Norma 29. Medios de transporte sanitarios 

Norma 29. Los medios de transporte sanitarios exclusivamente destinados al transporte sanitario serán respetados y protegidos en todas las circunstancias. Perderán su protección si se utilizan, al margen de su función humanitaria, para cometer actos perjudiciales para el enemigo.
Volumen II, capítulo 7, sección E.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La obligación de respetar y proteger los medios de transporte sanitario se establece en el artículo 35 del I Convenio de Ginebra y en el artículo 21 del IV Convenio de Ginebra.[1] Su alcance se amplió en el artículo 21 del Protocolo adicional I para abarcar a los medios de transporte civiles, además de los militares, en todas las circunstancias.[2] La práctica de los Estados apoya ampliamente esta extensión, refiriéndose en general a cualquier tipo de trasporte sanitario sin hacer ningún tipo de distinción entre los de carácter civil y los de carácter militar o indicando que ambos están protegidos.[3] La refrendan asimismo Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[4]
Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, dirigir intencionalmente ataques contra “unidades y medios de transporte sanitarios [...] que utilice[n] los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales.[5]
Numerosos manuales militares contienen esta norma.[6] El manual de DIH de Suecia establece la protección de los medios de transporte sanitarios tal como se expresa en el artículo 21 del Protocolo adicional I como codificación de una norma preexistente de derecho internacional humanitario.[7] La legislación de muchos países tipifica como delito la transgresión de esta norma,[8] que corroboran diversas declaraciones oficiales y la práctica referida.[9]
Esta norma está implícita en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, en el que se exige que se recoja y asista a los heridos y los enfermos, porque la protección de los medios de transporte sanitarios es una forma subsidiaria de protección concedida para garantizar la prestación de asistencia sanitaria a los heridos y enfermos.[10] La norma relativa a la obligación de respetar y proteger los medios de transporte sanitarios en todo tiempo, y de no atacarlos, se enuncia explícitamente en el Protocolo adicional II.[11] Además, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, dirigir intencionalmente ataques contra “unidades y medios de transporte sanitarios [...] que utilice[n] los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales.[12] Esta norma figura, asimismo, en otros instrumentos referentes a los conflictos armados no internacionales.[13]
La obligación de respetar y proteger los medios de transporte sanitarios se incluye en los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[14] La legislación de muchos países tipifica como delito la transgresión de esta norma en cualquier conflicto armado.[15] Además, varias declaraciones oficiales la han invocado específicamente en relación con conflictos armados no internacionales.[16]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Los Estados han condenado en general los ataques a medios de transporte sanitarios.[17] También los han condenado las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, por ejemplo, en el contexto de la guerra entre Irán e Irak y los conflictos en Oriente Próximo, Sudán y la ex Yugoslavia.[18] El CICR ha exhortado a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, a respetar esta norma.[19]
El término “medios de transporte sanitarios” se refiere a todo medio de transporte, civil o militar, permanente o temporal, destinado exclusivamente al transporte sanitario, bajo la dirección de una autoridad competente de una parte en conflicto. Incluye los medios de transporte por tierra, agua o aire, como las ambulancias, los barcos hospitales y las aeronaves sanitarias.[20] Estos vehículos, barcos y aeronaves deben estar destinados exclusivamente al traslado de heridos, enfermos y náufragos, personal sanitario o religioso, o equipo y material sanitario. Esta definición se basa en los apartados f) y g) del artículo 8 del Protocolo adicional I[21] y se utiliza ampliamente en la práctica de los Estados.[22] A falta de una definición de medios de transporte sanitarios en el Protocolo adicional II, cabe entender que este término se aplica en el mismo sentido en los conflictos armados no internacionales.[23]
Por lo que atañe a las aeronaves sanitarias, la práctica de los Estados reconoce que, en principio, deben ser respetadas y protegidas cuando realicen actividades humanitarias. En virtud de los Convenios de Ginebra, las aeronaves sanitarias no pueden ser objeto de ataque durante los vuelos que realicen a las altitudes, horas y según los itinerarios específicamente convenidos y está prohibido sobrevolar el territorio enemigo u ocupado por el enemigo, a no ser que se haya acordado otra cosa.[24] Así se establece también en diversos manuales militares.[25] A tenor de lo dispuesto en el Protocolo adicional I, están prohibidos los ataques a las aeronaves sanitarias, cuando se reconozcan como tales, aunque no exista ningún pacto que rija las condiciones de vuelo.[26] Esta prohibición se expresa también en el Manual de San Remo sobre el Derecho Internacional aplicable a los Conflictos Armados en el Mar,[27] así como en muchos manuales militares.[28] Los Estados Unidos han declarado que apoyan el principio de que “las aeronaves sanitarias conocidas serán respetadas y protegidas cuando lleven a cabo sus funciones humanitarias”.[29] En algunos manuales militares se incluye el “ataque deliberado” a aeronaves sanitarias como crimen de guerra.[30]
La práctica de los Estados indica, en general, que los medios de transporte sanitarios gozan de la misma protección que las unidades sanitarias móviles. Por consiguiente, el significado de la expresión “respeto y protección”, según se interpreta en el contexto de las unidades sanitarias (véase el comentario de la norma 28) se aplica mutatis mutandis a los medios de transporte sanitarios. Esto significa, en la práctica, que los medios de transporte sanitarios no deben ser objeto de ataques ni debe obstaculizase arbitrariamente su paso. Esta interpretación se expresa explícitamente en los manuales militares de Alemania, Sudáfrica y Suiza.[31] En los manuales militares de Benin, Nigeria, Senegal y Togo se señala que es posible verificar la misión, el contenido y el uso efectivo de los medios de transporte sanitarios mediante una inspección. [32]
La práctica de los Estados indica, en general, que los medios de transporte sanitarios gozan de la misma protección que las unidades sanitarias móviles. Por consiguiente, las condiciones para la pérdida de protección según se interpreta en el contexto de las unidades sanitarias (véase el comentario de la norma 28) se aplican mutatis mutandis a los medios de transporte sanitarios.
Según la práctica de los Estados, el transporte de tropas sanas, armas o municiones y la obtención o transmisión de información militar son ejemplos de usos de medios de transporte sanitarios que conducen a la pérdida de protección. [33] Por consiguiente, las aeronaves sanitarias no deberían transportar ningún equipo destinado a obtener o transmitir información de carácter militar.[34] Cuando ratificaron el Protocolo adicional I, Francia y el Reino Unido hicieron declaraciones con respecto al artículo 28 en las que reconocieron la necesidad práctica de emplear aeronaves no específicas para evacuaciones médicas y, por lo tanto, interpretaban que el artículo 28 no excluía la presencia a bordo de equipos de comunicación y material de codificación o su uso únicamente para facilitar la navegación, la identificación o la comunicación en apoyo de los traslados sanitarios.[35] En el artículo 28 del Protocolo adicional I se enuncian otros actos prohibidos para las aeronaves sanitarias.[36] Además, las armas ligeras que porte el personal médico para su propia defensa o que hayan sido retiradas a los heridos y todavía no se hayan entregado a la autoridad competente no se considerarán equipos prohibidos (véase el comentario de la norma 25).
[1]I Convenio de Ginebra (1949), art. 35 (ibíd., párr. 650); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 21 (ibíd., párr. 651).
[2]Protocolo adicional I (1977), art. 21 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 652).
[3]V., v.g., la práctica de Alemania (ibíd., párrs. 682 y 683), Argentina (ibíd., párr. 661), Australia (ibíd., párrs. 662 y 663), Bélgica (ibíd., párrs. 664 y 665), Benin (ibíd., párr. 666), Burkina Faso (ibíd., párr. 667), Camerún (ibíd., párrs. 668 y 669), Canadá (ibíd., párrs. 670 y 671), Colombia (ibíd., párrs. 672 y 673), Congo (ibíd., párr. 674), Croacia (ibíd., párrs. 675 y 676), Ecuador (ibíd., párr. 678), España (ibíd., párr. 701), Estados Unidos (ibíd., párrs. 708 a 710), Francia (ibíd., párrs. 679 a 681), Hungría (ibíd., párr. 684), Italia (ibíd., párr. 685), Kenya (ibíd., párr. 686), Líbano (ibíd., párr. 687), Malí (ibíd., párr. 688), Marruecos (ibíd., párr. 689), Nicaragua (ibíd., párr. 693), Nigeria (ibíd., párrs. 694 y 695), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 692), Países Bajos (ibíd., párrs. 690 y 691), Reino Unido (ibíd., párrs. 705 y 706), República Dominicana (ibíd., párr. 677), Rumania (ibíd., párr. 696), Rusia (ibíd., párr. 697), Senegal (ibíd., párrs. 698 y 699), Sudáfrica (ibíd., párr. 700), Suecia (ibíd., párr. 702), Suiza (ibíd., párr. 703), Togo (ibíd., párr. 704) y Yugoslavia (ibíd., párr. 711).
[4]V., v.g., la práctica del Reino Unido (ibíd., párr. 740).
[5]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xxiv) (ibíd., párr. 832).
[6]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 682 y 683), Argentina (ibíd., párr. 661), Australia (ibíd., párrs. 662 y 663), Bélgica (ibíd., párrs. 664 y 665), Benin (ibíd., párr. 666), Burkina Faso (ibíd., párr. 667), Camerún (ibíd., párrs. 668 y 669), Canadá (ibíd., párrs. 670 y 671), Colombia (ibíd., párrs. 672 y 673), Congo (ibíd., párr. 674), Croacia (ibíd., párrs. 675 y 676), Ecuador (ibíd., párr. 678), España (ibíd., párr. 701), Estados Unidos (ibíd., párrs. 707 a 710), Francia (ibíd., párrs. 679 a 681), Hungría (ibíd., párr. 684), Italia (ibíd., párr. 685), Kenya (ibíd., párr. 686), Líbano (ibíd., párr. 687), Malí (ibíd., párr. 688), Marruecos (ibíd., párr. 689), Nicaragua (ibíd., párr. 693), Nigeria (ibíd., párrs. 694 y 695), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 692), Países Bajos (ibíd., párrs. 690 y 691), República Dominicana (ibíd., párr. 677), Rumania (ibíd., párr. 696), Rusia (ibíd., párr. 697), Senegal (ibíd., párrs. 698 y 699), Sudáfrica (ibíd., párr. 700), Suecia (ibíd., párr. 702), Suiza (ibíd., párr. 703), Togo (ibíd., párr. 704), Reino Unido (ibíd., párrs. 705 y 706) y Yugoslavia (ibíd., párr. 711).
[7]Suecia, IHL Manual (ibíd., párr. 702).
[8]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 718), Bangladesh (ibíd., párr. 713), Colombia (ibíd., párr. 714), España (ibíd., párrs. 726 y 727), Estonia (ibíd., párr. 716), Georgia (ibíd., párr. 717), Irlanda (ibíd., párr. 719), Italia (ibíd., párr. 720), Lituania (ibíd., párr. 721), Nicaragua (ibíd., párr. 722), Noruega (ibíd., párr. 724), Rumania (ibíd., párr. 725), Tayikistán (ibíd., párr. 728) y Venezuela (ibíd., párr. 729); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 712), El Salvador (ibíd., párr. 715) y Nicaragua (ibíd., párr. 723).
[9]V., v.g., la práctica de Alemania (ibíd., párr. 735), Argentina (ibíd., párr. 731), Egipto (ibíd., párrs. 732 y 733), Francia (ibíd., párr. 734), Hungría (ibíd., párr. 736), Líbano (ibíd., párr. 738), Reino Unido (ibíd., párrs. 739 y 740) y Yugoslavia (ibíd., párr. 742).
[10]Este razonamiento se expone en los manuales militares de Bélgica (ibíd., párr. 665), Colombia (ibíd., párr. 672) y Nicaragua (ibíd., párr. 693).
[11]Protocolo adicional II (1977), art. 11, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 653).
[12]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso ii) (ibíd., párr. 832).
[13]V., v.g., Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (ibíd., párr. 657).
[14]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 682 y 683), Argentina (ibíd., párr. 661), Australia (ibíd., párrs. 662 y 663), Benin (ibíd., párr. 666), Camerún (ibíd., párr. 669), Canadá (ibíd., párrs. 670 y 671), Colombia (ibíd., párrs. 672 y 673), Croacia (ibíd., párrs. 675 y 676), Ecuador (ibíd., párr. 678), Hungría (ibíd., párr. 684), Italia (ibíd., párr. 685), Kenya (ibíd., párr. 686), Líbano (ibíd., párr. 687), Nigeria (ibíd., párr. 695), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 692), Países Bajos (ibíd., párr. 690), Rusia (ibíd., párr. 697), Senegal (ibíd., párr. 699), Sudáfrica (ibíd., párr. 700) y Togo (ibíd., párr. 704).
[15]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 718), Bangladesh (ibíd., párr. 713), Colombia (ibíd., párr. 714), España (ibíd., párrs. 726 y 727), Estonia (ibíd., párr. 716), Georgia (ibíd., párr. 717), Irlanda (ibíd., párr. 719), Lituania (ibíd., párr. 721), Nicaragua ( ibíd., párr. 722), Noruega (ibíd., párr. 724), Tayikistán (ibíd., párr. 728) y Venezuela (ibíd., párr. 729); v. también la legislación de Italia ( ibíd., párr. 720) y Rumania (ibíd., párr. 725), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 712), El Salvador (ibíd., párr. 715) y Nicaragua (ibíd., párr. 723).
[16] V., v.g., las declaraciones de Argentina (ibíd., párr. 731), Hungría (ibíd., párr. 736) y Yugoslavia (ibíd., párr. 742).
[17] V., v.g., las declaraciones de Argentina (ibíd., párr. 731), Egipto (ibíd., párr. 732), Hungría (ibíd., párr. 736), Líbano (ibíd., párr. 738) y Yugoslavia (ibíd., párr. 742), así como la práctica referida de Irán (ibíd., párr. 737).
[18] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 771 (ibíd., párr. 743); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1992/S-1/1 (ibíd., párr. 744); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la ex Yugoslavia, Informe periódico (ibíd., párr. 745); Director de MINUGUA, Primer Informe (ibíd., párr. 746); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán, Informe (ibíd., párr. 747).
[19] V. la práctica del CICR (ibíd., párrs. 752 a 755 y 757 a 759).
[20] La protección de los buques hospital se rige por el II Convenio de Ginebra, arts. 22 a 35, y por el Protocolo adicional I (1977), arts. 22 y 23. El tema de las aeronaves sanitarias se abordará en la sección siguiente.
[21] Protocolo adicional I (1977), art. 8, apdos. f) y g).
[22] V., v.g., la práctica de Australia (citada en vol. II, cap. 7, párr. 663), Camerún (ibíd., párr. 669), España (ibíd., párr. 701), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 692), Sudáfrica (ibíd., párr. 700) y Rumania (ibíd., párr. 725).
[23] V. la declaración a estos efectos de Estados Unidos (ibíd., párr. 654); v. también Yves Sandoz, Christophe Swinar- ski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, 1998, párr. 4712.
[24]I Convenio de Ginebra (1949), art. 36 (citado en vol. II, cap. 7, párr. 768); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 22 (ibíd., párr. 769).
[25]V., v.g., los manuales militares de Bélgica (ibíd., párr. 780), Estados Unidos (ibíd., párr. 803), Indonesia (ibíd., 789), Reino Unido (ibíd., párr. 801) y Suiza (ibíd., párr. 800).
[26]Protocolo adicional I (1977), arts. 25 a 27 (aprobado por consenso) (ibíd., párrs. 770 a 772).
[27]Manual de San Remo (1994), párr. 53, apdo. a) (ibíd., párr. 776).
[28]V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 779), Bélgica (ibíd., párr. 780), Canadá (ibíd., párr. 781), España (ibíd., párr. 798), Estados Unidos (ibíd., párrs. 804 y 805), Hungría (ibíd., párr. 788), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 794), Países Bajos (ibíd., párr. 793), Sudáfrica (ibíd., párr. 797), Suecia (ibíd., párr. 799) y Yugoslavia (ibíd. , párr. 807); v. también los manuales militares de Croacia ( ibíd. , párr. 783), Líbano ( ibíd., párr. 792) y Rusia (ibíd., párr. 796) (que requieren el respeto de las aeronaves que tienen el emblema distintivo) y los manuales militares de la República Dominicana (ibíd., párr. 784) (los soldados no pueden atacar las aeronaves militares) e Italia (ibíd., párr. 791) (las aeronaves sanitarias deben ser “respetadas y protegidas”).
[29]Estados Unidos, Remarks of the Deputy Legal Adviser of the Department of State (ibíd., párr. 819).
[30]V., v.g., los manuales militares de Ecuador ( ibíd., párr. 785) y Estados Unidos (ibíd., párrs. 804 y 806).
[31]V. los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 683) (“deberá garantizarse su empleo expedito en todo tiempo”), Sudáfrica (ibíd., párr. 700) (“no pueden ser atacados ni dañados, ni puede obstruirse su paso”) y Suiza (ibíd., párr. 703) (“no podrán ser atacados, ni perjudicados en modo alguno, ni se obstaculizará su funcionamiento”).
[32]V., v.g., los manuales militares de Benin (ibíd., párr. 666), Nigeria (ibíd., párr. 695), Senegal (ibíd., párr. 699) y Togo (ibíd., párr. 704).
[33]V. la práctica mencionada supra en la nota de pie de página 117; v. también la práctica de Argentina (ibíd., párr. 661), Canadá (ibíd., párrs. 670 y 671), Croacia (ibíd., párr. 675), Francia (ibíd., párr. 680), Italia (ibíd., párr. 685), Países Bajos (ibíd., párr. 691) y Sudáfrica (ibíd., párr. 700).
[34]Protocolo adicional I (1977), art. 28, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 773); Manual de San Remo (1994) (ibíd., párr. 777); los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 787), Australia (ibíd., párr. 779), Canadá (ibíd., párr. 781), Croacia (ibíd., párr. 782), España (ibíd., párr. 798), Francia (ibíd., párr. 786), Italia (ibíd., párr. 790), Países Bajos (ibíd., párr. 793), Suecia (ibíd., párr. 799) y Yugoslavia (ibíd., párr. 807).
[35]Francia, reservas y declaraciones realizadas cuando ratificó el Protocolo adicional I (1977) (ibíd., párr. 774); Reino Unido, reservas y declaraciones realizadas cuando ratificó el Protocolo adicional I (1977) (ibíd., párr. 775).
[36]Protocolo adicional I (1977), art. 28 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 773).