Norma 45. Daños graves al medio ambiente natural 

Norma 45. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de guerra concebidos para causar, o de los cuales quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. La destrucción del medio ambiente natural no puede usarse como arma.
Volumen II, capítulo 14, sección C.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados internacionales y, posiblemente, también en los no internacionales. Al parecer, los Estados Unidos son un “objetor persistente” de la primera parte de esta norma. Además, los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido son objetores persistentes por lo que respecta a la aplicación de la primera parte de esta norma al empleo de armas nucleares.
El párrafo 3 del artículo 35 del Protocolo adicional I prohíbe el empleo de “métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural”.[1] El párrafo 1 del artículo 55 del Protocolo adicional I contiene también esa prohibición.[2] Estas disposiciones eran claramente novedosas cuando se aprobaron. Durante la ratificación del Protocolo adicional I, Francia y el Reino Unido declararon que el riesgo de daños ambientales que recayesen en el ámbito de estas disposiciones debía evaluarse “objetivamente en base a la información disponible en el momento”.[3]
Sin embargo, desde entonces, un número significativo de casos en la práctica de los Estados ha propiciado el que esta prohibición se haya hecho consuetudinaria. Muchos manuales militares contienen esta prohibición.[4] La legislación de muchos países tipifica como delito el hecho de causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.[5] Esta práctica incluye la de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[6] Varios Estados indicaron, en sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en relación con la solicitud de una opinión consultiva sobre la legalidad de las armas nucleares, que consideraban que las normas expresadas en el párrafo 3 del artículo 35 y en el párrafo 1 del artículo 55 del Protocolo adicional I eran consuetudinarias.[7] En el mismo contexto, parece que otros Estados opinaban que estas normas eran consuetudinarias, ya que declararon que cualquier parte en un conflicto debe observar esta norma o evitar emplear métodos o medios de guerra que pudieran destruir o tener efectos desastrosos sobre el medio ambiente.[8] En el informe relativo a la práctica de Israel, que no es Parte en el Protocolo adicional I, se indica que las Fuerzas de Defensa israelíes no emplean ni permiten el empleo de métodos o medios de guerra que tengan o puedan causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente.[9] Los Estados Unidos, en respuesta a un memorando del CICR sobre la aplicabilidad del DIH en la región del Golfo en 1991, declaró que “la práctica estadounidense no incluye métodos de guerra que pudieran causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente”.[10] Otros ejemplos pertinentes de la práctica de los Estados son las condenas de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I por su supuesto “ecocidio” o “destrucción masiva del medio ambiente” o por haber incumplido el párrafo 3 del artículo 35 y el párrafo 1 del artículo 55 del Protocolo adicional I.[11]
La prohibición de causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural se repite, asimismo, en las Directrices para la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado y el Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas.[12] En el documento de trabajo sobre los crímenes de guerra presentado en 1997 al Comité Preparatorio para el Establecimiento de un Tribunal Penal Internacional, el CICR consideró como crimen de guerra “el hecho de causar intencionadamente daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural”.[13] La redacción definitiva del crimen de guerra incluido en el Estatuto de la Corte Penal
Internacional define este crimen como “lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará [...] daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea”.[14] Así pues, en el Estatuto se establece esta condición adicional para la tipificación como delito de la prohibición contenida en esta norma.
Sin embargo, existe cierto número de casos en la práctica de los Estados que refleja dudas acerca de la naturaleza consuetudinaria de la norma expresada en el Protocolo adicional I, en particular por lo que respecta a la expresión “quepa prever que causen”. En sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en el asunto relativo a las armas nucleares, los Estados Unidos y el Reino Unido señalaron que el párrafo 3 del artículo 35 y el párrafo 1 del artículo 55 del Protocolo adicional I no eran consuetudinarios.[15] Al parecer, la misma Corte consideró que la norma no era consuetudinaria porque sólo se mencionaba la aplicación de esta disposición a “Estados que hayan suscrito estas disposiciones”.[16] Cuando ratificaron la Convención sobre ciertas armas convencionales, que recuerda, en su preámbulo, la norma expresada en el párrafo 3 del artículo 35 y el párrafo 1 del artículo 55 del Protocolo adicional I, tanto Francia como los Estados Unidos hicieron una declaración de interpretación en el sentido de que no se trataba de una norma consuetudinaria.[17] Menos claro es el Informe final del comité establecido para examinar la campaña de bombardeos de la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia, que indicaba que el artículo 55 del Protocolo adicional I “puede que refleje el derecho consuetudinario vigente”.[18]
El problema de la naturaleza consuetudinaria de la norma, tal como se enuncia en el Protocolo adicional I, parece ser el que refleja la posición de los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, en cuya práctica hay varios ejemplos que indican su aceptación de la norma siempre y cuando se aplique a las armas convencionales y no a las nucleares. Así se desprende del manual LOAC del Reino Unido y del manual del mando del Ejército del Aire de los Estados Unidos,[19] así como de las reservas realizadas por Francia y el Reino Unido cuando ratificaron el Protocolo adicional I en el sentido de que el Protocolo no se aplicaba a las armas nucleares.[20] Esta posición, unida a las declaraciones de Francia y el Reino Unido según las cuales el párrafo 3 del artículo 35 y el párrafo 1 del artículo 55 del Protocolo adicional I no son consuetudinarios,[21] significa que la opinio juris de esos tres Estados es que estas normas, por sí mismas, no prohíben el empleo de armas nucleares.
La práctica, en lo concerniente a los métodos de guerra y al empleo de armas convencionales, revela una aceptación amplia, representativa y bastante uniforme de la naturaleza consuetudinaria de la norma hallada en el párrafo 3 del artículo 35 y el párrafo 1 del artículo 55 del Protocolo adicional I. La práctica contraria de los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido a este respecto no es totalmente coherente. Sus declaraciones en algunos contextos de que estas normas no son consuetudinarias contradicen las realizadas en otros (en particular en los manuales militares), en los que se indica que esta norma es vinculante siempre que no se aplique a las armas nucleares.[22] Dado que estos tres países no son Estados “especialmente afectados” en lo que se refiere a este tipo de daños, esta práctica contraria no es suficiente para haber evitado que surgiera esta norma consuetudinaria. Sin embargo, estos tres son Estados afectados específicamente en el sentido de que poseen armas nucleares y su objeción a la aplicación de esta norma específica a tales armas ha sido constante desde la aprobación de la misma como derecho convencional en 1977. Por lo tanto, si la doctrina de “objetor persistente” es posible en el contexto de las normas humanitarias, estos tres Estados no están vinculados por esta norma concreta en lo referente a cualquier empleo de armas nucleares. Ahora bien, debe señalarse que ello no impide que se considere ilegal cualquier uso de armas nucleares sobre la base de otras normas, por ejemplo la prohibición de perpetrar ataques indiscriminados (véase la norma 11) y el principio de proporcionalidad (véase la norma 14).
Existen numerosos casos en la práctica de los Estados en que se prohíbe la destrucción deliberada del medio ambiente natural como arma. La Convención sobre la modificación ambiental prohíbe la modificación deliberada del medio ambiente para infligir daños extensos, duraderos o graves como medio para causar destrucción, daños o perjuicios a otro Estado Parte.[23] La diferencia entre esta disposición y la que figura en el Protocolo adicional I es que este último se refiere principalmente a los efectos, mientras que la Convención sobre la modificación ambiental se refiere al empleo deliberado de una técnica para modificar el medio ambiente. No está claro si las disposiciones de la Convención sobre la modificación ambiental son ya consuetudinarias. Por otra parte, los manuales militares de Corea del Sur, Israel y Nueva Zelandia parecen indicar que el tratado sólo es vinculante para las Partes en el mismo.[24] Además, Indonesia, que no es Parte en la Convención sobre la modificación ambiental, incluye esta norma en su manual militar.[25] Las Directrices para la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado contienen esta norma.[26] La Asamblea General de las Naciones Unidas, en una resolución sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional aprobada en 1994 sin votación, invita a todos los Estados a divulgar ampliamente estas Directrices.[27] En la Segunda Conferencia de Examen de la Convención sobre modificación ambiental, celebrada en 1992, los Estados Unidos declararon que la Convención reflejaba “el consenso de la comunidad internacional de que el medio ambiente no debiera ser utilizado como instrumento de guerra”. [28]
Además de las normas específicas contenidas en la Convención sobre la modificación ambiental, existe una práctica significativa que prohíbe los ataques deliberados al medio ambiente como método de guerra. La legislación de varios Estados tipifica como delito el “ecocidio”.[29] El Código Penal de Estonia prohíbe alterar el medio ambiente como método de guerra.[30] Yugoslavia condenó lo que denominó “ecocidio” en relación con el ataque de la OTAN a una planta petroquímica en 1999.[31] Irak, en una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas en 1991, declaró que no explotaría el medio ambiente y los recursos naturales “como arma”.[32] Kuwait, en una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas ese mismo año, declaró que no se debe emplear el medio ambiente y los recursos naturales “como arma de terrorismo”.[33] Durante un debate en la Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1991, Suecia, refiriéndose a la destrucción del medio ambiente por fuerzas iraquíes, dijo que se trataba de una “forma inaceptable de guerra en el futuro”.[34] En el mismo contexto, Canadá declaró que el “medio ambiente como tal no debería ser objeto de ataque directo”.[35] También merece la pena mencionar la declaración aprobada en 1991 por los ministros del Medio Ambiente de la OCDE en la que se condenaba el hecho de incendiar yacimientos petrolíferos en el Golfo como una violación del derecho internacional y se instaba a Irak a no seguir recurriendo a la destrucción ambiental como arma.[36]
Por consiguiente, independientemente de si las disposiciones de la Convención sobre la modificación ambiental son consuetudinarias en sí, la práctica de los Estados es lo suficientemente amplia, representativa y uniforme como para sacar la conclusión de que la destrucción del medio ambiente natural no puede utilizarse como arma.
La aplicabilidad de las dos partes de esta norma a los conflictos armados no internacionales es menos clara que en lo que respecta a los conflictos armados internacionales. La propuesta de incluir la misma norma del párrafo 3 del artículo 35 del Protocolo adicional I en el Protocolo adicional II fue aprobada por la Comisión III de la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales en 1974, pero rechazada en 1977.[37] La razón de este cambio de opinión no está clara, pero pudiera guardar relación con el proceso de simplificación emprendido en las últimas fases de la negociación a fin de garantizar la aprobación del Protocolo adicional II. Otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales contienen esta norma.[38]
Los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales incluyen esta norma.[39] Además, muchos Estados han promulgado legislación en la que se tipifica como delito el “ecocidio” o el hecho de causar deliberadamente “daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural” en cualquier conflicto armado.[40] Existen varias condenas en relación con los daños ambientales causados en los conflictos armados no internacionales.[41] Sin embargo, la mayoría de las declaraciones oficiales que condenan los daños al medio ambiente en los conflictos armados son de carácter general y no parecen limitarse a los conflictos armados internacionales.
Ahora bien, aunque esta norma todavía no sea consuetudinaria, manifiesta una tendencia hacia una mayor protección del medio ambiente y el establecimiento de normas aplicables en conflictos armados no internacionales que probablemente adquiera carácter consuetudinario en el futuro, sobre todo dado que los daños graves al medio ambiente rara vez respetan las fronteras internacionales y que el hecho de causar tales daños puede violar otras normas que se aplican tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales, por ejemplo la prohibición de los ataques indiscriminados (véase la norma 11).
La diferencia entre esta norma y la norma que requiere la aplicación al medio ambiente del derecho internacional humanitario aplicable a los bienes de carácter civil (véase la norma 43) es que esta norma es absoluta. Si se infligen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, o si éste se utiliza como arma, no es pertinente preguntarse si este comportamiento o resultado podría justificarse en base a la necesidad militar o si el daño incidental fue excesivo. Fue por esta razón por lo que, en el Protocolo adicional I, la expresión “extenso, duradero y grave” establece un umbral tan alto. Las tres condiciones son acumulativas y el término “duradero” fue interpretado por los Estados firmantes como “décadas”. El comité establecido para examinar la campaña de bombardeos de la OTAN contra la República Federativa de Yugoslavia declaró, en su informe final en 2000, que se había fijado un umbral tan alto para que resultase difícil encontrar una violación. En el informe se indicaba que, por ese motivo, había desacuerdo sobre si los daños ocasionados en la guerra del Golfo rebasaban ese umbral.[42] En su informe al Congreso en 1992, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos cuestionaron si los daños debían considerarse “duraderos” en ese sentido.[43]
El “ecocidio” está definido en los códigos penales de los países de la antigua Unión Soviética como “destrucción masiva de flora y fauna, y envenenamiento de la atmósfera o los recursos hídricos, así como otros actos que pudieran causar una catástrofe ecológica”.[44] El Código Penal de Viet Nam habla de “destruir el medio ambiente natural”.[45]
Habida cuenta de que una violación de esta norma supone necesariamente que puede saberse o inferirse que un método o medio de guerra determinado probablemente cause daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente, habrá que saber qué tipos de guerra tendrán esas consecuencias desastrosas y sobre qué tipos de medio ambiente. Si se lee junto con la norma 44, esto significa que las partes en un conflicto están obligadas a informarse respectivamente en la medida de lo posible, de los resultados potenciales de las acciones previstas y abstenerse de las acciones que pudieran causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente. En un informe presentado en 1993 al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, el CICR señala que:
Por otra parte, no es fácil conocer con anticipación qué alcance y duración exacta tendrán determinados actos nocivos para el medio ambiente; y es necesario limitar, en la medida de lo posible, los daños al medio ambiente incluso en los casos en que no exista la certeza de que se den las condiciones necesarias para satisfacer la interpretación estricta de los criterios de “extensos, duraderos y graves”.[46]
A diferencia del Protocolo adicional I, la Convención sobre la modificación ambiental no contiene un criterio acumulativo y la expresión “duradero” se entiende en esa Convención como “la duración de doce meses, o aproximadamente una estación”.[47] Esta diferenciación se hizo porque la Convención sobre la modificación ambiental se refiere a la manipulación deliberada del medio ambiente, en lugar de a un resultado previsto o esperado sobre el medio ambiente. Es significativo que, en 1992, las Partes en la Convención sobre la modificación ambiental aprobaran una interpretación de la Convención que prohíbe el uso de herbicidas si se utilizan para la modificación ambiental y alteran el equilibrio ecológico de una región.[48] Esta interpretación se basa en un deseo de los Estados Partes de no limitar la Convención a armas futuristas y, por lo tanto, refleja un interés en ofrecer una mayor protección al medio ambiente durante un conflicto armado.[49]
[1]Protocolo adicional I (1977), art. 35, párr. 3 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 145).
[2]Protocolo adicional I (1977), art. 55, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 146).
[3]Francia, reservas y declaraciones realizadas cuando ratificó el Protocolo adicional I (1977), párr. 6 (ibíd., párr. 147); Reino Unido, reservas y declaraciones realizadas cuando ratificó el Protocolo adicional I (1977), párr. e (ibíd., párr. 149); v. también Francia, declaración interpretativa realizada cuando ratificó el Estatuto de la CPI, párr. 7 (ibíd., párr. 155).
[4]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 171 a 173), Argentina (ibíd., párr. 163), Australia (ibíd., párrs. 164 y 165), Bélgica (ibíd., párr. 166), Benin (ibíd., párr. 167), Canadá (ibíd., párr. 168), Colombia (ibíd., párr. 169), España (ibíd., párr. 180), Estados Unidos (ibíd., párrs. 185 y 186), Francia (ibíd., párr. 170), Italia (ibíd., párr. 174), Kenya (ibíd., párr. 175), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 178), Países Bajos (ibíd., párrs. 176 y 177), Reino Unido (ibíd., párr. 184), Rusia (ibíd., párr. 179), Suecia (ibíd., párr. 181), Suiza (ibíd., párr. 182), Togo (ibíd., párr. 183) y Yugoslavia (ibíd., párr. 187).
[5]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 202), Australia (ibíd., párr. 190), Azerbaiyán (ibíd., párr. 191), Belarús (ibíd., párr. 192), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 193), Canadá (ibíd., párr. 195), Colombia (ibíd., párr. 196), Congo (ibíd., párr. 197), Croacia (ibíd., párr. 198), Eslovenia (ibíd., párr. 213), España (ibíd., párr. 214), Georgia (ibíd., párr. 201), Irlanda (ibíd., párr. 203), Malí (ibíd., párr. 206), Noruega (ibíd., párr. 211), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 209), Países Bajos (ibíd., párr. 208), Reino Unido (ibíd., párr. 218) y Yugoslavia (ibíd., párr. 220); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 188), Burundi (ibíd., párr. 194), El Salvador (ibíd., párr. 199), Nicaragua (ibíd., párr. 210) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 216).
[6]V. los manuales militares de Bélgica (ibíd., párr. 166), Estados Unidos (“daños prolongados al medio ambiente”) (ibíd., párr. 186) y Reino Unido (ibíd., párr. 184), así como la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 191); v. también la legislación de Viet Nam (“ecocidio”) (ibíd., párr. 219).
[7]V. los alegatos orales y las declaraciones escritas en el Nuclear Weapons case de Islas Salomón (ibíd., párr. 257), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 251), Suecia (ibíd., párr. 259) y Zimbabwe (ibíd., párr. 272) y las declaraciones escritas, las observaciones o contramemorias en el Nuclear Weapons (WHO) case de la India (ibíd., párr. 232), Islas Marshall (ibíd., párr. 248), Lesotho (ibíd., párr. 247), Nauru (ibíd., párr. 249) y Samoa (ibíd., párr. 254).
[8]V. los alegatos orales y las declaraciones escritas en el Nuclear Weapons case de Australia (ibíd., párr. 223), Ecuador (ibíd., párr. 226), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 251), Suecia (ibíd., párr. 259) y Zimbabwe (ibíd., párr. 272) y las declaraciones escritas en el Nuclear Weapons (WHO) case de Rwanda (ibíd., párr. 253) y Ucrania (ibíd., párr. 261).
[9]Informe sobre la práctica de Israel (ibíd., párr. 241).
[10]Estados Unidos, Letter from the Department of the Army to the legal adviser of the US Army forces deployed in the Gulf region (ibíd., párr. 264).
[11]V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 231), Irán (ibíd., párr. 236) y Kuwait (ibíd., párr. 245) en relación con Irak en 1991 y la declaración de Yugoslavia en relación con el bombardeo de la OTAN a un complejo petroquímico en 1999 (ibíd., párr. 271).
[12]Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado (1994), párr. 11 (ibíd., párr. 159); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 6.3 (ibíd., párr. 161).
[13]CICR, Documento de trabajo sobre los crímenes de guerra presentado al Comité Preparatorio para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional (ibíd., párr. 287).
[14]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso iv) (ibíd., párr. 153).
[15]Reino Unido, declaración escrita presentada a la CIJ en el Nuclear Weapons case (ibíd., párr. 262); Estados Unidos, declaración escrita presentada a la CIJ en el Nuclear Weapons case (ibíd., párr. 269).
[16]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (ibíd., párr. 282).
[17]Francia, reservas realizadas cuando ratificó la Convención sobre ciertas armas convencionales (ibíd., párr. 152); Estados Unidos, declaraciones interpretativas realizadas cuando ratificó la Convención sobre ciertas armas convencionales (ibíd., párr. 153).
[18]Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, Final Report (ibíd., párr. 283).
[19]Reino Unido, LOAC Manual (ibíd., párr. 184); Estados Unidos, Air Force Commander's Handbook (ibíd., párr. 185).
[20]Francia, declaración realizada cuando ratificó el Protocolo adicional I (ibíd., párr. 147); Reino Unido, reservas y declaraciones realizadas cuando ratificó el Protocolo adicional I (ibíd., párr. 149).
[21]Francia, reservas realizadas cuando ratificó la Convención sobre ciertas armas convencionales (ibíd., párr. 152); Reino Unido, declaración escrita presentada a la CIJ en el Nuclear Weapons case (ibíd., párr. 262).
[22]V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párr. 184), Francia (ibíd., párr. 169) y Reino Unido (ibíd., párr. 183).
[23]Convención ENMOD, art. I (ibíd., párr. 290).
[24]República de Corea, Military Law Manual (ibíd., párr. 301); Israel, Manual on the Laws of War (ibíd., párr. 300); Nueva Zelandia, Military Manual (ibíd., párr. 302).
[25]Indonesia, Military Manual (ibíd., párr. 299).
[26]Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado (1994), párr. 12 (ibíd., párr. 294).
[27]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 49/50 (ibíd., párr. 317).
[28]Estados Unidos, declaración en la Segunda Conferencia de las Partes Encargada del Examen de la Convención ENMOD (ibíd., párr. 316).
[29]V., v.g., la legislación de Armenia (ibíd., párr. 189), Belarús (ibíd., párr. 192), Kazajstán (ibíd., párr. 204), Kirguistán (ibíd., párr. 205), Moldova (ibíd., párr. 207), Rusia (ibíd., párr. 212), Tayikistán (ibíd., párr. 215), Ucrania (ibíd., párr. 217) y Viet Nam (ibíd., párr. 219).
[30]Estonia, Penal Code (ibíd., párr. 200).
[31]Yugoslavia, Appeals and Letter of the Federal Ministry for Development, Science and the Environment (ibíd., párr. 271).
[32]Irak, carta al Secretario General de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 237).
[33]Kuwait, carta al Secretario General de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 245).
[34]Suecia, declaración ante la Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 48).
[35]Canadá, declaración ante la Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 37).
[36] OCDE, declaración de los Ministros de Medio Ambiente (ibíd., párr. 278).
[37]V. la práctica de los Estados en el contexto de las negociaciones de la CDDH (ibíd., párr. 150).
[38]V., v.g., Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY, párr. 6 (ibíd., párr. 157); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.5 (ibíd., párr. 158).
[39]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 171 a 173), Australia (ibíd., párr. 164), Benin (ibíd., párr. 167), Colombia (ibíd., párr. 169), Italia (ibíd., párr. 174), Kenya (ibíd., párr. 175), República de Corea (ibíd., párr. 301), Togo (ibíd., párr. 183) y Yugoslavia (ibíd., párr. 187).
[40]V., v.g., la legislación de Armenia (ibíd., párr. 189), Azerbaiyán (ibíd., párr. 191), Belarús (ibíd., párr. 192), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 193), Colombia (ibíd., párr. 196), Croacia (ibíd., párr. 198), Eslovenia (ibíd., párr. 213), España (ibíd., párr. 214), Kazajstán (ibíd., párr. 204), Kirguistán (ibíd., párr. 205), Moldova (ibíd., párr. 207), Tayikistán (ibíd., párr. 215), Ucrania (ibíd., párr. 217) y Yugoslavia (ibíd., párr. 220); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 188), El Salvador (ibíd., párr. 199) y Nicaragua (ibíd., párr. 210).
[41]V., v.g., las declaraciones de Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 223) y Colombia (ibíd., párr. 84).
[42]Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, Final Report (ibíd., párr. 283).
[43]Estados Unidos, Department of Defense, Final Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War (ibíd., párr. 267).
[44]V. la legislación de Armenia (ibíd., párr. 189), Belarús (ibíd., párr. 192), Kazajstán (ibíd., párr. 204), Kir- guistán (ibíd., párr. 205), Moldova (ibíd., párr. 207), Rusia (ibíd., párr. 212), Tayikistán (ibíd., párr. 215) y Ucrania (ibíd., párr. 217).
[45]Viet Nam, Penal Code (ibíd., párr. 219).
[46]CICR, Informe sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado (ibíd., párr. 286).
[47]Conferencia del Comité de Desarme, Acuerdo interpretativo relativo al art. I de la Convención ENMOD (ibíd., párr. 291).
[48]Segunda Conferencia de las Partes Encargada del Examen de la Convención ENMOD, Declaración Final (citada en vol. II, cap. 24, párr. 633).
[49]V., v.g., Canadá, declaración en la Segunda Conferencia de las Partes Encargada del Examen de la Convención ENMOD (ibíd., párr. 616).