Norma 23. Ubicación de los objetivos militares fuera de zonas densamente pobladas 

Norma 23. En la medida de lo factible, las partes en conflicto evitarán situar objetivos militares en el interior o cerca de zonas densamente pobladas.
Volumen II, capítulo 6, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos armados internacionales y, posiblemente, también en los no internacionales. Esta norma es una aplicación del principio de distinción (véanse las normas 1 y 7). Asimismo, guarda relación con la prohibición de utilizar escudos humanos (véase la norma 97), ya que debe hacerse todo lo posible para separar los objetivos militares de la población civil, pero en ningún caso podrá utilizarse a personas civiles como escudo para proteger objetivos militares.
El deber de las partes en conflicto de evitar situar objetivos militares en el interior o cerca de zonas densamente pobladas se establece en el apartado b) del artículo 58 del Protocolo adicional I, al que no se han hecho reservas pertinentes en relación con esta norma.[1] Asimismo, figura en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano de 1996.[2]
Muchos manuales militares expresan esta obligación,[3] que corroboran diversas declaraciones oficiales y la práctica referida,[4] incluidas las de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[5]
Si bien el Protocolo adicional II no exige explícitamente que se tomen precauciones contra los efectos de los ataques, en el párrafo 1 del artículo 13 se estipula que: “La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de las operaciones militares” y sería difícil ofrecer esa protección cuando los objetivos militares se encuentran situados en el interior o cerca de zonas densamente pobladas.[6] Además, la exigencia de tomar este tipo de precauciones contra los efectos de los ataques se ha incluido en un instrumento de derecho convencional más reciente aplicable en los conflictos armados no internacionales, concretamente en el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales.[7] Esta norma se incluye, además, en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[8]
Los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales especifican el deber de las partes en conflicto de evitar situar objetivos militares en el interior o cerca de zonas densamente pobladas.[9]
La jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en la causa Kupreskic proporciona más pruebas de que el deber de las partes en conflicto de evitar situar objetivos militares en el interior o cerca de zonas densamente pobladas es consuetudinario tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. En su fallo, el Tribunal consideró que esta norma era consuetudinaria porque precisaba y desarrollaba normas generales preexistentes.[10] Cabe, pues, sostener que el principio de distinción (véanse las normas 1 y 7) y el principio de proporcionalidad (véase la norma 14), ambos consuetudinarios en los conflictos armados internacionales y no internacionales, exigen necesariamente el respeto de esta norma. El Tribunal se basó, asimismo, en el hecho de que ningún Estado había impugnado esta norma.[11] En el presente estudio tampoco se encontró ninguna práctica oficial contraria.
En 1979, en el contexto del conflicto de Rodesia/Zimbabwe, el CICR solicitó al Frente Patriótico que separase “claramente los establecimientos civiles, particularmente los campamentos de refugiados, de las instalaciones militares”.[12]
Las normas que requieren que las personas privadas de libertad estén recluidas en locales alejados de la zona de combate (véase la norma 121) y que, en caso de desplazamiento, se tomen todas las medidas posibles para que las personas afectadas sean acogidas en condiciones satisfactorias (véase la norma 131), ambas aplicables en los conflictos armados internacionales y no internacionales, son también importantes a la hora de establecer el carácter consuetudinario de esta norma.
Si bien en algunos casos la práctica se refiere al deber de situar las bases e instalaciones militares fuera de zonas densamente pobladas, la práctica limita en general esta obligación a lo que es factible. Como se señala en algunos informes sobre la práctica de los Estados, es posible que, debido a cambios demográficos, las bases militares se encuentren situadas en el interior o cerca de localidades, aunque tal no fuera el caso inicialmente.[13] Cuando los objetivos comprenden bienes inmuebles, su traslado es más difícil que en el caso de bienes muebles. En la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales, Corea del Sur señaló que esta norma “no constituye una restricción de las instalaciones militares de un Estado en su propio territorio”.[14] Las instalaciones de doble uso, como las estaciones ferroviarias y los aeropuertos, pueden incluso situarse deliberadamente en el interior o cerca de zonas densamente pobladas.
[1] Protocolo adicional I (1977), art. 58, apdo. b) (aprobado por 80 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones) (citado en vol. II, cap. 6, párr. 70).
[2] Israel-Lebanon Ceasefire Understanding, art. 3 (ibíd., párr. 71).
[3] V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 77), Australia (ibíd., párr. 78), Benin (ibíd., párr. 79), Canadá (ibíd., párr. 80), Croacia (ibíd., párrs.81 y 82), Ecuador (ibíd., párr. 83), España (ibíd., párr. 93), Estados Unidos (ibíd., párrs. 98), Hungría (ibíd., párr. 84), Israel (ibíd., párr. 85), Italia (ibíd., párr. 86), Kenya (ibíd., párr. 87), Madagascar (ibíd., párr. 88), Nigeria (ibíd., párr. 91), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 90), Países Bajos (ibíd., párr. 89), Reino Unido (ibíd., párr. 97), Rusia (ibíd., párr. 92), Suecia ( ibíd., párr. 94), Suiza (ibíd., párr. 95), y Togo (ibíd., párr. 96).
[4] V., v.g., las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párrs. 105 y 117 a 123), Francia (ibíd., párr. 105), Irak (ibíd., párr. 107), Israel (ibíd., párrs. 105 y 108), Líbano (ibíd., párrs. 105 y 113), Reino Unido (ibíd., párr. 116) y Siria (ibíd., párr. 105), así como la práctica referida de Botswana (ibíd., párr. 102), Egipto (ibíd., párr. 104), Estados Unidos (ibíd., párr. 124), Israel (ibíd., párr. 109), Jordania (ibíd., párr. 110), Kuwait (ibíd., párr. 112), Malaisia (ibíd., párr. 114), Siria (ibíd., párr. 115) y Zimbabwe (ibíd., párr. 125).
[5] V., v.g., la práctica de Estados Unidos (ibíd., párrs. 98, 105 y 117 a 123), Francia (ibíd., párr. 105), Irak (ibíd., párr. 107), Israel (ibíd., párrs. 71, 85, 105 y 108), Kenya (ibíd., párr. 87) y Reino Unido (ibíd., párrs. 97 y 116), así como la práctica referida de Estados Unidos (ibíd., párr. 124), Israel (ibíd., párr. 109) y Malaisia (ibíd., párr. 114).
[6] Protocolo adicional II (1977), art. 13, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 2).
[7] Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 8 (citado en vol. II, cap. 12, párr. 292).
[8] V., v.g., Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 6 (citado en vol. II, cap. 6, párr. 74); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.5 (ibíd., párr. 75); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 5.4 (ibíd., párr. 76).
[9] V., v.g., los manuales militares de Benin (ibíd., párr. 79), Croacia (ibíd., párrs. 81 y 82), Ecuador (ibíd., párr. 83), Italia (ibíd., párr. 86), Kenya (ibíd., párr. 87), Madagascar (ibíd., párr. 88), Nigeria (ibíd., párr. 91) y Togo (ibíd., párr. 96).
[10] TPIY, Kupreskic case, fallo (ibíd., párr. 46).
[11] TPIY, Kupreskic case, fallo (ibíd., párr. 46).
[12] V. CICR, Conflicto de África Austral: Llamamiento del CICR (ibíd., párr. 131).
[13] V. los informes sobre la práctica de Irán (ibíd., párr. 106), Israel (ibíd., párr. 109), Kuwait (ibíd., párr. 112) y Malaisia (ibíd., párr. 114).
[14] República de Corea, declaración en la CDDH (ibíd., párr. 111).