Norma 16. Verificación de los objetivos 

Norma 16. Las partes en conflicto deberán hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que prevén atacar son objetivos militares.
Volumen II, capítulo 5, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La obligación de hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se prevé atacar son objetivos militares se establece en el artículo 57, párrafo 2, apartado a), del Protocolo adicional I, al que no se han hecho reservas en relación con esta norma.[1]
Numerosos manuales militares expresan esta obligación,[2] que corroboran diversas declaraciones oficiales y la práctica reseñada,[3] incluidas las de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[4] En octubre de 1973, antes de que se aprobara el Protocolo adicional I, el CICR hizo un llamamiento a las partes en conflicto en Oriente Próximo para que respetaran la obligación de hacer todo lo que fuera factible para verificar que los objetivos que se preveía atacar fuesen objetivos militares, al que los Estados concernidos (Egipto, Irak, Israel y Siria) respondieron favorablemente.[5]
Si bien el Protocolo adicional II no incluye ninguna referencia explícita a esta norma, se expresa en otros instrumentos de derecho convencional más reciente aplicables en los conflictos armados no internacionales, concretamente en el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales.[6] Esta norma se incluye, además, en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[7]
La norma de que incumbe a las partes en conflicto hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se prevé atacar son objetivos militares figura en manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[8]
La jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en la causa Kupreskic proporciona más pruebas de que esta norma es consuetudinaria tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. En su fallo, el Tribunal consideró que esta norma era consuetudinaria porque precisaba y desarrollaba normas generales preexistentes.[9] Cabe, pues, sostener que el principio de distinción, que es consuetudinario en los conflictos armados internacionales y en los no internacionales, exige necesariamente el respeto de esta norma. El Tribunal se basó, asimismo, en el hecho de que ningún Estado había impugnado esta norma.[10] En este estudio tampoco se encontró ninguna práctica oficial contraria.
[1]Protocolo adicional I (1977), art. 57, párr. 2, apdo. a) (aprobado por 90 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones) (ibíd., párr. 207).
[2]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 223), Argentina (ibíd., párr. 213), Australia (ibíd., párr. 214), Bélgica (ibíd., párr. 215), Benin (ibíd., párr. 216), Camerún (ibíd., párr. 217), Canadá (ibíd., párr. 218), Croacia (ibíd., párrs. 219 y 220), Ecuador (ibíd., párr. 221), España (ibíd., párr. 233), Estados Unidos (ibíd., párrs. 238 a 240), Filipinas (ibíd., párr. 232), Francia (ibíd., párr. 222), Hungría (ibíd., párr. 224), Israel (ibíd., párr. 225), Italia (ibíd., párr. 226), Kenya (ibíd., párr. 227), Madagascar (ibíd., párr. 228), Nigeria (ibíd., párr. 231), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 230), Países Bajos (ibíd., párr. 229), Reino Unido (ibíd., párr. 237), Suecia (ibíd., párr. 234), Suiza (ibíd., párr. 235), Togo (ibíd., párr. 236) y Yugoslavia (ibíd., párr. 241).
[3]V., v.g., las declaraciones de Indonesia (ibíd., párr. 246), Irak (ibíd., párr. 248), Jordania (ibíd., párr. 250), Países Bajos (ibíd., párr. 252) y Reino Unido (ibíd., párr. 254), así como la práctica referida de Irán (ibíd., párr. 247), Israel (ibíd., párr. 249), Malaisia (ibíd., párr. 251), Siria (ibíd., párr. 253), Estados Unidos (ibíd., párr. 255) y Zimbabwe (ibíd., párr. 256).
[4]V., v.g., la práctica de los Estados Unidos (ibíd., párrs. 238 a 240), Indonesia (ibíd., párr. 246), Irak (ibíd., párr. 248), Israel (ibíd., párr. 225), Kenya (ibíd., párr. 227) y Reino Unido (ibíd., párrs. 237 y 254), así como la práctica referida de los Estados Unidos (ibíd., párr. 255), Irán (ibíd., párr. 247), Israel (ibíd., párr. 249) y Malaisia (ibíd., párr. 251).
[5]V. CICR, La acción del Comité Internacional en Oriente Próximo (ibíd., párr. 263).
[6]Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 7 (ibíd., párr. 208).
[7]V., v.g., Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 6 (ibíd., párr. 210); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.5 (ibíd., párr. 211); Manual de San Remo (1994), párr. 46, apdo. b) (ibíd., párr. 212).
[8]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 223), Benin (ibíd., párr. 216), Croacia (ibíd., párrs. 219 y 220), Ecuador (ibíd., párr. 221), Filipinas (ibíd., párr. 232), Italia (ibíd., párr. 226), Kenya (ibíd., párr. 227), Madagascar (ibíd., párr. 228), Nigeria (ibíd., párr. 231), Togo (ibíd., párr. 236) y Yugoslavia (ibíd., párr. 241).
[9]TPIY, Kupreskic case, fallo (ibíd., párr. 260).
[10]TPIY, Kupreskic case, fallo (ibíd., párr. 260).