Norma 2. Violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil 

Norma 2. Quedan prohibidos los actos o las amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.
Volumen II, capítulo 1, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
El artículo 51, párrafo 2, del Protocolo adicional I prohíbe los “actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”,[1] una disposición a la que no se ha hecho ninguna reserva. En la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales, México declaró que el artículo 51 del Protocolo adicional I era tan fundamental que “no puede ser objeto de ningún tipo de reservas, porque éstas serían incompatibles con el objeto y el fin del Protocolo I, negándolo en su esencia”.[2] En esa misma Conferencia Diplomática, el Reino Unido afirmó que el artículo 51, párrafo 2, era una “valiosa reafirmación” de una norma existente del derecho internacional consuetudinario.[3]
La prohibición de los actos o las amenazas de violencia que tienen por objeto atemorizar a la población civil se establece en muchos manuales militares.[4] La legislación de muchos países tipifica como delito la transgresión de esta norma en cualquier tipo de conflicto armado.[5] Varias declaraciones oficiales ratifican asimismo esa prohibición.[6] Esta práctica incluye la de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[7] Algunos Estados Partes en este Protocolo también han invocado esta norma contra Estados que no eran Partes en él.[8]
En octubre de 1973, antes de que se aprobara el Protocolo adicional I, el CICR hizo, por ejemplo, un llamamiento a las partes en conflicto en Oriente Próximo para que respetaran la prohibición de los “métodos cuya finalidad es aterrorizar a la población civil”, al que los Estados concernidos (Egipto, Irak, Israel y Siria) respondieron favorablemente.[9]
Cabe sostener que la prohibición de los actos o las amenazas de violencia que tienen por objeto atemorizar a la población civil está, además, respaldada por la prohibición más amplia de “toda medida de intimidación o de terrorismo”, estipulada en el artículo 33 del IV Convenio de Ginebra.[10] Antes de que se aprobara esta disposición, el Informe de la Comisión sobre la Responsabilidad, constituida tras la I Guerra Mundial, catalogó el “terror sistemático” como una violación de las leyes y costumbres de la guerra.[11]
El párrafo 2 del artículo 13 del Protocolo adicional II prohíbe los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.[12] Esta prohibición se incluye, además, en otros instrumentos relacionados asimismo con los conflictos armados no internacionales.[13]
La prohibición de los actos o amenazas de violencia cuyo fin es sembrar el terror entre la población civil se estipula en los manuales militares que son aplicables o se han aplicado en conflictos armados no internacionales.[14] La legislación de muchos países tipifica como delito la transgresión de esta norma en cualquier tipo de conflicto armado.[15] Asimismo, existen declaraciones oficiales relacionadas con conflictos armados no internacionales en las que se hace referencia a esta norma.[16]
Puede aducirse que la prohibición de los actos o las amenazas de violencia que tienen por objeto aterrorizar a la población civil está, además, respaldada por la prohibición más amplia de “los actos de terrorismo” en el artículo 4, párrafo 2, del Protocolo adicional II.[17] Los “actos de terrorismo” están tipificados como crímenes de guerra en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[18] En su informe sobre el establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra Leona, el Secretario General de las Naciones Unidas señaló que las violaciones del artículo 4 del Protocolo adicional II eran consideradas desde hacía tiempo como crímenes según el derecho internacional consuetudinario.[19]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria relacionada con conflictos armados internacionales ni no internacionales. Las presuntas violaciones de esta norma han sido generalmente condenadas por los Estados.[20] Análogamente, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han aprobado varias resoluciones condenando los intentos de aterrorizar a la población civil durante los conflictos en ex Yugoslavia.[21] Además, los autos de procesamiento en las causas Dubic, Karadzic y Mladic y Galic ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia contenían cargos de actos destinados a aterrorizar a la población civil, en violación de las leyes y costumbres de la guerra, en las dos primeras causas como parte de las imputaciones de ataques ilícitos.[22] En su fallo en el asunto Galic, en 2003, la Sala de Primera Instancia declaró culpable al acusado de “actos de violencia cuya principal finalidad es sembrar el terror entre la población civil, según establece el artículo 51 del Protocolo adicional I, como una violación de las leyes y costumbres de la guerra, de conformidad con el artículo 3 del Estatuto del Tribunal”.[23]
El CICR ha recordado a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, la prohibición de aterrorizar a la población civil.[24]
Los ejemplos de actos de violencia mencionados en la práctica como prohibidos por esta norma incluyen el apoyo ofensivo o las operaciones de ataque destinadas a sembrar el terror entre la población civil,[25] el fuego masivo e indiscriminado de arti- llería[26] y los bombardeos sistemáticos de ciudades,[27] pero también la agresión, la violación, el maltrato y la tortura de mujeres y niños,[28] así como los asesinatos en masa.[29] Los autos de procesamiento por aterrorizar a la población civil en las causas sometidas al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se refieren a los disparos deliberados e indiscriminados contra objetivos civiles,[30] a los disparos ilícitos contra concentraciones[31] de personas y al fuego prolongado y sistemático de artillería y de francotiradores contra zonas civiles.[32] Estos ejemplos muestran que muchas acciones que infringen la prohibición de los actos o las amenazas de violencia cuyo objetivo sea aterrorizar a la población civil están también cubiertas por prohibiciones específicas.
[1] Protocolo adicional I (1977), art. 51, párrafo 2 (aprobado por 77 votos a favor, uno en contra y 16 abstenciones) (ibíd., párr. 477).
[2] México, declaración en la CDDH (ibíd., párrs. 146, 307, 536 y 800).
[3] Reino Unido, declaración en la CDDH (ibíd., párrs. 319, 537 y 803).
[4] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 500), Argentina (ibíd., párr. 489), Australia (ibíd., párr. 490), Bélgica (ibíd., párrs. 491 a 492), Benin (ibíd., párr. 493), Camerún (ibíd., párr. 494), Canadá (ibíd., párr. 495), Colombia (ibíd., párr. 496), Croacia (ibíd., párr. 497), Ecuador (ibíd., párr. 498), Estados Unidos (ibíd., párrs. 511 y 512) España (ibíd., párr. 507), Francia (ibíd., párr. 499), Hungría (ibíd., párr. 501), Kenya (ibíd., párr. 502), Nigeria (ibíd., párr. 505), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 504), Países Bajos (ibíd., párr. 503), Rusia (ibíd., párr. 506), Suecia (ibíd., párr. 508), Suiza (ibíd., párr. 509), Togo (ibíd., párr. 510) y Yugoslavia (ibíd., párr. 513).
[5] V., v.g., la legislación de Argentina (ibíd., párr. 514), Australia (ibíd., párr. 515), Bangladesh (ibíd., párr. 516), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 517), China (ibíd., párr. 518), Colombia (ibíd., párr. 519), Cote d'Ivoire (ibíd., párr. 520), Croacia (ibíd., párr. 521), Eslovaquia (ibíd., párr. 528), Eslovenia (ibíd., párr. 529), España (ibíd., párr. 530) Etiopía (ibíd., párr. 523), Irlanda (ibíd., párr. 524), Lituania (ibíd., párr. 525), Noruega (ibíd., párr. 527), Países Bajos (ibíd., párr. 526), República Checa (ibíd., párr. 522) y Yugoslavia (ibíd., párr. 531).
[6] V., v.g., las declaraciones de los Estados Unidos (ibíd., párrs. 538 a 540), Israel (ibíd., párr. 534) y Líbano (ibíd., párr. 535).
[7] V., v.g., la práctica de los Estados Unidos (ibíd., párrs. 511, 512 y 538 a 540), Francia (ibíd., párr. 499), Israel (ibíd., párr. 534) y Kenya (ibíd., párr. 502).
[8] V., v.g., la declaración del Líbano respecto de Israel (ibíd., párr. 535).
[9] V. CICR, La acción del Comité Internacional en Oriente Próximo (ibíd., párr. 556).
[10] IV Convenio de Ginebra (1949), art. 33 (ibíd., párr. 476). La aplicabilidad de esta disposición a la presente norma se explica en: Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, tomo II, 1998, párr. 4538.
[11] Report of the Commission on Responsibility (citado en vol. II, cap. 1, párr. 481).
[12] Protocolo adicional II (1977), art. 13, párrafo 2; (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 479).
[13] V., v.g., Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 6 (ibíd., párr. 485); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.5 (ibíd., párr. 486).
[14] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 500), Argentina (ibíd., párr. 489), Australia (ibíd., párr. 490), Benin (ibíd., párr. 493), Camerún (ibíd., párr. 494), Canadá (ibíd., párr. 495), Colombia (ibíd., párr. 496), Croacia (ibíd., párr. 497), Ecuador (ibíd., párr. 498), España (ibíd., párr. 507), Hungría (ibíd., párr. 501), Kenya (ibíd., párr. 502), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 504), Países Bajos (ibíd., párr. 503), Rusia (ibíd., párr. 506), Togo (ibíd., párr. 510) y Yugoslavia (ibíd., párr. 513).
[15] V., v.g., la legislación de Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 517), Colombia (ibíd., párr. 519), Croacia (ibíd., párr. 521), Eslovenia (ibíd., párr. 529), España (ibíd., párr. 530), Etiopía (ibíd., párr. 523), Irlanda (ibíd., párr. 524), Lituania (ibíd., párr. 525), Noruega (ibíd., párr. 527) y Yugoslavia (ibíd., párr. 531); v. también las leyes al respecto de Eslovaquia (ibíd., párr. 528), cuya aplicación no está excluida en tiempo de conflicto armado no internacional, y la República Checa (ibíd., párr. 522), así como los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 514).
[16] V., v.g., las declaraciones de Botswana (ibíd., párr. 533) y los Estados Unidos (ibíd., párr. 540).
[17] Protocolo adicional II (1977), art. 4, párrafo 2, apdo. d) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 478). La apli- cabilidad de esta disposición a la presente norma se explica en Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, tomo II, 1998, párr. 4538.
[18] Estatuto del TPIR (1994), art. 4, apdo. d) (citado en vol. II, cap. 1, párr. 487); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 3, apdo. d) (ibíd., párr. 480).
[19] Secretario General de las Naciones Unidas, Informe sobre el establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra Leona (ibíd., párr. 545).
[20] V., v.g., las declaraciones de Israel (ibíd., párr. 534), Líbano (ibíd., párr. 535) y Estados Unidos (ibíd., párr. 540).
[21] V., v.g., Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 49/196 (ibíd., párr. 541) y Res. 53/164 (ibíd., párr.542); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1992/S-2/1, 1993/7, 1994/72 y 1995/89 (ibíd., párr. 543).
[22] TPIY, Dukic case, auto inicial de procesamiento (ibíd., párr. 551), Karadzic and Mladic case, primer auto de procesamiento (ibíd., párr. 553) y Galic case, auto inicial de procesamiento (ibíd., párr.554).
[23] TPIY, Prosecutor v. Stanislav Galic, asunto n.° IT-98-29-T, fallo y opinión, 5 de diciembre de 2003, párr. 769.
[24] V., v.g., la práctica del CICR (citada en vol. II, cap. 1, párrs. 556 a 558 y 561).
[25] Australia, Defence Force Manual (ibíd., párr. 490).
[26] Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 53/164 (ibíd., párr. 542).
[27] Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la ex Yugoslavia, Informe (ibíd., párr. 546).
[28] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe sobre violaciones sistemáticas, esclavitud sexual y prácticas similares durante los conflictos armados (ibíd., párr. 547).
[29] OSCE, Kosovo/Kosova, as seen as told, Un análisis de los resultados relativos a los derechos humanos de la Misión de Verificación de la OSCE en Kosovo (ibíd., párr. 549).
[30] TPIY, Dukic case, auto inicial de procesamiento (ibíd., párr. 551).
[31] TPIY, Karadzic and Mladic case, primer auto de procesamiento (ibíd., párr. 553).
[32] TPIY, Galic case, auto inicial de procesamiento (ibíd., párr. 554).