Norma 38. Ataques contra los bienes culturales

Norma 38. Las partes en conflicto deben respetar los bienes culturales:A. En las operaciones militares se pondrá especial cuidado en no dañar los edificios dedicados a fines religiosos o caritativos, a la enseñanza, las artes o las ciencias, así como los monumentos históricos, a no ser que se trate de objetivos militares.B. No serán atacados los bienes que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, salvo en caso de necesidad militar imperiosa.
Volumen II, capítulo 12, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
En la medida en que los bienes culturales sean civiles, no pueden ser atacados (véase la norma 7). Sólo pueden ser atacados si cumplen la definición de objetivo militar (véase la norma 10). Por consiguiente, el Estatuto de la Corte Penal Internacional hace hincapié en que dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia o los monumentos históricos constituye un crimen de guerra tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales, “siempre que no sean objetivos militares”.[1]
Muchos manuales militares expresan la obligación de poner especial cuidado en no dañar los edificios dedicados a la religión, las artes, las ciencias, la educación o la beneficencia, así como los monumentos históricos, siempre y cuando no se utilicen con fines militares.[2] La legislación de muchos países reafirma asimismo dicha prohibición y tipifica como delito los ataques a esos bienes.[3] Los Estados, las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales han condenado los ataques contra esos bienes, por ejemplo, en relación con los conflictos de Afganistán, Corea, Irán e Irak, así como en Oriente Próximo y ex Yugoslavia.[4]
Aunque en cualquier ataque contra un objetivo militar deben tomarse todas las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, los daños incidentales a bienes de carácter civil (véase la norma 15), es necesario poner especial cuidado para evitar dañar algunos bienes civiles de sumo valor. Esta condición se reconoció ya en el Código de Lieber, la Declaración de Bruselas y el Manual de Oxford, y se codificó en el Reglamento de La Haya.[5] En el informe de la Comisión sobre la Responsabilidad establecida tras la I Guerra Mundial se expresaba que “la destrucción voluntaria de edificios y monumentos religiosos, benéficos, educativos e históricos” era una violación de las leyes y costumbres de la guerra sujeta a enjuiciamiento.[6]
Varias declaraciones oficiales han mencionado esta necesidad de poner especial cuidado.[7] El Plan de acción para los años 2000-2003, aprobado por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 1999, exhortaba a todas las partes en un conflicto armado a proteger los bienes culturales y los lugares de culto, además de respetar la prohibición total de atacar tales bienes.[8]
Por lo que respecta a los bienes de “gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos”, la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales ha querido reforzar su protección recomendando que se marquen esos bienes con un escudo blanquiazul[9] y limitando a la vez la legitimidad de los ataques a situaciones realmente excepcionales en que puede aducirse una excepción basada en una “necesidad militar imperativa”.[10]
Cuando se redactó el presente estudio, la Convención de La Haya había sido ratificada por 114 Estados. Los principios fundamentales de protección y conservación de los bienes culturales enunciados en la Convención se consideran ampliamente como un reflejo del derecho internacional consuetudinario, como lo han declarado la Conferencia General de la UNESCO y los Estados que no son Partes en la Convención.[11] La aplicación de la Convención de La Haya en virtud del derecho internacional consuetudinario a los conflictos armados no internacionales fue reconocida por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el asunto Tadic en 1995.[12]
En muchos manuales militares se especifica la obligación de respetar y proteger los bienes de gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos,[13] incluidos manuales de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en la Convención de La Haya.[14] La legislación de muchos Estados tipifica como delito los ataques a bienes de gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos.[15]
El Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales, aprobado por consenso in 1999, actualiza la Convención de La Haya a la luz de la evolución del derecho internacional humanitario desde 1954. A este respecto, es significativo que en ese Protocolo se haya mantenido la noción de derogación en caso de necesidad militar imperiosa, como solicitaron muchos Estados en las reuniones preparatorias, aunque procurando aclarar su sentido. Se establece que sólo puede invocarse una derogación fundada en una necesidad militar imperiosa cuando, y durante todo el tiempo en que: 1) ese bien cultural, por su función, haya sido transformado en un objetivo militar; y 2) no exista otra alternativa prácticamente posible para obtener una ventaja militar equivalente a la que ofrece el hecho de dirigir un acto de hostilidad contra ese objetivo.[16] Además, en el Segundo Protocolo se exige que la existencia de esa necesidad se establezca a un determinado nivel de mando y que, en caso de ataque, se dé un aviso con la debida antelación y por medios eficaces, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.[17] Durante la negociación del Segundo Protocolo, esta interpretación de excepción en caso de necesidad militar imperiosa no planteó controversia alguna.
No debe confundirse esta norma con la prohibición de atacar bienes culturales expresada en el párrafo 1 del artículo 53 del Protocolo adicional I y el artículo 16 del Protocolo adicional II, que no prevén una excepción en caso de necesidad militar imperiosa.[18] Como subrayaron las numerosas declaraciones realizadas en la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales, la finalidad de estos artículos era cubrir solamente un número limitado de bienes culturales de suma importancia, concretamente los que forman parte del patrimonio cultural o espiritual de los “pueblos” (es decir, de la humanidad) mientras que el ámbito de aplicación de la Convención de La Haya es más amplio y abarca los bienes que forman parte del patrimonio cultural de “cada pueblo”.[19] Los bienes abarcados por los Protocolos adicionales deben ser de importancia tal que sean reconocidos por todos, incluso si no están marcados. En la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales, varios Estados indicaron que, no obstante la ausencia de una derogación en el texto, esos bienes culturales de gran importancia podrían ser atacados si se utilizasen, ilegalmente, con fines militares.[20]
[1]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso ix) y apdo. e), inciso iv) (citado en vol. II, cap. 12, párr. 19).
[2] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 62), Argentina (ibíd., párr. 40), Australia (ibíd., párrs. 41 y 42), Bélgica (ibíd., párrs. 43 y 44), Burkina Faso (ibíd., párr. 47), Camerún (ibíd., párr. 49), Congo (ibíd., párr. 53), Ecuador (ibíd., párr. 57), Estados Unidos (ibíd., párrs. 95 a 102), Francia (ibíd., párr. 58), Indonesia (ibíd., párr. 65), Israel (ibíd., párr. 67), Malí (ibíd., párr. 74), Marruecos (ibíd., párr. 75), Nigeria (ibíd., párr. 81), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 79), Reino Unido (ibíd., párrs. 93 y 94), República de Corea (ibíd., párr. 71), República Dominicana (ibíd., párr. 56), Rusia (ibíd., párr. 84), Senegal (ibíd., párr. 85) y Suecia (ibíd., párr. 88).
[3] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 132), Argentina ( ibíd. , párr. 105), Australia ( ibíd., párr. 109), Azerbaiyán (ibíd., párr. 110), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 113), Bulgaria (ibíd., párr. 114), Canadá (ibíd., párr. 117), Chile (ibíd., párr. 118), China (ibíd., párr. 119), Colombia (ibíd., párr. 120), Congo (ibíd., párr. 122), Croacia (ibíd., párr. 124), Eslovenia (ibíd., párr. 158), España (ibíd., párr. 160), Estados Unidos (ibíd., párr. 168), Estonia (ibíd., párr. 130), Italia (ibíd., párr. 135), Kirguistán (ibíd., párr. 138), Malí (ibíd., párr. 142), México (ibíd., párr. 143), Nicaragua (ibíd., párr. 148), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 147), Países Bajos (ibíd., párrs. 144 y 145), Paraguay (ibíd., párr. 152), Perú (ibíd., párr. 153), Polonia (ibíd., párr. 154), Reino Unido (ibíd., párr. 167), República Dominicana (ibíd., párr. 128), Rumania (ibíd., párr. 155), Rusia (ibíd., párr. 156), Uruguay (ibíd., párr. 169), Venezuela (ibíd., párr. 170) y Yugoslavia (ibíd., párr. 171); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 115) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 165).
[4] V., v.g., la práctica de Alemania (ibíd., párr. 194), Cabo Verde (ibíd., párr. 181), China (ibíd., párr. 183), Croacia (ibíd., párr. 185), Emiratos Árabes Unidos (ibíd., párr. 219), Francia (ibíd., párr. 192), Irán (ibíd., párr. 202), Pakistán (ibíd., párr. 215) y Yugoslavia (ibíd., párrs. 237 a 239); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1265 (ibíd., párr. 244); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 47/147, 49/196 y 50/193 (ibíd., párr. 245); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1984/1, 1985/1, 1986/1, 1987/2, 1988/1, 1989/2 y 1986/43 (ibíd., párr. 247), Res. 1994/72 (ibíd., párr. 248) y Res. 1998/70 (ibíd., párr. 249); UNESCO, Conferencia General, Res. 4.8 ( ibíd., párr. 251); OCI, Grupo de Contacto sobre Jammu y Cachemira (ibíd., párr. 260) y Res. 1/5-EX (ibíd., párr. 261); Conferencia Islámica en la Cumbre, IX período de sesiones, Res. 25/8-C (IS) (ibíd., párr. 266).
[5] Código de Lieber (1863), art. 35 (ibíd., párr. 25); Declaración de Bruselas (1874), art. 17 (ibíd., párr. 26); Manual de Oxford (1880), art. 34 (ibíd., párr. 27); Reglamento de La Haya (1907), art. 27 (ibíd., párrs. 1 y 2).
[6] Report of the Commission on Responsibility (ibíd., párr. 28).
[7] V., v.g., las declaraciones de Austria (ibíd., párr. 178), Egipto (ibíd., párr. 186), Estados Unidos (ibíd., párrs. 226 y 231 a 233), Francia (ibíd., párr. 189), Israel (ibíd., párr. 205), Reino Unido (ibíd., párrs. 220 y 222 a 225) y Yugoslavia (ibíd., párr. 236).
[8] XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Plan de acción para los años 2000-2003 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 265).
[9] Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), arts. 6 y 16.
[10] Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 4, párr. 2 (citado en vol. II, cap. 12, párr. 7).
[11] UNESCO, Conferencia General, Res. 3.5 (ibíd., párr. 250); Estados Unidos, Annotated Supplement to the US Naval Handbook (ibíd., párr. 103).
[12] TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (ibíd., párr. 268).
[13] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 62 y 63), Argentina (ibíd., párr. 40), Australia (ibíd., párrs. 41 y 42), Benin (ibíd., párr. 45), Canadá (ibíd., párrs. 50 y 51), Colombia (ibíd., párr. 52), Croacia (ibíd., párrs. 54 y 55), España (ibíd., párr. 87), Estados Unidos (ibíd., párr. 103), Filipinas (ibíd., párrs. 82 y 83), Francia (ibíd., párrs. 59 a 61), Hungría (ibíd., párr. 64), Israel (ibíd., párr. 67), Italia (ibíd., párrs. 68 y 69), Kenya (ibíd., párr. 70), Madagascar (ibíd., párr. 73), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 79), Países Bajos (ibíd., párrs. 76 y 77), República de Corea (ibíd., párr. 72), Rusia (ibíd., párr. 84), Sudáfrica (ibíd., párr. 86), Suecia (ibíd., párr. 89), Suiza (ibíd., párrs. 90 y 91) y Togo (ibíd., párr. 92), así como la práctica referida de Israel (ibíd., párr. 66).
[14] V., v.g., los manuales militares de Benin (ibíd., párr. 45), Colombia (ibíd., párr. 52), Croacia (ibíd., párr. 55), Estados Unidos (ibíd., párr. 103), Filipinas (ibíd., párrs. 82 y 83), Kenya (ibíd., párr. 70), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 79), Reino Unido (ibíd., párrs. 93 y 94), República de Corea (ibíd., párr. 72) y Togo (ibíd., párr. 92).
[15] V., v.g., la legislación de Armenia (ibíd., párr. 107), Australia (ibíd., párr. 108), Belarús (ibíd., párr. 111), Bélgica (ibíd., párr. 112), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 113), Canadá (ibíd., párr. 116), Chipre (ibíd., párr. 126), Colombia (ibíd., párr. 121), Croacia (ibíd., párr. 124), Cuba (ibíd., párr. 125), Eslovaquia (ibíd., párr. 157), Eslovenia ( ibíd. , párr. 158), España ( ibíd. , párrs. 159 y 160), Georgia ( ibíd. , párr. 131), Hungría (ibíd., párr. 133), Irlanda (ibíd., párr. 134), Islas Cook (ibíd., párr. 123), Letonia (ibíd., párr. 139), Lituania (ibíd., párr. 141), Níger (ibíd., párr. 150), Noruega (ibíd., párr. 151), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 146), Países Bajos (ibíd., párr. 145), Polonia (ibíd., párr. 154), Reino Unido (ibíd., párr. 166), República Checa (ibíd., párr. 127), Rumania (ibíd., párr. 155), Rusia (ibíd., párr. 156), Suecia (ibíd., párr. 161), Suiza (ibíd., párr. 162), Tayikistán (ibíd., párr. 164), Yugoslavia (ibíd., párr. 171) y Zimbabwe (ibíd., párr. 172); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 106), El Salvador (ibíd., párr. 129), Jordania (ibíd., párr. 137), Líbano (ibíd., párr. 140) y Nicaragua (ibíd., párr. 149).
[16] Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 6, apdo. a) (ibíd., párr. 21).
[17] Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 6 apdos. c) y d) (ibíd., párr. 21).
[18] Protocolo adicional I (1977), art. 53, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 10); Protocolo adicional II (1977), art. 16 (aprobado por 35 votos a favor, 15 en contra y 32 abstenciones) (ibíd., párr. 18)
[19]V., v.g., las declaraciones de Australia (ibíd., párr. 175), Canadá (ibíd., párr. 180), Estados Unidos (ibíd., párr. 227), Países Bajos (ibíd., párrs. 210 y 211), Reino Unido (ibíd., párr. 220) y República Federal de Alemania (ibíd., párr. 193).
[20]V., v.g., las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párr. 227), Reino Unido (ibíd., párr. 220), República Federal de Alemania (ibíd., párr. 193) y Países Bajos (ibíd., párr. 210).