Norma 161. Cooperación internacional en los procesos penales 

Norma 161. Los Estados se esforzarán en cooperar todo lo posible entre ellos a fin de facilitar la investigación de los crímenes de guerra y el enjuiciamiento de los imputados.
Volumen II, capítulo 44, sección F.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable en relación con crímenes de guerra cometidos tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
El Protocolo adicional I y el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales estipulan que las partes en conflicto deben prestarse la mayor asistencia posible en las investigaciones y las diligencias penales, incluida la extradición, relacionadas con los crímenes de guerra mencionados en esos tratados.[1] Existen disposiciones similares en el Convenio europeo sobre cooperación judicial en materia penal, la Convención de la OUA para la eliminación del mercenarismo en África, la Convención sobre mercenarios de las Naciones Unidas y el memorando de entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética para el enjuiciamiento de los criminales de guerra nazis.[2]
En 1989, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instó a los Estados a cooperar entre sí en el contexto de la prohibición de la toma de rehenes[3] y, en 1998, exhortó a los Estados a cooperar con los gobiernos de la República Democrática del Congo y Rwanda en la investigación y el enjuiciamiento de los culpables de violaciones del derecho internacional humanitario.[4] Entre 1970 y 1973, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó varias resoluciones en las que se pedía a los Estados que cooperaran en la investigación y el enjuiciamiento de los presuntos autores de crímenes de guerra.[5] Cabe señalar que en la votación de esas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas hubo un número considerable de abstenciones, aunque ello se debió, sobre todo, a que no se habían definido con claridad los crímenes cubiertos por esas resoluciones.[6] En dos resoluciones, una aprobada por unanimidad y la otra sin votación, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió también a los Estados que tomasen las medidas necesarias para cooperar a fin de garantizar el enjuiciamiento de las personas responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.[7] Los resultados de las votaciones de las resoluciones de la Asamblea General, junto con el hecho de que el Consejo de Seguridad y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instaran a los Estados a cooperar, en lugar de pedírselo, indican que no parece existir, en derecho internacional consuetudinario, una obligación absoluta de cooperar, sino más bien la expectativa de que los Estados hagan esfuerzos de buena fe en ese sentido, siempre en la medida de lo posible. Cabe destacar el hecho de que los Estados Unidos, que no son Parte en el Protocolo adicional I, declararon, en 1987, que respaldaban el principio de que las autoridades competentes “hagan esfuerzos de buena fe para cooperar entre sí”.[8]
Por consiguiente, parece existir una aceptación general del principio de que los Estados deben hacer todos los esfuerzos posibles para cooperar entre sí, en la medida de lo posible, a fin de facilitar la investigación y el enjuiciamiento de los presuntos autores de crímenes de guerra y, a este respecto, los Estados no pueden hacer distinciones entre los crímenes de guerra cometidos en conflictos armados internacionales y los crímenes de guerra cometidos en conflictos armados no internacionales. Las modalidades de cooperación mencionadas en las diversas resoluciones comprenden la investigación, el intercambio de documentos, la detención, el enjuiciamiento y la extradición.
La práctica es uniforme, tanto en el derecho convencional como en el derecho interno, acerca del hecho de que los crímenes de guerra están sujetos a la extradición en virtud de los tratados sobre esa cuestión. Sin embargo, no parece que exista la obligación de extraditar a los presuntos autores de crímenes de guerra. En el Protocolo adicional I se señala que “cuando las circunstancias lo permitan, [los Estados] cooperarán en materia de extradición”, y se agrega que: “[t]omarán debidamente en consideración la solicitud del Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracción alegada”.[9] Todos los tratados de extradición prevén condiciones para la extradición (en general, que el acto debe ser un delito en ambos países, con una pena mínima definida) y cabe también señalar que el hecho de extraditar a un sospechoso a un país donde la persona corra el peligro de ser sometida a tortura o a un trato o pena cruel o inhumano podría constituir una violación del derecho internacional. Si bien existen ejemplos de extradiciones, como en el asunto Priebke en 1995 y el asunto Cavallo en 2001, se han dado también casos de denegación de la extradición debido, entre otras cosas, a que no existía un acuerdo de extradición con el país solicitante, como en el asunto relativo a la extradición de Barbie en 1974.[10] Varios países han declarado, expresamente, que no extraditarán a sus ciudadanos.[11]
En muchos tratados de extradición bilaterales y regionales, así como en numerosas legislaciones nacionales, se puntualiza que no puede extraditarse a nadie por “delitos de índole política”, pero que esta excepción no puede aplicarse a los crímenes en virtud del derecho internacional humanitario.[12] Este principio se establece, asimismo, en otros tratados[13] y se ha aplicado en la jurisprudencia nacional.[14]
Esta práctica parece mostrar que la cooperación para el enjuiciamiento de los presuntos autores de crímenes de guerra debería incluir la extradición cuando se solicite, pero quizás sujeta a condiciones. No existe ninguna indicación de que esta norma difiera dependiendo de si los crímenes se cometen en el contexto de conflictos armados internacionales o no internacionales. Si se deniega la extradición, entonces, en el caso de infracciones graves u otros crímenes para los que los tratados multilaterales prevén una obligación de juzgar o extraditar en base a la jurisdicción universal, el Estado al que se haya dirigido la solicitud estará obligado a juzgar al presunto criminal. En el caso de otros crímenes de guerra, se exige que el Estado lleve a cabo la investigación y el enjuiciamiento de conformidad con la norma 158.
Existen disposiciones específicas para la cooperación en el marco de los estatutos de los tribunales internacionales. Esa cooperación debe realizarse en virtud del tratado, como en el caso del Estatuto de la Corte Penal Internacional, o en cumplimiento de resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como en el caso de los tribunales establecidos de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.[15]
[1] Protocolo adicional I (1977), art. 88 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 886); Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 19 (ibíd., párr. 890).
[2] Convenio europeo sobre cooperación judicial en materia penal (1959), art. 1, párr. 1 (ibíd., párr. 885); OUA, Convención para la eliminación del mercenarismo en Africa (1977), art. 10 (ibíd., párr. 887); Naciones Unidas, Convención Internacional sobre el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (1989), art. 13 (ibíd., párr. 888); United States—Soviet Memorandum of Understanding on the Pursuit of Nazi War Criminals (1989), art. 1 (ibíd., párr. 889).
[3] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 683 (ibíd., párr. 913).
[4] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaración del Presidente (ibíd., párr. 914).
[5] Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2712 (XXV) (ibíd., párr. 915), Res. 2840 (XXVI) (ibíd., párr. 916), Res. 3020 (XXVII) (ibíd., párr. 917) y Res. 3074 (XXVIII) (ibíd., párr. 918).
[6] V. las notas a pie de página 217 y 257 y el texto que las acompaña.
[7] Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 3 (XXI) (ibíd., párr. 919) y Res. 1988/47 (ibíd., párr. 920).
[8]Estados Unidos, Remarks of the Deputy Legal Adviser of the Department of State (ibíd., párr. 909).
[9]Protocolo adicional I (1977), art. 88, párr. 2 (ibíd., párr. 936).
[10]Argentina, Corte Suprema de Justicia, Priebke case (ibíd., párr. 971); México, Corte Federal de Primer Circuito, Caso Cavallo (ibíd., párr. 974); Bolivia, Corte Suprema, Caso relativo a la extradición de Barbie (ibíd., párr. 972). Sin embargo, debe señalarse que Klaus Barbie fue ulteriormente expulsado por Bolivia a Francia.
[11] V., v.g., la práctica de Bélgica (ibíd., párr. 1024), Croacia (ibíd., párr. 1010), España (ibíd., párr. 1019), Lituania (ibíd., párr. 1015), Mongolia (ibíd., párr. 1003), Rusia (ibíd., párr. 1017), Rwanda (ibíd., párr. 1018), Yemen (ibíd., párr. 1020) y Yugoslavia (ibíd., párr. 1021); v. también los acuerdos bilaterales de extradición que hacen una excepción específica con los nacionales del propio Estado (ibíd., párr. 994), aunque exiten otros que prohíben esta excepción (ibíd., párrs. 995, 996, 999, 1001 y 1004).
[12] V., v.g., Tratado de extradición entre Brasil y Perú (1919), art. IV (ibíd., párr. 1030); Convenio Europeo de Extradición (1957), art. 3, párr. 1 (ibíd., párr. 1032), Tratado de Extradición entre Venezuela y Chile (1962), art. 4, párr. 5 (ibíd., párr. 1034); Protocolo adicional al Convenio Europeo de Extradición (1978), art. 1 ( ibíd., párr. 1036); Tratado de Extradición entre España y Argentina (1987), art. 5, párr. 1 (ibíd., párr. 1037); Tratado de Extradición entre Perú y España (1989), art. 5 (ibíd., párr. 1038); Tratado de Extradición entre Chile y España (1992), art. 5, párr. 1 (ibíd., párr. 1039); Tratado de Extradición entre Australia y Chile (1993), art. IV, párr. 1 (ibíd., párr. 1040); Tratado de Extradición entre Argentina y Estados Unidos (1972), art. 4 (ibíd., párr. 1042); la legislación de Argentina (ibíd., párr. 1047), España (ibíd., párr. 1057), Luxemburgo (ibíd., párr. 1052), Países Bajos (ibíd., párr. 1053), Perú (ibíd., párr. 1054) y Portugal (ibíd., párr. 1055).
[13] V., v.g., Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), art. 7 (ibíd., párr. 1031); Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973), art. 11 (ibíd., párr. 1035); Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994), art. V (ibíd., párr. 1041); Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 20 (ibíd., párr. 1043).
[14] V., v.g., Nueva Zelandia, Military Manual (ibíd., párr. 1045) (en referencia a Ghana, Tribunal de Apelación, Schumann Extradition case (1949)); Argentina, Corte Suprema de Justicia, Caso Bohne (ibíd., párr. 1059).
[15] Estatuto de la CPI (1998), arts. 86 a 101, en particular art. 86 (ibíd., párr. 1070) y art. 93 (ibíd., párr. 1071); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 827 (ibíd., párr. 1125) (en relación con la cooperación con el TPIY) y Res. 955 (ibíd., párr. 1127) (en relación con la cooperación con el TPIR).