Norma 3. Definición de combatientes 

Norma 3. Todos los miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto son combatientes, excepto el personal sanitario y religioso.
Volumen II, capítulo 1, sección C.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario en los conflictos armados internacionales. A los efectos del principio de distinción (véase la norma 1), los miembros de las fuerzas armadas estatales pueden ser considerados combatientes tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. Sin embargo, el estatuto de combatiente sólo existe en los conflictos armados internacionales (véase la nota introductoria al capítulo 33).
Esta norma se remonta al Reglamento de La Haya, según el cual: “Las fuerzas armadas de las partes beligerantes pueden componerse de combatientes y no combatientes”.[1] Actualmente se estipula en el párrafo 2 del artículo 43 del Protocolo adicional I.[2]
Numerosos manuales militares contienen esta definición de combatientes,[3] corroborada por declaraciones oficiales y la práctica reseñada,[4] incluidas las de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[5]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria.
El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II hablan de “fuerzas armadas”, y este último también de “fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados”. Estos conceptos no se definen con más precisión en la práctica relacionada con los conflictos armados no internacionales. Mientras que los miembros de las fuerzas armadas estatales pueden ser considerados combatientes a los efectos del principio de distinción (véase la norma 1), la práctica no está clara con respecto a la situación de los miembros de grupos armados de oposición. La práctica señala, no obstante, que cuando participan directamente en las hostilidades, estas personas pierden la protección contra los ataques otorgada a los civiles (véase la norma 6).
Las personas que toman directamente parte en las hostilidades en los conflictos no internacionales son denominadas a veces “combatientes”. Por ejemplo, en una resolución sobre el respeto de los derechos humanos en los conflictos bélicos, aprobada en 1970, la Asamblea General de las Naciones Unidas habla de “combatientes en todo conflicto armado”. [6] Más recientemente, el término “combatiente” se ha usado en la Declaración y el Plan de Acción de El Cairo para ambos tipos de conflicto.[7] Ahora bien, esta denominación sólo se emplea en su acepción general e indica que esas personas no gozan de la protección contra los ataques concedida a los civiles, pero esto no implica un derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra, como es aplicable en los conflictos armados internacionales (véase el capítulo 33). La legalidad de la participación directa en las hostilidades en los conflictos armados no internacionales la determinan las legislaciones nacionales. Aunque tales personas también podrían denominarse “fighters” (luchadores), ese término inglés se traduciría por “combatientes” en diversas lenguas, por lo que tampoco es enteramente satisfactorio.
En las disposiciones de los tratados se utilizan diferentes denominaciones aplicables a “luchadores” en el marco de los conflictos armados no internacionales, como son: personas que toman parte activa en las hostilidades;[8] miembros de fuerzas armadas disidentes o de otros grupos armados organizados;[9] personas que participan directamente en las hostilidades;[10] personas civiles que participan directamente en las hostilidades;[11] civiles que participan directamente en las hostilidades;[12] y combatientes enemigos.[13] Esta incertidumbre acerca de la calificación de los miembros de grupos de oposición se examina más a fondo en el comentario de las normas 5 y 6.
En virtud de esta norma, los miembros del personal sanitario y religioso están considerados como no combatientes aunque sean miembros de las fuerzas armadas. Según el I Convenio de Ginebra, el personal sanitario temporal ha de ser respetado y protegido como no combatiente mientras dure el desempeño de su tarea (véase el comentario de la norma 25).[14] Como ocurre con los civiles (véase la norma 6), el respeto de los no combatientes está supeditado a que no participen directamente en las hostilidades.
Los manuales militares de Alemania y los Estados Unidos señalan que puede haber otros miembros no combatientes de las fuerzas armadas aparte del personal sanitario y religioso. El manual militar alemán explica que “los combatientes son personas que pueden tomar directamente parte en las hostilidades, es decir, participar en una función indispensable para el uso de un arma o sistema de armas”, y especifica, por consiguiente, que “las personas que son miembros de las fuerzas armadas pero no tienen ninguna misión de combate, como jueces, funcionarios públicos y obreros, no son combatientes”.[15] El manual de la Marina de los Estados Unidos afirma que, además del personal sanitario y religioso, “el personal de protección civil y los miembros de las fuerzas armadas que hayan adquirido el estatuto del servicio de protección civil” no son combatientes.[16]
No hay que confundir, sin embargo, los miembros no combatientes de las fuerzas armadas con los civiles que acompañan a las fuerzas armadas, que no son, por definición, miembros de éstas.[17]
Aunque en algunos países, sectores enteros de la población comprendidos entre ciertas edades pueden ser reclutados por las fuerzas armadas en caso de guerra, sólo puede considerarse como combatientes a las personas efectivamente reclutadas, o sea, incorporadas de hecho a las fuerzas armadas. La posibilidad de que una persona sea movilizada no la convierte en un combatiente, susceptible de ser atacado.[18]
[1]Reglamento de La Haya (1907), art. 3 (ibíd., párr. 571).
[2]Protocolo adicional I (1977), art. 43, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 572).
[3]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 587), Argentina (ibíd., párr. 574), Australia (ibíd., párr. 575), Bélgica (ibíd., párr. 576), Benin (ibíd., párr. 577), Camerún (ibíd., párr. 578), Canadá (ibíd., párr. 579), Colombia (ibíd., párr. 580), Croacia (ibíd., párrs. 581 y 582), Ecuador (ibíd., párr. 584), Estados Unidos (ibíd., párrs. 604 a 606), España (ibíd., párr. 600), Francia (ibíd., párrs. 585 y 586), Hungría (ibíd., párr. 588), Indonesia (ibíd., párr. 589), Israel (ibíd., párr. 590), Italia (ibíd., párrs. 591 y 592), Kenya (ibíd., párr. 593), Madagascar (ibíd., párr. 595), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 597), Países Bajos (ibíd., párr. 596), Reino Unido (ibíd., párr. 603), República de Corea (ibíd., párr. 594), República Dominicana (ibíd., párr. 583), Rusia (ibíd., párr. 598), Sudáfrica (ibíd., párr. 599), Suecia (ibíd., párr. 601) y Togo (ibíd., párr. 602).
[4]V., v.g., la práctica de Argentina (ibíd., 611), India (ibíd., párr. 612), Irak (ibíd., párr. 613), Japón (ibíd., párr. 614), Jordania (ibíd., párr. 615) y Siria (ibíd., párr. 619).
[5]V., v.g., la práctica de Estados Unidos (ibíd., párrs. 604 a 606), Francia (ibíd., párr. 585), Indonesia (ibíd., párr. 589), Israel (ibíd., párr. 590), Kenya (ibíd., párr. 593) y Reino Unido (ibíd., párr. 603).
[6]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2676 (XXV), 9 de diciembre de 1970, preámbulo y párr. 5.
[7] Declaración de El Cairo, secciones 68 y 69, y Plan de acción de El Cairo, sección 82, aprobados ambos en la Cumbre África-Europa celebrada del 3 al 4 de abril de 2000, bajo los auspicios de la OUA y la UE.
[8]Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común.
[9]Protocolo adicional II (1977), art. 1, párr. 1 (aprobado por 58 votos a favor, 5 en contra y 29 abstenciones) (citado en vol. II, cap. 1, párr. 633).
[10]Protocolo adicional II (1977), art. 4, párr. 1 (aprobado por consenso).
[11]Protocolo adicional II (1977), art. 13, párr. 3 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 756).
[12]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e) i).
[13]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e) ix).
[14]I Convenio de Ginebra (1949), art. 25 (citado en vol. II, cap. 7, párr. 7).
[15]Alemania, Military Manual (citado en vol. II, cap. 1, párr. 587).
[16]Estados Unidos, Naval Handbook (ibíd., párr. 605).
[17]V. III Convenio de Ginebra (1949), art. 4, letra A, párr. 4.
[18]Esta conclusión se basa en los debates mantenidos en la segunda consulta a expertos universitarios y gubernamentales organizada, en mayo de 1999, en el marco de este estudio, y en el acuerdo general en este sentido alcanzado entre ellos. Los expertos estimaron asimismo que puede ser necesario examinar las leyes de un Estado a la hora de determinar cuándo los reservistas son efectivamente miembros de las fuerzas armadas.