Norma 31. Personal de socorro humanitario..

Norma 31. El personal de socorro humanitario será respetado y protegido.
Volumen II, capítulo 8, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. La obligación de respetar y proteger al personal de socorro humanitario es un corolario de la prohibición de hacer padecer hambre (véase la norma 53), así como de la obligación de recoger y asistir a los heridos y los enfermos (véanse las normas 109 y 110), que son aplicables tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. La seguridad del personal de socorro humanitario es una condición indispensable para la prestación de socorro humanitario a las poblaciones civiles necesitadas que están expuestas a la amenaza de morir de hambre.
La obligación de respetar y proteger al personal de socorro humanitario se establece en el párrafo 2 del artículo 71 del Protocolo adicional I.[1] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, dirigir intencionalmente ataques contra el personal que participa en una misión humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas es un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales, siempre que ese personal tenga derecho a la protección otorgada a las personas civiles con arreglo al derecho internacional humanitario.[2] Por lo tanto, los miembros de las Fuerzas Armadas que prestan ayuda humanitaria no están cubiertos por esta norma. En cambio, el personal de las Naciones Unidas que presta asistencia humanitaria goza de una protección específica en virtud de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas.[3]
Diversos manuales militares señalan la obligación de respetar y proteger al personal de socorro humanitario.[4] El manual de DIH de Suecia, en particular, considera el párrafo 2 del artículo 71 del Protocolo adicional I como una codificación de normas preexistentes del derecho consuetudinario.[5] La legislación de muchos Estados tipifica como delito los ataques al personal de socorro humanitario.[6] Existen, asimismo, declaraciones oficiales y práctica reseñada que refrendan esta norma.[7] La práctica incluye la de Estados que no son Partes en el Protocolo adicional I.[8] Ha habido, asimismo, Partes en el Protocolo adicional I que han invocado la norma contra Estados que no eran Partes en él.[9]
La obligación de respetar y proteger al personal de socorro humanitario se reitera en resoluciones de organizaciones internacionales que, en su gran mayoría, versan sobre conflictos armados no internacionales (véase más abajo).
Aunque en el párrafo 2 del artículo 18 del Protocolo adicional II se exige que se organicen acciones de socorro en favor de la población civil que las necesite, el Protocolo no contiene ninguna disposición específica sobre la protección del personal de socorro humanitario. Sin embargo, esta norma es indispensable para que esas acciones en favor de las poblaciones civiles necesitadas sean eficaces. Según los estatutos de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Especial para Sierra Leona, dirigir intencionalmente ataques contra el personal integrante de una misión de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas constituye un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales, siempre que ese personal tenga derecho a la protección otorgada a las personas civiles con arreglo al derecho internacional humanitario.[10] Esta norma se incluye, además, en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[11]
La obligación de respetar y proteger al personal de socorro humanitario se establece en algunos manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[12] Figura, asimismo, en diversas declaraciones oficiales relacionadas específicamente con conflictos armados no internacionales.[13]
Por lo demás, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han aprobado varias resoluciones en las que se hace alusión a esta norma. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, ha instado en numerosas ocasiones a las partes en conflictos armados no internacionales, como los de Afganistán, Angola, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Kosovo, Liberia, Rwanda y Somalia, a respetar y proteger al personal de socorro humanitario.[14]
Esta norma se reiteró en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993 y en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 1995 y 1999 respectivamente.[15]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Los Estados han condenado, en general, las presuntas infracciones de esta norma, tanto en conflictos internacionales como no internacionales.[16] También han sido condenadas por organizaciones internacionales.[17] Tras los ataques perpetrados contra un vehículo que transportaba a personal del CICR en Burundi en 1996, el Presidente y el Primer Ministro burundianos declararon que deploraban el incidente y que habían encargado una investigación independiente para encontrar a los autores.[18] El gobierno de Rusia tuvo una reacción análoga cuando seis colaboradores del CICR fueron asesinados en Chechenia ese mismo año.[19] El CICR ha solicitado a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, que respeten esta norma.[20]
El personal civil de socorro humanitario está protegido contra los ataques de conformidad con el principio de distinción (véase la norma 1). Además de la prohibición de atacarlo, la práctica indica que el acoso, la intimidación y la detención arbitraria de personal de socorro humanitario están prohibidos en virtud de esta norma.[21] La práctica reseñada contiene, asimismo, ejemplos en los que se han condenado los siguientes actos contra personal de socorro humanitario: los malos tratos, la violencia física y psicológica, el asesinato, las agresiones, la toma de rehenes, el acoso, así como los arrestos y las detenciones ilegales.[22]
Además, en un número considerable de casos, la práctica de los Estados exige que las partes en conflicto garanticen la seguridad del personal de socorro humanitario autorizado, tal como se menciona en diversas declaraciones oficiales.[23] Por lo demás, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha pedido a las partes en los conflictos de Afganistán, Angola, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Kosovo, Liberia, Rwanda y Somalia que garanticen el respeto y la seguridad del personal de socorro humanitario.[24] En una resolución aprobada en 2000 sobre la protección de las personas civiles en los conflictos armados, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exhortó a todas las partes en un conflicto armado, incluidas las que no son Estados, a “que garanticen la seguridad y libertad de circulación” del personal de socorro humanitario.[25]
Aunque los Protocolos adicionales establecen que la protección del personal de socorro humanitario sólo se aplica al personal humanitario debidamente “autorizado”, hay muy pocos casos en la práctica en que se exija esto de forma específica. La noción de autorización se refiere al consentimiento de la parte en conflicto que corresponda para que alguien trabaje en las zonas que están bajo su control.26 La autorización no puede retirarse por razones arbitrarias con el fin de impedir el acceso del personal de socorro humanitario (véase el comentario de la norma 55).
[1] Protocolo adicional I (1977), art. 71, párr. 2 (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 8, párr. 3).
[2] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso iii) (ibíd., párr. 142).
[3] Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado (1994), art. 7, párr. 2 (ibíd., párr. 4).
[4] V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 12), Australia (ibíd., párr. 13), Canadá (ibíd., párr. 14), Francia (ibíd., párr. 15), Países Bajos (ibíd., párr. 16), Suecia (ibíd., párr. 17) y Yugoslavia (ibíd., párr. 18).
[5] Suecia, IHL Manual (ibíd., párr. 17).
[6] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 154), Australia (ibíd., párr. 147), Azerbaiyán (ibíd., párr. 148), Canadá (ibíd., párr. 150), Congo (ibíd., párr. 151), Estonia (ibíd., párr. 152), Etiopía (ibíd., párr. 153), Filipinas (ibíd., párrs. 21 y 158), Irlanda (ibíd., párr. 19), Noruega (ibíd., párr. 20), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 156 y 157), Portugal (ibíd., párr. 159) y Reino Unido (ibíd., párrs. 161 y 162); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 149), así como Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 160).
[7] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párrs. 25 y 26), Australia (ibíd., párr. 23), Eslovenia (ibíd., párr. 35), Irak (ibíd., párr. 28), Sudáfrica (ibíd., párr. 36) y Suiza (ibíd., párr. 37), así como la práctica referida de Irak (ibíd., párr. 29), Países Bajos (ibíd., párr. 32) y Rwanda (ibíd., párr. 34).
[8] V. la práctica de Azerbaiyán (ibíd., párr. 148), India (ibíd., párr. 170), Irak (ibíd., párrs. 28 y 29), Israel (ibíd., párr. 172), Malaisia (ibíd., párr. 174), Reino Unido (ibíd., párr. 38) y Turquía (ibíd., párr. 177).
[9] V., v.g., las declaraciones de Alemania respecto de Afganistán (ibíd., párr. 25) y Sudán (ibíd., párr. 169).
[10] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso iii) (ibíd., párr. 142); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 4, apdo. b) (ibíd., párr. 143)
[11] V., v.g., Agreement n.° 2 on the Implementation of the Agreement of 22 May 1992 between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2, apdo. d) (ibíd., párr. 5); Agreement n.° 3 on the ICRC Plan of Action between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. II, apdo. 9) (ibíd., párr. 6); Acuerdo de Bahir Dar, párr. 2 (ibíd., párr. 7); Agreement on Ground Rules for Operation Lifeline Sudan (ibíd., párr. 8); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 9 (ibíd., párr. 9); Agreement on the Protection and Provision of Humanitarian Assistance in the Sudan, párr. 1 (ibíd., párr. 10); Declaración de El Cairo, párr. 67 (ibíd., párr. 11).
[12] V., v.g., los manuales militares de Canadá (ibíd., párr. 14) y Yugoslavia (ibíd., párr. 18).
[13] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 26), Burundi (ibíd., párr. 166), Estados Unidos (ibíd., párr. 180), Reino Unido (ibíd., párr. 178), Rusia (ibíd., párr. 175) y Sudáfrica (ibíd., párr. 36).
[14] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 733 y 814 (ibíd., párr. 41), Res. 746 y 751 (ibíd., párr. 42), Res. 758, 770 y 787 (ibíd., párr. 43), Res. 819 y 824 (ibíd., párr. 44), Res. 851 (ibíd., párr. 45), Res. 897, 923 y 954 (ibíd., párr. 47), Res. 918 y 925 (ibíd., párr. 48), Res. 946 (ibíd., párr. 49), Res. 952 (ibíd., párr. 50), Res. 954 (ibíd., párr. 51), Res. 985, 1001 y 1014 (ibíd., párr. 52), Res. 998 (ibíd., párr. 53), Res. 1040 (ibíd., párr. 54), Res. 1041, 1059 y 1071 (ibíd., párr. 55), Res. 1075 y 1087 (ibíd., párr. 56), Res. 1088 (ibíd., párr. 57), Res. 1127 (ibíd., párr. 58), Res. 1173 (ibíd., párr. 59), Res. 1193 (ibíd., párr. 60), Res. 1195 (ibíd., párr. 61), Res. 1199 y 1203 (ibíd., párr. 62); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 67 a 70, 72, 73, 75, 76, 81, 87, 88, 90, 91 y 93).
[15] Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena (ibíd., párr. 120); XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 4 (ibíd., párr. 121); XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Plan de acción para los años 2000-2003 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 123).
[16] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 169) y Estados Unidos (ibíd., párrs. 179 y 180), así como la práctica referida de Rusia (ibíd., párr. 175).
[17] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 757 (ibíd., párr. 185), Res. 864 (ibíd., párr. 186), Res. 897 y 923 (ibíd., párr. 187), Res. 913 (ibíd., párr. 188), Res. 946 (ibíd., párr. 192), Res. 950 (ibíd., párr. 193), Res. 954 (ibíd., párr. 194), Res. 1049 (ibíd., párr. 195), Res. 1071 y 1083 (ibíd., párr. 196), Res. 1193 (ibíd., párr. 197) y Res. 1265 (ibíd., párr. 198); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 199 a 218); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 49/196 (ibíd., párr. 219), Res. 49/206 y 50/200 (ibíd., párr. 221), Res. 50/193 (ibíd., párr. 223), Res. 53/87 (ibíd., párr. 227), Res. 54/192 (ibíd., párr. 229) y Res. 55/116 (ibíd., párr. 230); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1994/72 (ibíd., párr. 233), Res. 1995/89 (ibíd., párr. 235), Res. 1995/91 (ibíd., párr. 236), Res. 1996/1 y 1997/77 (ibíd., párr. 237) y Res. 1998/70 (ibíd., párr. 242); OUA, Consejo de Ministros, Res. 1526 (LX) (ibíd., párr. 255), Res. 1649 (LXIV) (ibíd., párr. 256) y Res. 1662 (LXIV) (ibíd., párr. 257); OSCE, Presidente en ejercicio, Press Release n.° 86/96 (ibíd., párr. 258).
[18] V. la práctica de Burundi (ibíd., párr. 166).
[19] V. la práctica de Rusia (ibíd., párr. 175).
[20] V. la práctica del CICR (ibíd., párrs. 125 a 128 y 130 a 132).
[21] V. la práctica de Alemania (ibíd., párr. 169) y Filipinas (ibíd., párr. 158); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 897 y 923 (ibíd., párr. 187), Res. 918 y 925 (ibíd., párr. 189), Res. 940 (ibíd., párr. 190), Res. 946 (ibíd., párr. 192), Res. 950 (ibíd., párr. 193), Res. 954 (ibíd., párr. 194) y Res. 1071 (ibíd., párr. 196); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 199, 202, 204, 212, 216 y 219); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 51/30 B (ibíd., párr. 222), Res. 53/87 (ibíd., párr. 227), Res. 54/192 (ibíd., párr. 229) y Res. 55/116 (ibíd., párr. 230); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1995/89 (ibíd., párr. 225) y Res. 2001/18 (ibíd., párr. 243); Secretario General de las Naciones Unidas, Informe sobre la UNOMIL (ibíd., párr. 244); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán (ibíd., párr. 248).
[22] V., v.g., la práctica de Estados Unidos (ibíd., párrs. 179 y 180) y Rusia (ibíd., párr. 175); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 897 y 923 (ibíd., párr. 187), Res. 918 y 925 (ibíd., párr. 189), Res. 940 (ibíd., párr. 190), Res. 945 y 952 (ibíd., párr. 191), Res. 950 (ibíd., párr. 193), Res. 954 (ibíd., párr. 194), Res. 1049 (ibíd., párr. 195), Res. 1193 (ibíd., párr. 197) y Res. 1265 (ibíd., párr. 198); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 199, 204 a 208, 210 a 213 y 216); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 52/167 (ibíd., párr. 226), Res. 53/87 (ibíd., párr. 227), Res. 53/164 (ibíd., párr. 228), Res. 54/192 (ibíd., párr. 229) y Res. 55/116 (ibíd., párr. 230); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1994/79 y 1995/77 (ibíd., párr. 234), Res. 1995/91 (ibíd., párr. 236), Res. 1996/1 y 1997/77 (ibíd., párr. 237), 1996/73 (ibíd., párr. 238) y 1997/59 (ibíd., párr. 239); Secretario General de las Naciones Unidas, Informe sobre la UNOMIL (ibíd., párr. 244); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, Segundo informe (ibíd., párr. 247) y Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán, Informe (ibíd., párr. 248); Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, Res. 921 (ibíd., párr. 251); OUA, Consejo de Ministros, Res. 1526 (LX) (ibíd., párr. 255), Res. 1649 (LXIV) (ibíd., párr. 256) y Res. 1662 (LXIV) (ibíd., párr. 257); OSCE, Presidente en ejercicio, Press Release n.° 86/96 (ibíd., párr. 258).
[23] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 25), Australia (ibíd., párr. 23), Eslovenia (ibíd., párr. 35) y Sudáfrica (ibíd., párr. 36).
[24] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 733 y 814 (ibíd., párr. 41), Res. 746 y 751 (ibíd., párr. 42), Res. 758, 770 y 787 (ibíd., párr. 43), Res. 824 (ibíd., párr. 44), Res. 851 (ibíd., párr. 45), Res. 897, 923 y 954 (ibíd., párr. 47), Res. 918 y 925 (ibíd., párr. 48), Res. 946 (ibíd., párr. 49), Res. 952 (ibíd., párr. 50), Res. 954 (ibíd., párr. 51), Res. 985, 1001 y 1014 (ibíd., párr. 52), Res. 998 (ibíd., párr. 53), Res. 1040 (ibíd., párr. 54), Res. 1041, 1059 y 1071 (ibíd., párr. 55), Res. 1075 y 1087 (ibíd., párr. 56), Res. 1193 (ibíd., párr. 60), Res. 1195 (ibíd., párr. 61) y Res. 1199 y 1203 (ibíd., párr. 62).
[25] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1296 (ibíd., párr. 65).