Norma 25. Personal sanitario.

Norma 25. El personal sanitario exclusivamente destinado a tareas médicas será respetado y protegido en todas las circunstancias. Perderá su protección si, al margen de su función humanitaria, comete actos perjudiciales para el enemigo.
Volumen II, capítulo 7, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Esta norma se plasmó por vez primera en el Convenio de Ginebra de 1864 y se reiteró ulteriormente en los Convenios de Ginebra de 1906 y 1929.[1] Actualmente, se enuncia en los Convenios de Ginebra I, II y IV de 1949.[2] Su ámbito de aplicación se amplió en el artículo 15 del Protocolo adicional I para abarcar también al personal sanitario civil, además del personal sanitario militar, en todas las circunstancias.[3] La práctica de los Estados respalda en gran medida esta ampliación, refiriéndose al personal sanitario en general, sin hacer ninguna distinción entre el civil y el militar.[4] La refrendan, asimismo, los Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[5]
Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “dirigir intencionalmente ataques contra [...] personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales.[6] Este crimen de guerra es pertinente para el personal sanitario porque tiene derecho a utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra.
Muchos manuales militares recuerdan la obligación de respetar y proteger al personal sanitario.[7] La legislación de muchos países tipifica como crimen de guerra la transgresión de esta norma,[8] corroborada por diversas declaraciones oficiales y la práctica referida.[9]
Esta norma está implícita en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, en el que se exige que se recoja y asista a los heridos y enfermos, porque la protección del personal sanitario es una forma subsidiaria de protección concedida para garantizar la prestación de asistencia sanitaria a los heridos y enfermos.[10] La norma relativa a la obligación de respetar y proteger al personal sanitario se enuncia explícitamente en el Protocolo adicional II.[11] Además, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “[d]irigir intencionalmente ataques contra [...] personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales.[12] Esa norma figura, asimismo, en otros instrumentos referentes a los conflictos armados no internacionales.[13]
El respeto y la protección del personal sanitario se incluyen en manuales militares que son aplicables o se han aplicado en conflictos armados no internacionales.[14] La legislación de un elevado número de países tipifica como delito la transgresión de esta norma en cualquier conflicto armado.[15] La norma también ha sido invocada en declaraciones oficiales relativas a conflictos armados no internacionales.[16]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Los Estados han condenado en general los ataques que se han señalado contra personal sanitario.[17] Las organizaciones internacionales han condenado asimismo las violaciones de esa norma, por ejemplo en el contexto de los conflictos de Burundi, Chechenia, El Salvador y la ex Yugoslavia.[18] El CICR ha exhortado a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, a respetar esta norma.[19]
El término “personal sanitario” se refiere al personal exclusivamente destinado, por una parte en el conflicto, a la búsqueda, la recogida, el transporte, el diagnóstico o el tratamiento, incluidos los primeros auxilios, de los heridos, los enfermos y los náufragos, así como a la prevención de enfermedades, la administración de unidades sanitarias o al funcionamiento y la administración de medios de transporte sanitarios. La asignación a tales servicios puede tener carácter permanente o temporal. El término “personal sanitario” comprende:
(i) el personal sanitario, sea militar o civil, de una parte en conflicto, incluido el mencionado en los Convenios I y II, así como el de los organismos de protección civil;
(ii) el personal sanitario de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o la Media Luna Roja y otras sociedades nacionales voluntarias de socorro debidamente reconocidas y autorizadas por una parte en conflicto, incluido el CICR;
(iii) el personal sanitario puesto a disposición de una Parte en conflicto para fines humanitarios por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto, por una sociedad de socorro reconocida y autorizada de tal Estado, o por una organización internacional humanitaria imparcial.
Esta definición se expresa en el apartado c) del artículo 8 del Protocolo adicional I y se utiliza ampliamente en la práctica de los Estados.[20] La esencia de la definición es que el personal sanitario debe ser destinado exclusivamente a las tareas sanitarias para poder gozar de la protección específica a que tiene derecho. Si su asignación es permanente, deberá ser respetado y protegido en todo momento. Si su asignación es solamente temporal, tendrá derecho a respeto y protección solamente mientras dure esa asignación. Sólo el personal sanitario destinado a tareas médicas por una de las partes en conflicto puede gozar del estatuto de protección. Otras personas que prestan asistencia médica están asimismo protegidas contra ataques, en tanto que civiles, siempre y cuando no participen directamente en las hostilidades (véase la norma 6). Esas personas no son personal sanitario y, por lo tanto, no tienen derecho a usar los emblemas distintivos. El Código de Conducta de Canadá explica que:
Las organizaciones no gubernamentales como CARE y Médicos sin Fronteras (MSF) pueden llevar otros símbolos reconocibles. Los símbolos utilizados por CARE, MSF y otras ONG no gozan de protección jurídica internacional, aunque debe respetarse su trabajo en favor de las víctimas de los conflictos armados. Cuando se reconozca que prestan asistencia a los heridos y los enfermos, deberá respetarse también a las ONG.[21]
El término “personal sanitario militar” se refiere al personal sanitario que pertenece a las fuerzas armadas. El término “personal sanitario civil” se refiere al personal sanitario que no pertenece a las fuerzas armadas pero que ha sido exclusivamente adscrito a tareas sanitarias por una parte en el conflicto.
La misma definición general se incluyó inicialmente por consenso en el proyecto de Protocolo adicional II, pero se abandonó en el último momento en el marco de una iniciativa tendente a aprobar un texto simplificado.[22] Como resultado, el Protocolo adicional II no contiene una definición de personal sanitario y cabe entender ese término cuando se emplee en el contexto de conflictos armados no internacionales en el mismo sentido en que se define en el Protocolo adicional I.[23] De la definición propuesta inicialmente en el proyecto de Protocolo adicional II y de las negociaciones de la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales puede deducirse que el término “personal sanitario” designa a aquellas personas exclusivamente destinadas, por una parte en un conflicto, a la búsqueda, la recogida, el transporte, el diagnóstico o el tratamiento, incluidos los primeros auxilios, de los heridos, los enfermos y los náufragos, así como a la prevención de enfermedades, la administración de unidades sanitarias o al funcionamiento y la administración de los medios de transporte sanitarios. Tales servicios pueden tener carácter permanente o temporal. El término “personal sanitario” comprende:
(i) el personal sanitario, sea militar o civil, de una parte en conflicto, incluido el destinado a actividades sanitarias de protección civil;
(ii) el personal sanitario de las organizaciones de la Cruz Roja o la Media Luna Roja reconocidas y autorizadas por una parte en conflicto;
(iii) el personal sanitario de otras sociedades de socorro reconocidas y autorizadas por una parte en conflicto y establecidas en el territorio del Estado en que tiene lugar el conflicto armado.
Las negociaciones en la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales indican que, debido a la naturaleza específica de los conflictos armados no internacionales, los ejemplos mencionados difieren en dos sentidos de los citados para los conflictos armados internacionales. En primer lugar, la expresión “organizaciones de la Cruz Roja o la Media Luna Roja” se utilizó con el fin de “cubrir no sólo la asistencia prestada en la Parte gubernamental, sino también los grupos o secciones de la Cruz Roja que ya existan en la parte adversa, e incluso las organizaciones improvisadas nacidas en el transcurso del conflicto”.[24] Cabe señalar, a este respecto, que el término “organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos)” se utiliza también en el artículo 18 del Protocolo adicional II.[25] En segundo lugar, el Comité de Redacción consideró necesario especificar que las sociedades de socorro que no fueran las organizaciones de la Cruz Roja deberían estar situadas en el territorio del Estado donde tuviese lugar el conflicto “a fin de evitar que un grupo privado procedente del exterior del país se establezca como sociedad de socorro dentro del territorio y sea reconocido por los rebeldes”.[26]
La práctica de los Estados contiene las siguientes especificaciones por lo que respecta al significado del término “respeto y protección”. Según el manual militar del Reino Unido y el manual de campaña de los Estados Unidos, el término “respeto y protección” significa que el personal sanitario “no será deliberadamente atacado, ni disparado, ni se le impedirá innecesariamente desempeñar sus funciones”.[27] El manual militar de Alemania y el manual militar básico de Suiza ofrecen una interpretación similar.[28] En el manual español de derecho de los conflictos armados se señala que la protección incluye el deber de proteger, asistir y prestar apoyo al personal sanitario cuando sea necesario.[29] En los manuales militares de Benin, Croacia, Madagascar, Nigeria y Togo se indica que no puede atacarse al personal sanitario y que debe permitírsele desempeñar sus funciones mientras la situación táctica lo permita.[30] El Protocolo adicional I establece, asimismo, que: “En caso necesario se proporcionará al personal sanitario civil toda la ayuda posible en aquellas zonas en las que los servicios sanitarios civiles se encuentren desorganizados por razón de la actividad bélica”.[31] El Protocolo adicional II requiere que se proporcione al personal sanitario “toda la ayuda disponible para el desempeño de sus funciones”.[32]
La norma 26 expresa el principio de que no debe castigarse al personal sanitario por prestar asistencia médica.
Los manuales militares y las legislaciones nacionales hacen hincapié en que el personal sanitario que participe en actos hostiles perderá la protección específica a la que tiene derecho.[33] Esta excepción está vinculada a la exigencia de que ese personal esté exclusivamente destinado a tareas sanitarias para que tenga derecho a respeto y protección. Además, según el régimen de protección —que constituye un corolario del deber de asistencia a los heridos y los enfermos— debe recibir una protección específica porque está auxiliando a heridos y enfermos. En el manual español de derecho de los conflictos armados se puntualiza que:
Hay que insistir en que la protección del personal sanitario no es un privilegio personal que se otorga, sino un corolario natural a los requerimientos de respeto y protección que tienen los enfermos y heridos, que deben ser tratados humanamente en toda circunstancia. [...] Si el personal sanitario comete actos de hostilidad pierde la protección especial a la que tiene derecho, y su conducta podría ser pérfida si tales actos los comete prevaliéndose de su condición sanitaria y de sus signos distintivos de protección.[34]
Si bien el I Convenio de Ginebra y el Protocolo adicional I prevén la pérdida de protección de las unidades y los medios de transporte sanitarios en caso de que se utilicen para cometer “al margen de sus fines humanitarios [.] actos perjudiciales para el enemigo”, el Protocolo adicional II prevé la pérdida de protección en caso de que se utilicen para cometer “actos hostiles al margen de sus tareas humanitarias”.[35] Según el Comentario del Protocolo II, el significado es el mismo.[36] Aunque estas disposiciones se aplican específicamente a las unidades sanitarias, la norma de la pérdida de protección que contienen puede aplicarse, por analogía, al personal sanitario.
En general, la participación directa en las hostilidades, en violación del principio de neutralidad estricta y al margen de la función humanitaria del personal sanitario, se considera como un acto perjudicial para el enemigo. Eso significa que si se incorporan equipos sanitarios a las unidades de combate y su personal lleva armas y participa directamente en las hostilidades, no tendrá derecho a protección. Sin embargo, el mero hecho de atender a los militares enemigos heridos y enfermos o de llevar uniformes militares enemigos o sus insignias no constituye un acto hostil. Como se explica más abajo, el hecho de equipar al personal sanitario con pequeñas armas para que pueda defenderse o defender a sus pacientes, así como el uso de tales armas con ese fin, no conlleva la pérdida de protección. Más aún, en aplicación análoga de una norma similar que se aplica a las unidades médicas, no se considera un acto hostil el hecho de que el personal sanitario sea escoltado por militares, ni la presencia de militares, o que el personal sanitario posea armas pequeñas y municiones retiradas a sus pacientes y que todavía no se hayan entregado al servicio competente.
La práctica de los Estados indica que el estatuto de protección del personal sanitario no cesa si se le dota de armas ligeras individuales para defenderse o defender a sus pacientes únicamente de actos de violencia, por ejemplo contra merodeadores. Si utiliza esas armas en combate contra fuerzas enemigas actuando de conformidad con el derecho de la guerra, en particular para evitar ser capturado, pierde su protección.
Esta interpretación se realizó por primera vez en el Convenio de Ginebra de 1906 y se repitió en el Convenio de Ginebra de 1929.[37] Actualmente, está codificada en el I Convenio de Ginebra y en el Protocolo adicional I.[38] Asimismo, se incluyó por consenso en el proyecto de Protocolo adicional II, pero se abandonó en el último momento en el marco de una iniciativa tendente a aprobar un texto simplificado.[39] Está claro que, en la práctica, la protección del personal sanitario contra la violencia es igual de importante en los conflictos armados no internacionales que en los internacionales. Además, en la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales, la URSS declaró que esta norma era necesaria incluso en los conflictos armados no internacionales, ya que, si no fuese así, el personal sanitario que desarmase a un soldado herido perdería el derecho a protección, a menos que se deshiciese del arma.[40]
Numerosos manuales militares especifican que el personal sanitario no pierde su protección por llevar armas ligeras individuales.[41] Según el manual militar de Alemania, esas “armas personales” pueden ser pistolas, metralletas y rifles.[42] El manual militar de los Países Bajos ofrece la misma interpretación de ese término y añade que se excluyen las ametralladoras y las armas cuyo manejo requiera a dos o más personas, las armas concebidas para ser utilizadas contra bienes, como los lanzamisiles y las armas anticarro de combate, así como en las granadas manuales de fragmentación y armas similares.[43] Esa interpretación se basa en las conversaciones mantenidas en la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales.[44]
En esa misma Conferencia, los Estados Unidos aceptaron que el hecho de que el personal sanitario civil portase armas no debía considerarse como un acto perjudicial para el enemigo, “pero en los territorios ocupados o en las zonas donde se libren combates, deberá reservarse el derecho de la parte en control de la zona de desarmar al personal sanitario”.[45]
[1]Convenio de Ginebra de 1864, art. 2 (citado en vol. II, cap. 7, párr. 1); Convenio de Ginebra de 1906, arts. 9 y 10 (ibíd., párrs. 2 y 3); Convenio de Ginebra de 1929, arts. 9 y 10 (ibíd., párrs. 4 y 5).
[2]I Convenio de Ginebra (1949), arts. 24 a 26 (ibíd., párrs. 6 a 8); II Convenio de Ginebra (1949), art. 36 (ibíd., párr. 9); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 20 (ibíd., párr. 10).
[3]Protocolo adicional I (1977), art. 15 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 12).
[4]V., v.g., los manuales militares de Burkina Faso (ibíd., párr. 27), Canadá (ibíd., párr. 31), Colombia (ibíd., párrs. 32 y 33), Congo (ibíd., párr. 34), Croacia (ibíd., párr. 36), Ecuador (ibíd., párr. 38), El Salvador (ibíd., párr. 39), Estados Unidos (ibíd., párr. 76), Francia (ibíd., párr. 40), Hungría (ibíd., párr. 44), Líbano (ibíd., párr. 51), Malí (ibíd., párr. 53), Marruecos (ibíd., párr. 54), Nicaragua (ibíd., párr. 58), Nigeria (ibíd., párrs. 59, 61 y 62), Países Bajos (ibíd., párr. 56), Reino Unido (ibíd., párr. 72), República Dominicana (ibíd., párr. 37), Rumania (ibíd., párr. 63), Rusia (ibíd., párr. 64), Senegal (ibíd., párr. 65) y Suiza (ibíd., párr. 69); la legislación de Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 81), Colombia (ibíd., párrs. 82 y 83), Croacia (ibíd., párr. 84), El Salvador (ibíd., párr. 85), Eslovenia (ibíd., párr. 98), España (ibíd., párrs. 99 y 100), Etiopía (ibíd., párr. 88), Estonia (ibíd., párr. 87), Georgia (ibíd., párr. 89), Nicaragua (ibíd., párr. 93), Polonia (ibíd., párr. 96), Tayikistán (ibíd., párr. 101), Ucrania (ibíd., párr. 102), Venezuela (ibíd., párrs. 103 y 104) y Yugoslavia (ibíd., párr. 105); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 79), El Salvador (ibíd., párr. 86) y Nicaragua (ibíd., párr. 94) y las declaraciones de China (ibíd., párr. 109), Estados Unidos (ibíd., párr. 131), Irak (ibíd., párr. 116), Kuwait (ibíd., párrs. 118 y 119), Reino Unido (ibíd., párr. 126) y Venezuela (ibíd. párr. 135).
[5] V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párrs. 75 y 77) y Francia (ibíd., párr. 41).
[6] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xxiv) (ibíd., párr. 832).
[7] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 43), Argentina (ibíd., párrs. 19 y 20), Australia (ibíd., párrs. 21 y 22), Bélgica (ibíd., párrs. 23 y 24), Benin (ibíd., párr. 25), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 26), Burkina Faso (ibíd., párr. 27), Camerún (ibíd., párrs. 28 y 29), Canadá (ibíd., párrs. 30 y 31), Colombia (ibíd., párrs. 32 y 33), Congo (ibíd., párr. 34), Croacia (ibíd., párrs. 35 y 36), Ecuador (ibíd., párr. 38), El Salvador (ibíd., párr. 39), España (ibíd., párr. 67), Estados Unidos (ibíd., párrs. 73 a 77), Francia (ibíd., párrs. 40 a 42), Hungría (ibíd., párr. 44), Indonesia (ibíd., párrs. 45 y 46), Israel (ibíd., párr. 47), Italia (ibíd., párr. 48), Kenya (ibíd., párr. 49), Líbano (ibíd., párr. 51), Madagascar (ibíd., párr. 52), Malí (ibíd., párr. 53), Marruecos (ibíd., párr. 54), Nicaragua (ibíd., párr. 58), Nigeria (ibíd., párrs. 59 a 62), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 57), Países Bajos (ibíd., párrs. 55 y 56), Reino Unido (ibíd., párrs. 71 y 72), República de Corea (ibíd., párr. 50), República Dominicana (ibíd., párr. 37), Rumania (ibíd., párr. 63), Rusia (ibíd., párr. 64), Senegal (ibíd., párr. 65), Sudáfrica (ibíd., párr. 66), Suecia (ibíd., párr. 68), Suiza (ibíd., párr. 69), Togo (ibíd., párr. 70) y Yugoslavia (ibíd., párr. 78).
[8] V., v.g., la legislación pertinente de Bangladesh (ibíd., párr. 80), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 81), Colombia (ibíd., párrs. 82 y 83), Croacia (ibíd., párr. 84), El Salvador (ibíd., párr. 85), Eslovenia (ibíd., párr. 98), España (ibíd., párrs. 99 y 100), Estonia (ibíd., párr. 87), Etiopía (ibíd., párr. 88), Georgia (ibíd., párr. 89), Irlanda (ibíd., párr. 90), Italia (ibíd., párr. 91), Lituania (ibíd., párr. 92), Nicaragua (ibíd., párr. 93), Noruega (ibíd., párr. 95), Polonia ( ibíd., párr. 96), Rumania (ibíd., párr. 97), Tayikistán (ibíd., párr. 101), Ucrania (ibíd., párr. 102), Venezuela (ibíd., párrs. 103 y 104) y Yugoslavia (ibíd., párr. 105); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 79), El Salvador (ibíd., párr. 86) y Nicaragua (ibíd., párr. 94).
[9] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 113), China (ibíd., párr. 109), Estados Unidos (ibíd., pá- rrs. 129 a 133), Kuwait (ibíd., párrs. 118 y 119), Reino Unido (ibíd., párr. 126), Venezuela (ibíd., párr. 135) y Yugoslavia (ibíd., párrs. 136 a 137), así como la práctica referida de Rwanda (ibíd., párr. 125).
[10]Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común. Este razonamiento se utiliza, por ejemplo, en los manuales militares de Bélgica (ibíd., párr. 24), Colombia (ibíd., párr. 32), El Salvador (ibíd., párr. 39), España (ibíd., párr. 67), Israel (ibíd., párr. 47) y Sudáfrica (ibíd., párr. 66).
[11]Protocolo adicional II (1977), art. 9, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 13).
[12]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apartado e), inciso ii) (ibíd., párr. 832).
[13]V., v.g., Declaración de La Haya sobre el respeto de los principios humanitarios (ibíd., párr. 17).
[14]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 43), Argentina (ibíd., párr. 20), Australia (ibíd., párrs. 21 y 22), Benin (ibíd., párr. 25), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 26), Camerún (ibíd., párr. 29), Canadá (ibíd., párrs. 30 y 31), Colombia (ibíd., párrs. 32 y 33), Croacia (ibíd., párrs. 35 y 36), Ecuador (ibíd., párr. 38), El Salvador (ibíd., párr. 39), España (ibíd., párr. 67), Francia (ibíd., párr. 42), Hungría (ibíd., párr. 44), Italia (ibíd., párr. 48), Kenya (ibíd., párr. 49), Líbano (ibíd., párr. 51), Madagascar (ibíd., párr. 52), Nigeria (ibíd., párrs. 60 a 62), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 57), Países Bajos (ibíd., párr. 55), República de Corea (ibíd., párr. 50), Rusia (ibíd., párr. 64), Sudáfrica (ibíd., párr. 66) y Togo (ibíd., párr. 70).
[15]V., v.g., la legislación pertinente de Bangladesh (ibíd., párr. 80), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 81), Colombia (ibíd., párrs. 82 a 83), Croacia (ibíd., párr. 84), El Salvador (ibíd., párr. 85), Eslovenia (ibíd., párr. 98), España (ibíd., párrs. 99 y 100), Estonia (ibíd., párr. 87), Etiopía (ibíd., párr. 88), Georgia (ibíd., párr. 89), Irlanda (ibíd., párr. 90), Lituania (ibíd., párr. 92), Noruega (ibíd., párr. 95), Polonia (ibíd., párr. 96), Tayikistán (ibíd., párr. 101), Ucrania (ibíd., párr. 102), Venezuela (ibíd., párrs. 103 y 104) y Yugoslavia (ibíd., párr. 105); v. también la legislación de Italia (ibíd., párr. 91), Nicaragua (ibíd., párr. 93) y Rumania (ibíd., párr. 97), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 79), El Salvador (ibíd., párr. 86) y Nicaragua (ibíd., párr. 94).
[16]V., v.g., la práctica de Estados Unidos (ibíd., párr. 132), Filipinas (ibíd., párr. 123), Venezuela (ibíd., párr. 135) y Yugoslavia (ibíd., párrs. 136 y 137).
[17]V., v.g., las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párr. 132), Venezuela (ibíd., párr. 135) y Yugoslavia (ibíd., párr. 137).
[18]V., v.g., Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 39/119 (ibíd., párr. 140), Res. 40/139 (ibíd., párr. 141) y Res. 41/157 (ibíd., párr. 141); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1987/51 (ibíd., párr. 142); OSCE, Chairman in Office, Press Release 86/96 (ibíd., párr. 149).
[19]V., v.g., la práctica del CICR (ibíd., párrs. 156 a 158, 160 a 164 y 166 a 172).
[20]Protocolo adicional I (1977), art. 8, apdo. c) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 11).
[21] Canadá, Code of Conduct (ibíd., párr. 31).
[22] Proyecto de Protocolo adicional II presentado por el CICR a la CDDH, art. 11, apdo. f) (ibíd., párr. 14).
[23] V. la declaración realizada al respecto por Estados Unidos (ibíd., párr. 15) y la práctica en la CDDH (ibíd., párr. 150); v. también Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, 1998, párr. 4666.
[24]CDDH, Actas oficiales, vol. XI, CDDH/II/SR.40, 20 de marzo de 1975, pp. 430 y 431, párr. 9; v. tambiénYves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, 1998, párr. 4666.
[25]Protocolo adicional II (1977), art. 18, párr. 1 (aprobado por consenso).
[26]CDDH, Informe del Comité de Redacción (citado en vol. II, cap. 7, párr. 150); v. también Yves Sandoz,Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, 1998, párr. 4667.
[27]Estados Unidos, Field Manual (ibíd., párr. 73); Reino Unido, Military Manual (citado en vol. II, cap. 7, párr. 71).
[28] Alemania, Military Manual (ibíd., párr. 43); Suiza, Basic Military Manual (ibíd., párr. 69).
[29] España, Orientaciones, El Derecho de los Conflictos Armados, Tomo I, Estado Mayor del Ejército (ibíd., párr. 67).
[30] V. los manuales militares de Benin (ibíd., párr. 25), Croacia (ibíd., párr. 35), Madagascar (ibíd., párr. 52), Nigeria (ibíd., párrs. 60 y 62) y Togo (ibíd., párr. 70).
[31]Protocolo adicional I (1977), art. 15, párr. 2 (aprobado por consenso).
[32] Protocolo adicional II (1977), art. 9, párr. 1 (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 7, párr. 13).
[33] V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párrs. 187 y 188), España (ibíd., párrs. 67 y 203), Estados Unidos (ibíd., párrs. 208 y 210), Israel (ibíd., párr. 47) y los Países Bajos (ibíd., párr. 200), así como la legislación de España (ibíd., párr. 99), Italia (ibíd., párr. 91) y Nicaragua (ibíd., párr. 93).
[34] España, Orientaciones, El Derecho de los Conflictos Armados, Tomo I, Estado Mayor del Ejército (ibíd., párr. 67).
[35] I Convenio de Ginebra (1949), art. 21 (ibíd., párr. 586); Protocolo adicional I (1977), art. 13 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 589); Protocolo adicional II (1977), art. 11 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 590).
[36] Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, 1998, párrs. 4720 y 4721.
[37]Convenio de Ginebra de 1906, art. 8, párr. 1 (citado en vol. II, cap. 7, párr. 180); Convenio de Ginebra de 1929, art. 8, párr. 1 (ibíd., párr. 181).
[38]I Convenio de Ginebra (1949), art. 22, párr. 1 (ibíd., párr. 182); Protocolo adicional I (1977), art. 13, párr. 2, apdo. a) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 183).
[39]Proyecto de Protocolo adicional II aprobado por la Comisión II de la CDDH, art. 17, párr. 2 y párr. 3, apdo. a) (ibíd., párr. 184).
[40]V. la declaración de la URSS en la CDDH (ibíd., párr. 222).
[41]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 197), Argentina (ibíd., párr. 186), Australia (ibíd., párrs. 187 y 188), Bélgica (ibíd., párrs. 189 y 190), Benin (ibíd., párr. 191), Camerún (ibíd., párr. 192), Canadá (ibíd., párrs. 193 y 194), Ecuador (ibíd., párr. 195), España (ibíd., párr. 203), Estados Unidos (ibíd., párrs. 208 a 211), Francia (ibíd., párr. 196), Kenya (ibíd., párr. 198), Nigeria (ibíd., párr. 201), Países Bajos (ibíd., párrs. 199 y 200), Reino Unido (ibíd., párrs. 206 y 207), Sudáfrica (ibíd., párr. 202), Suiza (ibíd., párr. 204), Togo (ibíd., párr. 205) y Yugoslavia (ibíd., párr. 212).
[42] Alemania, Military Manual (ibíd., párr. 197).
[43] Países Bajos, Military Manual (ibíd., párr. 199).
[44] V. Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (Protocolo I), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, tomo I, 2001, párr. 563.
[45] V. Estados Unidos, declaración en la CDDH (citada en vol. II, cap. 7, párr. 224).