Norma 34. Periodistas 

Norma 34. Los periodistas civiles que realicen misiones profesionales en zonas de conflicto armado serán respetados y protegidos, siempre que no participen directamente en las hostilidades.
Volumen II, capítulo 10.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La protección de los periodistas civiles se establece en el artículo 79 del Protocolo adicional I, al que no se ha hecho ninguna reserva.[1]
Esta norma aparece en numerosos manuales militares;[2] diversas declaraciones oficiales y la práctica reseñada la ratifican.[3] La práctica incluye la de Estados que no son Partes en el Protocolo adicional I.[4]
Aunque el Protocolo adicional II no contiene ninguna disposición específica sobre los periodistas civiles, su inmunidad frente a los ataques se basa en la prohibición de atacar a personas civiles salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación (véase la norma 6). Esta conclusión se sustenta en la práctica, incluso antes de la aprobación de los Protocolos adicionales. Brasil, en 1971, y la República Federal de Alemania, en 1973, declararon ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que los periodistas estaban protegidos en tanto que personas civiles en virtud del principio de distinción.[5] La Comisión de la Verdad para El Salvador, creada por las Naciones Unidas, consideró el asesinato de cuatro periodistas holandeses, acompañados por miembros del FMLN, que cayeron en una emboscada de una patrulla de fuerzas armadas salvadoreñas, como una violación del derecho internacional humanitario, “que dispone que los civiles no serán objeto de ataque”.[6] En 1996, el Comité de Ministros del Consejo de Europa reafirmó la importancia del artículo 79 del Protocolo adicional I, “que establece que los periodistas serán considerados personas civiles y serán protegidos como tales”. Consideró que “esta obligación se aplica asimismo con respecto a los conflictos armados no internacionales”.[7]
La obligación de respetar y proteger a los periodistas civiles se incluye en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[8] Aparece en los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales[9] y la corroboran diversas declaraciones oficiales y la práctica reseñada.[10]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han condenado, en general, los ataques deliberados contra periodistas, independientemente de si el conflicto era internacional o no internacional. La mayoría de esas condenas se referían a conflictos armados no internacionales como los de Afganistán, Burundi, Chechenia, Kosovo y Somalia.[11]
Análogamente a otras personas civiles, los periodistas pierden su protección contra ataques cuando participan directamente en las hostilidades y mientras dure esa participación (véase la norma 6). Este principio se reconoce también en el párrafo 2 del artículo 79 del Protocolo adicional I, que otorga protección a los periodistas civiles “a condición de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto”.[12] Ello implica, asimismo, que los periodistas, al igual que cualquier otra persona que entra en un país extranjero, deben respetar las leyes de ese país por lo que atañe al acceso a su territorio. Los periodistas pueden perder el derecho a residir y trabajar en un país extranjero si entran en él de manera ilegal. Dicho de otro modo, la protección otorgada a los periodistas en virtud del derecho internacional humanitario no modifica, en modo alguno, las normas aplicables respecto del acceso al territorio.
No debe confundirse a los periodistas civiles con los “corresponsales de guerra”. Estos últimos son periodistas que acompañan a las fuerzas armadas de un Estado sin pertenecer a ellas. Por esa razón, son civiles y no pueden ser objeto de ataque (véase la norma 1).[13] Sin embargo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4, letra A, párrafo 4 del III Convenio de Ginebra, los corresponsales de guerra tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra si son capturados.[14]
Además de la prohibición de atacar a los periodistas, la práctica indica, en algunos casos, que los periodistas que ejercen su actividad profesional en relación con un conflicto armado están protegidos.
En 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a todas las partes en el conflicto de Afganistán a “velar por la seguridad” de los representantes de los medios de comunicación.[15] Otros ejemplos de la práctica condenan diversas medidas adoptadas para disuadir a los periodistas de realizar sus actividades profesionales. En 1998, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a las partes en el conflicto de Kosovo a abstenerse de acosar e intimidar a los periodistas.[16] En 1995, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deploró los ataques, los actos de represalia, los secuestros y otros actos de violencia contra representantes de los medios de comunicación internacionales en Somalia.[17] Otros actos que han sido condenados son: la violencia policial, la amenaza de enjuiciamiento y las campañas de difamación, así como la violencia física;[18] la amenaza de tratar a los medios de comunicación como enemigos al servicio de las potencias extranjeras y la denegación de un acceso pleno y sin obstáculos;[19] los atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y los crímenes contra periodistas;[20] los asesinatos, las agresiones y las desapariciones;[21] los ataques, los asesinatos, las detenciones injustificadas y la intimidación;[22] así como el acoso, la injerencia, la detención y el asesinato.[23]
Cabe destacar que, en tanto que civiles, los periodistas tienen derecho a las libertades fundamentales establecidas en el capítulo 32. Si se les acusa de espionaje, por ejemplo, no pueden ser sometidos a detención arbitraria (véase la norma 99) y debe garantizárseles un juicio justo (véase la norma 100).
[1]Protocolo adicional I (1977), art. 79 (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 10, párr. 1).
[2]V., v.g., los manuales militares de Alemania ( ibíd. , párr. 10), Argentina ( ibíd. , párr. 4), Australia ( ibíd. , párr. 5), Benin (ibíd., párr. 6), Camerún (ibíd., párr. 7), Canadá (ibíd., párr. 8), España (ibíd., párr. 16), Francia (ibíd., párr. 9), Israel (ibíd., párr. 11), Madagascar (ibíd., párr. 12), Nigeria (ibíd., párr. 15), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 14), Países Bajos (ibíd., párr. 13) y Togo (ibíd., párr. 17).
[3]V. las declaraciones de Brasil (ibíd., párr. 22), Estados Unidos (ibíd., párrs. 28 y 29) y la República Federal de Alemania (ibíd., párr. 23), así como la práctica referida de Jordania (ibíd., párr. 24), Nigeria (ibíd., párr. 26), República de Corea (ibíd., párr. 25) y Rwanda (ibíd., párr. 27).
[4]V., v.g., la práctica de Estados Unidos (ibíd., párrs. 28 y 29) e Israel (ibíd., párr. 11).
[5]V. las declaraciones de Brasil (ibíd., párr. 22) y la República Federal de Alemania (ibíd., párr. 23).
[6]Naciones Unidas, Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador (ibíd., párr. 41).
[7]Consejo de Europa, Comité de Ministros, Rec. R (96) 4 (ibíd., párr. 42).
[8]V., v.g., Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 4 (ibíd., párr. 2); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.3 (ibíd., párr. 3).
[9]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 10), Benin (ibíd., párr. 6), Madagascar (ibíd., párr. 12), Nigeria (ibíd., párr. 15) y Togo (ibíd., párr. 17).
[10]V., v.g., las declaraciones de Brasil (ibíd., párr. 22), Estados Unidos (ibíd., párrs. 28 y 29), Nigeria (ibíd., párr. 26) y República Federal de Alemania (ibíd., párr. 23), así como la práctica referida de Jordania (ibíd., párr. 24), República de Corea (ibíd., párr. 25) y Rwanda (ibíd., párr. 27).
[11]V., v.g., Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2673 (XXV), 2854 (XXVI), 3058 (XXVIII) y 3500 (XXX) ( ibíd., párr. 32), Res. 51/108 (ibíd., párr. 33) y Res. 53/164 (ibíd., párr. 34); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1995/56 (ibíd., párr. 36) y Res. 1996/1 (ibíd., párr. 37); Parlamento Europeo, Resolución sobre la situación en Kosovo (ibíd., párr. 45) y Resolución sobre las violaciones de los derechos humanos en Chechenia (ibíd., párr. 46).
[12]Protocolo adicional I (1977), art. 79, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 1).
[13]V., v.g., Protocolo adicional I (1977), art. 50, párr. 1 (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 1, párr. 705).
[14]III Convenio de Ginebra (1949), art. 4, letra A, párrafo 4) (“las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar realmente parte integrante de ellas, tales como [...] corresponsales de guerra [...] a condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a las cuales acompañan, teniendo éstas la obligación de proporcionarles, con tal finalidad, una tarjeta de identidad similar al modelo adjunto” tienen derecho al estatuto de guerra si son capturadas).
[15]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 51/108 (citada en vol. II, cap. 10, párr. 33).
[16]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 53/164 (ibíd., párr. 34).
[17]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1995/56 (ibíd., párr. 36).
[18]Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, Rec. 1368 (ibíd., párr. 43) y Declaración escrita n.° 284 (ibíd., párr. 44).
[19]Parlamento Europeo, Resolución sobre la situación en Kosovo (ibíd., párr. 45) y Resolución sobre la violación de los derechos humanos y del derecho humanitario en Chechenia (ibíd., párr. 46).
[20]Asamblea General de la OEA, Res. 1550 (XXVIII-O/98) (ibíd., párr. 47).
[21]Unión Interparlamentaria, Resolución sobre el respeto al derecho humanitario internacional y el apoyo a la acción humanitaria en los conflictos armados, adoptada por la 90a Conferencia Interparlamentaria (ibíd., párr. 49).
[22]Comité para la Protección de los Periodistas, Attacks on the Press 2000 (ibíd., párr. 59).
[23]Federación Internacional de Periodistas, XXII Congreso Mundial, Resolución sobre Angola (ibíd., párr. 53).