Norma 44. Respeto del medio ambiente natural en la conducción de las operaciones militares

Norma 44. Los métodos y medios de hacer la guerra deben emplearse teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente natural. En la conducción de las operaciones militares, han de tomarse todas las precauciones que sean factibles para no causar daños incidentales al medio ambiente o reducirlos, al menos, todo lo posible. La falta de certeza científica acerca de los efectos de ciertas operaciones militares sobre el medio ambiente no exime a las partes en conflicto de tomar tales precauciones.
Volumen II, capítulo 14, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como norma de derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados internacionales y, posiblemente, también en los no internacionales.
La práctica de los Estados muestra que la protección que debe otorgarse al medio ambiente durante los conflictos armados se deriva no sólo de la aplicación al medio ambiente de las normas que protegen los bienes de carácter civil, sino también del reconocimiento de la necesidad de ofrecer una protección especial al medio ambiente como tal. El amplio desarrollo del derecho internacional humanitario para proteger el medio ambiente que se ha producido en las últimas décadas se ha debido a la concienciación sobre el peligroso deterioro del medio ambiente natural causado por el ser humano. Esta evolución ha sido tal que el interés de un Estado en proteger su medio ambiente natural ha sido ya reconocido por la Corte Internacional de Justicia en el asunto Gabcikovo-Nagymaros Project como un “interés esencial” que podría justificar que un Estado invocase la doctrina de “necesidad” para evitar el cumplimiento de otras obligaciones internacionales.[1]
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo en cuenta la importancia del medio ambiente natural como tal en una resolución aprobada en 1991, en la que afirmó la responsabilidad de Irak en virtud del derecho internacional por los daños ambientales y el agotamiento de los recursos naturales como consecuencia de su invasión y ocupación ilegales de Kuwait.[2] La Asamblea General de las Naciones Unidas expresó también su profunda preocupación ante el deterioro del medio ambiente durante la guerra en varias resoluciones adoptadas en 1991 y 1992.[3] A raíz de esa preocupación, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró “el 6 de noviembre de cada año Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados”.[4] También ha manifestado preocupación por los daños al medio ambiente de Yugoslavia y sus países vecinos durante la campaña de bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia durante la crisis de Kosovo.[5]
La necesidad de proteger el medio ambiente durante un conflicto armado figura en varios instrumentos internacionales.[6] Existen manuales militares, declaraciones oficiales y la práctica reseñada en que se expresa, asimismo, la necesidad general de proteger el medio ambiente durante los conflictos armados.[7] Además, dicha necesidad se refleja en las condenas a determinados comportamientos en el transcurso de conflictos armados que han causado graves daños al medio ambiente.[8] En sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en relación con la solicitud de una opinión consultiva sobre la legalidad de las armas nucleares, muchos Estados destacaron que el derecho internacional reconoce la importancia de la protección del medio ambiente durante un conflicto armado, sin limitarse a las exigencias de los tratados específicamente aplicables a los conflictos armados.[9] Existen también pruebas de que las preocupaciones ambientales influyeron en la planificación militar durante la guerra del Golfo, ya que hay constancia de que la Coalición desistió de llevar a cabo determinados ataques por motivos ambientales.[10]
Además, en el asunto relativo a las armas nucleares en 1996, la Corte Internacional de Justicia halló que la obligación de los Estados de cerciorarse de que las actividades que están bajo su jurisdicción y control respetan el medio ambiente de otros Estados o zonas que quedan fuera del control nacional formaba parte del derecho internacional consuetudinario.[11]
Cabe sostener que la obligación de prestar la debida consideración al medio ambiente se aplica también en los conflictos armados no internacionales si hay consecuencias para otro Estado. Este razonamiento se basa en el reconocimiento, por la Corte Internacional de Justicia, de que la salvaguardia del equilibrio ecológico de un Estado es un “interés esencial”[12] y en sus conclusiones de que la obligación de los Estados de garantizar que las actividades que quedan dentro de su jurisdicción y control respetan el medio ambiente de los demás Estados o zonas que quedan fuera del control nacional forman parte del derecho internacional consuetudinario.[13]
Además, varios elementos indican que esta norma consuetudinaria puede aplicarse también al comportamiento de las partes dentro del Estado donde se está produciendo un conflicto armado. Durante la negociación del Protocolo adicional II se expresó cierto apoyo a la redacción de una norma de derecho convencional a tal efecto.[14] No se aprobó entonces, pero la aceptación general de la aplicación del derecho internacional humanitario a los conflictos armados no internacionales se ha fortalecido considerablemente desde 1977. Además, muchos tratados de derecho ambiental se aplican al comportamiento de los Estados dentro de su propio territorio (véase infra). Asimismo, existe alguna práctica de los Estados que indica la obligación de proteger el medio ambiente y que se aplica también a los conflictos armados no internacionales, incluidos manuales militares, declaraciones oficiales y los numerosos alegatos de los Estados ante la Corte Internacional de Justicia en el asunto relativo a las armas nucleares, a favor de la protección del medio ambiente en beneficio de todos.[15]
La práctica indica que la obligación de tomar todas las precauciones que sean factibles para no causar daños incidentales a los bienes civiles o reducirlos, al menos, todo lo posible (véase la norma 15) se aplica también a los daños al medio ambiente natural. Así se establece en las Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado.[16] Existen manuales militares y declaraciones oficiales que ratifican, asimismo, el principio de que deben tomarse precauciones para evitar o reducir al mínimo los daños al medio ambiente.[17]
En 1995, la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja exhortó a todas las partes en el conflicto a que tomasen “todas las precauciones factibles para evitar, en sus operaciones militares, realizar todo acto que [pudiera] causar la destrucción u ocasionar daños a las fuentes [...] de agua”.[18]
Algunos ejemplos en la práctica de los Estados apuntan a que la falta de certeza científica respecto de los efectos para el medio ambiente de determinadas operaciones militares no exime a las partes en un conflicto de tomar las debidas medidas de precaución para evitar daños injustificables. Dado que el efecto potencial sobre el medio ambiente debe evaluarse durante la planificación de un ataque, el hecho de que exista cierta incertidumbre en cuanto al impacto total sobre el medio ambiente hace que el “principio de precaución” revista especial importancia en ese tipo de ataques. El principio de precaución se reconoce cada vez más en derecho ambiental.[19] Además, existe práctica según la cual el principio de derecho ambiental se aplica en los conflictos armados. En su opinión consultiva en el asunto relativo a las armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia declaró que los principios básicos reconocidos al analizar la legalidad de las armas nucleares en 1995 se aplicarían también al empleo efectivo de esas armas en un conflicto armado.[20] Ello comprendería, entre otras cosas, el principio de precaución, que es un elemento clave de la argumentación en el asunto citado.[21] El CICR, en un informe presentado en 1993 a la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, se refirió al principio de precaución como “un principio nuevo pero generalmente reconocido de derecho internacional. Tiene por objeto prever y prevenir los daños al medio ambiente y velar por que, cuando existan amenazas de daños graves o irreversibles, no se posponga la adopción de medidas que permitan preverlos so pretexto de falta de certeza científica absoluta”.[22] Ningún Estado hizo objeciones a esta declaración.
Al parecer, no hay suficiente consenso en cuanto a si los tratados de derecho ambiental siguen siendo aplicables durante los conflictos armados cuando no se hace mención a ello en el tratado concernido. En las Directrices para la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado se señala que las normas de derecho internacional ambiental “podrán seguir siendo aplicables en tiempo de conflicto armado en la medida en que no sean incompatibles con el derecho aplicable a los conflictos armados”.[23]
En su opinión consultiva en el asunto relativo a las armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia no abordó esta cuestión directamente, pero señaló que el derecho ambiental “indica importantes factores que deben tenerse debidamente en cuenta en el contexto de la aplicación de los principios y las normas de derecho aplicable en los conflictos armados”.[24] Los pocos Estados que analizaron la cuestión en sus alegatos ante la Corte tenían opiniones diferentes.[25]
[1] CIJ, Gabcikovo-Nagymaros Project case, fallo (ibíd., párr. 121).
[2] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 687 (ibíd., párr. 111).
[3] Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 46/216 (aprobada por 135 votos a favor, ninguno en contra y una abstención) (ibíd., párr. 112) y Res. 47/151 (aprobada por 159 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones) (ibíd., párr. 112).
[4] Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 56/4 (ibíd., párr. 115).
[5] V., v.g., Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, Committee on the Environment, Regional Planning and Local Authorities, Report on the Environmental Impact of the War in Yugoslavia on South-East Europe (ibíd., párr. 117).
[6] V., v.g., Carta Mundial de la Naturaleza, Principio 5 (ibíd., párr. 73) y Principio 20 (ibíd., párr. 74); Declaración de Río, Principio 24 (ibíd., párr. 76); Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado (1994), párr. 11 (ibíd., párr. 77); Manual de San Remo (1994), párrs. 35 y 44 (ibíd., párr. 78).
[7] V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 79), Estados Unidos (ibíd., párr. 81) y la República de Corea (ibíd., párr. 80), la declaración de Yemen (ibíd., párr. 109), así como la práctica referida del Líbano (ibíd., párr. 96).
[8] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 91), China (ibíd., párr. 84), Colombia (ibíd., párr. 85), Irán (ibíd., párr. 93), Países Bajos (ibíd., párr. 99) y Reino Unido (ibíd., párr. 105).
[9]V. los alegatos orales o las declaraciones escritas presentadas a la CIJ en el Nuclear Weapons case por Egipto (ibíd., párr. 88), Irán (ibíd., párr. 93), Islas Salomón (ibíd., párr. 103), Malaisia (ibíd., párr. 97) y Qatar (ibíd., párr. 102) y las declaraciones escritas presentadas en el Nuclear Weapons (WHO) case por Costa Rica (ibíd., párr. 87), México (ibíd., párr. 98) y Sri Lanka (ibíd., párr. 104).
[10]A. P. V. Rogers, Law on the Battlefield (ibíd., párr. 68).
[11]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (ibíd., párr. 120); v. también el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Principio 3 (ibíd., párr. 71); Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, Principio 21 (ibíd., párr. 72); Declaración de Río, Principio 2 (ibíd., párr. 75); la declaración de Irán (ibíd., párr. 92); American Law Institute, Restatement of the Foreign Relations Law of the United States (ibíd., párr. 123).
[12]CIJ, Gabcikovo-Nagymaros Project case, fallo (ibíd., párr. 121).
[13]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (ibíd., párr. 120); v. también el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Principio 3 (ibíd., párr. 71); Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, Principio 21 (ibíd., párr. 72); Declaración de Río, Principio 2 (ibíd., párr. 75); la declaración de Irán (ibíd., párr. 92); American Law Institute, Restatement of the Foreign Relations Law of the United States (ibíd., párr. 123).
[14]V. la práctica de los Estados en el contexto de las negociaciones en la CDDH (ibíd., párr. 150).
[15]V., v.g., los manuales militares de Italia (ibíd., párr. 10) y la República de Corea (ibíd., párr. 80); las declaraciones de Argentina (ibíd., párr. 29) y Colombia (ibíd., párr. 85); los alegatos orales y las declaraciones escritas presentados a la CIJ en el Nuclear Weapons case por Egipto (ibíd., párr. 88), Irán (ibíd., párr. 93), Islas Salomón (ibíd., párr. 103), Malaisia (ibíd., párr. 97) y Qatar (ibíd., párr. 102) y las declaraciones escritas presentadas en el Nuclear Weapons (WHO) case por Costa Rica (ibíd., párr. 87), México (ibíd., párr. 98), Rwanda (ibíd., párr. 253), Sri Lanka (ibíd., párr. 104) y Ucrania (ibíd., párr. 261).
[16]Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado (1994), párr. 4 (ibíd., párr. 5); v. también la Carta Mundial de la Naturaleza, Principio 20 (ibíd., párr. 74).
[17]V., v.g., Estados Unidos, Naval Handbook (ibíd., párr. 11); las declaraciones de Argentina (ibíd., párr. 29) y Canadá (ibíd., párrs. 36 y 38); v. también el informe de una reunión de expertos sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado (ibíd., párr. 60).
[18]XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 138).
[19]V., v.g., Convenio sobre la Diversidad Biológica, preámbulo (ibíd., párr. 126); Declaración de Río, Principio15 (ibíd., párr. 127); las declaraciones de Francia (ibíd., párr. 131) y Nueva Zelandia (ibíd., párr. 132); Naciones Unidas, Comisisón Económica para Europa, Declaración Ministerial de Bergen sobre el desarrollo sostenible, art. 7 (ibíd., párr. 133).
[20]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva, 8 de julio de 1996, párr. 32.
[21]CIJ, Nuclear Tests case (Request for an Examination of the Situation), Order (citada en vol. II, cap. 14, párr. 139). Nueva Zelandia sostenía que el principio de precaución era una norma vinculante (ibíd., párr. 132). Francia sostuvo que no era seguro que el principio de precaución se hubiera convertido en una norma vinculante de derecho internacional, pero que, no obstante, en la práctica tomaba precauciones conformes con sus obligaciones en virtud del derecho internacional ambiental (ibíd., párr. 131). La CIJ llegó a la conclusión de que, en sus alegatos, Francia y Nueva Zelandia habían reafirmado su compromiso de cumplir sus obligaciones de respetar y proteger el medio ambiente natural (ibíd., párr. 139).
[22]CICR, Informe sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado (ibíd., párr. 143).
[23] Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado (1994), párr. 5 (ibíd., párr. 77).
[24]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (ibíd., párr. 62).
[25]V. alegatos orales o declaraciones escritas presentados ante la CIJ en el Nuclear Weapons case por Francia (ibíd., párr. 89), Estados Unidos (ibíd., párr. 108), Islas Salomón (ibíd., párr. 103) y Reino Unido (ibíd., párr. 107).