Norma 42. Obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas 

Norma 42. Se pondrá especial cuidado al atacar obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, a saber, presas, diques y centrales nucleares de energía eléctrica, así como otras instalaciones situadas en ellas o en sus proximidades, a fin de evitar la liberación de esas fuerzas y las consiguientes pérdidas importantes entre la población civil.
Volumen II, capítulo 13.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas no pueden atacarse cuando son bienes civiles (véase la norma 7). Esas obras e instalaciones sólo pueden ser atacadas cuando sean objetivos militares (véase la norma 7). La práctica muestra que los Estados conocen el elevado riesgo de sufrir pérdidas incidentales como consecuencia de los ataques a esas obras e instalaciones cuando constituyen objetivos militares. Por consiguiente, reconocen que debe tenerse especial cuidado en caso de ataque.
Las normas detalladas expresadas en el artículo 56 del Protocolo adicional I, así como en el artículo 15 del Protocolo adicional II, se elaboraron sobre la base de este hecho.[1] Esas normas se incluyen en muchos manuales militares.[2] Además, la legislación de numerosos países tipifica como delito los ataques a las obras e instalaciones que puedan ocasionar importantes pérdidas.[3] Los manuales militares y la legislación de otros países prohíben los ataques a obras e instalaciones como tales.[4]
Cuando ratificaron el Protocolo adicional I, Francia y el Reino Unido declararon que no podían conceder una protección “absoluta” a las obras e instalaciones que contuviesen fuerzas peligrosas y fuesen objetivos militares. Sin embargo, reconocieron el peligro especial inherente a cualquier ataque contra obras e instalaciones que contuviesen fuerzas peligrosas ya que requieren, respectivamente, que se tomen todas las precauciones “necesarias” y “debidas” en la situación excepcional en que vayan a atacarse, a fin de evitar daños incidentales importantes entre la población civil.[5] Análogamente, en una declaración relativa a un ataque por tropas estatales a una presa para desalojar a la guerrilla, el gobierno de Colombia expresó la necesidad de proceder con cautela.[6]
Israel y los Estados Unidos han hecho hincapié en que la prueba de proporcionalidad es importante para evaluar la legalidad de un ataque a obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas y sean objetivos militares.[7] Si bien debe realizarse una evaluación en función del principio de proporcionalidad caso por caso, esta posición refleja también la sensibilidad a las pérdidas importantes que podrían producirse entre la población civil si se liberasen las fuerzas peligrosas de esas obras e instalaciones. El hecho de “lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil, que sean excesivos” constituye una violación grave del Protocolo adicional I.[8] La legislación de muchos Estados tipifica también como delito esos ataques.[9]
La sensibilidad de los Estados a la posibilidad de liberar fuerzas peligrosas se ve matizada por el hecho de que en las últimas décadas se han perpetrado ataques a ese tipo de obras e instalaciones en los que el atacante señaló que se habían ejecutado con el mayor cuidado posible.[10] Esto se ve subrayado, asimismo, por las condenas a tales ataques, la denegación de esos ataques y, en general, por la moderación manifestada por los Estados en lo que respecta a los ataques a obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas.[11]
Por consiguiente, parece que cabe prever ataques en las situaciones en que son imprescindibles para obtener una ventaja militar importante, que no podría obtenerse de otro modo, tomando todas las precauciones necesarias. La importancia de esa decisión, dado el elevado riesgo de graves pérdidas incidentales, se ilustra con la posición adoptada por el Reino Unido y los Estados Unidos según la cual la decisión de atacar una obra o instalación que contenga fuerzas peligrosas debe tomarse, respectivamente, a “un nivel elevado de mando” y “a niveles políticos apropiados”.[12]
La práctica de los Estados no ve esta norma como una condición unilateral. El defensor tiene también la obligación de preservar o mejorar la protección de sus obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas tomando todas las precauciones posibles contra un ataque: las obras e instalaciones no deben utilizarse en apoyo directo de acciones militares; los objetivos militares no deberían estar situados en el interior o las proximidades de esas obras e instalaciones, y esas obras e instalaciones no deben utilizarse nunca como escudo en operaciones militares.[13]
Las represalias de los beligerantes contra obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas se abordan en el capítulo 41.
Los Protocolos adicionales han limitado esta norma a las presas, los diques y las centrales nucleares o eléctricas.[14] No fue posible llegar a un acuerdo sobre la inclusión de otras obras o instalaciones que contuviesen fuerzas peligrosas en la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales. Sin embargo, las consideraciones planteadas más arriba se aplican igualmente a otras instalaciones como las plantas químicas y las refinerías de petróleo. El hecho de que los ataques a esas instalaciones puedan ocasionar daños graves a la población civil y al medio ambiente implica que la decisión de atacar esas instalaciones, en caso de que se convirtiesen en objetivos militares, requiere que se tomen todas las precauciones posibles cuando sean atacadas.
[1]Protocolo adicional I (1977), art. 56 (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 13, párr. 1); Protocolo adicional II (1977), art. 15 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 5).
[2]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 24), Argentina (ibíd., párr. 11), Australia (ibíd., párr. 12), Bélgica (ibíd., párr. 14), Benin (ibíd., párr. 15), Camerún (ibíd., párr. 16), Canadá (ibíd., párr. 17), España (ibíd., párr. 37), Francia (ibíd., párrs. 21 a 23), Kenya (ibíd., párr. 29), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 34), Países Bajos (ibíd., párrs. 32 y 33), Reino Unido (ibíd., párr. 41), Sudáfrica (ibíd., párr. 36), Suiza (ibíd., párrs. 38 y 39), Togo (ibíd., párr. 40) y Yugoslavia (ibíd., párr. 46).
[3]V., v.g., la legislación de Azerbaiyán ( ibíd. , párr. 51), Eslovenia ( ibíd. , párr. 76) (“todo ataque que pudiera ser especialmente peligroso”), España (ibíd., párr. 77) (“pérdidas importantes”), Hungría (ibíd., párr. 65) (“que ocasionen graves daños”) y Lituania (ibíd., párr. 69) (“a sabiendas de que las consecuencias podrían ser sumamente graves”); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 47), El Salvador (ibíd., párr. 61), Jordania (ibíd., párr. 67) (“grandes pérdidas de vidas o daños a la población civil y a los bienes de carácter civil”) y Nicaragua (ibíd., párr. 72).
[4]V., v.g., los manuales militares de Croacia (ibíd., párr. 19), Francia (ibíd., párrs. 21 y 22), Italia (ibíd., párrs. 27 y 28), Madagascar (ibíd., párr. 31) y la República de Corea (ibíd., párr. 30), así como la legislación de Alemania (ibíd., párr. 64), Bélgica (ibíd., párr. 53), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 54), Colombia (ibíd., párr. 56) (“sin justificación alguna basada en imperiosas necesidades militares”), Croacia (ibíd., párr. 58), Eslovaquia (ibíd., párr. 75) (destrucción o daños intencionados), Estonia (ibíd., párr. 62), Georgia (ibíd., párr. 63) (“sabiendo que habrá pérdidas”), República Checa (ibíd., párr. 60) (destrucción o daños intencionados), Tayikistán (ibíd., párr. 79) y Yugoslavia (ibíd., párr. 81).
[5]Francia, reservas y declaraciones realizadas cuando ratificó el Protocolo adicional I (ibíd., párr. 4); Reino Unido, reservas y declaraciones realizadas cuando ratificó el Protocolo adicional I (ibíd., párr. 3).
[6]Colombia, Comentarios de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos (ibíd., párr. 88).
[7]Informe sobre la práctica de Israel (ibíd., párr. 98); Estados Unidos, Air Force Pamphlet (ibíd., párr. 42), Naval Handbook (ibíd., párr. 44), Annotated Supplement to the Naval Handbook (ibíd., párr. 45) y Remarks of the Deputy Legal Adviser of the Department of State (ibíd., párr. 108).
[8]Protocolo adicional I (1977), art. 85, párr. 3, apdo. c) (ibíd., párr. 2).
[9]V., v.g., la legislación de Armenia (ibíd., párr. 48), Australia (ibíd., párrs. 49 y 50), Belarús ( ibíd. , párr. 52), Bélgica (ibíd., párr. 53), Canadá (ibíd., párr. 55), Chipre (ibíd., párr. 59), Irlanda (ibíd., párr. 66), Islas Cook (ibíd., párr. 57), Níger (ibíd., párr. 73), Noruega (ibíd., párr. 74), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 71), Países Bajos (ibíd., párr. 70), Reino Unido (ibíd., párr. 80), Suecia (ibíd., párr. 78) y Zimbabwe (ibíd., párr. 82); v. también los proyectos de ley del Líbano (ibíd., párr. 68).
[10]V., v.g., Reino Unido, Statement by the Secretary of Defence before the Defence Committee (en relación con la Guerra del Golfo) (ibíd., párr. 105) y la práctica de Estados Unidos con respecto a la guerra de Viet Nam, reseñada en W. Hays Parks, Air War and the Law of War (ibíd., párr. 107).
[11]V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párr. 45), las declaraciones de China (ibíd. , párr. 87), Irán (ibíd., párr. 95), Irak (ibíd., párrs. 96 y 97) y Reino Unido (ibíd., párr. 104), así como la práctica referida de Pakistán (ibíd., párr. 101).
[12]Reino Unido, reservas y declaraciones realizadas cuando ratificó el Protocolo adicional I (1977) (ibíd., párr. 3); Estados Unidos, Air Force Pamphlet (ibíd., párr. 42).
[13]V. la práctica citada en ibíd., párrs. 129 a 153.
[14]Protocolo adicional I (1977), art. 56 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 1); Protocolo adicional II (1977), art. 15 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 5).