Norma 40. Respeto de los bienes culturales

Norma 40. Las partes en conflicto deben proteger los bienes culturales:A. Queda prohibido confiscar, destruir o dañar intencionadamente los establecimientos dedicados a fines religiosos o caritativos, a la enseñanza, las artes o las ciencias, así como los monumentos históricos y las obras artísticas o científicas.B. Queda prohibida cualquier forma de robo, pillaje o apropiación indebida de bienes que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, así como todo acto de vandalismo contra ellos.
Volumen II, capítulo 12, sección C.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
En el artículo 56 del reglamento de La Haya se prohíbe “toda ocupación, destrucción, deterioro intencional” de establecimientos dedicados a la religión, la beneficencia, la educación, las artes o las ciencias, así como los monumentos históricos y las obras artísticas o científicas.[1] La transgresión de esta disposición se incluyó entre las violaciones de las leyes y las costumbres de la guerra expresadas en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia para las que dicho Tribunal era competente.[2] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la destrucción de establecimientos dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, así como los monumentos históricos, además de toda destrucción o confiscación que no fuera imperativamente requerida por las necesidades del conflicto, constituyen crímenes de guerra tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.[3]
Muchos manuales militares incluyen esta disposición.[4] El hecho de confiscar, destruir o deteriorar intencionadamente bienes culturales está tipificado como delito en las legislaciones de numerosos países.[5] Después de la II Guerra Mundial, el Tribunal Militar Permanente francés de Metz, en el asunto de Lingenfelder en 1947, y el Tribunal Militar estadounidense de Nuremberg en el asunto Von Leeb (The High Command Trial) en 1948 y en el asunto Weizsaecker en 1949, condenaron a los acusados por haber confiscado y destruido bienes culturales.[6]
El robo, el pillaje, la apropiación indebida y los actos de vandalismo están prohibidos en el artículo 4 de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales. Se trata de una disposición aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.[7] Los principios fundamentales de proteger y preservar los bienes culturales enunciados en la Convención de La Haya se consideran ampliamente un reflejo del derecho internacional humanitario, según han declarado la Conferencia General de la UNESCO y los Estados que no son Partes en la Convención.[8] Su aplicación en virtud del derecho internacional consuetudinario a los conflictos armados no internacionales fue reconocida por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el asunto Tadic en 1995.[9] Además, otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales contienen esta norma.[10]
Muchos manuales militares establecen la obligación de respetar los bienes culturales.[11] La legislación de numerosos países tipifica como delito el hecho de no respetar los bienes culturales.[12] Varias declaraciones oficiales de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en la Convención de La Haya ratifican asimismo esta norma.[13] La prohibición del pillaje de bienes culturales es una aplicación específica de la prohibición general de pillaje (véase la norma 52).
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria. Los Estados han denunciado, en general, las transgresiones de esta norma.[14] Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han condenado también esos actos. En 1998, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la información recibida sobre la destrucción y el saqueo del patrimonio histórico y cultural de Afganistán, Estado que no es Parte en la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales, e instó a todas las partes afganas a proteger y salvaguardar ese patrimonio.[15] En 2001, hubo una condena general, en particular de la UNESCO, de la decisión del régimen talibán de destruir decenas de estatuas antiguas pertenecientes al Museo Nacional afgano y, posteriormente, destruir los Budas de Bamiyán.[16]
[1]Reglamento de La Haya (1907), art. 56 (ibíd., párrs. 355 y 356).
[2]Estatuto del TPIY (1993), art. 3, apdo. d) (ibíd., párr. 366).
[3]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso ix) (ibíd., párr. 19) y art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xiii) (citados en vol. II, cap. 16, párr. 55), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso iv) (citado en vol. II, cap. 12, párr. 19) y art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso xii) (citado en vol. II, cap. 16, párr. 56).
[4]V., v.g., los manuales militares de Alemania (citado en vol. II, cap. 12, párrs. 375 y 376), Argentina (ibíd., párr. 371), Australia (ibíd., párr. 372), Canadá (ibíd., párrs. 373 y 374), Estados Unidos (ibíd., párrs. 387 y 388), Italia (ibíd., párr. 378), Nigeria (ibíd., párrs. 382 y 383), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 381), Países Bajos (ibíd., párrs. 379 y 380), Reino Unido (ibíd., párr. 386) y Suecia (ibíd., párr. 384).
[5]V., v.g., la legislación de Bulgaria (ibíd., párr. 389), España (ibíd., párr. 402), Estonia (ibíd., párr. 392), Italia (ibíd., párr. 393), Luxemburgo (ibíd., párr. 395), Nicaragua (ibíd., párr. 397), Países Bajos (ibíd., párr. 396), Polonia (ibíd., párr. 399), Portugal (ibíd., párr. 400), Rumania (ibíd., párr. 401) y Suiza (ibíd., párr. 403); v. también los proyectos de ley de El Salvador (ibíd., párr. 391) y Nicaragua (ibíd., párr. 398).
[6]Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Von Leeb (The High Command Trial) case (ibíd., párr. 406) y Weizsaecker case (ibíd., párr. 407); Francia, Tribunal Militar Permanente de Metz, Lingenfelder case (ibíd., párr. 405).
[7]Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 4 (ibíd., párr. 357) y art. 19 (ibíd., párr. 358).
[8]V., v.g., Conferencia General de la UNESCO Res. 3.5 (ibíd., párr. 419); Estados Unidos, Annotated Supplement to the Naval Handbook (ibíd., párr. 388).
[9]TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (ibíd., párr. 428).
[10]V., v.g., Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 6.6 (ibíd., párr. 370).
[11]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 375 y 376), Argentina (ibíd., párr. 371), Australia (ibíd., párr. 372), Canadá (ibíd., párrs. 373 y 374), Estados Unidos (ibíd., párrs. 387 y 388), Israel (ibíd., párr. 377), Italia (ibíd., párr. 378), Nigeria (ibíd., párrs. 382 y 383), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 381), Países Bajos (ibíd., párrs. 379 y 380), Reino Unido (ibíd., párr. 386), Suecia (ibíd., párr. 384) y Suiza (ibíd., párr. 385).
[12]V., v.g., la legislación de Bulgaria (ibíd., párr. 389), China (ibíd., párr. 390), Estonia (ibíd., párr. 392), España (ibíd., párr. 402), Italia (ibíd., párr. 393), Lituania (ibíd., párr. 394), Luxemburgo (ibíd., párr. 395), Nicaragua (ibíd., párr. 397), Países Bajos (ibíd., párr. 396), Polonia (ibíd., párr. 399), Portugal (ibíd., párr. 400), Rumania (ibíd., párr. 401), Suiza (ibíd., párr. 403) y Ucrania (ibíd., párr. 404); v. también los proyectos de ley de El Salvador (ibíd., párr. 391) y Nicaragua (ibíd., párr. 398).
[13]V., v.g., las declaraciones de Azerbaiyán (ibíd., párr. 408), China (ibíd., párrs. 410 y 411) y Estados Unidos (ibíd., párr. 414).
[14]V., v.g., las declaraciones de Azerbaiyán (ibíd., párr. 408), China (ibíd., párrs. 410 y 411), Estados Unidos (ibíd., párr. 414) e Irán (ibíd., párr. 412).
[15]Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Res. 1998/70 (ibíd., párr. 418).
[16]V., v.g., UNESCO, Press Release n.° 2001-27 (ibíd., párr. 421) y Press Release n.° 2001-38 (ibíd., párr. 422).