Norma 26. Tareas médicas 

Norma 26. Queda prohibido castigar a alguien por realizar tareas médicas conformes con la deontología u obligar a una persona que ejerce una actividad médica a realizar actos contrarios a la deontología.
Volumen II, capítulo 7, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Esta norma está codificada en el artículo 16 del Protocolo adicional I y en el artículo 10 de Protocolo adicional II, a los que no se han hecho reservas.[1]
Figura, asimismo, en diversos manuales militares, incluidos algunos que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales[2] y la corroboran también varias declaraciones oficiales.[3]
Las transgresiones de esta norma constituyen una violación del derecho de los heridos y los enfermos a protección y asistencia (véanse las normas 110 y 111), así como de la obligación de respetar y proteger al personal sanitario (véase la norma 25).
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Los Estados han condenado la presunta persecución de personal sanitario como una violación del derecho internacional humanitario.[4] Las Naciones Unidas han condenado asimismo esa persecución[5]. Esta prohibición ha sido también respaldada por el Consejo de Europa y la Asociación Médica Mundial.[6]
Además de los actos contrarios a la “deontología”, el artículo 16 del Protocolo adicional I y el artículo 10 del Protocolo adicional II prohíben que se obligue a las personas que participan en actividades sanitarias a realizar actos contrarios a “otras normas médicas destinadas a proteger a los heridos y a los enfermos”.[7] No se han encontrado otras precisiones en la práctica de los Estados en relación con el contenido de estas normas, aparte de las normas sobre deontología. Aunque este texto se agregó en la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales, “se renunció a enumerar estas diversas normas”.[8] El espíritu de esta disposición parece ser prohibir “la coacción que pudiera ejercerse contra el personal asistencial para obligarlo a comportase de manera contraria al interés de los pacientes”.[9] A ese respecto, esta norma es un corolario de la garantía fundamental de no someter a nadie a mutilaciones, experimentos médicos o científicos o cualquier otra actuación médica que no requiera su estado de salud o no sea conforme con normas médicas generalmente aceptadas (véase la norma 92).
En la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales, Cuba, Dinamarca, Francia, Noruega y los Países Bajos expresaron la posibilidad de que, en virtud del derecho interno, el personal sanitario pudiera ser obligado a comunicar las bajas causadas por armas durante un conflicto armado.[10] No obstante, al final no se prohibió en el Protocolo adicional I ni el Protocolo adicional II. Por consiguiente, aunque no puede castigarse a nadie por prestar asistencia sanitaria, sigue siendo posible sancionar a personas que retengan información en los casos en que tengan la obligación jurídica de divulgar esa información. Aunque algunos Estados han adoptado un sistema de total confidencialidad por lo que respecta a la información médica consignada en expedientes sanitarios, así como a la notificación de determinadas heridas, no existe ninguna norma en derecho internacional que prohíba a un Estado adoptar instrumentos legislativos que obliguen a proporcionar información inclusive, por ejemplo, acerca de enfermedades transmisibles, y diversos Estados así lo han hecho.[11]
[1]Protocolo adicional I (1977), art. 16 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 232); Protocolo adicional II (1977), art. 10 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 233).
[2]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 235), Australia (ibíd., párr. 236), Canadá (ibíd., párr. 237), España (ibíd., párr. 241), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 239), Países Bajos (ibíd., párr. 238), Senegal (ibíd., párr. 240) y Yugoslavia (ibíd., párr. 242).
[3]V., v.g., la declaración del Reino Unido (ibíd., párr. 247).
[4]V., v.g., la declaración de Estados Unidos (ibíd., párr. 249).
[5]V., v.g., Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 44/165 (ibíd., párr. 250); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1990/77 (ibíd., párr. 251).
[6]Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, Res. 904 (ibíd., párr. 253); Regulaciones de la Asociación Médica Mundial en Tiempos de Conflicto Armado (ibíd., párr. 257).
[7]Protocolo adicional I (1977), art. 16 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 232); Protocolo adicional II (1977), art. 10 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 233).
[8]Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, 1998, párr. 669. Un ejemplo de esa norma sería la prohibición de que los médicos colaborasen en procedimientos realizados por personal no calificado oficialmente como, por ejemplo, los estudiantes de Medicina, ibíd., párr. 4693.
[9]Ibid., párr. 669.
[10]V. la práctica de Cuba (citada en vol. II, cap. 7, párr. 270), Dinamarca (ibíd., párrs. 271 y 272), Francia (ibíd., párr. 273), Noruega (ibíd., párr. 275) y Países Bajos (ibíd., párr. 274).
[11]V., v.g., Yugoslavia, YPA Military Manual, en referencia a los reglamentos yugoslavos (ibíd., párr. 266), y Filipinas, Executive Order 212 (ibíd., párr. 276).