Norma 27. Personal religioso.

Norma 27. El personal religioso exclusivamente destinado a actividades religiosas será respetado y protegido en todas las circunstancias. Perderá su protección si, al margen de su función humanitaria, comete actos perjudiciales para el enemigo.
Volumen II, capítulo 7, sección C.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La obligación de respetar y proteger al personal religioso se remonta a la Convención de Ginebra de 1864 y se reiteró posteriormente en los Convenios de Ginebra de 1906 y 1929.[1] Actualmente, se expresa en el artículo 24 del I Convenio de Ginebra y el artículo 36 del II Convenio de Ginebra.[2] Su alcance se amplió en el artículo 15 del Protocolo adicional para que abarcase al personal religioso civil, además del personal religioso militar, en todas las circunstancias.[3] Esta ampliación cuenta con un gran apoyo en la práctica de los Estados, donde suele hacerse referencia al personal religioso sin hacer distinción entre el militar y el civil.[4] Es asimismo respaldada por Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[5]
Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “dirigir intencionadamente ataques contra [...] personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales.[6] Este delito es aplicable al personal religioso porque tiene derecho a utilizar los emblemas distintivos.
Numerosos manuales militares exigen que se respete y proteja al personal religioso.[7] La legislación de muchos Estados tipifica como delito las transgresiones de esta norma,[8] que corroboran diversas declaraciones oficiales.[9]
La obligación de respetar y proteger al personal sanitario se establece en el artículo 9 del Protocolo adicional II, al que no se ha hecho ninguna reserva.[10] Además, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “dirigir intencionalmente ataques contra [...] personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales.[11]
La protección del personal religioso se incluye, asimismo, en los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[12] La legislación de muchos países tipifica como delito la transgresión de esta norma en cualquier conflicto armado.[13] Otros ejemplos de la práctica ratifican también esta norma específicamente en los conflictos armados no internacionales.[14]
El CICR ha pedido que se respete y proteja al personal religioso en diversas ocasiones, por ejemplo en 1994, en el contexto del conflicto en Angola.[15]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales.
El término “personal religioso” se refiere al personal, militar o civil, que se dedica exclusivamente al ejercicio de su ministerio y está adscrito a una de las partes en conflicto, a sus unidades sanitarias o medios de transporte, o a una organización de protección civil. Su adscripción puede tener carácter permanente o temporal. Esta definición se basa en el apartado d) del artículo 8 del Protocolo adicional I[16] y se utiliza ampliamente en la práctica de los Estados.[17] A falta de una definición de personal religioso en el Protocolo adicional II, cabe entender que este término se aplica en el mismo sentido en los conflictos armados no internacionales.[18] Los Países Bajos han declarado que los “consejeros humanistas” forman parte del personal religioso.[19] Otras personas que desempeñan funciones religiosas disfrutan del estatuto de protección como personas civiles siempre y cuando no participen directamente en las hostilidades. Sin embargo, en tanto que personas civiles, no pueden utilizar los emblemas distintivos.
La práctica de los Estados indica, en general, que el personal religioso goza de los mismos privilegios que el personal sanitario permanente.[20] Por lo tanto, el significado de la expresión “respeto y protección”, según se interpreta en el contexto del personal sanitario (véase el comentario de la norma 25), se aplica mutatis mutandis al personal religioso.
Siguiendo el mismo razonamiento, la interpretación de la excepción de la pérdida de protección del personal sanitario en caso de participación en actos perjudiciales para el enemigo (o actos hostiles) (véase el comentario de la norma 25) se aplica mutatis mutandis al personal religioso. Al igual que sucede con el personal sanitario, sólo está protegido el personal religioso adscrito exclusivamente a actividades religiosas.
Siguiendo el mismo razonamiento, el principio de que el personal sanitario pierde su protección si lleva armas ligeras individuales y de que puede emplear esas armas en defensa propia o para defender a los heridos, los enfermos y los náufragos bajo su cuidado (véase el comentario de la norma 25) se aplicaría mutatis mutandis al personal religioso. Así se reconoce explícitamente en el manual militar de Alemania, aunque se añade que los capellanes del Ejército alemán no van armados.[21] Además, en el manual LOAC del Reino Unido se señala que los capellanes de las fuerzas armadas no pueden portar armas.[22] No se han hallado más precisiones en la práctica.
[1] Convenio de Ginebra de 1864, art. 2 (ibíd., párr. 287); Convenio de Ginebra de 1906, art. 9 (ibíd., párr. 288); Convenio de Ginebra de 1929, art. 9 (ibíd., párr. 289).
[2] I Convenio de Ginebra (1949), art. 24 (ibíd., párr. 290); II Convenio de Ginebra (1949), art. 36 (ibíd., párr. 291).
[3] Protocolo adicional I (1977), art. 15 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 293).
[4] V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 300), Australia (ibíd., párrs. 301 y 302), Bélgica (ibíd., párr. 303), Benin (ibíd., párr. 305), Camerún (ibíd., párr. 306), Canadá (ibíd., párr. 307), Croacia (ibíd., párr. 308), El Salvador (ibíd., párr. 310), España (ibíd., párr. 329), Estados Unidos (ibíd., párr. 336), Francia (ibíd., párrs. 311 y 312), Hungría (ibíd., párr. 314), Italia (ibíd., párr. 318), Madagascar (ibíd., párr. 321), Países Bajos (ibíd., párrs. 322 y 323), Sudáfrica (ibíd., párr. 328), Suiza (ibíd., párr. 330) y Togo (ibíd., párr. 331); la legislación de Croacia (ibíd., párr. 340), Eslovenia (ibíd., párr. 350), España (ibíd., párrs. 351 y 352), Estonia (ibíd., párr. 342), Georgia (ibíd., párr. 343), Irlanda (ibíd., párr. 344), Nicaragua (ibíd., párr. 346), Noruega (ibíd., párr. 348), Polonia (ibíd., párr. 349), Tayikistán (ibíd., párr. 353) y Yugoslavia (ibíd., párr. 354); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 338), El Salvador (ibíd., párr. 341) y Nicaragua (ibíd., párr. 347) y las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párr. 361) y Yugoslavia (ibíd., párr. 363).
[5] V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párr. 336) y Francia (ibíd., párr. 311).
[6] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xxiv) (ibíd., párr. 832).
[7] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 313), Argentina (ibíd., párr. 300), Australia (ibíd., párrs. 301 y 302), Bélgica (ibíd., párrs. 303 y 304), Benin (ibíd., párr. 305), Camerún (ibíd., párr. 306), Canadá (ibíd., párr. 307), Croacia (ibíd., párr. 308), Ecuador (ibíd., párr. 309), El Salvador (ibíd., párr. 310), España (ibíd., párr. 329), Estados Unidos (ibíd., párrs. 334 a 336), Francia (ibíd., párrs. 311 y 312), Hungría (ibíd., párr. 314), Indonesia (ibíd., párrs. 315 y 316), Israel (ibíd., párr. 317), Italia (ibíd., párr. 318), Kenya (ibíd., párr. 319), Madagascar (ibíd., párr. 321), Nicaragua (ibíd., párr. 325), Nigeria (ibíd., párrs. 326 y 327), Países Bajos (ibíd., párrs. 322 y 323), Reino Unido (ibíd., párrs. 332 y 333), República de Corea (ibíd., párr. 320), Sudáfrica (ibíd., párr. 328), Suiza (ibíd., párr. 330), Togo (ibíd., párr. 331) y Yugoslavia (ibíd., párr. 337).
[8] V., v.g., la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 339), Croacia (ibíd., párr. 340), Eslovenia (ibíd., párr. 350), España (ibíd., párrs. 351 y 352), Estonia (ibíd., párr. 342), Georgia (ibíd. , párr. 343), Irlanda (ibíd., párr. 344), Nicaragua (ibíd., párr. 346), Noruega (ibíd., párr. 348), Polonia (ibíd., párr. 349), Tayikistán (ibíd., párr. 353) y Yugoslavia (ibíd., párr. 354); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 338), El Salvador (ibíd., párr. 341) y Nicaragua (ibíd., párr. 347).
[9] V., v.g., las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párr. 361) y Yugoslavia (ibíd., párr. 363), así como la práctica referida de Israel (ibíd., párr. 358) y Rwanda (ibíd., párr. 360).
[10]Protocolo adicional II (1977), art. 9 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 295).
[11]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso ii) (ibíd., párr. 832).
[12]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 313), Argentina (ibíd., párr. 300), Australia (ibíd., párrs. 301 y 302), Benin (ibíd., párr. 305), Camerún (ibíd., párr. 306), Canadá (ibíd., párr. 307), Croacia (ibíd., párr. 308), Ecuador (ibíd., párr. 309), El Salvador (ibíd., párr. 310), España (ibíd., párr. 329), Francia (ibíd., párr. 312), Hungría (ibíd., párr. 314), Italia (ibíd., párr. 318), Kenya (ibíd., párr. 319), Madagascar (ibíd., párr. 321), Nigeria (ibíd., párr. 326), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 324), Países Bajos (ibíd., párr. 322), República de Corea (ibíd., párr. 320), Sudáfrica (ibíd., párr. 328), Togo (ibíd., párr. 331) y Yugoslavia (ibíd., párr. 337).
[13]V., v.g., la legislación de Croacia (ibíd., párr. 340), Eslovenia (ibíd., párr. 350), España (ibíd., párrs. 351 y 352), Estonia (ibíd., párr. 342), Georgia (ibíd., párr. 343), Irlanda (ibíd., párr. 344), Nicaragua (ibíd., párr. 346), Noruega (ibíd., párr. 438), Polonia (ibíd., párr. 349), Tayikistán (ibíd., párr. 353) y Yugoslavia (ibíd., párr. 354); v. también la legislación de Italia (ibíd., párr. 345), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 338), El Salvador (ibíd., párr. 341) y Nicaragua (ibíd., párr. 347).
[14]V., v.g., la práctica de Yugoslavia (ibíd., párr. 363), así como la práctica referida de Rwanda (ibíd., párr. 360).
[15]V. CICR, Memorándum sobre el respeto del derecho internacional humanitario en Angola (ibíd., párr. 373).
[16]Protocolo adicional I (1977), art. 8, apdo. d) (ibíd., párr. 292).
[17]V., v.g., la práctica de Australia (ibíd., párr. 302), Croacia (ibíd., párr. 308), España (ibíd., párrs. 329 y 351), Francia (ibíd., párrs. 311 y 312), Italia (ibíd., párr. 318), Madagascar (ibíd., párr. 321), Nicaragua (ibíd., párr. 346), Sudáfrica (ibíd., párr. 328) y Togo (ibíd., párr. 331).
[18] V., v.g., la declaración a este respecto de Estados Unidos (ibíd., párr. 296); v. también Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, 1998, párrs. 4662 y 4663, en referencia a las deliberaciones de la CDDH, Actas oficiales, vol. XI, CDDH/II/ SR.31, 6 de marzo de 1975, pp. 317 a 326.
[19] Países Bajos, Cámara Baja del Parlamento, Explanatory Memorandum on the ratification of the Additional Protocols (citado en vol. II, cap. 7, párr. 294) y Military Manual (ibíd., párr. 322).
[20] V., v.g., la práctica de Australia (ibíd., párr. 302), Bélgica (ibíd., párr. 303), Ecuador (ibíd., párr. 309), España (ibíd., párr. 329), Estados Unidos (ibíd., párr. 361), Hungría (ibíd., párr. 314), Israel (ibíd., párr. 317), Kenya (ibíd., párr. 319), Países Bajos (ibíd., párr. 323), Reino Unido (ibíd., párr. 332) y Yugoslavia (ibíd., párr. 337 y 363).
[21] Alemania, Military Manual (ibíd., párr. 313).
[22]Reino Unido, LOAC Manual (ibíd., párr. 333).