Norma 32. Bienes de socorro humanitario 

Norma 32. Los bienes utilizados para las acciones de socorro humanitario serán respetados y protegidos.
Volumen II, capítulo 8, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. Esta norma es un corolario de la prohibición de hacer padecer hambre (véase la norma 53), que es aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales, porque la seguridad de los bienes de socorro humanitario es una condición indispensable para la prestación de socorro humanitario a las poblaciones civiles necesitadas que están expuestas a la amenaza de morir de hambre. En ese sentido, esta norma es también un corolario de la prohibición de impedir deliberadamente la prestación de socorro humanitario (véase el comentario de la norma 55), porque los ataques contra los bienes de socorro, su destrucción o su saqueo equivalen intrínsecamente a impedir el socorro humanitario.
El IV Convenio de Ginebra exige que todos los Estados garanticen la protección de los suministros de socorro destinados a territorios ocupados.[1] Esta norma se establece actualmente de forma más general en el Protocolo adicional I.[2] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, dirigir intencionalmente ataques contra instalaciones, material, unidades o vehículos que participen en una misión de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales, siempre que esos bienes tengan derecho a la protección otorgada a los bienes de carácter civil con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados.[3]
La legislación de numerosos países prevé, asimismo, la protección de los bienes utilizados para las acciones de socorro humanitario, tipificando como delito los ataques a esos bienes.[4] Diversas declaraciones oficiales y la práctica reseñada ratifican también esta norma.[5] La práctica comprende la de Estados que no son Partes en el Protocolo adicional I.[6] Además, algunos Estados Partes en el Protocolo adicional I la han invocado contra otros Estados que no son Partes.[7]
La norma se menciona, asimismo, en resoluciones de organizaciones internacionales que, no obstante, versan en su mayoría sobre conflictos armados no internacionales (véase más abajo).
Aunque el párrafo 2 del artículo 18 del Protocolo adicional II exige que se lleven a cabo acciones de socorro en favor de la población civil que las necesite, el Protocolo no contiene ninguna disposición específica acerca de la protección de los bienes utilizados en las acciones de socorro humanitario.[8] Sin embargo, esta norma es indispensable para que esas acciones en favor de la población civil sean eficaces. Según los estatutos de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Especial para Sierra Leona, dirigir ataques intencionalmente contra instalaciones, material, unidades o vehículos integrantes de misiones de asistencia humanitaria de conformidad con la carta de las Naciones Unidas constituye un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales, siempre que tales bienes tengan derecho a la protección otorgada a los bienes de carácter civil con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados.[9] Esta norma se incluye, además, en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados.[10]
Varias declaraciones oficiales realizadas en el contexto de conflictos armados no internacionales y la práctica reseñada de los Estados corroboran esta protección de los bienes empleados en acciones de socorro humanitario.[11]
Numerosas resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales hacen alusión a esta norma. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, se ha referido a esta norma en relación con los conflictos de Angola, Liberia y Rwanda.[12]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Los Estados han condenado en general las presuntas transgresiones de esta norma, independientemente de la naturaleza del conflicto armado.[13] Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han condenado, asimismo, esas transgresiones[14]. El CICR ha pedido a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, que respeten esta norma.[15]
Los bienes utilizados en las acciones de socorro humanitario son, en principio, civiles y, como tales, gozan de protección contra los ataques (véase la norma 7). La práctica de los Estados indica que, además de los ataques contra los bienes de socorro humanitario, se prohíbe la destrucción, la apropiación indebida y el saqueo de dichos bienes.[16] Se trata de una aplicación de las normas generales relativas a la destrucción y confiscación de bienes (véase el capítulo 16). Existen algunos ejemplos en la práctica de los Estados que indican que las partes en conflicto deben garantizar la seguridad de los bienes de socorro humanitario. En 1996, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió a todas las partes en el conflicto de Angola que garantizasen la seguridad de los suministros humanitarios en todo el país.[17]
[1]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 59.
[2]Protocolo adicional I (1977), art. 70, párr. 4 (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 8, párr. 282).
[3] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso iii) (ibíd., párr. 285).
[4] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 305), Australia (ibíd., párrs. 294 y 295), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 296), Canadá (ibíd., párr. 298), China (ibíd., párr. 299), Colombia (ibíd., párr. 300), Congo (ibíd., párr. 301), Croacia (ibíd., párr. 302), Eslovenia (ibíd., párr. 312), Etiopía (ibíd., párr. 304), Irlanda (ibíd., párr. 306), Noruega (ibíd., párr. 310), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 309), Países Bajos (ibíd., párrs. 307 y 308), Portugal (ibíd., párr. 311), Reino Unido (ibíd., párr. 314) y Yugoslavia (ibíd., párr. 315); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 297), El Salvador (ibíd., párr. 303) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 313).
[5] V., v.g., el manual militar de Kenya (ibíd., párr. 292), las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 321), Bosnia y Herzegovina, República Srpska (ibíd., párr. 317) y Estados Unidos (ibíd., párr. 326), así como la práctica referida de Brasil (ibíd., párr. 318), Nigeria (ibíd., párr. 324) y Reino Unido (ibíd., párr. 325).
[6] V., v.g., el manual militar de Kenya (ibíd., párr. 292), la declaración de Estados Unidos (ibíd., párr. 326) y la práctica referida del Reino Unido (ibíd., párr. 325).
[7] V., v.g., la declaración de Alemania respecto de Sudán (ibíd., párr. 321).
[8] Protocolo adicional II (1977), art. 18, párr. 2 (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 17, párr. 680).
[9] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso iii) (citado en vol. II, cap. 8, párrs. 142 y 285); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 4, apdo. b) (ibíd., párrs. 143 y 286).
[10]V., v.g., Acuerdo de Bahir Dar, párr. 2 (ibíd., párr. 288); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 9.9 (ibíd., párr. 290); Reglamento n°. 2000/15 de la UNTAET, sección 6, párr. 1, apdo. b), inciso iii) y apdo. e), inciso iii) (ibíd., párr. 291).
[11]V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 321) y Estados Unidos (ibíd., párr. 326), así como la práctica referida de Nigeria (ibíd., párr. 324) y Reino Unido (ibíd., párr. 325).
[12]V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 918 (ibíd., párr. 329), Res. 925 (ibíd., párr. 329), Res. 950 (ibíd., párr. 330), Res. 1075 (ibíd., párr. 332) y Res. 1087 (ibíd., párr. 332).
[13]V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 321) y Estados Unidos (ibíd., párr. 326).
[14]V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1059 (ibíd., párr. 331), Res. 1071 (ibíd., párr. 331), Res. 1083 (ibíd., párr. 333) y Res. 1265 (ibíd., párr. 334); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 336 a 340); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 51/30 B (ibíd., párr. 341) y Res. 54/192 (ibíd., párr. 343); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1995/77 (ibíd., párr. 345).
[15]V., v.g., la práctica del CICR (ibíd., párrs. 354 y 356 a 358).
[16]V., v.g., la práctica de Australia (ibíd., párr. 294), Etiopía (ibíd., párr. 304) y Países Bajos (ibíd., párr. 307); v. también los proyectos de ley de El Salvador (ibíd., párr. 303); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 950 (ibíd., párr. 330), Res. 1059 (ibíd., párr. 331), Res. 1071 (ibíd., párr. 331) y Res. 1083 (ibíd., párr. 333); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 336 a 340); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 51/30 B (ibíd., párr. 341), Res. 54/192 (ibíd., párr. 343) y Res. 55/116 (ibíd., párr. 344).
[17]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1075 y 1087 (ibíd., párr. 332).