Norma 157. Jurisdicción sobre los crímenes de guerra 

Norma 157. Los Estados tienen derecho a conferir a sus tribunales nacionales jurisdicción universal en materia de crímenes de guerra.
Volumen II, capítulo 44, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario por lo que respecta a los crímenes de guerra cometidos tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. El principio de universalidad se suma a otras bases para la competencia en materia penal: el principio de territorialidad (basado en el lugar donde se produjo el crimen);[1] el principio de personalidad activa (basado en la nacionalidad del autor);[2] el principio de personalidad pasiva (basado en la nacionalidad de la víctima);[3] y el principio de protección (basado en la protección de los intereses o la seguridad nacionales).[4]
Las legislaciones nacionales apoyan ampliamente el derecho de los Estados a conferir a sus tribunales nacionales jurisdicción universal en materia de crímenes de guerra.[5] Existen también varios casos en que los tribunales nacionales han juzgado a presuntos criminales de guerra sobre la base de la jurisdicción universal.[6] En la última década, varias personas han sido juzgadas por tribunales nacionales por crímenes de guerra cometidos en conflictos armados no internacionales sobre la base de la jurisdicción universal.[7] Cabe destacar que los Estados de la nacionalidad de los acusados no se opusieron al ejercicio de la jurisdicción universal en esos casos. En varios manuales militares se respalda también la norma de que la competencia para los crímenes de guerra puede establecerse en base al principio de la jurisdicción universal.[8]
La práctica convencional apoya también el derecho de los Estados a conferir a sus tribunales nacionales jurisdicción universal en materia de crímenes de guerra. El Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales dispone que no afecta “al ejercicio de la jurisdicción en virtud del derecho internacional consuetudinario” que, para los delegados que participaron en la negociación del Protocolo, se refería al derecho de los Estados a conceder a sus tribunales nacionales jurisdicción universal en materia de crímenes de guerra.[9] Se ha interpretado que la Convención sobre el genocidio, que hace explícitamente alusión a la jurisdicción territorial, no prohíbe la aplicación del principio de la jurisdicción universal al genocidio.[10] Si bien el Estatuto de la Corte Penal Internacional no obliga a los Estados a establecer la jurisdicción universal para los crímenes de guerra que menciona, varios países han incorporado la lista de crímenes de guerra que figura en el Estatuto a su legislación nacional y concedido a sus tribunales jurisdicción para juzgar a las personas que presuntamente hayan cometido esos crímenes de guerra en base al principio de la jurisdicción universal.[11]
La práctica no es uniforme con respecto a si el principio de jurisdicción universal requiere una relación particular con el Estado que enjuicia. La exigencia de que debe existir alguna relación entre el acusado y el Estado que enjuicia, en particular que el acusado esté presente en ese Estado o haya caído en su poder, se refleja en los manuales militares, la legislación y la jurisprudencia de muchos países.[12] Sin embargo, existe también legislación y jurisprudencia que no requieren la existencia de ese vínculo.[13] Los Convenios de Ginebra tampoco lo exigen.
En 2000, la República Democrática del Congo entabló un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia para impugnar una orden internacional de detención emitida por un juez belga contra el Ministro congolés de Relaciones Exteriores. En sus alegatos ante la Corte en 2001, la República Democrática del Congo no hizo objeciones al principio de la existencia del derecho de los Estados a conceder a sus tribunales nacionales jurisdicción universal en materia de crímenes de guerra, pero sostuvo que el imputado debía encontrarse en el territorio del Estado que ejerciera esa jurisdicción. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia giró en torno a la cuestión de la inmunidad de los jefes de Estado y los ministros de Relaciones Exteriores y, por lo tanto, no se tomó ninguna decisión acerca de la jurisdicción universal.[14] En sus opiniones separadas y disidentes, los jueces tenían opiniones diferentes sobre la cuestión de si podía ejercerse la jurisdicción universal cuando el acusado no se encontraba presente en el Estado que enjuiciaba, pero la mayoría no hizo objeciones al derecho a juzgar a un presunto criminal de guerra en base a la jurisdicción universal.[15]
El derecho de los Estados de conceder a sus tribunales nacionales jurisdicción universal en materia de crímenes de guerra no obsta en modo alguno para que los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y los Estados Partes en el Protocolo adicional I cumplan su obligación de establecer la jurisdicción universal en su legislación interna para los crímenes de guerra conocidos como “infracciones graves”.[16] Muchos países han trasladado esa obligación a su ordenamiento jurídico interno.[17] Se ha juzgado a varios presuntos criminales de guerra por infracciones graves en base a la jurisdicción universal.[18]
Además de los Convenios de Ginebra y del Protocolo adicional I, existen otros tratados en los que se obliga a los Estados Partes a establecer la jurisdicción universal para determinados crímenes, incluso si se producen durante un conflicto armado. Se trata, en particular, de la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales.[19]
[1]V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (citado en vol. II, cap. 44, párr. 161), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 152) y Suiza (ibíd., párr. 156), así como la legislación de Australia (ibíd., párr. 165), Bangladesh (ibíd., párr. 169), Canadá (ibíd., párr. 177) y Côte d'Ivoire (ibíd., párr. 183); v. también el proyecto de ley de Nicaragua (ibíd., párr. 218).
[2]V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párrs. 159 a 161), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 152), Suiza (ibíd., párr. 156), y Yugoslavia (ibíd., párr. 162), así como la legislación de Alemania (ibíd., párr. 196), Australia (ibíd., párr. 165), Azerbaiyán (ibíd., párr. 168), Canadá (ibíd., párrs. 177 y 178), Estados Unidos (ibíd., párr. 243), Kirguistán (ibíd., párr. 205), México (ibíd., párr. 213), Países Bajos (ibíd., párr. 214) y Rusia (ibíd., párr. 224).
[3]V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párrs. 159 a 161), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 152) y Suiza (ibíd., párr. 156), así como la legislación de Alemania (ibíd., párr. 196), Canadá (ibíd. , párr. 178), Chile (ibíd., párr. 179), Côte d'Ivoire (ibíd., párr. 183), Eslovenia (ibíd., párr. 228), Francia (ibíd., párr. 193), México (ibíd., párr. 213), Países Bajos (ibíd., párr. 214) y Suecia (ibíd., párr. 231).
[4]V., v.g., Estados Unidos, Naval Handbook (ibíd., párr. 161); la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 168), Chile (ibíd., párr. 179) y Países Bajos (ibíd., párr. 214); Israel, Tribunal de Distrito de Jerusalén, Eichmann case (ibíd., párr. 258).
[5]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párrs. 196 y 198), Australia (ibíd., párr. 165), Azerbaiyán (ibíd., párr. 168), Bangladesh (ibíd., párr. 169), Belarús (ibíd., párr. 171), Bélgica (ibíd., párr. 172), Canadá (ibíd., párrs. 177 y 178), Colombia (ibíd., párr. 180), Costa Rica (ibíd., párr. 182), Ecuador (ibíd., párr. 188), El Salvador (ibíd., párr. 189), Eslovenia (ibíd., párr. 228), Estados Unidos (tortura) (ibíd., párr. 242), Etiopía (ibíd., párr. 190), Francia (ibíd., párr. 195), Luxemburgo (ibíd., párr. 208), Níger (ibíd., párr. 219), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 217), Reino Unido (ibíd., párrs. 238 a 240), Suecia (ibíd., párr. 231), Suiza (ibíd., párr. 232) y Tayikistán (ibíd., párr. 234); v. también los proyectos de ley de Líbano (ibíd., párr. 206), Sri Lanka (ibíd., párr. 230) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 235).
[6]Además de los casos citados en la nota a pie de página 207, v. también Australia, Tribunal Superior de Justicia, Poloniaukhovich case (ibíd., párr. 247); Canadá, Tribunal Superior de Justicia, Finta case (ibíd., párr. 250); Estados Unidos, Tribunal de Apelación, Demjanjuk case (ibíd., párr. 273); Países Bajos, Tribunal Especial de Casación, Ahlbrecht case (ibíd., párr. 262); Países Bajos, Tribunal Especial de Casación, Rohrig and Others case (ibíd., párr. 263); Reino Unido, Tribunal Supremo de la Judicatura, Tribunal de Apelación, Sawoniuk case (ibíd., párr. 271).
[7]V., v.g., Bélgica, Tribunal de Casación, The Four from Butare case (ibíd., párr. 249); Francia, Tribunal de Apelación, Munyeshyaka case (ibíd., párr. 253); Países Bajos, Tribunal Supremo, Knesevic case (ibíd., párr. 264); Suiza, Tribunal Militar de Lausana, Grabez case (ibíd., párr. 267) y Niyonteze case (ibíd., párr. 269).
[8]V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 144), Estados Unidos (ibíd., párr. 161) (“determinados crímenes de guerra”), Países Bajos (ibíd., párr. 150) y Reino Unido (ibíd., párr. 157).
[9]Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 16, párr. 2) apdo. a). V. también Jean-Marie Henckaerts, “Nuevas normas para la protección de los bienes culturales durante un conflicto armado”, RICR, n.° 835, Septiembre de 1999, pp. 593 a 620.
[10]Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), art. VI (citado en vol. II, cap. 44, párr. 109); Alemania, Tribunal Regional Superior de Dusseldorf, Jorgic case (ibíd., párr. 255); Israel, Tribunal de Distrito de Jerusalén, Eichmann case (ibíd., párr. 258).
[11]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 198), Bélgica (ibíd., párr. 172), Canadá (ibíd., párr. 178), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 217) y Reino Unido (ibíd., párr. 240); v. también el proyecto de ley de Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 235).
[12]V. los manuales militares de Canadá (ibíd., párr. 146), Ecuador (ibíd., párr. 147), Estados Unidos (ibíd., párr. 161), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 152) y Países Bajos (ibíd., párr. 151); la legislación de Alemania (ibíd., párr. 196), Australia (ibíd., párr. 165), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 173), Canadá (ibíd., párrs. 177 y 178), Colombia (ibíd., párr. 180), Estados Unidos (tortura) (ibíd., párr. 242), Francia (ibíd., párrs. 194 y 195), India (ibíd., párr. 201), Reino Unido (ibíd., párrs. 239 y 240) y Suiza (ibíd., párrs. 232 y 233); Alemania, Tribunal Supremo de Baviera, Djajic case (ibíd., párr. 254); Alemania, Tribunal Regional Superior de Dusseldorf, Jorgic case (ibíd., párr. 255); Alemania, Tribunal Supremo de Baviera, Kusljic case (ibíd., párr. 257); Canadá, Tribunal Superior de Justicia, Finta case (ibíd., párr. 250); Francia, Tribunal de Primera Instancia de París, Javor case (tortura) (ibíd., párr. 252); Países Bajos, Tribunal Especial de Casación, Rohrig and Others case (ibíd., párr. 263).
[13]Para referencias explícitas a la posibilidad de comenzar el proceso (de extradición) contra un presunto criminal de guerra que no está presente en el territorio del Estado donde se ha incoado el proceso, véase la legislación de Canadá (ibíd., párr. 176), Luxemburgo (ibíd., párrs. 207 a 209) y Nueva Zelandia (ibíd., párr. 217); Alemania, Tribunal Regional Superior de Dusseldorf, Sokolovic case (ibíd., párr. 256); Estados Unidos, Tribunal de Apelación, Demjanjuk case (ibíd., párr. 273).
[14]CIJ, Arrest Warrant case, fallo (ibíd., párr. 305).
[15]CIJ, Arrest Warrant case, fallo (ibíd., párr. 305).
[16]I Convenio de Ginebra (1949), art. 49; II Convenio de Ginebra (1949), art. 50; III Convenio de Ginebra (1949), art. 129; IV Convenio de Ginebra (1949), art. 146; Protocolo adicional I (1977), art. 85, párr. 1.
[17]Además de la legislación referida en la nota a pie de página 194, la legislación de los siguientes países se basa en el régimen de infracciones graves de los Convenios de Ginebra (y el Protocolo adicional I cuando es aplicable) o hace alusión a ese régimen: Alemania (citada en vol. II, cap. 44, párr. 197), Australia (ibíd., párr. 166), Austria (ibíd., párr. 167), Azerbaiyán (ibíd., párr. 168), Bangladesh (ibíd., párr. 169), Barbados (ibíd., párr. 170), Belarús (ibíd., párr. 171), Bélgica (ibíd., párr. 172), Botswana (ibíd., párr. 174), Bulgaria (ibíd., párr. 175), Canadá (ibíd., párr. 176), Chipre (ibíd., párrs. 185 y 186), Cuba (ibíd., párr. 184), Dinamarca (ibíd., párr. 187), España (ibíd., párr. 229), Finlandia (ibíd., párr. 191), Francia (ibíd., párr. 194), Guatemala (ibíd., párr. 199), Islas Cook (ibíd., párr. 181), Israel (ibíd., párr. 203), Kenya (ibíd., párr. 204), Luxemburgo (ibíd., párr. 209), Malaisia (ibíd., párr. 211), Malawi (ibíd., párr. 210), Mauricio (ibíd., párr. 212), Nigeria (ibíd., párr. 220), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 216), Papua Nueva Guinea (ibíd., párr. 221), Paraguay (ibíd., párr. 222), Polonia (ibíd., párr. 223), Reino Unido (ibíd., párr. 237), Rusia (ibíd., párr. 224), Seychelles (ibíd., párr. 226), Singapur (ibíd., párr. 227), Suiza (ibíd., párr. 233), Uganda (ibíd., párr. 236), Vanuatu (ibíd., párr. 244) y Zimbabwe (ibíd., párr. 245); v. también el proyecto de ley de Sri Lanka (ibíd., párr. 230).
[18]V., v.g., Alemania, Tribunal Supremo de Baviera, Djajic case (ibíd., párr. 254); Alemania, Tribunal Superior Regional de Dusseldorf, Jorgic case (ibíd., párr. 255); Alemania, Tribunal Superior Regional de Dusseldorf, Sokolovic case (ibíd., párr. 256); Alemania, Tribunal Supremo de Baviera, Kusljic case (ibíd., párr. 257); Dinamarca, Tribunal Superior de Justicia, Saric case (ibíd., párr. 251); Israel, Tribunal de Distrito de Jerusalén y Tribunal Supremo, Eichmann case (ibíd., párrs. 243 y 244); Suiza, Tribunal Militar de Lausana, Grabez case (ibíd., párr. 252).
[19]Convención contra la Tortura (1984), art. 5; Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado (1994), art. 10; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994), art. 4; Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 16, párr. 1.