Norma 30. Personal y bienes que ostenten los signos distintivos

Norma 30. Quedan prohibidos los ataques directos contra el personal y los bienes sanitarios y religiosos que ostenten los signos distintivos estipulados en los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional.
Volumen II, capítulo 7, sección F.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional” constituye un crimen de guerra tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.[1]
La prohibición de atacar a personas y bienes que ostenten los emblemas distintivos figura en numerosos manuales militares.[2] La legislación de muchos países tipifica como delito el ataque a personas y bienes que lleven los emblemas distintivos.[3] Además, diversas declaraciones oficiales y la práctica referida corroboran esta norma.[4]
En numerosas ocasiones, el CICR ha instado a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, a respetar a las personas y bienes que ostenten los emblemas distintivos.[5]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Por lo general, se han condenado los ataques dirigidos contra las personas y los bienes que ostenten los emblemas distintivos.[6]
Como indica esta norma, el respeto de los emblemas distintivos es necesario para su buen uso (véase la norma 59). La práctica muestra también que el hecho de no llevar u ostentar los emblemas distintivos no justifica los ataques a personal o bienes sanitarios o religiosos que hayan sido reconocidos como tales. Se trata de una aplicación del principio general de que los emblemas distintivos tienen por finalidad facilitar la identificación y no confieren, por sí mismos, un estatuto de protección. Dicho de otro modo, el personal y los bienes sanitarios y religiosos están protegidos a causa de su función. La ostentación de los emblemas es meramente la manifestación visible de esa función, pero no confiere protección como tal.
En los Elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional se insiste en que el crimen de guerra consistente en “dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional” comprende los ataques a personas y bienes que en utilicen un emblema distintivo u otro método de identificación, como las señales distintivas, que indican que gozan protección con arreglo a los Convenios de Ginebra.[7]
[1]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xxiv) y apdo. e), inciso ii) (ibíd., párr. 832).
[2]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 848), Australia (ibíd., párr. 840), Benin (ibíd., párr. 841), Camerún (ibíd., párr. 842), Canadá (ibíd., párrs. 843 y 844), Colombia (ibíd., párr. 845), Francia (ibíd., párrs. 846 y 847), Hungría (ibíd., párr. 849), Indonesia (ibíd., párr. 850), Italia (ibíd., párr. 851), Kenya (ibíd., párr. 852), Líbano (ibíd., párr. 853), Madagascar (ibíd., párr. 854), Nigeria (ibíd., párr. 855), Estados Unidos (ibíd., párr. 863), Filipinas (ibíd., párrs. 856 y 857), Reino Unido (ibíd., párr. 862), Rumania (ibíd., párr. 858), Senegal (ibíd., párr. 859), Suiza (ibíd., párr. 860) y Togo (ibíd., párr. 861).
[3]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 874), Australia (ibíd., párr. 864), Azerbaiyán (ibíd., párr. 865), Belarús (ibíd., párr. 866), Canadá (ibíd., párr. 868), Colombia (ibíd., párr. 869), Congo (ibíd., párr. 870), Dinamarca (ibíd., párr. 871), España (ibíd., párr. 881), Estonia (ibíd., párr. 873), Nicaragua (ibíd., párr. 877), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 876), Países Bajos (ibíd., párr. 875), Perú (ibíd., párr. 879), Rumania (ibíd., párr. 880), Suecia (ibíd., párr. 882), Suiza (ibíd., párr. 883), Reino Unido (ibíd., párr. 885) y Venezuela (ibíd., párr. 886); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 867), El Salvador (ibíd., párr. 872), Nicaragua (ibíd., párr. 878) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 884).
[4]V., v.g., las declaraciones de Bosnia y Herzegovina, República Srpska (ibíd., párr. 888), Kuwait (ibíd., párr. 890) y Yugoslavia (ibíd., párr. 892).
[5]V. la práctica del CICR (ibíd., párrs. 906, 908 a 910, 912 a 917, 919, 921 a 925, 927 y 928).
[6]V., v.g., la práctica de Yugoslavia (ibíd., párr. 891) y el CICR (ibíd., párrs. 905 y 926).
[7]V. Knut Dormann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court. Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, p. 350; v. también los arts. 6 a 9 del Anexo I del Protocolo adicional I relativo a las señales luminosas, las señales de radio y la identificación por medios electrónicos.