Norma 24. Alejamiento de las personas civiles y los bienes de carácter civil de la proximidad de los objetivos militares

Norma 24. En la medida de lo factible, las partes en conflicto deberán alejar a las personas civiles y los bienes de carácter civil que estén bajo su control de la proximidad de objetivos militares.
Volumen II, capítulo 6, sección C.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos armados internacionales y, posiblemente, también en los no internacionales. Esta norma es una aplicación del principio de distinción (véanse las normas 1 y 7). Asimismo, guarda relación con la prohibición de utilizar escudos humanos (véase la norma 97), ya que debe hacerse todo lo posible para alejar a la población civil de los objetivos militares; en ningún caso podrá utilizarse a personas civiles como escudo para proteger objetivos militares.
El deber de las partes en conflicto de, en la medida de lo factible, alejar a las personas civiles y los bienes de carácter civil que estén bajo su control de la proximidad de objetivos militares se establece en el apartado a) del artículo 58 del Protocolo adicional I, al que no se han hecho reservas pertinentes en relación con esta norma.[1]
Muchos manuales militares expresan esta obligación,[2] que corroboran diversas declaraciones oficiales y la práctica referida,[3] incluidas las de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[4]
Aunque el Protocolo adicional II no exige explícitamente que se tomen precauciones contra los efectos de los ataques, en el párrafo 1 del artículo 13 se estipula que: “La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de las operaciones militares”.[5] Sería difícil ofrecer esa protección si no se alejase a las personas civiles y los bienes de carácter civil de los objetivos militares siempre que fuese factible. Además, la exigencia de tomar esta precaución contra los efectos de los ataques se ha incluido en un instrumento de derecho convencional más reciente aplicable en los conflictos armados no internacionales, concretamente en el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales.[6] Esta norma se incluye también en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[7]
Los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales especifican el deber de las partes en conflicto de alejar, en la medida de lo factible, a las personas civiles y los bienes de carácter civil que estén bajo su control de los objetivos militares.[8]
La jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en la causa Kupreskic proporciona más pruebas de que el deber de las partes en conflicto de alejar, en la medida de lo factible, a las personas civiles y los bienes de carácter civil que están bajo su control de la proximidad de objetivos militares es consuetudinario tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. En su fallo, el Tribunal consideró que esta norma era consuetudinaria porque precisaba y desarrollaba normas generales preexistentes.[9] Cabe, pues, sostener que el principio de distinción (véanse las normas 1 y 7), que es consuetudinario en los conflictos armados internacionales y en los no internacionales, exige necesariamente el respeto de esta norma. El Tribunal se basó, asimismo, en el hecho de que ningún Estado había impugnado esta norma.[10] En el presente estudio tampoco se encontró ninguna práctica oficial contraria.
El CICR ha recordado a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, su obligación de alejar, en la medida de lo factible, a las personas civiles y los bienes de carácter civil que están bajo su control de la proximidad de objetivos militares.[11]
La obligación de las partes en conflicto de alejar, en la medida de lo factible, a las personas civiles y los bienes de carácter civil que están bajo su control de la proximidad de los objetivos militares reviste especial importancia cuando no es viable separar dichos objetivos de zonas densamente pobladas, a tenor de lo previsto en la norma 23.
Esta norma guarda asimismo relación con la prohibición de trasladar por la fuerza a la población civil, a no ser que la seguridad de la población exija su evacuación (véase la norma 129), ya que especifica que la evacuación se realizará en la medida de lo factible.
Según el manual de la Marina de los Estados Unidos, “las partes en un conflicto armado tienen el deber de alejar a las personas civiles, así como a los heridos, los enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra de la proximidad de objetivos que pudieran ser objeto de un ataque del enemigo”.[12] La extensión de esta norma a los heridos, los enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra es conforme con las normas 109 a 111 relativas a la evacuación, el cuidado y la protección de los heridos, los enfermos y los náufragos, y con la norma 121 relativa a las personas privadas de libertad recluidas en locales alejados de la zona de combate.
[1]Protocolo adicional I (1977), art. 58, apdo. a) (aprobado por 80 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones) (ibíd., párr. 133).
[2]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 138), Australia (ibíd., párr. 139), Benin (ibíd., párr. 140), Camerún (ibíd., párr. 141), Canadá (ibíd., párr. 142), Croacia (ibíd., párr. 143), Ecuador (ibíd., párr. 144), España (ibíd., párr. 153), Estados Unidos (ibíd., párrs. 158 y 159), Francia (ibíd., párr. 145), Israel (ibíd., párr. 146), Italia (ibíd., párr. 147), Kenya (ibíd., párr. 148), Madagascar (ibíd., párr. 149), Nigeria (ibíd., párr. 152), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 151), Países Bajos (ibíd., párr. 150), Reino Unido (ibíd., párr. 157), Suecia (ibíd., párr. 154), Suiza (ibíd., párr. 155) y Togo (ibíd., párr. 156).
[3]V., v.g., las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párrs. 169 a 172) e Irak (ibíd., párr. 164), así como la práctica referida de Egipto (ibíd., párr. 163), Estados Unidos (ibíd., párr. 173), Jordania (ibíd., párr. 165), Kuwait (ibíd., párr. 166), Siria (ibíd., párr. 168) y Zimbabwe (ibíd., párr. 174).
[4]V., v.g., la práctica de Estados Unidos (ibíd., párrs. 158, 159 y 169 a 172), Francia (ibíd., párr. 145), Irak (ibíd., párr. 164), Israel (ibíd., párr. 146), Kenya (ibíd., párr. 148) y Reino Unido (ibíd., párr. 157), así como la práctica referida de Estados Unidos (ibíd., párr. 173).
[5]Protocolo adicional II (1977), art. 13, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 2).
[6]Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 8.
[7]V., v.g., Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 6 (ibíd., párr. 136); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.5 (ibíd., párr. 137).
[8]V., v.g., los manuales militares de Benin (ibíd., párr. 140), Croacia (ibíd., párr. 143), Ecuador (ibíd., párr. 144), Italia (ibíd., párr. 147), Kenya (ibíd., párr. 148), Madagascar (ibíd., párr. 149), Nigeria (ibíd., párr. 152) y Togo (ibíd., párr. 156).
[9]TPIY, Kupreskic case, fallo (ibíd., párr. 176).
[10]TPIY, Kupreskic case, fallo (ibíd., párr. 176).
[11]V., v.g., CICR, Memorándum sobre el respeto del derecho internacional humanitario en Angola (ibíd., párr. 180) y Memorandum on Compliance with International Humanitarian Law by the Forces Participating in Opération Turquoise (ibíd., párr. 181).
[12] Estados Unidos, Naval Handbook (ibíd., párr. 159).