Norma 43. Aplicación de los principios generales sobre la conducción de hostilidades al medio ambiente natural

Norma 43. Los principios generales sobre la conducción de las hostilidades se aplican al medio ambiente natural:A. Ninguna parte del medio ambiente natural puede ser atacada, a menos que sea un objetivo militar.B. Queda prohibida la destrucción de cualquier parte del medio ambiente natural, salvo que lo exija una necesidad militar imperiosa.C. Queda prohibido lanzar ataques contra objetivos militares de los que quepa prever que causen daños incidentales al medio ambiente natural que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
Volumen II, capítulo 14, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La norma de que está prohibido atacar cualquier parte del medio ambiente natural a menos que sea un objetivo militar se basa en la condición general de que debe distinguirse entre los objetivos militares y los bienes de carácter civil (véase la norma 7). Esta norma se refleja en el Protocolo III de la Convención sobre ciertas armas convencionales, que establece que: “Queda prohibido atacar con armas incendiarias los bosques u otros tipos de cubierta vegetal, salvo cuando esos elementos naturales se utilicen para cubrir, ocultar o camuflar a combatientes u otros objetivos militares, o sean en sí mismos objetivos militares”.[1] Así lo reflejan también los manuales militares y las declaraciones oficiales que consideran que una parte de un territorio puede ser un objetivo militar si reúne las condiciones necesarias.[2]
La aplicación del principio de distinción al medio ambiente natural se establece en las Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado.[3] La Asamblea General de las Naciones Unidas ha invitado a todos los Estados a divulgar ampliamente esas directrices y prestar la debida atención a la posibilidad de incorporarlas a los manuales militares y otras instrucciones dirigidos al personal militar.[4] Diversos manuales militares y declaraciones oficiales apoyan, asimismo, la aplicación del principio de distinción al medio ambiente natural.[5] En la Declaración Final aprobada por la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra de 1993 se instó a los Estados a reafirmar y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario que protege el medio ambiente natural contra “ataques de que pueda ser objeto el medio ambiente como tal”.[6]
El principio de distinción, que es aplicable en los conflictos armados internacionales y no internacionales (véase la norma 7), se aplica igualmente en relación con el medio ambiente. El CICR hizo una declaración de principios en ese sentido en 1993, en un informe presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado.[7] Nadie hizo objeciones a esa declaración.
Según la práctica de los Estados, la prohibición de destruir o confiscar bienes de un adversario, a menos que lo requiera una necesidad militar imperiosa (véase la norma 50) se aplica también al medio ambiente natural. La aplicabilidad de esta prohibición al medio ambiente natural se establece en las Directrices para la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado.[8] Existen manuales militares, leyes nacionales y declaraciones oficiales que así lo ratifican.[9]
En su opinión consultiva sobre el asunto relativo a las armas nucleares en 1996, la Corte Internacional de Justicia declaró que “el respeto del medio ambiente es uno de los elementos que intervienen en la evaluación de si una acción es conforme con el principio de necesidad”.[10] El comité establecido para examinar la campaña de bombardeos de la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia opinaba que el impacto ambiental de esos bombardeos debía considerarse a la luz de “los principios fundamentales del derecho de los conflictos armados, como la necesidad y la proporcionalidad”.[11]
Además, según el IV Convenio de Ginebra, las destrucciones “no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario” constituyen una infracción grave.[12] Esta norma se expresa también en otros instrumentos en relación con el medio ambiente natural.[13] Se aplica, asimismo, al medio ambiente natural en diversas declaraciones oficiales.[14] En una resolución sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado en 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas destacó que: “la destrucción del medio ambiente no justificada por necesidades militares e inmotivada es claramente contraria al derecho internacional vigente”.[15] En la Declaración Final de la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, de 1993, se instó a los Estados a reafirmar y velar por el respeto del derecho internacional humanitario que protege el medio ambiente natural contra “destrucciones deliberadas que causen graves daños al medio ambiente”.[16]
La prohibición de la destrucción innecesaria de bienes es aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales (véase la norma 50) también en relación con el medio ambiente. El CICR hizo esa declaración de principios en 1993 en un informe presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado.[17] Nadie hizo objeciones a esta declaración.
La práctica muestra una aceptación general del principio de que los daños incidentales que afectan al medio ambiente natural no deben ser excesivos en relación con la ventaja militar que se prevé obtener de un ataque a un objetivo militar. Esto se establece en las Directrices para la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado y en el Manual de San Remo sobre la guerra en el mar.[18]
Varias declaraciones oficiales ratifican la aplicabilidad del principio de proporcionalidad a los daños incidentales causados al medio ambiente.[19] Durante la campaña de bombardeos contra la República Federativa de Yugoslavia, la OTAN declaró que en la toma de decisiones sobre los objetivos se tuvieron un cuenta “todos los daños incidentales posibles, ya fueran ambientales, humanos o a infraestructuras de carácter civil”.[20] El comité establecido para examinar la campaña de bombardeos de la OTAN contra la República Federativa de Yugoslavia opinó que el impacto ambiental de esa campaña debía considerarse a la luz de “los principios fundamentales del derecho de los conflictos armados, como la necesidad y la proporcionalidad” y declaró que “para satisfacer el criterio de proporcionalidad, los ataques contra objetivos militares que se sabe, o de los que cabe suponer razonablemente, que causarán graves daños ambientales deben ofrecer una ventaja militar potencial muy significativa para que se consideren legítimos”.[21]
En su opinión consultiva en el asunto relativo a las armas nucleares en 1996, la Corte Internacional de Justicia señaló que “los Estados deben tener en cuenta el medio ambiente cuando evalúen lo que es necesario y proporcionado al intentar conseguir objetivos militares legítimos”.[22]
El principio de proporcionalidad es aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales (véase la norma 14) también en relación con el medio ambiente. El CICR hizo una declaración de principios en ese sentido en 1993 en un informe presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado.[23] Nadie hizo objeciones a esa declaración.
Existen otras normas de derecho internacional humanitario que previenen o limitan los daños al medio ambiente, aunque no fueron elaboradas a tal fin, sino más bien con el propósito de proteger a la población civil. Algunos ejemplos de esas normas son la obligación de poner especial cuidado cuando se ataquen obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas y sean objetivos militares (véase la norma 42), así como la prohibición de atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (véase la norma 54). Las represalias de los beligerantes contra el medio ambiente natural se abordan en el capítulo 41.
[1] Protocolo III de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 2, párr. 4 (citado en vol. II, cap. 30, párr. 110).
[2] V., v.g., las declaraciones de Bélgica (citada en vol. II, cap. 2, párr. 622), Canadá (ibíd., párrs. 597 y 623), España (ibíd., párr. 597), Estados Unidos (ibíd., párrs. 599, 627 y 628), Francia (ibíd., párr. 598), Italia (ibíd., párr. 597), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 597), Países Bajos (ibíd., párrs. 597, 599 y 625), Pakistán (ibíd., párr. 599), Reino Unido (ibíd., párrs. 597, 599 y 626) y la República Federal de Alemania (ibíd., párrs. 597 y 624), así como los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 601), Bélgica (ibíd., párrs. 602 a 604), Benin (ibíd., párr. 605), Ecuador (ibíd., párr. 608), España (ibíd., párr. 615), Estados Unidos (ibíd., párr. 619), Francia (ibíd., párr. 609), Italia (ibíd., párrs. 610 y 611), Madagascar (ibíd., párr. 612), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 614), Reino Unido (ibíd., párr. 618), Países Bajos (ibíd., párr. 613), Suecia (ibíd., párr. 616) y Togo (ibíd., párr. 617).
[3] Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado, párr. 4 (citado en vol.II, cap. 14, párr. 5).
[4] Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 49/50 (aprobada por consenso) (ibíd., párr. 56); v. también la Res. 51/157, Anexo (ibíd., párr. 57).
[5] V., v.g., Australia, Defence Force Manual (ibíd., párr. 8); las declaraciones de Canadá (ibíd., párr. 37), Estados Unidos (ibíd., párrs. 50 y 53), Irán (ibíd., párr. 41), Islas Marshall (ibíd., párr. 45) y Rusia (ibíd., párr. 47).
[6] Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, Declaración Final (ibíd., párr. 61).
[7] CICR, Informe sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado (ibíd., párr. 67).
[8] Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado (1994), párrs. 8 y 9 (ibíd., párr. 5).
[9]V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 8) y Estados Unidos (ibíd., párr. 11), la legislación de España (ibíd., párr. 25) y Nicaragua (ibíd., párr. 22), así como las declaraciones de Australia (ibíd., párr. 30), Austria (ibíd., párr. 33), Canadá (ibíd., párr. 36), Estados Unidos (ibíd., párrs. 50, 52 y 53) e Irán (ibíd., párrs. 41 y 42); v. también el Informe de una reunión de expertos sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado (ibíd., párr. 60).
[10]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (ibíd., párr. 62).
[11]Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, Final Report (ibíd., párr. 63).
[12]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 147 (citado en vol. II, cap. 16, párr. 53).
[13]V., v.g., Programa 21, párr. 39.6 (citado en vol. II, cap. 14, párr. 3); Manual de San Remo (1994), párr. 44 (ibíd., párr. 4); Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado (1994), párr. 8 (ibíd., párr. 5).
[14]V., v.g., las declaraciones de Brasil (ibíd., párr. 35), Estados Unidos (ibíd., párrs. 50 y 52) e Irán (ibíd., párr. 41); v. también las declaraciones de Japón (“destrucción del medio ambiente”) (ibíd., párr. 43), Reino Unido (“un crimen deliberado contra el planeta”) (ibíd., párr. 49) y Suecia (destrucción “a una escala sin precedentes”) (ibíd., párr. 48).
[15]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 47/37 (aprobada sin votación) (ibíd., párr. 55).
[16]Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, Declaración Final (ibíd., párr. 61).
[17]CICR, Informe sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado (ibíd., párr. 67).
[18]Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado (1994), párr. 4 (ibíd., párr. 5); Manual de San Remo (1994), párr. 13, apdo. c) (ibíd., párr. 6).
[19]V. las declaraciones de Australia (ibíd., párr. 30), Austria (ibíd., párr. 34), Canadá (ibíd., párr. 37), Colombia (ibíd., párr. 39), Estados Unidos (ibíd., párrs. 44 y 50), Irán (ibíd., párr. 41), Jordania (ibíd., párr. 44) y Rumania (ibíd., párr. 46); v. también el informe de una reunión de expertos sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado (ibíd., párr. 60).
[20]V. la práctica referida de la OTAN (ibíd., párr. 58).
[21]Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, Final Report (ibíd., párr. 63).
[22]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (ibíd., párr. 62).
[23] CICR, Informe sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado (ibíd., párr. 67).