Norma 4. Definición de fuerzas armadas

Norma 4. Las fuerzas armadas de una parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, agrupaciones y unidades armadas y organizadas que estén bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa parte.
Volumen II, capítulo 1, sección D.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos armados internacionales. A los efectos del principio de distinción, también podría aplicarse a las fuerzas armadas estatales en los conflictos armados no internacionales.[1]
Esta norma se enuncia en el párrafo 1 del artículo 43 del Protocolo adicional I.[2]
Muchos manuales militares puntualizan que las fuerzas armadas de una parte en conflicto están integradas por todos los grupos armados organizados que están bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa parte.[3] Corroboran esta definición diversas declaraciones oficiales y la práctica reseñada,[4] incluidas las de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[5]
Esta definición de fuerzas armadas cubre, en esencia, a todas las personas que combaten por una parte en conflicto y que se subordinan a un mando. En consecuencia, es combatiente cualquier persona que emprende actos hostiles, a las órdenes de un mando responsable, en un conflicto armado en nombre de una parte en ese conflicto. Las condiciones impuestas acerca de las fuerzas armadas se atribuyen al grupo como tal. Los miembros de tales fuerzas armadas son susceptibles de ser atacados.
Esta definición de fuerzas armadas se basa en anteriores definiciones contenidas en el Reglamento de La Haya y en el III Convenio de Ginebra, que trataban de determinar qué combatientes tenían derecho al estatuto de prisionero de guerra. El artículo 1 del Reglamento de La Haya dispone que: “Las leyes, los derechos y los deberes de la guerra no se refieren solamente al ejército sino también a las milicias y a los Cuerpos de voluntarios que reúnan las condiciones siguientes:
1. Tener a la cabeza una persona responsable por sus subalternos;2. Tener una señal como distintivo fijo y reconocible a distancia;3. Llevar las armas ostensiblemente;4. Sujetarse en sus operaciones a las leyes y costumbres de la guerra.”
Señala, además, que en los países donde las milicias o los cuerpos de voluntarios (las denominadas fuerzas “irregulares”) constituyen el ejército o forman parte de él, están comprendidos en la denominación de “ejército”.[6] Esta definición se usa asimismo en el artículo 4 del III Convenio de Ginebra, con la añadidura de los movimientos de resistencia organizados.[7] Así pues, estos dos instrumentos consideran que todos los miembros de fuerzas armadas son combatientes y exigen que las milicias y los cuerpos de voluntarios, incluidos los movimientos de resistencia organizados, cumplan las cuatro condiciones para que sus miembros puedan ser considerados combatientes con derecho al estatuto de prisionero de guerra. La idea subyacente en estas definiciones es que las fuerzas armadas regulares satisfacen esas cuatro condiciones per se, por lo cual no se mencionan explícitamente en este contexto. La definición contenida en el Protocolo adicional I no distingue entre las fuerzas armadas regulares y otras unidades o grupos armados, pero define todas las fuerzas, grupos y unidades armados que están bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante una parte en conflicto como fuerzas armadas de esta parte. Ambas definiciones expresan la misma idea, a saber, que todas las personas que luchan en nombre de una parte en un conflicto —que “pertenezcan a” una parte, según reza el artículo 4 del III Convenio de Ginebra— son combatientes. Las cuatro condiciones enunciadas en el Reglamento de La Haya y el III Convenio de Ginebra se han reducido a dos, siendo la principal diferencia la supresión de los requisitos de visibilidad en la definición de fuerzas armadas como tales. El requisito de visibilidad es pertinente por lo que atañe al derecho de un combatiente al estatuto de prisionero de guerra (véase la norma 106). Sin embargo, en el Protocolo adicional I se ha eliminado este requisito de la definición de fuerzas armadas (artículo 43) y se ha trasladado a la disposición que trata de los combatientes y del estatuto de prisionero de guerra (artículo 44).
Además, en el artículo 43 del Protocolo adicional I no se menciona el requisito de respetar las leyes y costumbres de la guerra, pero se incluye la condición de que las fuerzas armadas estén sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir el derecho internacional humanitario. Ahora bien, este cambio no altera sustancialmente la definición de fuerzas armadas que sirve para determinar qué combatientes tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra. El requisito de un régimen de disciplina interna completa las disposiciones referentes a la responsabilidad del mando (véanse las normas 152 y 153) y es un corolario de la obligación de dictar instrucciones conformes con el derecho internacional humanitario (véase el comentario de la norma 139).[8]
Los artículos 43 y 44 del Protocolo adicional I reafirman lo ya estipulado en el artículo 85 del III Convenio de Ginebra, a saber, que “los prisioneros de guerra acusados en virtud de la legislación de la potencia detenedora por actos cometidos antes de haber sido capturados disfrutarán, aunque sean condenados, de los beneficios del presente Convenio”, es decir, que conservan su estatuto. Estas disposiciones “descartan, pues, todo intento de denegar el estatuto de prisionero de guerra a los miembros de fuerzas armadas independientes o regulares alegando que esas fuerzas no hacen cumplir algunas disposiciones de derecho convencional o consuetudinario de los conflictos armados (según la interpretación de la potencia detenedora)”.[9] La pérdida del derecho al estatuto de prisionero de guerra sólo está justificada si una persona no hace lo necesario para distinguirse de la población civil (véase la norma 106) o si es capturada por trabajar como espía (véase la norma 107) o mercenario (véase la norma 108).
La definición contenida en el artículo 43 del Protocolo adicional I suele aplicarse ahora a todos los tipos de grupos armados pertenecientes a una parte en un conflicto armado, a fin de determinar si constituyen fuerzas armadas. Por consiguiente, ya no es necesario distinguir entre fuerzas armadas regulares e irregulares, pues se consideran fuerzas armadas todas las que cumplen las condiciones del artículo 43 del Protocolo adicional I.
Se hallaron prácticas especiales relacionadas con la integración de organismos paramilitares o cuerpos de seguridad del Estado, tales como fuerzas de Policía, Gendarmería y Guardia Civil, en las fuerzas armadas.[10] Ejemplos de tales organismos paramilitares incorporados a las fuerzas armadas de un Estado son la Fuerza Auxiliar Especial de Zimbabwe, adscrita al Congreso Nacional Africano Unificado del obispo Muzorewa, que fue incorporada al Ejército nacional cuando el obispo fue nombrado primer ministro, y las Fuerzas de Seguridad de Fronteras de Assam, en la India.[11] Entre los cuerpos armados de seguridad del Estado integrados en las fuerzas armadas cabe citar la Policía filipina y la Guardia Civil española.[12]
La incorporación de los organismos paramilitares o cuerpos armados de seguridad en las fuerzas armadas se hace habitualmente mediante un instrumento legislativo, como una ley parlamentaria, por ejemplo. A falta de una incorporación formal, se juzgará el estatuto de tales grupos basándose en los hechos y a la luz de los criterios que sirven para definir las fuerzas armadas. Si esas unidades participan en hostilidades y cumplen los criterios de fuerzas armadas, son consideradas combatientes. El Protocolo adicional I exige, además, que la parte en conflicto que realice tal incorporación la notifique a las otras partes en conflicto.[13] Cuando ratificaron el Protocolo adicional I, Bélgica y Francia efectuaron una notificación general al respecto a todos los Estados Partes.[14] El Relator del Grupo de Trabajo en la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales reconoció explícitamente este modo de cumplir el requisito de la notificación.[15] Tal notificación es importante, habida cuenta de la obligación general de distinguir entre combatientes y civiles (véase la norma 1), puesto que los miembros de las fuerzas armadas de cada lado han de saber quién es miembro de las fuerzas armadas y quién es una persona civil. El riesgo de confusión se debe sobre todo a que las fuerzas de Policía y Gendarmería llevan habitualmente armas y visten uniformes, aunque estos no sean, en principio, iguales que los de las fuerzas armadas. Si bien es cierto que la notificación no es un elemento constitutivo del estatuto de las unidades concernidas, sirve para evitar confusiones y refuerza así el respeto del principio de distinción.
[1]V. CDDH, Actas, Vol. X, CDDH/I/238/Rev. 1, pp. 95 y 96; v. también el Comentario del Protocolo II, op. cit. (nota 46), párr. 4462.
[2]Protocolo adicional I (1977), art. 43, párr. 1 (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 1, párr. 631).
[3] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 647), Argentina (ibíd., párr. 637), Australia (ibíd., párr. 638), Canadá (ibíd., párr. 642), Croacia (ibíd., párr. 644), España (ibíd., párr. 659), Hungría (ibíd., párr. 648), Italia (ibíd., párr. 651), Kenya (ibíd., párr. 652), Nigeria (ibíd., párr. 656), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 655), Países Bajos (ibíd., párr. 654), Reino Unido (ibíd., párr. 662), Rusia (ibíd., párr. 657) y Suecia (ibíd., párr. 660).
[4]V., v.g., la práctica de Alemania (ibíd., párr. 672), Bélgica (ibíd., párr. 670), Francia (ibíd., párr. 671), Irán (ibíd., párr. 673), Países Bajos (ibíd., párr. 676) y Siria (ibíd., párr. 677).
[5]V., v.g., la práctica de los Estados Unidos (ibíd., párr. 665), Francia (ibíd., párr. 671), Kenya (ibíd., párr. 652) y Reino Unido (ibíd. , párr. 662).
[6]Reglamento de La Haya (1907), art. 1 (ibíd., párr. 628).
[7] III Convenio de Ginebra (1949), art. 4 (ibíd., párr. 630).
[8]V. Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (Protocolo I), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, tomo I, 2001, párr. 1675.
[9]Michael. Bothe, Karl Josef Partsch y Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, Martinus Nijhoff, La Haya, 1982, p. 239.
[10]V., v.g., la práctica de Alemania (citada en vol. II, cap. 1, párr. 690), Argentina ( ibíd., párr. 688), Bélgica (ibíd., párr. 685), Canadá (ibíd., párr. 689), España (ibíd., párrs. 693 y 696), Filipinas (ibíd., párr. 695), Francia (ibíd., párr. 686), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 692) y Países Bajos (ibíd., párr. 691), así como la práctica referida de India (ibíd., párr. 698), República de Corea (ibíd., párr. 699), Siria (ibíd., párr. 700) y Zimbabwe (ibíd., párr. 697).
[11]Estos ejemplos se citan en el manual militar de Nueva Zelandia (ibíd., párr. 692).
[12]Filipinas, Decree on the Constitution of the Integrated National Police (ibíd., párr. 695); España, Código Penal Militar (ibíd., párr. 696).
[13]Protocolo adicional I (1977), art. 43, párr. 3 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 684).
[14]Bélgica, declaraciones interpretativas efectuadas cuando ratificó el Protocolo adicional I (ibíd., párr. 685); Francia, reservas y declaraciones realizadas cuando ratificó el Protocolo adicional I (ibíd., párr. 686).
[15]Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (Protocolo I), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, tomo I, 2001, párr. 1682.