega (ibíd., párr. 73), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 72), Países Bajos (ibíd., párr. 71), Reino Unido (ibíd., párr. 75) y Yugoslavia (ibíd., párr. 79); v. también la legislación de Italia (ibíd., párr. 67), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 57) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 76).
[16]Colombia, Corte Constitucional, Sentencias n.os T-409 (ibíd., párr. 82), C-225/95 (ibíd., párr. 83) y C-578 (ibíd., párr. 84).
[17]V., v.g., China, Announcement of the People's Liberation Army (ibíd., párr. 94).
[18]Naciones Unidas, Comisión de la Verdad para El Salvador, Informe (ibíd., párr. 103).
[19]CICR, Memorándum sobre el respeto del derecho internacional humanitario en Angola (ibíd., párr. 110), Memorandum on Compliance with International Humanitarian Law by the Forces Participating in Opération Turquoise (ibíd., párr. 111) y Comunicado de prensa n.° 01/58 (ibíd., párr. 113).
[20]Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1).