Norma 33. Personal y bienes de las misiones de mantenimiento de la paz 

Norma 33. Queda prohibido lanzar un ataque contra el personal y los bienes de las misiones de mantenimiento de la paz que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección que el derecho internacional humanitario otorga a las personas civiles y los bienes de carácter civil.
Volumen II, capítulo 9.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La práctica de los Estados trata a las fuerzas de mantenimiento de la paz, integradas normalmente por soldados profesionales, como civiles, porque no son miembros de una parte en conflicto y deben tener derecho a la misma protección contra los ataques que las personas civiles, siempre que no participen directamente en las hostilidades (véanse las normas 1 y 6). En tanto que civiles, las fuerzas de mantenimiento de la paz tienen derecho a las garantías fundamentales establecidas en el capítulo 32. Del mismo modo, los bienes utilizados en las operaciones de mantenimiento de la paz se consideran bienes de carácter civil, protegidos contra ataques (véase la norma 7).
Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, dirigir intencionalmente ataques contra personal y bienes que participan en una misión de mantenimiento de la paz de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas constituye un crimen de guerra tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a las personas y los bienes de carácter civil con arreglo al derecho internacional humanitario.[2] El Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona incluye también esta norma.[3]
Algunos manuales militares contienen esta norma.[4] La legislación de muchos Estados tipifica como delito los ataques a personas y bienes participantes en una misión de mantenimiento de la paz.[5]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria. Diversos Estados han condenado, en general, los ataques contra el personal y los bienes de mantenimiento de la paz.[6] También los han condenado las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.[7] Algunas de esas condenas califican los actos de criminales.[8] Además de los ataques directos, las Naciones Unidas han condenado otros actos perpetrados contra personal de mantenimiento de la paz que no son ataques propiamente dichos, como el acoso, las agresiones, la intimidación, la violencia, la detención y los malos tratos, y han pedido a las partes en conflicto que garanticen su seguridad y su libertad de circulación.[9]
En el asunto Karadzic y Mladic sometido al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, uno de los cargos de acusación fue la participación en “la toma de personas civiles, concretamente de personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, como rehenes”.[10]
Esta norma se aplica exclusivamente a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas o de una organización regional, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a las personas civiles; por lo tanto, excluye a las fuerzas que intervienen en operaciones de imposición de la paz, a las que se considera como fuerzas combatientes bligadas a respetar el derecho internacional humanitario.[11]
[2] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso iii) y apdo. e), inciso iii) (citado en vol. II, cap. 9, párr. 4).
[3] Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 4, apdo. b) (ibíd., párr. 5).
[4] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 11), Camerún (ibíd., párr. 10), España (ibíd., párr. 14) y Nueva Zelandia (ibíd., párr. 12).
[5] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 21), Australia (ibíd., párr. 15), Azerbaiyán (ibíd., párr. 16), Canadá (ibíd., párr. 18), Congo (ibíd., párr. 19), Georgia (ibíd., párr. 20), Malí (ibíd., párr. 22), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 24 y 25), Países Bajos (ibíd., párr. 23) y Reino Unido (ibíd., párrs. 27 y 28); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 17) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 26).
[6] V., v.g., la práctica de Alemania (ibíd., párr. 34), Australia (ibíd., párr. 31), Estados Unidos (ibíd., párrs. 41 y 42), Finlandia (ibíd., párr. 33), Liberia (ibíd., párr. 35), Reino Unido (ibíd., párrs. 39 y 40), Rusia (ibíd., párr. 37) y Ucrania (ibíd., párr. 38).
[7] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 757 (ibíd., párr. 46), Res. 788 (ibíd., párr. 47), Res. 794 (ibíd., párr. 48), Res. 802 (ibíd., párr. 49), Res. 804 (ibíd., párr. 50), Res. 897, 923 y 954 (ibíd., párr. 55), Res. 912 (ibíd., párr. 56), Res. 946 (ibíd., párr. 60), Res. 987 (ibíd., párr. 62), Res. 994 (ibíd., párr. 64), Res. 1004 (ibíd., párr. 66), Res. 1009 (ibíd., párr. 67), Res. 1041 (ibíd., párr. 70), Res. 1059, 1071 y 1083 (ibíd., párr. 71), Res. 1099 (ibíd., párr. 73), Res. 1118 (ibíd., párr. 74), Res. 1157 (ibíd., párr. 75), Res. 1164 (ibíd., párr. 76), Res. 1173 y 1180 (ibíd., párr. 77) y Res. 1187 (ibíd., párr. 78); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 47/121 (ibíd., párr. 98), Res. 49/196 (ibíd., párr. 99) y Res. 50/193 (ibíd., párr. 100); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1993/7 (ibíd., párr. 101), Res. 1994/60 (ibíd., párr. 102), Res. 1994/72 (ibíd., párr. 103) y Res. 1995/89 (ibíd., párr. 104); CEDEAO, First Summit Meeting of the Committee of Nine on the Liberian Crisis, Final Communiqué (ibíd., párr. 118); UE, declaración ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 119); OCI, Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores, Res. 1/6-EX (ibíd., párr. 120) y declaración ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 121); Unión Interparlamentaria, Resolución sobre el apoyo a las recientes iniciativas internacionales adoptadas para detener la violencia y poner fin a las violaciones de los derechos humanos en Bosnia y Herzegovina, adoptada por la 88a Conferencia Interparlamentaria (ibíd., párr. 122).
[8] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 587 (ibíd., párr. 45), Res. 837 (ibíd., párr. 52), Res. 865 (ibíd., párr. 53) y Res. 1099 (ibíd., párr. 73).
[9] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 467 (ibíd., párr. 44), Res. 788 y 813 (ibíd., párr. 47), Res. 804 (ibíd., párr. 50), Res. 819 (ibíd., párr. 51), Res. 868 (ibíd., párr. 54), Res. 897, 923 y 954 (ibíd., párr. 55), Res. 913 (ibíd., párr. 57), Res. 918 y 925 (ibíd., párr. 58), Res. 940 (ibíd., párr. 59), Res. 946 (ibíd., párr. 60), Res. 950 (ibíd., párr. 61), Res. 987 (ibíd., párr. 62), Res. 993 y 1036 (ibíd., párr. 63), Res. 994 (ibíd., párr. 64), Res. 998 (ibíd., párr. 65), Res. 1004 (ibíd., párr. 66), Res. 1009 (ibíd., párr. 67), Res. 1031 (ibíd., párr. 69), Res. 1099 (ibíd., párr. 73), Res. 1157 (ibíd., párr. 75), Res. 1173 y 1180 (ibíd., párr. 77), Res. 1206 (ibíd., párr. 79) y Res. 1313 (ibíd., párr. 80); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1994/72 (ibíd., párr. 103), Res. 1995/89 (ibíd., párr. 104) y Res. 1995/91 (ibíd., párr. 105).
[10] TPIY, Karadzic and Mladic case, primer auto de procesamiento (ibíd., párr. 125).
[11] V., v.g., Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, párr. 1 (ibíd., párr. 8).