Norma 156. Definición de crímenes de guerra 

Norma 156. Las violaciones graves del derecho internacional humanitario constituyen crímenes de guerra.
Volumen II, capítulo 44, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional define los crímenes de guerra, entre otras cosas, como “violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales” y “violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional”.[1] Los estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona, así como el Reglamento n.° 2000/15 de la UNTAET para Timor Oriental prevén también la competencia para entender de violaciones “graves” del derecho internacional humanitario.[2] En el asunto Delalic en 2001, la Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia declaró, en la interpretación del artículo 3 del Estatuto del Tribunal en el que se enumeran las violaciones de las leyes y costumbres de la guerra para las que el Tribunal es competente, que la expresión “leyes y costumbres de la guerra” incluye todas las leyes y costumbres de la guerra, además de las mencionadas en ese artículo.[3] El adjetivo “graves” calificando a “violaciones” figura en los manuales militares y la legislación de varios países.[4]
Existe también práctica en la que no se califican de “graves” las violaciones y en la que se definen los crímenes de guerra como cualquier violación de las leyes y costumbres de la guerra.[5] Análogamente, los manuales militares y la legislación de varios países no requieren que las violaciones del derecho internacional humanitario sean graves para que constituyan crímenes de guerra.[6] Sin embargo, la mayor parte de esa práctica ilustra las violaciones mediante listas de crímenes de guerra, haciendo normalmente referencia a actos como el robo, la destrucción deliberada, el homicidio y los malos tratos, lo que indica que estos Estados limitan, de hecho, los crímenes de guerra a las violaciones graves del derecho internacional humanitario.
El análisis deductivo de la lista de crímenes de guerra extraída de varios tratados y otros instrumentos internacionales, así como de las legislaciones y las jurisprudencias nacionales, revela que las violaciones se tratan, en la práctica, como graves y, por ende, como crímenes de guerra, si ponen en peligro a personas o bienes protegidos o si vulneran valores importantes.
a) Conducta que pone en peligro a personas o bienes protegidos. La mayoría de los crímenes de guerra implican muerte, lesiones, destrucción o apoderamiento ilícito de bienes. Sin embargo, no es necesario que los actos ocasionen daños a personas o bienes para que constituyan crímenes de guerra. Esto se vio más claro durante la redacción de los Elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional. Se decidió, por ejemplo, que bastaba con que se lanzase un ataque contra personas civiles o bienes de carácter civil, incluso si un imprevisto impedía que el ataque causara muertes o daños graves. Tal sería el caso, por ejemplo, si se lanzase un ataque contra la población civil o personas civiles y, debido a un fallo en los sistemas de armamentos, se fallase el blanco. Otro ejemplo sería someter a una persona a experimentos médicos, ya que no es necesario que se produzcan lesiones para que el acto constituya un crimen de guerra, basta con poner en peligro la vida o la salud de la persona con ese acto.[7]
b) Conducta que vulnera valores importantes. Los actos que constituyen crímenes de guerra porque vulneran valores importantes, aunque no se ponga físicamente en peligro a las personas o los bienes de manera directa, incluyen, por ejemplo: mutilar cadáveres,[8] someter a una persona a un trato humillante,[9] obligar a una persona a realizar trabajos que contribuyan directamente a las operaciones militares del enemigo;[10] violar el derecho a un juicio imparcial[11] y reclutar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas.[12]
La Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el recurso interlocutorio presentado en el asunto Tadic, en 1995, declaró que para que un delito pueda ser juzgado por el Tribunal, la “violación ha de ser grave, es decir, debe constituir una violación de una norma que proteja valores importantes, y la violación debe entrañar graves consecuencias para la víctima”. A continuación, ilustró este análisis indicando que el hecho de que un combatiente se apoderase de un pedazo de pan perteneciente a un ciudadano en un territorio ocupado violaría el párrafo 1 del artículo 46 del Reglamento de La Haya, pero no constituiría una violación “grave” del derecho internacional humanitario.[13] Como se desprende de los ejemplos de crímenes de guerra mencionados más arriba, esto no significa que la violación deba producir la muerte o lesiones físicas, o entrañar el riesgo de muerte o lesiones, aunque la vulneración de las normas que protegen valores importantes suele causar angustia y ansiedad a las víctimas.
En el recurso interlocutorio relativo a la apelación en el asunto Tadic, en 1995, la Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia declaró que “la violación de la norma [de derecho internacional humanitario] debe suscitar, en virtud del derecho consuetudinario o convencional, la responsabilidad penal individual de la persona que la haya violado”.[14] Este enfoque ha sido adoptado de forma sistemática por los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda en su jurisprudencia relativa a las violaciones graves del derecho internacional humanitario distintas de las infracciones graves de los Convenios de Ginebra.[15] Por ejemplo, por lo que se refiere a las violaciones graves del Protocolo adicional I distintas de las infracciones graves, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia examinó si esas violaciones suscitaban la responsabilidad penal individual con arreglo al derecho internacional consuetudinario o si el Protocolo adicional I suscitaba la responsabilidad penal individual no obstante el hecho de que la violación no figurase como infracción grave.[16]
Esta práctica no excluye la posibilidad de que un Estado pueda definir, en su ordenamiento jurídico interno, otras violaciones del derecho internacional humanitario como crímenes de guerra. Sin embargo, las consecuencias quedan en el ámbito interno y no se produce una internacionalización de la obligación de castigar esos crímenes ni jurisdicción universal.
La práctica anterior parece indicar que no era necesario que un acto estuviera reconocido expresamente por la comunidad internacional como un crimen de guerra para que un tribunal lo considerase como tal. Lo ilustran, por ejemplo, muchas sentencias dictadas por tribunales nacionales que declararon culpables a los acusados de crímenes de guerra cometidos en la II Guerra Mundial que no figuraban en las listas de los estatutos de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokyo, como la violación del derecho a un juicio imparcial,[17] la profanación de cadáveres,[18] los atentados contra los sentimientos religiosos de los prisioneros de guerra[19] y el empleo abusivo del emblema de la cruz roja.[20]
La práctica nacional posterior a la II Guerra Mundial mostró que, si bien los Estados de tradición jurídica anglosajona tendían a enjuiciar a personas en base al derecho internacional, muchos Estados con una tradición de derecho romano —que carecían de una legislación especial sobre los crímenes de guerra— juzgaron los mismos crímenes en base a su legislación penal ordinaria.[21] Por consiguiente, para estos últimos, si el acto era criminal en tiempo de paz, podía tratarse como un crimen de guerra cuando se cometía durante un conflicto armado, siempre que el acto estuviese también prohibido por las leyes y costumbres de la guerra. Existe asimismo práctica reciente en este sentido.[22]
El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg determinó que las violaciones del Reglamento de La Haya constituían crímenes de guerra porque esas normas convencionales habían cristalizado en derecho consuetudinario antes de la II Guerra Mundial. Análogamente, la negociación del Estatuto de la Corte Penal Internacional se basó en la premisa de que, para constituir un crimen de guerra que se plasmase en el Estatuto, la conducta debía implicar una violación de una norma consuetudinaria de derecho internacional. Otro ejemplo de violaciones del derecho internacional consuetudinario empleadas como base para establecer crímenes de guerra es la resolución aprobada por consenso en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que se declara que las “graves violaciones” del IV Convenio de Ginebra y del Protocolo adicional I cometidas por Israel eran crímenes de guerra.[23] Dado que ni Israel ni muchos de los miembros de la Comisión habían ratificado el Protocolo adicional I por aquel entonces, esta declaración debe de haberse basado en el entendimiento de que estas infracciones constituían crímenes de guerra con arreglo al derecho internacional consuetudinario.
Sin embargo, en su inmensa mayoría, la práctica no limita el concepto de crímenes de guerra a violaciones del derecho internacional consuetudinario. Casi todos los manuales militares y códigos penales hacen referencia a las violaciones tanto del derecho consuetudinario como del derecho convencional aplicable. [24] Existe práctica adicional en forma de declaraciones de Alemania, Estados Unidos y Francia en las que se citan disposiciones convencionales como crímenes de guerra.[25] La Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia señaló también, en el recurso interlocutorio relativo a la apelación en el asunto Tadic, en 1995, que los crímenes de guerra pueden comprender violaciones graves tanto de las normas consuetudinarias como de las disposiciones de los tratados aplicables, esto es, las que son “indiscutiblemente vinculantes para las partes [en el conflicto armado] en el momento de la comisión del crimen”.[26]
La práctica aporta más detalles sobre la naturaleza del comportamiento que constituye un crimen de guerra, sus autores y su estado psicológico.
a) Acciones u omisiones. Los crímenes de guerra pueden consistir en acciones u omisiones. Algunos ejemplos de omisiones son el hecho de no ofrecer un juicio imparcial, privar de alimentos o no brindar la atención médica necesaria a las personas que se encuentran en poder del adversario.[27] A diferencia de los crímenes de lesa humanidad, que consisten en cometer de manera “amplia o sistemática” actos prohibidos, toda violación grave del derecho internacional humanitario constituye un crimen de guerra. Esto resulta evidente en una jurisprudencia extensa y uniforme desde la I Guerra Mundial hasta nuestros días.
b) Autores. La práctica, en forma de legislación, manuales militares y jurisprudencia, muestra que los crímenes de guerra son violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas o personas civiles contra miembros de las fuerzas armadas, personas civiles o bienes protegidos de la parte adversa.[28] Habitualmente, la legislación nacional no limita la comisión de crímenes de guerra a los miembros de las fuerzas armadas, sino que más bien indica los actos que se consideran criminales independientemente de quién los cometa.[29] Varios manuales militares contienen el mismo enfoque.[30] En diversos manuales militares, y en algunas legislaciones, figura expresamente el término “civiles” entre las personas que pueden cometer crímenes de guerra.[31]
c) Estado psicológico. La jurisprudencia internacional ha indicado que los crímenes de guerra son violaciones cometidas deliberadamente, es decir, con la intención de provocar el resultado criminal (dolus directus) o por negligencia o imprudencia (dolus eventualis).[32] Este elemento varía dependiendo del tipo de delito.[33]
Los crímenes de guerra incluyen las siguientes violaciones graves del derecho internacional humanitario:
1) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra:
En caso de un conflicto armado internacional, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:
• el homicidio intencional;
• la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;
• el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud;
• la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente;
• el hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga;
• el hecho de privar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente;
• la deportación o el traslado ilegal;
• la detención ilegal;
• la toma de rehenes.
Esta lista de infracciones graves se incluyó en los Convenios de Ginebra sobre todo en base a los crímenes perseguidos tras la II Guerra Mundial por los Tribunales Militares Internacionales de Nuremberg y Tokio, así como por tribunales nacionales. La lista fue retomada en los estatutos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y de la Corte Penal Internacional.[34] Está, asimismo, reflejada en la legislación de muchos países.[35] El hecho de que esas violaciones constituyan crímenes de guerra no suscita ningún tipo de controversia.
2) Otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en un conflicto armado internacional:
• los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes y la profanación de los muertos;
• la esterilización forzada;
• el hecho de obligar a los nacionales de la parte adversa a participar en las operaciones militares dirigidas contra su propio bando;
• el hecho de causar la muerte o heridas a un combatiente que se ha rendido o ha sido puesto fuera de combate;
• el hecho de declarar que no se dará cuartel;
• el hecho de utilizar de modo indebido los emblemas distintivos que indican un estatuto protegido y causar así la muerte o lesiones graves;
• el hecho de utilizar de modo indebido la bandera, las insignias militares o el uniforme del enemigo y causar así la muerte o lesiones graves;
• el hecho de matar o herir a un adversario valiéndose de medios pérfidos;
el hecho de dirigir ataques contra personal sanitario o religioso, unidades sanitarias o medios de transporte sanitarios;
• los actos de pillaje o apropiación de bienes contrarios al derecho internacional humanitario;
• la destrucción de bienes no justificada por necesidades militares.
Esas violaciones fueron objeto de juicios por crímenes de guerra tras la II Guerra Mundial.[36] Se incluyen, asimismo, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional o, si no están formuladas en términos idénticos, están cubiertas de hecho por el Estatuto, como se demuestra en los Elementos de los crímenes de la Corte Penal Inter- nacional.[37] El crimen de guerra “dirigir ataques contra personal sanitario o religioso, unidades sanitarias o medios de transporte sanitarios” cubre aspectos del crimen de guerra expresado en el artículo 8, párrafo 2, apartado b), incisos ix) y xxiv) del Estatuto de la Corte Penal Internacional.[38] La inclusión de estas violaciones como crímenes de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional no suscitó ningún tipo de controversia. El hecho de atacar a personas puestas fuera de combate y el empleo pérfido de los emblemas o signos distintivos figuran en el Protocolo adicional I como infracciones graves.[39] Existe también práctica que extiende el alcance de este crimen de guerra al uso pérfido de las señales protectoras.[40]
2) Otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en un conflicto armado internacional (continuación):
• el hecho de dirigir ataques contra la población civil o personas civiles que no participen directamente en las hostilidades;
• el hecho de lanzar un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente muertos y heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;
• el hecho de dirigir ataques contra localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas;
• el hecho de someter a personas que estén en poder de una parte adversa a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
• el traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado en el interior o fuera del territorio ocupado de la totalidad o parte de la población de ese territorio;
• el hecho de dirigir ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia o los monumentos históricos, siempre que no sean objetivos militares.
Estas violaciones del derecho internacional consuetudinario figuran como infracciones graves en el Protocolo adicional I y como crímenes de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[41] La redacción varía ligeramente entre ambos instrumentos, pero se trata básicamente de las mismas violaciones, como se indica en los Elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional.
a) El hecho de dirigir ataques contra la población civil o personas civiles que no participen directamente en las hostilidades. Además de la práctica mencionada más arriba, existen numerosos ejemplos de legislación nacional que tipifica como delito los ataques contra la población civil, incluida la legislación de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[42] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 1.
b) El hecho de lanzar un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente muertos y heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Además de la práctica mencionada más arriba, numerosos Estados han promulgado legislación en la que tipifican como delito todo ataque que viole el principio de proporcionalidad.[43] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 14.
La definición del crimen de guerra consistente en “lanzar un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente muertos y heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista” se acerca más a la redacción que figura en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[44] El término “de conjunto” no figura en los artículos 51 y 85 del Protocolo adicional I, ni en la norma sustantiva de derecho internacional consuetudinario (véase la norma 14). Al parecer, el propósito de agregar este término en el Estatuto de la Corte Penal Internacional fue indicar que un objetivo determinado podría tener una ventaja militar importante cuyas consecuencias se experimentarían durante un largo período de tiempo y afectarían a la acción militar en otras zonas además de las proximidades del objetivo. Dado que este sentido se incluye en la redacción del Protocolo adicional I y la norma substantiva de derecho internacional consuetudinario, la inclusión del término “de conjunto” no aporta ningún elemento adicional.[45]
c) El hecho de dirigir ataques contra localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas. Además de la práctica mencionada más arriba, la legislación de numerosos países tipifica como delito el hecho de atacar localidades no defendidas.[46] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 37.
Si bien el hecho de “hacer objeto de ataque zonas desmilitarizadas” es una infracción grave del Protocolo adicional I, no se menciona como tal en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, los ataques contra zonas desmilitarizadas constituyen un delito a tenor de lo dispuesto en la legislación de numerosos países. [47] Además, esos ataques constituirían, presumiblemente, el crimen de guerra de “dirigir ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares” o “dirigir ataques contra la población civil o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades”, ambos expresados en el Estatuto.[48]
Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 36.
d) El hecho de someter a personas que estén en poder de una parte adversa a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud. Además de la práctica mencionada más arriba, numerosos manuales militares expresan la prohibición de las mutilaciones, las experimentaciones médicas o científicas o cualquier otra actuación médica no requerida por el estado de salud de la persona concernida y que no sea conforme a las normas médicas generalmente aceptadas.[49] Esta prohibición se incluye también ampliamente en la legislación nacional.[50] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 92.
e) El traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado en el interior o fuera del territorio ocupado de la totalidad o parte de la población de ese territorio. Además de la práctica mencionada más arriba, numerosos manuales militares prohíben la deportación o el traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia población civil al territorio que ocupa.[51] Esta norma se incluye en la legislación de numerosos países.[52]
Además, la prohibición de las deportaciones ilícitas o el traslado de personas civiles en el territorio ocupado se indica en numerosos manuales militares.[53] La legislación de muchos países tipifica como delito ese tipo de deportaciones o traslados.[54] Existe jurisprudencia relativa a la II Guerra Mundial que respalda esta prohibición.[55]
Es posible encontrar más referencias a la práctica en los comentarios de las normas 129 a 130.
f) El hecho de dirigir ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia o los monumentos históricos, siempre que no sean objetivos militares. Además de la práctica mencionada más arriba, el ataque a estos objetos constituye un delito punible en virtud de la legislación de numerosos países.[56]
Por lo que respecta a los ataques a bienes religiosos o culturales, el Estatuto de la Corte Penal Internacional utiliza como base para este crimen de guerra el hecho de que un ataque constituye una violación del derecho internacional consuetudinario, en particular porque los bienes aludidos tienen carácter civil y porque esta prohibición figura en el Reglamento de La Haya.[57] En el Protocolo adicional I se establece que los ataques a los bienes religiosos o culturales constituyen una infracción grave si se ha otorgado a dichos bienes una protección especial.[58] Esto remite, concretamente, al régimen de protección especial creado por la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales.[59] El Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales somete también los bienes que gozan de una protección especial (“bajo protección reforzada”) al régimen de infracciones graves, ya que dispone que los ataques contra esos bienes o su utilización con fines militares están sujetos a la obligación de enjuiciar o extraditar a los culpables con arreglo a la jurisdicción universal.[60] Aunque los ataques contra bienes religiosos o culturales constituyen un crimen de guerra según el derecho internacional consuetudinario, la obligación de enjuiciar o extraditar a los autores en base a la jurisdicción universal por infracciones graves definida a este respecto en el Protocolo adicional I y el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya es solo vinculante para las Partes en esos tratados. Esto se aplica a todos los crímenes de guerra citados y que constituyen infracciones graves del Protocolo adicional I (véase el comentario de la norma 157).
Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 38.
2) Otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en un conflicto armado internacional (continuación):
• el hecho de dirigir ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares;
• el hecho de hacer padecer hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar los suministros de socorro;
• el hecho de dirigir ataques contra personas o bienes participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional humanitario;
• el hecho de lanzar un ataque a sabiendas de que causará daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que se prevea;
• el empleo de armas prohibidas;
• el hecho de declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;
• la utilización de escudos humanos;
• el hecho de reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;
• los actos de violencia sexual, en particular de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada y embarazo forzado.
Este grupo de crímenes de guerra figura en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[61] Exceptuando el crimen de guerra de “declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga”, estos crímenes reflejan el desarrollo del derecho internacional consuetudinario desde la aprobación del Protocolo adicional I en 1977.
a) El hecho de dirigir ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares. La naturaleza consuetudinaria del crimen de guerra de dirigir ataques contra bienes de carácter civil se ha reconocido en varias sentencias del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.[62] Muchos países han promulgado legislación en la que tipifican como delito los ataques a bienes de carácter civil durante un conflicto armado.[63] Este crimen de guerra es, de hecho, una formulación moderna basada en una norma que figura en el Reglamento de La Haya que prohíbe la destrucción de bienes del enemigo a menos que sea imperiosamente exigida por las necesidades de la guerra.[64] Esto abarcaría también la destrucción deliberada del medio ambiente natural. Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de las normas 7 y 50.
b) El hecho de hacer padecer hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar los suministros de socorro. La prohibición de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra se consideró una norma novedosa cuando se aprobó el Protocolo adicional I. Sin embargo, la práctica posterior no sólo la ha convertido en una norma consuetudinaria, sino que su inclusión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional como un crimen de guerra si se comete en un conflicto armado internacional no suscitó ningún tipo de controversia. La destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil refleja, asimismo, una prohibición consuetudinaria. De hecho, durante la II Guerra Mundial, se celebró un juicio en relación con un caso de destrucción de cosechas en una operación de “tierra arrasada” aunque la base para el enjuiciamiento fue una destrucción de bienes que no estaba justificada por una necesidad militar.[65] La prohibición de hacer padecer hambre se establece en numerosos manuales militares.[66] Muchos países han promulgado legislación en la que se tipifica como delito el hecho de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra.[67] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de las normas 53 a 55.
c) El hecho de dirigir ataques contra personas o bienes participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional humanitario. La prohibición de atacar a tropas de mantenimiento de la paz se ha desarrollado con el creciente recurso a esas fuerzas en las últimas décadas. La tipificación como delito de ese comportamiento se introdujo por primera vez en la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado.[68] Aunque esta Convención no goza aún de una ratificación amplia, la tipificación de los ataques a ese personal, o a sus bienes, como crímenes de guerra se aceptó sin dificultades durante la negociación del Estatuto de la Corte Penal Internacional. La legislación de muchos países tipifica como delito el hecho de atacar al personal y a los bienes que participan en operaciones de mantenimiento de la paz.[69]
Como muestra la formulación “siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional humanitario” en el Estatuto de la Corte Penal Internacional,[70] este crimen de guerra es una aplicación especial del crimen de guerra consistente en dirigir ataques contra la población civil o personas civiles y bienes de carácter civil. En el caso de un ataque a tropas, el acto sería criminal si, en ese momento, las tropas no estuviesen participando en las hostilidades y, por consiguiente, no hubieran perdido la protección otorgada a las personas civiles según el derecho internacional humanitario (véase la norma 6). La referencia a la asistencia humanitaria se refiere a la asistencia prestada sea en el contexto de las operaciones de mantenimiento de la paz por tropas o por personas civiles, sea en otros contextos por personas civiles. Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de las normas 31 y 33.
d) El hecho de lanzar un ataque a sabiendas de que causará daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que se prevea. La protección del medio ambiente natural es un valor que se ha desarrollado considerablemente desde la aprobación del Protocolo adicional I. La descripción del crimen de guerra relativo al medio ambiente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que combina un umbral elevado de daños con la falta de proporcionalidad,[71] es más restrictiva que la prohibición consuetudinaria relativa al medio ambiente (véanse las normas 43 y 45). La inclusión de este crimen de guerra no suscitó ningún tipo de controversia durante la negociación del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Además, un ataque deliberado contra el medio ambiente, que no estuviese justificado por una necesidad militar, constituiría también un crimen de guerra porque sería, de hecho, un ataque contra un bien de carácter civil (véase la norma 7).
e) El empleo de armas prohibidas. Los Estados que negociaron el Estatuto de la Corte Penal Internacional partieron de la base de que la lista de crímenes de guerra del Estatuto reflejaba normas de derecho consuetudinario, incluida la lista de armas cuyo empleo estaba sujeto a la competencia de la Corte. Además de las armas específicas citadas en los incisos xvii) a xix) del apartado b) del párrafo 2 del artículo 8 del Estatuto, las armas que, por su propia naturaleza, puedan causar daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtir efectos indiscriminados se mencionan en el inciso xx) del apartado b) del párrafo 2 del artículo 8, en el que se agrega que deben ser también objeto de “una prohibición completa”, y se citan en una lista que figura en anexo al Estatuto.[72]
Varios manuales militares establecen que el empleo de armas prohibidas constituye un crimen de guerra.[73] Además, la legislación de numerosos países tipifica como delito el empleo de armas prohibidas en virtud del derecho internacional.[74] Esta práctica es tanto amplia como representativa.
f) El hecho de declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga. Esta prohibición se remonta al Reglamento de La Haya.[75] Se incluyó sin ningún tipo de controversia en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ya que se consideró parte del derecho internacional consuetudinario.[76]
g) La utilización de escudos humanos. La utilización de escudos humanos está prohibida en virtud del derecho internacional consuetudinario (véase la norma 97), pero el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia la ha reconocido también como un crimen de guerra, en tanto que trato inhumano o cruel,[77] y atentado contra la dignidad personal.[78] Su inclusión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional no suscitó ningún tipo de controversia.[79] La legislación de muchos países tipifica como delito la utilización de escudos humanos.[80] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 97.
h) El hecho de reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. La prohibición de reclutar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o de utilizarlos para participar activamente en las hostilidades se introdujo en el Protocolo adicional I.[81] Aunque se trata de una prohibición relativamente reciente, la inclusión de esos actos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra no suscitó ningún tipo de controversia. El reclutamiento de niños está prohibido en virtud de la legislación de muchos países.[82] La utilización de niños para participar activamente en las hostilidades está también prohibida por la legislación de muchos países.[83] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de las normas 136 y 137.
i) Los actos de violencia sexual, en particular de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada y embarazo forzado. La inclusión explícita en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de diversas formas de violencia sexual como crímenes de guerra refleja cambios en la sociedad en las últimas décadas, en particular la petición de que se muestre un respeto y un reconocimiento mayores hacia las mujeres. Aunque la violación estaba prohibida por los Convenios de Ginebra, no se incluyó explícitamente como una infracción grave en los Convenios ni en el Protocolo adicional I, pero debería considerarse una infracción grave en base a que constituye un trato inhumano o un gran sufrimiento físico o mental provocado deliberadamente. La violación no fue uno de los crímenes de guerra imputados a los acusados en los juicios celebrados tras la II Guerra Mundial, aunque la práctica de la violencia sexual estaba extendida. Sin embargo, desde entonces no sólo se ha reconocido la naturaleza criminal de la violación o la agresión sexual en los conflictos armados en la legislación de muchos países,[84] sino que los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda han celebrado varios juicios y han dictado condenas al respecto.[85] La inclusión de los crímenes de violencia sexual en el Estatuto de la Corte Penal Internacional no fue, en sí, controvertida. Sin embargo, hubo cierta polémica en torno a dos crímenes de violencia sexual, esto es, el “embarazo forzado” y “cualquier otra forma de violencia sexual”. El “embarazo forzado” se introdujo como crimen en el Estatuto de la Corte Penal Internacional por sugerencia, entre otros, de Bosnia y Herzegovina debido a la incidencia de esos actos durante el conflicto armado que vivió ese país.[86] Sin embargo, algunas delegaciones temían que este crimen pudiera interpretarse como un deber para los Estados de ofrecer acceso al aborto a las mujeres víctimas de embarazos forzados.[87] Dado que el crimen implica otros dos crímenes de guerra, esto es, la violación y la detención ilícita, no cabe duda de la naturaleza consuetudinaria del carácter criminal de este comportamiento. La tipificación de “cualquier otra forma de violencia sexual” como un crimen de guerra entrañó ciertas dificultades para algunas delegaciones, que opinaban que era demasiado impreciso. El problema se solucionó agregando las palabras “que constituyan también una infracción grave de los Convenios de Ginebra”. Aunque la intención de algunos grupos que presionaron para que se incluyera este crimen era subrayar que cualquier forma de violencia sexual debe considerarse una infracción grave, en los Elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional se ha interpretado que esta frase implica que “la conducta era de gravedad comparable a la de la infracción grave de los Convenios de Ginebra”.[88]
Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 93.
2) Otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en un conflicto armado internacional (continuación):
• la esclavitud y la deportación con fines de trabajo forzado;
• los castigos colectivos;
• el despojo de los heridos, los enfermos, los náufragos o los muertos;
• el hecho de atacar o maltratar a un parlamentario o a una persona que lleva una bandera blanca de tregua;
• la demora injustificable en la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles;
• las prácticas del apartheid y demás prácticas inhumanas y degradantes, basadas en la discriminación racial, que entrañen un ultraje contra la dignidad personal;
• el hecho de lanzar un ataque indiscriminado que cause muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil;
• el hecho de lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil.
Estos crímenes de guerra no se mencionan como tales en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, tienen carácter penal porque, en la práctica, equivalen a uno o más de los crímenes citados en el Estatuto, o porque constituyen violaciones del derecho internacional consuetudinario, cuya naturaleza penal ha sido reconocida por la comunidad internacional.
a) La esclavitud y la deportación con fines de trabajo forzado. La esclavitud y la deportación con fines de trabajo forzado son violaciones del derecho internacional consuetudinario (véanse las normas 94 a 95), y su práctica en los conflictos armados constituye un crimen de guerra. La legislación de muchos países prohíbe la esclavitud o la trata de esclavos.[89] La deportación de personas civiles con fines de trabajo forzado figura entre los crímenes de guerra del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg.[90] La esclavitud y la deportación con fines de trabajo forzado dieron lugar a varios juicios por crímenes de guerra celebrados después de la II Guerra Mundial.[91] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de las normas 94 y 95.
b) Los castigos colectivos. Los castigos colectivos equivalen a privar a las víctimas de un juicio imparcial y figuran como un crimen de guerra en la legislación de numerosos países.[92] Dependiendo de la naturaleza del castigo, es probable que constituyan uno o más crímenes de guerra diferentes como, por ejemplo, en el asunto Priebke en 1997, relativo a las matanzas realizadas como represalia durante la II Guerra Mundial.[93] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 103.
c) El despojo de los heridos, los enfermos, los náufragos o los muertos. En el asunto
Pohl, en 1947, el Tribunal Militar estadounidense de Nuremberg declaró que robar a los muertos “es, y siempre ha sido, un delito”.[94] Ese comportamiento suele compararse al pillaje o a la sustracción de bienes en violación del derecho internacional humanitario y se define también específicamente como un delito en la legislación de numerosos países.[95]
El Convenio de Ginebra de 1906 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos de campaña exige que se tomen “las medidas necesarias para reprimir, en tiempo de guerra, los actos individuales de pillaje y los malos tratos realizados en las personas de los heridos y enfermos de los ejércitos”.[96] En particular, muchos manuales prohíben que se despoje a los heridos, los enfermos y los náufragos, a veces con el término “rapiña”, o señalan que constituye un crimen de guerra.[97]
Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de las normas 111 y 113.
d) El hecho de atacar o maltratar a un parlamentario o a una persona que lleva una bandera blanca de tregua. Se trata de una violación del Reglamento de La Haya y del derecho internacional consuetudinario (véase la norma 67). Equivale a un ataque a una persona civil o a un combatiente que en ese momento se encuentra fuera de combate y, por lo tanto, constituye un crimen de guerra. Varios manuales consideran que los ataques a un parlamentario que ostente una bandera blanca de tregua constituyen un crimen de guerra.[98] La legislación de muchos países tipifica como delito la vulneración de la inviolabilidad de los parlamentarios.[99] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 67.
e) La demora injustificable en la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles. Este crimen de guerra se cita como una infracción grave en el Protocolo adicional I.[100] Hasta la fecha, no se conocen juicios por esta causa, ni se ha incluido este crimen específicamente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la naturaleza penal de esta violación ha sido aceptada por los 161 Estados Partes en el Protocolo adicional I. La legislación de numerosos Estados especifica que es un crimen de guerra, incluida la de Azerbaiyán, que no es Parte en el Protocolo adicional I.[101] En el caso de que la demora en la repatriación de los prisioneros de guerra o las personas civiles sea injustificable, dejaría de existir una base jurídica en la práctica para su privación de libertad y ello equivaldría a una detención ilegal (véase el comentario de la norma 99).
f) Las prácticas del apartheid y demás prácticas inhumanas y degradantes, basadas en la discriminación racial, que entrañen un ultraje contra la dignidad personal. Este crimen de guerra figura como infracción grave en el Protocolo adicional I.[102] No aparece exactamente en estos términos en la lista de crímenes de guerra del Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero esta conducta equivaldría a un crimen de guerra en tanto que atentado contra la dignidad de la persona, así que como trato humillante y degradante. La legislación de numerosos países tipifica como delito el apartheid en la aplicación del derecho internacional humanitario.[103] Además, el respeto de todas las personas puestas fuera de combate sin distinciones de carácter desfavorable es una garantía fundamental reconocida por el derecho internacional consuetudinario (véase la norma 88).
g) El hecho de lanzar un ataque indiscriminado que cause muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil. La prohibición de los ataques indiscriminados forma parte del derecho internacional consuetudinario (véase la norma 11). La legislación de numerosos países tipifica como delito el hecho de lanzar un ataque indiscriminado.[104] Aunque no figura como tal en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, un ataque indiscriminado equivale, en la práctica, a un ataque a personas civiles, como indicó la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las armas nucleares en 1995 y como muestran varias sentencias del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.[105]
La definición de “intención” en el Estatuto de la Corte Penal Internacional incluye el hecho de que el autor sea “consciente de que [la consecuencia] se producirá en el curso normal de los acontecimientos”.[106] Está claro que lanzar un ataque a sabiendas de que probablemente se produzcan bajas civiles no significa, en sí, un ataque indiscriminado, porque las bajas o los daños incidentales no están prohibidos como tales.
Sin embargo, lanzar un ataque sin esforzarse debidamente por dirigirlo contra un blanco militar o de modo que afecte a las personas civiles sin preocuparse por los posibles muertos o heridos que ocasione equivale a un ataque indiscriminado. El hecho de lanzar un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente muertos y heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil que sean excesivos figura como una infracción grave en el Protocolo adicional I.[107] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 11.
h) El hecho de lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil. Este crimen de guerra figura como una infracción grave en el Protocolo adicional I.[108] Concierne a los ataques a obras e instalaciones que son objetivos militares, o ataques a objetivos militares que se encuentran en las proximidades de esas obras, de modo que se causen incidentalmente bajas entre la población civil o daños a bienes de carácter civil que sean excesivos.[109] Esos ataques constituyen una violación del derecho internacional consuetudinario y están cubiertos también, en la práctica, por el Estatuto de la Corte Penal Internacional (“[l]anzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea”).[110] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 42.
3) Violaciones graves del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra:
En caso de conflicto armado no internacional, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen activamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:
• los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;
• los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
• la toma de rehenes;
• las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables.
El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra ha cristalizado en derecho internacional consuetudinario, y el incumplimiento de una o más de sus disposiciones se ha reconocido como un crimen de guerra en los estatutos del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, del Tribunal Especial para Sierra Leona y de la Corte Penal Internacional, así como del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.[111] Su inclusión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional no suscitó apenas controversia. Cabe señalar que, aunque en algunas partes la formulación no es idéntica a la de los crímenes equivalentes en las infracciones graves aplicables en los conflictos armados internacionales, no existen diferencias en la práctica por lo que respecta a los elementos de esos crímenes, como se desprende de los Elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.[112]
4) Otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante un conflicto armado no internacional:
• el hecho de dirigir ataques contra la población civil o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades;
• el pillaje;
• los actos de violencia sexual, en particular de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada y embarazo forzado.
Estas violaciones del derecho internacional consuetudinario se incluyen en la lista de crímenes de guerra del Estatuto de la Corte Penal Internacional y, en su mayor parte, en los estatutos del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona (véase infra).
a) El hecho de dirigir ataques contra la población civil o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se ha referido a esta prohibición como crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales.[113] El crimen de guerra no aparece con la misma redacción en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, pero el Estatuto hace alusión, en términos generales, a las violaciones graves del Protocolo adicional II, que en su artículo 13 prohíbe los ataques contra las personas civiles.[114] La legislación de numerosos países tipifica como delito el hecho de dirigir ataques contra las personas civiles.[115] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 1.
b) Pillaje. Por lo que respecta al crimen de guerra de pillaje, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el asunto Jelisic, en 1999, declaró al acusado culpable de “pillaje”, según el artículo 3 de su Estatuto.[116] La legislación de muchos países tipifica como delito el pillaje.[117] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 52.
c) Los actos de violencia sexual, en particular de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada y embarazo forzado. Por lo que respecta a la violencia sexual, el Estatuto de la Corte Penal Internacional menciona, en particular, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la esterilización forzada y el embarazo forzado.[118] Los estatutos del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona definen este crimen de guerra como “ultrajes a la dignidad personal, en particular los tratos humillantes o degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de agresión sexual”.[119] En los asuntos Furundzija, en 1998, y Kunarac, en 2001, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia declaró a los acusados culpables de violación en el contexto de un conflicto armado no internacional.[120] La legislación de numerosos países tipifica como delito la violencia sexual.[121] Los comentarios realizados más arriba en relación con el crimen de violencia sexual en los conflictos armados internacionales también se aplican. Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 93.
4) Otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante un conflicto armado no internacional (continuación):
• el hecho de ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;
• el hecho de someter a personas que estén en poder del adversario a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no sean necesarios en razón del estado de salud de las personas afectadas y que pongan gravemente en peligro su salud;
• el hecho de declarar que no se dará cuartel;
• el hecho de dirigir ataques contra personal o bienes sanitarios o religiosos;
• el hecho de reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o en grupos armados, o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;
• el hecho de dirigir ataques contra bienes de carácter cultural o religioso, siempre que no sean objetivos militares.
Se trata de violaciones del Protocolo adicional II y del derecho internacional consuetudinario que se han incluido como crímenes de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
a) El hecho de ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas. Este acto constituye una violación del Protocolo adicional II[122] y del derecho internacional consuetudinario (véase la norma 129). En la práctica, estos actos suelen guardar relación con políticas de “depuración étnica” u otros tratos igualmente abusivos a determinados grupos. El desplazamiento figura como crimen de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[123] La legislación de numerosos países lo tipifica también como delito.[124] El Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han condenado muchas veces este tipo de comportamiento en los conflictos armados no internacionales de Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Irak, Liberia, Rwanda, Sudán y Zaire.[125] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 129.
b) El hecho de someter a personas que estén en poder del adversario a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no sean necesarios en razón del estado de salud de las personas afectadas y que pongan gravemente en peligro su salud. Este acto constituye una violación del Protocolo adicional II[126] y del derecho internacional consuetudinario (véase la norma 92). Se menciona en el Estatuto de la Corte Penal Internacional como crimen de guerra si se causa la muerte o se pone gravemente en peligro la salud de los afectados.[127] La legislación de numerosos países lo tipifica también como delito.[128] Este comportamiento es una violación del respeto debido a las personas que se encuentran en poder del adversario y probablemente equivalga también a un trato cruel o a un atentado contra la dignidad personal (véase la norma 90). Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 92.
c) El hecho de declarar que no se dará cuartel. Este crimen de guerra figura en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[129] No se define en los mismos términos en el Protocolo adicional II, pero, en la práctica, es el mismo que la prohibición de ordenar que no haya supervivientes expresada en el párrafo 1 del artículo 4, así como en el apartado h) del párrafo 2 del artículo 4, que prohíbe proferir amenazas de muerte contra personas fuera de combate. Si se llevasen a la práctica esas amenazas, se estaría violando el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. La legislación de numerosos países tipifica como delito ordenar que no se dé cuartel.[130]
La orden de que no se dé cuartel constituye un crimen de guerra independientemente de que se ejecute o no. Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 46.
d) El hecho de dirigir ataques contra personal o bienes sanitarios o religiosos. Se trata de personas y bienes protegidos en virtud del Protocolo adicional II.[131] Los ataques contra ellos constituyen un crimen de guerra según el Estatuto de la Corte Penal Internacional en términos ligeramente diferentes, concretamente con la redacción: “Dirigir [...] ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional”.[132] A pesar de esta formulación, cabe señalar que el emblema distintivo no confiere por sí mismo un estatuto protegido y, por lo tanto, el crimen consiste, de hecho, en atacar a personas u objetos a sabiendas de que son personal, unidades y medios de transporte sanitarios o personal religioso, independientemente de si emplean el emblema o no.[133]
El personal religioso, ya sea militar o civil, tiene derecho al mismo respeto que el personal sanitario militar o civil. Los ataques contra estas personas están tipificados como delito en la legislación de muchos países.[134]
Las comisiones de expertos de las Naciones Unidas establecidas en virtud de las resoluciones 780 (1992) y 935 (1994) del Consejo de Seguridad han investigado diversas violaciones del derecho internacional humanitario en los conflictos de la antigua Yugoslavia y Rwanda respectivamente, partiendo del principio de que esas violaciones constituían crímenes de guerra.[135] Análogamente, la legislación de muchos países tipifica como delito los ataques dirigidos contra hospitales y unidades y medios de transporte sanitarios.[136]
El Consejo de Seguridad y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han condenado los ataques a personas o bienes protegidos en Rwanda, Somalia y la antigua Yugoslavia.[137] La protección de las aeronaves sanitarias está sujeta a condiciones más concretas que los demás bienes (véase el comentario de la norma 29). Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de las normas 25 a 30.
e) El hecho de reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o en grupos armados, o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. Esta práctica figura como un crimen de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[138] La inclusión de este crimen de guerra no suscitó controversias durante la negociación del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Se ha incluido también en el Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona.[139] El primer tratado en prohibir el reclutamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o en grupos armados, o su utilización para participar activamente en conflictos armados no internacionales fue el Protocolo adicional II.[140] Desde entonces, la ilicitud de este comportamiento ha sido reconocida universalmente y se ha reafirmado en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que son Parte prácticamente todos los Estados del mundo.[141] El empleo de niños menores de 15 años en diversos conflictos armados no internacionales ha sido condenado reiterada y enérgicamente por la comunidad internacional.[142] Este crimen de guerra figura también en la legislación de muchos países.[143]
Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de las normas 136 y 137.
f) El hecho de dirigir ataques contra bienes de carácter cultural o religioso, siempre que no sean objetivos militares. Esta práctica está prohibida por el Protocolo adicional II[144] y el derecho internacional consuetudinario (véase la norma 38). Figura como crimen de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, con la misma redacción que en el Reglamento de La Haya.[145] El ataque de esos bienes en los conflictos armados no internacionales se tipifica como delito en la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales,[146] y con mayor detalle en su Segundo Protocolo.[147] La particular importancia atribuida a esta prohibición por la comunidad internacional se observa en la condena a ese tipo de ataques en Afganistán y la antigua Yugoslavia.[148] La legislación de numerosos países tipifica esta práctica como delito.[149] El crimen figura también en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.[150] En el asunto Tadic, en 1995, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia declaró que se aplicaba a los conflictos armados no internacionales.[151] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 38.
4) Otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante un conflicto armado no internacional (continuación):
• el hecho de dirigir ataques contra bienes de carácter civil;
• el hecho de apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo requieran;
• el hecho de dirigir ataques contra personal o bienes participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional humanitario;
• el hecho de matar o herir a un adversario valiéndose de medios pérfidos.
Se trata de violaciones del derecho internacional consuetudinario que figuran como crímenes de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[152]
a) El hecho de dirigir ataques contra bienes de carácter civil. Esta no es la expresión utilizada en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero es básicamente la misma que el crimen de guerra de “[d]estruir [...] bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo”.[153] La prohibición de atacar bienes de carácter civil figura en muchos manuales militares aplicables en los conflictos armados no internacionales.[154] Numerosos Estados han promulgado legislación en la que tipifican como delito los ataques a bienes de carácter civil durante los conflictos armados.[155]
La naturaleza penal de la violación, indicada en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la legislación mencionada más arriba, se basa en la importancia que atribuye la comunidad internacional a la necesidad de respetar los bienes de carácter civil. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el asunto Blaskic en 2000, declaró al acusado culpable de “ataques ilícitos contra bienes de carácter civil” en violación del artículo 3 del Estatuto del Tribunal.[156]
Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 7.
b) El hecho de apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo requieran. Además del pillaje, el hecho de apoderarse de bienes cuando no está justificado por la necesidad militar figura como crimen de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[157] El Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia incluye “[e]l pillaje de bienes públicos o privados” como crimen de guerra.[158] En el asunto Jelisic, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia declaró al acusado culpable de pillaje en virtud del apartado e) del artículo 3 de su Estatuto.[159] La legislación de muchos países tipifica como delito el hecho de apoderarse de bienes cuando no lo requiere la necesidad militar.[160] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 50.
c) El hecho de dirigir ataques contra personal o bienes participantes en una misión
de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional humanitario. Este crimen de guerra figura en el artículo 4 de los estatutos del Tribunal Especial para Sierra Leona y de la Corte Penal Internacional.[161] Se incluyó debido a que esos actos constituyen ataques contra personas civiles o bienes de carácter civil. La legislación de muchos países tipifica como delito los ataques contra personal o bienes que participan en una misión de mantenimiento de la paz.[162] Cabe destacar también que esas operaciones tienen lugar en todos los tipos de conflicto y que la naturaleza del conflicto no cambia en modo alguno el respeto que la comunidad internacional espera que se otorgue a ese personal y su equipamiento. Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de las normas 31 y 33.
d) El hecho de matar o herir a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Este crimen de guerra figura en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. [163] La legislación de muchos países lo tipifica como delito, especialmente si implica el empleo pérfido del emblema de la cruz roja o de la media luna roja.[164] La naturaleza penal de este acto en los conflictos armados no internacionales fue, asimismo, confirmada por la Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el asunto Tadic en 1995.[165] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 65.
4) Otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante un conflicto armado no internacional (continuación):
• el empleo de armas prohibidas;
• el hecho de lanzar un ataque indiscriminado que cause muertos y heridos entre la población civil o a sabiendas de que tal ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil;
• el hecho de dirigir ataques contra localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas; • la utilización de escudos humanos;
• la esclavitud;
• los castigos colectivos;
• el hecho de hacer padecer hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar los suministros de socorro.
Estas violaciones no figuran en el Estatuto de la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra. Sin embargo, la práctica de los Estados reconoce su gravedad y, por ello, un tribunal tendría una base suficiente para llegar a la conclusión de que, en un conflicto armado no internacional, esos actos constituyen crímenes de guerra.
a) El empleo de armas prohibidas. Algunos tratados recientes en los que se prohíbe el empleo de determinadas armas en cualquier tipo de conflicto requieren que ese empleo sea punible penalmente. Tal es el caso, por ejemplo, de la Convención sobre las armas químicas, el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales y la Convención de Ottawa relativa a las minas antipersonal.[166] El Estatuto de la Corte Penal Internacional no incluye el empleo de armas prohibidas en las secciones que tratan de conflictos armados no internacionales, pero esta cuestión no se debatió abiertamente en la Conferencia Diplomática de Roma.
Varios manuales militares disponen que el empleo de armas prohibidas constituye un crimen de guerra.[167] Las legislaciones nacionales en las que se tipifica como delito el empleo de armas prohibidas lo hacen en términos generales. Ninguna lo limita a los conflictos armados internacionales y varios tipifican expresamente como delito el empleo de armas prohibidas en conflictos armados no internacionales.[168] Dado que la mayoría de los países definen el “crimen de guerra” como una “violación” o una “violación grave” del derecho internacional humanitario (véase supra), es razonable llegar a la conclusión de que considerarían que el empleo de armas prohibidas en los conflictos armados no internacionales queda dentro de esta categoría.
El Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas, que no se limita a los conflictos armados internacionales, establece que las violaciones de sus normas, incluidas las que exigen el respeto de los tratados que prohíben el empleo de determinadas armas, deben tratarse como delitos.[169]
El empleo de armas prohibidas guarda también estrechamente relación con otro crimen de guerra, concretamente los ataques a personas civiles o los ataques indiscriminados. Ese sería el caso, por ejemplo, del empleo de armas biológicas. Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de las normas 70 a 79 y 86.
b) El hecho de lanzar un ataque indiscriminado que cause muertos y heridos entre la población civil o a sabiendas de que tal ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil. Los ataques indiscriminados en los conflictos armados no internacionales han sido condenados tan frecuente y enérgicamente por la comunicad internacional que puede considerarse que esta prohibición tiene una naturaleza consuetudinaria, pues protege valores importantes y tiene por finalidad evitar muertos y heridos innecesarios. Como tal, esta violación entra en la definición general de crímenes de guerra. La legislación de numerosos países tipifica como delito los ataques indiscriminados.[170] El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia hizo referencia a esta violación en el contexto de conflictos armados no internacionales en el asunto Tadic en 1995 y, en términos generales, en el asunto Kupreskic en 2000.[171]
La misma consideración se aplica a los ataques lanzados a sabiendas de que causarán incidentalmente un número de muertos y heridos entre la población civil que será excesivo. Además, la legislación de muchos países tipifica como delito esos ataques.[172]
Tanto los ataques indiscriminados como los ataques desproporcionados pueden equipararse a ataques a la población civil si el autor sabía que ese sería el efecto del ataque en el curso normal de los acontecimientos. Así lo confirmó la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando condenó el “uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza militar” en el conflicto de Chechenia en base al Protocolo adicional II, que prohíbe los ataques contra personas civiles, pero sin hacer específicamente referencia a los ataques indiscriminados o desproporcionados.[173]
Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de las normas 11 y 14.
c) El hecho de dirigir ataques contra localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas. Esta práctica constituye un crimen de guerra porque estos ataques son ataques contra la población civil o contra bienes de carácter civil, concretamente una destrucción de bienes del adversario que no está justificada por necesidades imperiosas del conflicto (véase la norma 50).[174] La legislación de muchos países tipifica como delito este crimen.[175] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de las normas 36 y 37.
d) La utilización de escudos humanos. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha reconocido esta práctica como un crimen de guerra, sea en tanto que trato cruel[176], sea como atentado contra la dignidad personal.[177] La legislación de varios países tipifica como delito la utilización de escudos humanos en conflictos armados no internacionales.[178] La utilización de escudos humanos en conflictos armados no internacionales ha sido condenada por los Estados y por las Naciones Unidas, por ejemplo en relación con los conflictos de Liberia, Rwanda, Sierra Leona, Somalia, Tayikistán y la antigua Yugoslavia.[179] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 97.
e) La esclavitud. La esclavitud está prohibida por el Protocolo adicional II[180] y el derecho internacional consuetudinario (véase la norma 94). Los manuales militares y la legislación de muchos países prohíben la esclavitud y la trata de esclavos.[181] Además, esta práctica constituye un crimen de guerra porque equivale a un trato cruel o un atentado contra la dignidad personal (véase la norma 90). La legislación de numerosos países prohíbe también la esclavitud y el trabajo en condiciones de esclavitud.[182] Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 94.
f) Los castigos colectivos. Los castigos colectivos están prohibidos por el Protocolo adicional II[183] y el derecho internacional consuetudinario (véase la norma 103). Esta prohibición se establece también en la legislación de muchos países.[184] Este crimen de guerra figura en los estatutos del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[185] Además, los castigos colectivos constituyen un crimen de guerra porque equivalen a la privación del derecho a un juicio imparcial (véase la norma 100) y pueden constituir también un trato cruel (véase la norma 90). Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de la norma 103.
g) El hecho de hacer padecer hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar los suministros de socorro. Esta práctica constituye una violación del Protocolo adicional II[186] y del derecho internacional consuetudinario (véase la norma 53). Además, existe una amplia práctica de los Estados en que se expresa indignación ante determinados actos en los conflictos armados no internacionales, como el hecho de obstaculizar los suministros de socorro de modo que se haga padecer hambre a la población civil. Esta práctica demuestra que ese comportamiento no sólo es una violación del derecho internacional consuetudinario, sino también, a los ojos de la comunidad internacional, una violación muy grave.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha definido la obstaculización intencional de los suministros de socorro a la población civil sudanesa como “una ofensa contra la dignidad humana”.[187] Destaca, en particular, el hecho de que la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas establecida de conformidad con la Resolución 935 (1994) del Consejo de Seguridad señaló una violación del artículo 14 del Protocolo adicional II en su informe provisional sobre las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en Rwanda.[188]
Varios Estados consideran específicamente un delito el hecho de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra.[189] Además, esas violaciones equivalen, en la práctica, a matar a personas civiles, lo cual constituye en sí un crimen de guerra, porque cada violación consiste en actos deliberados que en el curso normal de los acontecimientos conducirían a su muerte. Pueden considerarse, asimismo, un trato inhumano (véase la norma 87).
Es posible encontrar más referencias a la práctica en el comentario de las normas 53 a 55.
Cabe también señalar que determinadas conductas, que no se han incluido en las listas de las páginas anteriores, tienen también carácter penal porque consisten en una combinación de varios crímenes de guerra. Los denominados crímenes de guerra compuestos son, en particular, las desapariciones forzadas y la depuración étnica. Las desapariciones forzadas equivalen, en la práctica, a privar a una persona del derecho a un juicio imparcial y, muchas veces, al homicidio (véase el comentario de la norma 98). La depuración étnica comprende varios crímenes de guerra, como el homicidio, la violación, la deportación o el traslado ilícito de población civil por motivos relacionados con el conflicto y que no están impuestos por la seguridad de las personas civiles ni por razones de necesidad militar imperiosa, y atentados contra la dignidad personal basados en la discriminación racial, así como tratos inhumanos o degradantes (véase el comentario de la norma 129).
[1]Estatuto de la CPI (1998), art. 8 (citado en vol. II, cap. 44, párr. 3).
[2]Estatuto del TPIY (1993), art. 1 (ibíd., párr. 11); Estatuto del TPIR (1994), art. 1 (ibíd., párr. 14); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 1, párr. 1 (ibíd., párr. 5); Reglamento de la UNTAET n.° 2000/15, sección 6, párr. 1 (ibíd., párr. 16).
[3]TPIY, Delalic case, fallo (ibíd., párr. 111).
[4]V., v.g., los manuales militares de Colombia (ibíd., párr. 21), Croacia (ibíd., párr. 22), España (ibíd., párr. 36), Francia (ibíd., párrs. 24 y 25) e Italia (ibíd., párr. 30), así como la legislación de Congo (ibíd., párr. 56), Nicaragua (ibíd., párr. 71) y Nueva Zelandia (ibíd., párr. 70); v. también la práctica referida de los Países Bajos (ibíd., párr. 93).
[5]Informe de la Comisión sobre la responsabilidad establecida tras las I Guerra Mundial (ibíd., párr. 6); Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945), art. 6, apdo. b) (ibíd., párr. 1); Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Tokyo, art. 5, apdo. b) (ibíd., párr. 8); Ley n.° 10 del Consejo del Control Aliado (1945), art. II (ibíd., párr. 7).
[6]V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 18), Canadá (ibíd., párr. 20), Estados Unidos (ibíd., párrs. 40 y 43), Israel (ibíd., párr. 29), Nigeria (ibíd., párr. 34), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 33), Países Bajos (ibíd., párr. 32), Reino Unido (ibíd., párr. 39), Sudáfrica (ibíd., párr. 35) y Suiza (ibíd., párr. 38), así como la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 48), España (ibíd., párr. 73), Países Bajos (ibíd., párr. 69) y Reino Unido (ibíd., párr. 74); v. también la práctica referida de Irán (ibíd., párr. 91).
[7]V. Knut Dormann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court. Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 130 y 233.
[8]V., v.g., Estados Unidos, Tribunal Militar General de Dachau, Schmid case (citado en vol. II, cap. 35, párr. 111) (la mutilación del cadáver de un prisionero de guerra y el hecho de negarle un entierro digno constituyen un crimen de guerra); v. también Australia, Tribunal Militar de Wewak, Takehiko case (ibíd., párr. 106); Australia, Tribunal Militar de Rabaul, Tisato case (ibíd., párr. 107); Estados Unidos, Comisión Militar de Yokohama, Kikuchi and Mahuchi case (ibíd., párr. 109); Estados Unidos, Comisión Militar de las Islas Marianas, Yochio and Others case (ibíd., párr. 110).
[9]V. Australia, Tribunal Militar de Rabaul, Tanaka Chuichi case (ibíd., párr. 3884) (con respecto a prisioneros de guerra sij a los que se obligó a cortarse el cabello y la barba y, en un caso, a fumar un cigarrillo, todo ello contrario a su religión); Estados Unidos, Comisión Militar de Florencia, Maelzer case (citado en vol. II, cap. 32, párr. 297) (con respecto a los prisioneros de guerra a los que se obligó a recorrer las calles de Roma como si fuese un desfile triunfal); v. también Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xxi).
[10]V. Francia, Tribunal general del gobierno militar de la zona francesa de ocupación en Alemania, Roechling case (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1861); Países Bajos, Tribunal Militar Temporal de Makassar, Koshiro case (ibíd., párr. 1865); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Krauch (I. G. Farben Trial) case (ibíd., párr. 1872); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Von Leeb (The High Command Trial) case (ibíd., párr. 1874); v. también Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xv).
[11]V. Australia, Tribunal Militar de Rabaul, Ohashi case (citado en vol. II, cap. 32, párr. 2957); Estados Unidos, Comisión Militar de Shanghai, Sawada case (ibíd., párr. 2961); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Altstotter (The Justice Trial) case (ibíd., párr. 2964); v. también Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. a), inciso vi) y apdo. c), inciso iv).
[12]V. Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xxvi) y apdo. e), inciso vii).
[13]TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (citado en vol. II, cap. 44, párr. 106).
[14] V. TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (ibíd., párr. 106).
[15] V. TPIY, Tadic case, fallo (ibíd., párr. 107), Blaskic case, fallo (ibíd., párr. 112), Kordic and Cerkez case, fallo (ibíd., párr. 120), Furundzija case, fallo (ibíd., párr. 110), Delalic case, fallo (ibíd., párr. 109), Kunarac case, fallo (ibíd., párr. 113), Kvocka case, fallo (ibíd., párr. 114), Krnojelac case, fallo (ibíd., párr. 115), Vasiljevic case, fallo (ibíd., párr. 116), Naletilic case, fallo (ibíd., párr. 117), Stakic case, fallo (ibíd., párr. 118), Galic case, fallo (ibíd., párr. 119); TPIR, Akayesu case, fallo (ibíd., párr. 103), Musema case, fallo (ibíd., párr. 105) y Rutagya case, fallo (ibíd., párr. 104).
[16] V., v.g., TPIY, Galic case, asunto n.° IT-98-29-T, fallo y opinión, 5 de diciembre de 2003, párrs. 113 a 129.
[17] V., v.g., Australia, Tribunal Militar de Rabaul, Ohashi case (citado en vol. II, cap. 32, párr. 2957); Estados Unidos, Comisión Militar de Roma, Dostler case (ibíd., párr. 2960); Estados Unidos, Comisión Militar de Shanghai, Sawada case (ibíd., párr. 2961) e Isayama case (ibíd., párr. 2962); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Altstotter (The Justice Trial) case (ibíd., párr. 2964); Reino Unido, Tribunal Militar de Wuppertal, Rhode case (ibíd., párr. 2963).
[18] V. Australia, Tribunal Militar de Wewak, Takehiko case (citado en vol. II, cap. 35, párr. 106); Australia, Tribunal Militar de Rabaul, Tisato case (ibíd., párr. 107); Estados Unidos, Comisión Militar de Yokohama, Kikuchi and Mahuchi case (ibíd., párr. 109); Estados Unidos, Comisión Militar de las Islas Marianas, Yochio and Others case (ibíd., párr. 110); Estados Unidos, Tribunal Militar General de Dachau, Schmid case (ibíd., párr. 111).
[19] V. Australia, Tribunal Militar de Rabaul, Tanaka Chuichi case (citado en vol. II, cap. 32, párr. 3883).
[20] V. Estados Unidos, Tribunal Militar Intermedio de Dachau, Hagendorf case (citado en vol. II, cap. 18, párr. 1313).
[21] V., v.g., la legislación de Francia (citada en vol. II, cap. 44, párr. 60), Noruega (ibíd., párr. 72) y Países Bajos (ibíd., párr. 67), así como la práctica referida de Bélgica (ibíd., párr. 83).
[22] V., v.g., la legislación de la República Democrática del Congo (ibíd., párr. 55) y la práctica de Alemania (ibíd., párrs. 521 a 524).
[23] Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1982/1 (ibíd., párr. 98).
[24]V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 18), Bélgica (ibíd., párr. 19), Canadá (ibíd., párr. 20), Ecuador (ibíd., párr. 23), Estados Unidos (ibíd., párrs. 40 y 43), Francia (ibíd., párr. 26), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 33), Reino Unido (ibíd., párr. 39) y Suiza (ibíd., párr. 38), así como la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 48), Canadá (ibíd., párrs. 51 y 52), Congo (ibíd., párr. 56), Estados Unidos (ibíd., párr. 75), Finlandia (ibíd., párr. 59) y Nueva Zelandia (ibíd., párr. 70); v. también el proyecto de ley de Burundi (ibíd., párr. 50).
[25]V. las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 90), Estados Unidos (ibíd., párr. 95) y Francia (ibíd., párr. 87).
[26]TPIY, Tadic case, asunto n.° IT-94-1-AR72, decisión relativa a la moción de la defensa de una apelación interlocutoria sobre la competencia, Sala de Apelación, 2 de octubre de 1995, párrs. 94 y 143.
[27]Como ejemplo de casos en los que el juicio no ha sido imparcial, véanse los ejemplos en las notas a pie de página 11 y 17. En cuanto al hecho de no porporcionar alimentos o la asistencia médica necesaria a los prisioneros de guerra, véase, v.g., la legislación de Argentina (citada en vol. II, cap. 37, párr. 60), Australia (ibíd., párr. 61), Bangladesh (ibíd., párr. 63), Chile (ibíd., párr. 64), España (ibíd., párr. 72), Irlanda (ibíd., párr. 66), México (ibíd., párr. 67), Nicaragua (ibíd., párr. 68), Noruega (ibíd., párr. 69), Perú (ibíd., párr. 70), República Dominicana (ibíd., párr. 65) y Uruguay (ibíd., párr. 73).
[28] V. Knut Dormann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 34 a 37 y 391 a 393; véanse los juicios de la II Guerra Mundial (citados en vol. II, cap. 44, párr. 78) y Estados Unidos, Tribunal de Distrito del Distrito Central de California, Leo Handel case (ibíd., párr. 79).
[29] V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 18), Ecuador (ibíd., párr. 23), Estados Unidos (ibíd., párrs. 40 y 43), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 33) y Reino Unido (ibíd., párr. 39), así como la legislación de Moldova (ibíd., párr. 66).
[30] V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 18), Canadá (ibíd., párr. 20) y Suiza (ibíd., párr. 38).
[31] V., v.g., los manuales militares de Ecuador (ibíd., párr. 23), Estados Unidos (ibíd., párrs. 40 y 43), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 33) y Reino Unido (ibíd., párr. 39), así como la legislación de Moldova (ibíd., párr. 66); v. también Jordania, Draft Military Criminal Code (ibíd., párr. 62).
[32] V., v.g., TPIY, Delalic case, asunto n.° IT-96-21-T, fallo, Sala de Primera Instancia II, 16 de noviembre de 1998, párrs. 437 y 439.
[33] V. el documento preparado por el CICR en relación con el elemento psicológico en los sistemas de derecho de tradición anglosajona y romana, y los conceptos de error de hecho y error de derecho en derecho internacional y derecho interno, distribuido, por petición de varios Estados, en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, Doc. PCNICC/1999/WGEC/INF.2/Add.4, 15 de diciembre de 1999, Anexo; v. también Elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional.
[34]Estatuto del TPIY (1993), art. 2; Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. a).
[35]Con respecto al homicidio intencional, véase, v.g., la legislación reseñada en el comentario de las norma 89. Con respecto a la tortura o los tratos inhumanos, véase, v.g., la legislación reseñada en el comentario de la norma 90. Con respecto a los experimentos biológicos, véase, v.g., la legislación reseñada en el comentario de la norma 92. Con respecto a la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente, véase, v.g., la legislación reseñada en el comentario de la norma 50. Con respecto al hecho de obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga, véase, v.g., la legislación reseñada en el comentario de la norma 95. Con respecto al hecho de privar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente, véase, v.g., la legislación reseñada en el comentario de la norma 100. Con respecto a la detención ilegal, véase, v.g., la legislación reseñada en el comentario de la norma 99. Con respecto a la toma de rehenes, véase, v.g., la legislación reseñada en el comentario de la norma 96.
[36]V., en general, Knut Dormann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court. Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003.
[37]V., v.g., en relación con la profanación de los muertos, Elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional, nota a pie de página 49 relativa al art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xxi) del Estatuto de la CPI (1998).
[38]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), incisos ix) y xxiv).
[39]Protocolo adicional I (1977), art. 85, párr. 3, apdos. e) y f).
[40]V., v.g., la práctica de Colombia (citada en vol. II, cap. 18, párr. 1235), Costa Rica (ibíd., párr. 282), España (ibíd., párrs. 381, 608, 1302 y 1436), Francia (ibíd., párrs. 1065, 1150, 1241, 1339 y 1407), Georgia (ibíd., párrs. 1105, 1190, 1368 y 1428) y Tayikistán (ibíd., párrs. 387, 1115, 1204, 1382 y 1439); v. también Estados Unidos, Naval Handbook, párr. 6.2.5.
[41]Protocolo adicional I (1977), art. 85, párr. 3 y párr. 4; Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b).
[42]V. la legislación al respecto (citada en vol. II, cap. 1, párrs. 217 a 269), en particular la de Azerbaiyán (ibíd., párrs. 221 y 222), Indonesia (ibíd., párr. 243) e Italia (ibíd., párr. 245).
[43]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 4, párr. 65), Armenia (ibíd., párr. 50), Australia (ibíd., párrs. 51 y 52), Belarús (ibíd., párr. 53), Bélgica (ibíd., párr. 54), Canadá (ibíd., párrs. 57 y 58), Chipre (ibíd., párr. 62), Colombia (ibíd., párr. 59), Congo (ibíd., párr. 60), España (ibíd., párr. 75), Georgia (ibíd., párr. 64), Irlanda (ibíd., párr. 66), Islas Cook (ibíd., párr. 61), Malí (ibíd., párr. 68), Níger (ibíd., párr. 73), Noruega (ibíd., párr. 74), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 70 y 71), Países Bajos (ibíd., párr. 69), Reino Unido (ibíd., párrs. 78 y 79), Suecia (ibíd., párr. 76) y Zimbabwe (ibíd., párr. 80); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 49), Burundi (ibíd., párr. 56), El Salvador (ibíd., párr. 63), Líbano (ibíd., párr. 67), Nicaragua (ibíd., párr. 72) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 77).
[44] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, apdo. b), inciso iv).
[45] V. Knut Dormann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court. Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 169 a 173, en particular pp. 169 y 170.
[46] V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 11, párr. 299), Armenia (ibíd., párr. 279), Australia (ibíd., párrs. 280 a 282), Azerbaiyán (ibíd., párr. 283), Belarús (ibíd., párr. 284), Bélgica (ibíd., párr. 285), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 286), Canadá (ibíd., párrs. 288 y 289), China (ibíd., párr. 290), Chipre (ibíd., párr. 294), Congo (ibíd., párr. 291), Croacia (ibíd., párr. 293), Eslovaquia (ibíd., párr. 314), Eslovenia (ibíd., párr. 315), España (ibíd., párr. 316), Estados Unidos (ibíd., párr. 321), Estonia (ibíd., párr. 297), Georgia (ibíd., párr. 298), Hungría (ibíd., párr. 300), Irlanda (ibíd., párr. 301), Islas Cook (ibíd., párr. 292), Lituania (ibíd., párr. 304), Malí (ibíd., párr. 305), Níger (ibíd., párr. 311), Noruega (ibíd., párr. 312), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 308 y 309), Países Bajos (ibíd., párr. 306 y 307), Polonia (ibíd., párr. 313), Reino Unido (ibíd., párrs. 319 y 320), República Checa (ibíd., párr. 295), Tayikistán (ibíd., párr. 317), Venezuela (ibíd., párr. 322), Yugoslavia (ibíd., párr. 323) y Zimbabwe (ibíd., párr. 324); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 278), Burundi (ibíd., párr. 287), El Salvador (ibíd., párr. 296), Jordania (ibíd., párr. 302), Líbano (ibíd., párr. 303), Nicaragua (ibíd., párr. 310) y Trinidad y Tobago (ibíd. , párr. 318).
[47] V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 11, párr. 148), Armenia (ibíd., párr. 133), Australia (ibíd., párrs. 134 y 135), Azerbaiyán (ibíd., párr. 136), Belarús (ibíd., párr. 137), Bélgica (ibíd., párr. 138), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 139), Canadá (ibíd., párr. 140), Chipre (ibíd., párr. 143), Croacia (ibíd., párr. 142), Eslovaquia (ibíd., párr. 159), Eslovenia (ibíd., párr. 160), España (ibíd., párr. 161), Estonia (ibíd., párr. 146), Georgia (ibíd., párr. 147), Hungría (ibíd., párr. 149), Irlanda (ibíd., párr. 150), Islas Cook (ibíd., párr. 141), Lituania (ibíd., párr. 153), Níger (ibíd., párr. 157), Noruega (ibíd., párr. 158), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 155), Países Bajos (ibíd., párr. 154), Reino Unido (ibíd., párr. 163), República Checa (ibíd., párr. 144), Tayikistán (ibíd., párr. 162), Yemen (ibíd., párr. 164), Yugoslavia (ibíd., párr. 165) y Zimbabwe (ibíd., párr. 166); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 132), El Salvador (ibíd., párr. 145), Jordania (ibíd., párr. 151), Líbano (ibíd., párr. 152) y Nicaragua (ibíd., párr. 156).
[48] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), incisos i) y ii).
[49] V., v.g., los manuales militares de Alemania (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1444), Argentina (ibíd., párrs. 1432 y 1433), Australia (ibíd., párrs. 1434 y 1435), Bélgica (ibíd., párr. 1436), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 1437), Burkina Faso (ibíd., párr. 1448), Canadá (ibíd., párr. 1439), Ecuador (ibíd., párr. 1440), España (ibíd., párr. 1456), Estados Unidos (ibíd., párrs. 1461 a 1464), Francia (ibíd., párrs. 1441 y 1443), Israel (ibíd., párr. 1445), Italia (ibíd., párr. 1446), Marruecos (ibíd., párr. 1447), Nigeria (ibíd., párrs. 1450 y 1451), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 1449), Países Bajos (ibíd., párr. 1448), Reino Unido (ibíd., párrs. 1459 y 1460), Rusia (ibíd., párr. 1452), Senegal (ibíd., párrs. 1453 y 1454), Sudáfrica (ibíd., párr. 1455), Suecia (ibíd., párr. 1457) y Suiza (ibíd., párr. 1458).
[50] V., v.g., la legislación (citada en vol. II, cap. 32, párrs. 1467 a 1533).
[51] V., v.g., los manuales militares de Argentina (citado en vol. II, cap. 38, párrs. 3465 y 347), Australia (ibíd., párr. 348), Canadá (ibíd., párr. 349), Croacia (ibíd., párr. 350), España (ibíd., párr. 355), Estados Unidos (ibíd., párr. 359), Hungría (ibíd., párr. 351), Italia (ibíd., párr. 352), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 354), Países Bajos (ibíd., párr. 353), Reino Unido (ibíd., párr. 358), Suecia (ibíd., párr. 357) y Suiza (ibíd., párr. 357).
[52] V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 38, párr. 379), Armenia (ibíd., párr. 361), Australia (ibíd., párrs. 362 y 363), Azerbaiyán (ibíd., párrs. 364 y 365), Bangladesh (ibíd., párr. 366), Belarús (ibíd., párr. 367), Bélgica (ibíd., párr. 368), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 369), Canadá (ibíd., párrs. 371 y 372), Chipre (ibíd., párr. 376), Congo (ibíd., párr. 373), Croacia (ibíd., párr. 375), Eslovaquia (ibíd., párr. 392), Eslovenia (ibíd., párr. 393), España (ibíd., párr. 394), Georgia (ibíd., párr. 380), Irlanda (ibíd., párr. 381), Islas Cook (ibíd., párr. 374), Malí (ibíd., párr. 384), Moldova (ibíd., párr. 385), Níger (ibíd., párr. 390), Noruega (ibíd., párr. 391), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 387 y 388), Países Bajos (ibíd., párr. 386), Reino Unido (ibíd., párrs. 397 y 398), República Checa (ibíd., párr. 377), Tayikistán (ibíd., párr. 395), Yugoslavia (ibíd., párr. 399) y Zimbabwe (ibíd., párr. 400); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 360), Burundi (ibíd., párr. 370), Jordania (ibíd., párr. 382), Líbano (ibíd., párr. 383) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 396).
[53] V., v.g., los manuales militares de Alemania (citado en vol. II, cap. 38, párr. 50), Argentina (ibíd., párrs. 39 y 40), Australia (ibíd., párrs. 41 y 42), Canadá (ibíd., párr. 43), Colombia (ibíd., párr. 44), Croacia (ibíd., párr. 45), Ecuador (ibíd., párr. 46), España (ibíd., párr. 58), Estados Unidos (ibíd., párrs. 62 a 64), Filipinas (ibíd., párr. 56), Francia (ibíd., párrs. 47 a 49), Hungría (ibíd., párr. 51), Italia (ibíd., párr. 52), Nigeria (ibíd., párr. 55), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 54), Países Bajos (ibíd., párr. 53), Reino Unido (ibíd., párr. 61), Sudáfrica (ibíd., párr. 57), Suecia (ibíd., párr. 59) y Suiza (ibíd., párr. 60).
[54] V., v.g., la legislación (citada en vol. II, cap. 38, párrs. 65 a 156).
[55] V., v.g., China, Tribunal Militar para los crímenes de guerra del Ministerio de Defensa Nacional de Nanjing, Takashi Sakai case (citado en vol. II, cap. 38, párr. 159); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Krauch (I.G. Farben Trial) case (ibíd., párr. 157); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Krupp case (ibíd., párr.157); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Milch case (ibíd., párr. 157); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, List (Hostages Trial) case (ibíd., párr. 157); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Von Leeb (The High Command Trial) case (ibíd., párr. 157); Francia, Tribunal general del gobierno militar de la zona francesa de ocupación en Alemania, Roechling case (ibíd., párr. 157); Israel, Tribunal de Distrito de Jerusalén, Eichmann case (ibíd., párr. 161); Países Bajos, Tribunal Especial de Casación, Zimmermann case (ibíd., párr. 166); Polonia, Tribunal Supremo de Poznan, Greiser case (ibíd., párr. 157).
[56] V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 12, párr. 132), Argentina (ibíd., párr. 105), Armenia (ibíd., párr. 107), Australia (ibíd., párrs. 108 y 109), Azerbaiyán (ibíd., párr. 110), Belarús (ibíd., párr. 111), Bélgica (ibíd., párr. 112), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 113), Bulgaria (ibíd., párr. 114), Canadá (ibíd., párrs. 116 y 117), Chile (ibíd., párr. 118), China (ibíd., párr. 119), Chipre (ibíd., párr. 126) Colombia (ibíd., párrs. 120 y 121), Congo (ibíd., párr. 122), Croacia (ibíd., párr. 124), Cuba (ibíd., párr. 125), Eslovaquia (ibíd., párr. 157), Eslovenia (ibíd., párr. 158), España (ibíd., párrs. 159 y 160), Estados Unidos (ibíd., párr. 168), Estonia (ibíd., párr. 130), Georgia (ibíd., párr. 131), Hungría (ibíd., párr. 133), Irlanda (ibíd., párr. 134), Islas Cook (ibíd., párr. 123), Italia (ibíd., párr. 135), Jordania (ibíd., párr. 136), Kirguistán (ibíd., párr. 138), Letonia (ibíd., párr. 139), Lituania (ibíd., párr. 141), Malí (ibíd., párr. 142), México (ibíd., párr. 143), Nicaragua (ibíd., párr. 148), Níger (ibíd., párr. 150), Noruega (ibíd., párr. 151), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 146 y 147), Países Bajos (ibíd., párrs. 144 y 145), Paraguay (ibíd., párr. 152), Perú (ibíd., párr. 153), Polonia (ibíd., párr. 154), Reino Unido (ibíd., párrs. 166 y 167), República Checa (ibíd., párr. 127), República Dominicana (ibíd., párr. 128), Rumania (ibíd., párr. 155), Rusia (ibíd., párr. 156), Suecia (ibíd., párr. 161), Suiza (ibíd., párrs. 162 y 163), Tayikistán (ibíd., párr. 164), Uruguay (ibíd., párr. 169), Venezuela (ibíd., párr. 170), Yugoslavia (ibíd., párr. 171) y Zimbabwe (ibíd., párr. 172); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 106), Burundi (ibíd., párr. 115), El Salvador (ibíd., párr. 129), Jordania (ibíd., párr. 137), Líbano (ibíd., párr. 140), Nicaragua (ibíd., párr. 149) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 165).
[57]Reglamento de La Haya (1907), art. 27.
[58]Protocolo adicional I (1977), art. 85, párr. 4, apdo. d).
[59]Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 8.
[60]Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 15.
[61]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b).
[62]V., v.g., TPIY, Blaskic case, fallo (citado en vol. II, cap. 2, párr. 181) y Kordic and Cerkez case, fallo (ibíd., párr. 182).
[63]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 2, párr. 128), Australia (ibíd., párr. 119), Azer- baiyán (ibíd., párr. 120), Canadá (ibíd., párr. 122), Congo (ibíd., párr. 123), Croacia (ibíd., párr. 124), Eslovaquia (ibíd., párr. 137), España (ibíd., párr. 138), Estonia (ibíd., párr. 126), Georgia (ibíd., párr. 127), Hungría (ibíd., párr. 129), Irlanda (ibíd., párr. 130), Italia (ibíd., párr. 131), Malí (ibíd., párr. 132), Noruega (ibíd., párr. 136), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 134), Países Bajos (ibíd., párr. 133), Reino Unido (ibíd., párr. 140) y Yemen (ibíd., párr. 141); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 118), Burundi (ibíd., párr. 121), El Salvador (ibíd., párr. 125), Nicaragua (ibíd., párr. 135) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 139).
[64]Reglamento de La Haya (1907), art. 23, apdo. g).
[65]V. Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, List (Hostages Trial) case (citado en vol. II, cap. 16, párr. 225) y Von Leeb (The High Command Trial) case (ibíd., párr. 226).
[66]V., v.g., los manuales militares de Alemania (citado en vol. II, cap. 17, párr. 19), Argentina (ibíd., párr. 9), Australia (ibíd., párrs. 10 y 11), Bélgica (ibíd., párr. 12), Benin (ibíd., párr. 13), Canadá (ibíd., párr. 14), Colombia (ibíd., párr. 15), Croacia (ibíd., párr. 16), España (ibíd., párr. 30), Estados Unidos (ibíd., párr. 35), Francia (ibíd., párrs. 17 y 18), Hungría (ibíd., párr. 20), Indonesia (ibíd., párr. 21), Israel (ibíd., párr. 22), Kenya (ibíd., párr. 23), Madagascar (ibíd., párr. 25), Nigeria (ibíd., párr. 28), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 27), Países Bajos (ibíd., párr. 26), Reino Unido (ibíd., párr. 34), República de Corea (ibíd., párr. 24), Rusia (ibíd., párr. 29), Suecia (ibíd., párr. 31), Suiza (ibíd., párr. 32), Togo (ibíd., párr. 33) y Yugoslavia (ibíd., párr. 36).
[67]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 17, párr. 50), Australia (ibíd., párrs. 37 y 38), Azerbaiyán (ibíd., párr. 39), Belarús (ibíd., párr. 40), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 41), Canadá (ibíd., párr. 43), China (ibíd., párr. 44), Congo (ibíd., párr. 45), Cote d'Ivoire (ibíd., párr. 46), Croacia (ibíd., párr. 47), Eslovenia (ibíd., párr. 58), Etiopía (ibíd., párr. 48), Georgia (ibíd., párr. 49), Irlanda (ibíd., párr. 51), Lituania (ibíd., párr. 52), Malí (ibíd., párr. 53), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 56), Noruega (ibíd., párr. 57), Países Bajos (ibíd., párrs. 54 y 55), Reino Unido (ibíd., párr. 60) y Yugoslavia (ibíd., párrs. 61 y 62); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 42) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 59).
[68]Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado (1994), art. 9.
[69]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 9, párr. 21), Australia (ibíd., párr. 15), Azerbaiyán (ibíd., párr. 16), Canadá (ibíd., párr. 18), Congo (ibíd., párr. 19), Georgia (ibíd., párr. 20), Malí (ibíd., párr. 22), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 24 y 25), Países Bajos (ibíd., párr. 23) y Reino Unido (ibíd., párrs. 27 y 28); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 17) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 26).
[70]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso iii).
[71]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso iv).
[72]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xx) (ibíd., párr. 405).
[73]V., v.g., los manuales militares de Alemania (citado en vol. II, cap. 20, párr. 412), Australia (ibíd., párrs. 408 y 409), Ecuador (ibíd., párr. 411), Estados Unidos (ibíd., párrs. 418 a 420), Nigeria (ibíd., párr. 414), Reino Unido (ibíd., párr. 417), República de Corea (ibíd., párr. 413), Sudáfrica (ibíd., párr. 415) y Suiza (ibíd., párr. 416).
[74]V., v.g., la legislación de Belarús (citada en vol. II, cap. 20, párr. 422), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 423), Bulgaria (ibíd., párr. 424), Colombia (ibíd., párr. 425), Croacia (ibíd., párr. 427), Dinamarca (ibíd., párr. 429), El Salvador (ibíd., párr. 430), Eslovaquia (ibíd., párr. 446), Eslovenia (ibíd., párr. 447), España (ibíd., párrs. 448 y 449), Estonia (ibíd., párr. 431), Etiopía (ibíd., párr. 432), Finlandia (ibíd., párr. 433), Hungría (ibíd., párr. 434), Italia (ibíd., párr. 435), Kazajstán (ibíd., párr. 436), Lituania (ibíd., párr. 437), Moldova (ibíd., párr. 438), Mozambique (ibíd., párr. 439), Nicaragua (ibíd., párrs. 441 y 442), Noruega (ibíd., párr. 443), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 440), Polonia (ibíd., párr. 444), República Checa (ibíd., párr. 428), Rusia (ibíd., párr. 445), Suecia (ibíd., párr. 450), Tayikistán (ibíd., párr. 451), Uzbekistán (ibíd., párr. 452), Viet Nam (ibíd., párr. 453) y Yugoslavia (ibíd., párr. 454); v. también el proyecto de ley de Argentina (ibíd., párr. 421).
[75]Reglamento de La Haya (1907), art. 23, apdo. h).
[76]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xiv).
[77]V., v.g., TPIY, Blaskic case, asunto n.° IT-95-14-T, fallo, Sala de Primera Instancia I, 3 de marzo de 2000, párr. 716; Kordic and Cerkez case, asunto n.° IT-95-14/2-T, fallo, Sala de Primera Instancia III, 26 de febrero de 2001, párr. 256; v. también Karadzic and Mladic case, examen del auto de procesamiento (citado en vol. II, cap. 32, párr. 2364).
[78]V., v.g., TPIY, Aleksovski case, asunto n.° IT-95-14/1-T, fallo, Sala de Primera Instancia I, 25 de junio de 1999, párr. 229.
[79]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xxiii).
[80]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 32, párr. 2294), Australia (ibíd., párr. 2285), Azer- baiyán (ibíd., párrs. 2286 y 2287), Bangladesh (ibíd., párr. 2288), Belarús (ibíd., párr. 2289), Canadá (ibíd., párr. 2291), Congo (ibíd., párr. 2293), Georgia (ibíd., párr. 2295), Irlanda (ibíd., párr. 2296), Lituania (ibíd., párr. 2297), Malí (ibíd., párr. 2298, Noruega (ibíd., párr. 2301), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 2300), Países Bajos (ibíd., párr. 2299), Perú (ibíd., párr. 2302), Polonia (ibíd., párr. 2303), Tayikistán (ibíd., párr. 2304), Reino Unido (ibíd., párr. 2306), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 2292) y Yemen (ibíd., párr. 2307); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 2290) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 2305).
[81]Protocolo adicional I (1977), art. 77, párr. 2.
[82]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 39, párr. 419), Australia (ibíd., párr. 407), Azer- baiyán (ibíd., párr. 408), Bangladesh (ibíd., párr. 409), Belarús (ibíd., párrs. 410 y 411), Canadá (ibíd., párr. 413), Colombia (ibíd., párrs. 414 y 415), Congo (ibíd., párr. 416), España (ibíd., párr. 429), Filipinas (ibíd., párr. 428), Georgia (ibíd., párr. 418), Irlanda (ibíd., párr. 420), Jordania (ibíd., párr. 421), Malawi (ibíd., párr. 422), Malaisia (ibíd., párr. 423), Noruega (ibíd., párr. 427), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 426), Países Bajos (ibíd., párr. 425), Reino Unido (ibíd., párr. 432) y Ucrania (ibíd., párr. 431); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 406), Burundi (ibíd., párr. 412) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 430).
[83]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 39, párr. 537), Australia (ibíd., párr. 529), Belarús (ibíd., párrs. 530 y 531), Canadá (ibíd., párr. 533), Colombia (ibíd., párrs. 534 y 535), Congo (ibíd., párr. 536), Filipinas (ibíd., párr. 546), Georgia (ibíd., párr. 538), Irlanda (ibíd., párr. 539), Jordania (ibíd., párr. 540), Malaisia (ibíd., párr. 541), Malí (ibíd., párr. 542), Noruega (ibíd., párr. 545), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 544), Países Bajos (ibíd., párr. 543) y Reino Unido (ibíd., párr. 548); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 532) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 547).
[84]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 32, párr. 1637), Armenia (ibíd., párr. 1618), Australia (ibíd., párrs. 1619 a 1621), Azerbaiyán (ibíd., párrs. 1622 y 1623), Bangladesh (ibíd., párr. 1622), Bélgica (ibíd., párr. 1623), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 1624), Canadá (ibíd., párr. 1626), China (ibíd., párr. 1629), Colombia (ibíd., párr. 1630), Congo (ibíd., párr. 1631), Croacia (ibíd., párr. 1632), Eslovenia (ibíd., párr. 1652), España (ibíd., párr. 1654), Estonia (ibíd., párr. 1634), Etiopía (ibíd., párr. 1635), Georgia (ibíd., párr. 1636), Lituania (ibíd., párr. 1642), Malí (ibíd., párr. 1643), Mozambique (ibíd., párr. 1644), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 1648), Países Bajos (ibíd., párrs. 1646 y 1647), Paraguay (ibíd., párr. 1651), Reino Unido (ibíd., párr. 1656), República de Corea (ibíd., párr. 1641) y Yugoslavia (ibíd., párrs. 1657 y 1658); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 1617), Burundi (ibíd., párr. 1627) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 1655).
[85]V., v.g., TPIY, Nikolic case, examen del auto de procesamiento (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1729), Delalic case, fallo (ibíd., párr. 1731), Furundzija case, fallo y sentencia en apelación (ibíd., párrs. 1732 y 1733) y Kunarac case, fallo (ibíd., párr. 1734).
[86]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xxii).
[87]V. Knut Dormann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court. Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 329 y 330.
[88]Ibíd., pp. 331 y 332.
[89]V., v.g., la legislación de Armenia (citada en vol. II, cap. 32, párr. 1815), Australia (ibíd., párr. 1818), Bélgica (ibíd., párr. 1823), Canadá (ibíd., párr. 1826), China (ibíd., párr. 1827), Congo (ibíd., párr. 1829), Croacia (ibíd., párr. 1831), Estados Unidos (ibíd., párrs. 1854 y 1855), Filipinas (ibíd., párr. 1849), Francia (ibíd., párr. 1833), Irlanda (ibíd., párr. 1834), Kenya (ibíd., párr. 1835), Malí (ibíd., párr. 1841), Níger (ibíd., párr. 1846), Noruega (ibíd., párr. 1847), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 1844), Países Bajos (ibíd., párr. 1842) y Reino Unido (ibíd., párr. 1853); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 1825) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 1851).
[90]Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945), art. 6 (ibíd., párr. 1761).
[91]V., v.g., Canadá, Tribunal Federal de Apelación, Rudolph and Minister of Employment and Immigration case (ibíd., párr. 1859); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, List (Hostages Trial) case (ibíd., párr. 1868), Milch case (ibíd., párr. 1869), Krauch (I. G. Farben Trial) case (ibíd., párr. 1870) y Krupp case (ibíd., párr. 1871); Países Bajos, Tribunal Especial de Casación, Rohrig and Others case (ibíd., párr. 1864); Polonia, Tribunal Supremo de Poznan, Greiser case (ibíd., párr. 1865).
[92]V., v.g., la legislación de Argentina (citada en vol. II, cap. 32, párr. 3776), Australia (ibíd., párr. 3777),Bangladesh (ibíd., párr. 3778), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 3779), China (ibíd., párr. 3780), Cote d'Ivoire (ibíd., párr. 3782), Croacia (ibíd., párr. 3783), Eslovenia (ibíd., párr. 3791), España (ibíd., párr. 3792), Etiopía (ibíd., párr. 3784), Irlanda (ibíd., párr. 3785), Italia (ibíd., párr. 3786), Kirguistán (ibíd., párr. 3787), Lituania (ibíd., párr. 3788), Noruega (ibíd., párr. 3789), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 3781), Rumania (ibíd., párr. 3790) y Yugoslavia (ibíd., párr. 3793).
[93]Italia, Tribunal Militar de Roma, Priebke case (citado en vol. II, cap. 32, párr. 3795).
[94]Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Pohl case (ibíd., párr. 235).
[95]V., v.g., la legislación de Albania (citada en vol. II, cap. 35, párr. 165), Argelia ( ibíd., párr. 166), Argentina (ibíd., párr. 167), Armenia (ibíd., párr. 168), Australia (ibíd., párr. 169), Azerbaiyán (ibíd., párr. 170), Bangladesh (ibíd., párr. 171), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 172), Botswana (ibíd., párr. 173), Bulgaria (ibíd., párr. 174), Burkina Faso (ibíd., párr. 175), Canadá (ibíd., párr. 176), Chad (ibíd., párr. 177), Chile (ibíd., párr. 178), Colombia (ibíd., párr. 179), Cote d'Ivoire (ibíd., párr. 180), Croacia (ibíd., párr. 181), Cuba (ibíd., párr. 182), Dinamarca (ibíd., párr. 184), Egipto (ibíd., párrs. 185 y 186), El Salvador (ibíd., párr. 187), Eslovaquia (ibíd., párr. 216), Eslovenia (ibíd., párr. 217), España (ibíd., párrs. 218 y 219), Etiopía (ibíd., párr. 188), Francia (ibíd., párr. 189), Gambia (ibíd., párr. 190), Georgia (ibíd., párr. 191), Ghana (ibíd., párr. 192), Guinea (ibíd., párr. 193), Hungría (ibíd., párr. 194), Indonesia (ibíd., párr. 195), Irak (196), Irlanda (ibíd., párr. 197), Italia (ibíd., párr. 198), Kazajstán (ibíd., párr. 199), Kenya (ibíd., párr. 200), Letonia (ibíd., párr. 202), Líbano (ibíd., párr. 203), Lituania (ibíd., párr. 204), Malaisia (ibíd., párr. 205), Malí (ibíd., párr. 206), Moldova (ibíd., párr. 207), Nicaragua (ibíd., párrs. 210 y 211), Nigeria (ibíd., párr. 212), Noruega (ibíd., párr. 213), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 209), Países Bajos (ibíd., párr. 208), Reino Unido (ibíd., párrs. 226 y 227), República Checa (ibíd., párr. 183), República de Corea (ibíd., párr. 201), Rumania (ibíd., párr. 214), Singapur (ibíd., párr. 215), Suiza (ibíd., párr. 220), Tayikistán (ibíd., párr. 221), Togo (ibíd., párr. 222), Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 223), Ucrania (ibíd., párr. 225), Uganda (ibíd., párr. 224), Uruguay (ibíd., párr. 228), Venezuela (ibíd., párr. 229), Viet Nam (ibíd., párr. 230), Yemen (ibíd., párr. 231), Yugoslavia (ibíd., párr. 232), Zambia (ibíd., párr. 233) y Zimbabwe (ibíd., párr. 234).
[96]Convenio de Ginebra de 1906 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos de campaña, art. 28.
[97]V., v.g., los manuales militares de Burkina Faso (citado en vol. II, cap. 34, párr. 417), Camerún (ibíd., párr. 418), Canadá (ibíd., párr. 420), Congo (ibíd., párr. 422), Estados Unidos (ibíd., párr. 442) (“maltratar”), Filipinas (ibíd., párr. 434) (“maltratar”), Francia (ibíd., párr. 423), Israel (ibíd., párr. 425), Italia (ibíd., párr. 426), Líbano (ibíd., párr. 428), Malí (ibíd., párr. 429), Marruecos (ibíd., párr. 430), Reino Unido (ibíd., párr. 438), Rumania (ibíd., párr. 435), Senegal (ibíd., párr. 436) y Suiza (ibíd., párr. 437).
[98]V., v.g., los manuales militares de Australia (citado en vol. II, cap. 19, párrs. 161 y 162), Canadá (ibíd., párr. 167), Ecuador (ibíd., párr. 169), Estados Unidos (ibíd., párrs. 192 a 195), Nigeria (ibíd., párr. 180), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 179), Reino Unido (ibíd., párr. 190), República de Corea (ibíd., párr. 175), Sudáfrica (ibíd., párr. 185) y Suiza (ibíd., párr. 189).
[99]V., v.g., la legislación de Argentina (citada en vol. II, cap. 19, párr. 197), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 199), Chile (ibíd., párr. 200), Croacia (ibíd., párr. 201), Ecuador (ibíd., párr. 203), El Salvador (ibíd., párr. 204), Eslovenia (ibíd., párr. 213), España (ibíd., párrs. 214 a 216), Estonia (ibíd., párr. 205), Etiopía (ibíd., párr. 206), Hungría (ibíd., párr. 207), Italia (ibíd., párr. 208), México (ibíd., párrs. 209 y 210), Nicaragua (ibíd., párr. 211), Perú (ibíd., párr. 212), República Dominicana (ibíd., párr. 202), Suiza (ibíd., párr. 217), Venezuela (ibíd., párrs. 218 y 219) y Yugoslavia (ibíd., párr. 220); v. también el proyecto de ley de Argentina (ibíd., párr. 198).
[100]Protocolo adicional I (1977), art. 85, párr. 4, apdo. b).
[101]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 37, párr. 679), Australia (ibíd., párrs. 664 y 665), Azerbaiyán (ibíd., párr. 666), Belarús (ibíd., párr. 668), Bélgica (ibíd., párr. 669), Canadá (ibíd., párr. 671), Chipre (ibíd., párr. 674), Croacia (ibíd., párr. 673), Eslovaquia (ibíd., párr. 691), Eslovenia (ibíd., párr. 692), España (ibíd., párr. 693), Estonia (ibíd., párr. 677), Georgia (ibíd., párr. 678), Hungría (ibíd., párr. 680), Irlanda (ibíd., párr. 681), Islas Cook (ibíd., párr. 672), Lituania (ibíd., párr. 684), Moldova (ibíd., párr. 685), Níger (ibíd., párr. 689), Noruega (ibíd., párr. 690), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 687), Reino Unido (ibíd., párr. 695), República Checa (ibíd., párr. 675), Tayikistán (ibíd., párr. 694), Yugoslavia (ibíd., párr. 696) y Zimbabwe (ibíd., párr. 697); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 662), El Salvador (ibíd., párr. 676), Jordania (ibíd., párr. 682), Líbano (ibíd., párr. 683) y Nicaragua (ibíd., párr. 688).
[102]Protocolo adicional I (1977), art. 85, párr. 4, apdo. c).
[103]V., v.g., la legislación de Australia (citada en vol. II, cap. 32, párrs. 601 y 602), Azerbaiyán (ibíd., párr. 603), Bélgica (ibíd., párr. 604), Bulgaria (ibíd., párr. 605), Canadá (ibíd., párr. 607), Chipre (ibíd., párr. 612), Colombia (ibíd., párr. 609), Eslovaquia (ibíd., párr. 629), España (ibíd., párr. 630), Georgia (ibíd., párr. 615), Hungría (ibíd., párr. 616), Irlanda (ibíd., párr. 617), Islas Cook (ibíd., párr. 611), Moldova (ibíd., párr. 621), Níger (ibíd., párr. 626), Noruega (ibíd., párr. 627), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 623), Perú (ibíd., párr. 628), Reino Unido (ibíd., párr. 633), República Checa (ibíd., párr. 613), Tayikistán (ibíd., párr. 631) y Zimbabwe (ibíd., párr. 635); v. también los proyectos de ley de El Salvador (ibíd., párr. 614), Jordania (ibíd., párr. 618), Líbano (ibíd., párr. 619) y Nicaragua (ibíd., párr. 625).
[104]V., v.g., la legislación de Armenia (citada en vol. II, cap. 3, párr. 33), Australia (ibíd., párr. 34), Belarús (ibíd., párr. 35), Bélgica (ibíd., párr. 36), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 37), Canadá (ibíd., párr. 38), China (ibíd., párr. 39), Chipre (ibíd., párr. 43), Colombia (ibíd., párr. 40), Croacia (ibíd., párr. 42), Eslovenia (ibíd., párr. 57), España (ibíd., párr. 58), Estonia (ibíd., párr. 45), Georgia (ibíd., párr. 46), Indonesia (ibíd., párr. 47), Irlanda (ibíd., párr. 48), Islas Cook (ibíd., párr. 41), Lituania ( ibíd., párr. 51), Níger (ibíd., párr. 55), Noruega (ibíd., párr. 56), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 53), Países Bajos (ibíd., párr. 52), Reino Unido (ibíd., párr. 61), Suecia (ibíd., párr. 59), Tayikistán (ibíd., párr. 60), Yugoslavia (ibíd., párr. 629) y Zimbabwe (ibíd., párr. 63); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 33), El Salvador (ibíd., párr. 44), Jordania (ibíd., párr. 49), Líbano (ibíd., párr. 50) y Nicaragua (ibíd., párr. 54).
[105]V. CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (citada en vol. II, cap. 3, párr. 243); TPIY, Galic case,asunto n.° IT-98-29-T, fallo y opinión, 5 de diciembre de 2003, párr. 57 (“los ataques indiscriminados, es decir, los ataques que afectan sin distinción a los civiles o a los bienes de carácter civil y a los objetivos militares, pueden considerarse como ataques directos contra las personas civiles”), con referencias adicionales a los asuntos Blaskic, fallo, y Martic, examen del auto de procesamiento; v. también TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (citado en vol. II, cap. 3, párr. 134), Karadzic and Mladic case, examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 135), Kordic and Cerkez case, decisión sobre la moción de defensa conjunta (ibíd., párr. 136) y Kupreskic case, fallo (ibíd., párr. 137).
[106]Estatuto de la CPI (1998), art. 30, párr. 3.
[107] Protocolo adicional I (1977), art. 85, párr. 3, apdo. b).
[108] Protocolo adicional I (1977), art. 85, párr. 3, apdo. c).
[109] Cabe señalar que un ataque dirigido deliberadamente contra obras o instalaciones que no constituyan un objetivo militar constituiría un crimen de guerra en tanto que ataque a bienes de caracter civil, independientemente de las bajas civiles o los daños causados.
[110] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso iv).
[111]Estatuto del TPIR (1994), art. 4; Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 3; Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. c); véase, v.g., TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (citado en vol. II, cap. 32, párr. 928); TPIY, Jelisic case, fallo (ibíd., párr. 934).
[112]Elementos de los crímenes de la CPI (2000), (en relación con el art. 8, párr. 2, apdo. c) del Estatuto de la CPI); TPIY, Delalic case, asunto n.° IT-96-21-T, fallo, Sala de Primera Instancia II, 16 de noviembre de 1998, párrs. 422 y 423 (en relación con el homicidio), párr. 552 (en relación con los tratos crueles), párr. 443 (en relación con la tortura) y párr. 187 (en relación con la toma de rehenes).
[113]V. TPIY, Tadic case, asunto n.° IT-94-1-AR7, decisión sobre la moción de la defensa acerca de un recurso interlocutorio sobre la competencia, Cámara de Apelaciones, 2 de octubre de 1995, párrs. 100 a 118 y Martic case, asunto n.° IT-95-11-R61, examen del auto de procesamiento en virtud de la regla 61 de las Reglas sobre procedimiento y sobre prueba, Sala de Primera Instancia I, 8 de marzo de 1996, párr. 11.
[114] Estatuto del TPIR (1994), art. 4.
[115] V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 1, párr. 241), Armenia (ibíd., párr. 218), Australia (ibíd., párr. 220), Azerbaiyán (ibíd., párrs. 221 y 222), Belarús (ibíd., párr. 223), Bélgica (ibíd., párr. 224), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 225), Canadá (ibíd., párr. 228), Colombia (ibíd., párr. 230), Congo (ibíd., párr. 232), Croacia (ibíd., párr. 234), Eslovenia (ibíd., párr. 257), España (ibíd., párr. 259), Estonia (ibíd., párr. 239), Georgia (ibíd., párr. 240), Irlanda (ibíd., párr. 244), Lituania (ibíd., párr. 248), Níger (ibíd., párr. 254), Noruega (ibíd., párr. 255), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 252), Países Bajos (ibíd., párr. 250), Reino Unido (ibíd., párr. 265), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 231), Suecia (ibíd., párr. 260), Tayikistán (ibíd., párr. 261), Viet Nam (ibíd., párr. 266), Yemen (ibíd., párr. 267) y Yugoslavia (ibíd., párr. 268); v. también la legislación de Eslovaquia (ibíd., párr. 256), Hungría (ibíd., párr. 242), Italia (ibíd., párr. 245) y República Checa (ibíd., párr. 237), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 217), Burundi (ibíd., párr. 226), El Salvador (ibíd., párr. 238), Jordania (ibíd., párr. 246), Nicaragua (ibíd., párr. 253) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 262).
[116] V. TPIY, Jelisic case, asunto n.° IT-95-10-T, fallo, Sala de Primera Instancia I, 14 de diciembre de 1999, párr. 49.
[117] V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 16, párr. 591), Australia (ibíd., párr. 559), Azer- baiyán (ibíd., párr. 561), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 563), Canadá (ibíd., párrs. 569 y 570), Colombia (ibíd., párr. 576), Congo (ibíd., párr. 578), Croacia (ibíd., párr. 580), Ecuador (ibíd., párr. 582) El Salvador (ibíd., párrs. 584 y 585), Eslovenia (ibíd., párr. 635), España (ibíd., párrs. 637 y 638), Estonia (ibíd., párr. 586), Etiopía (ibíd., párr. 587), Gambia (ibíd., párr. 589), Georgia (ibíd., párr. 590), Ghana (ibíd., párr. 592), Guinea (ibíd., párr. 593), Irlanda (ibíd., párr. 599), Kazajstán (ibíd., párr. 605), Kenya (ibíd., párr. 606), Letonia (ibíd., párr. 608), Moldova (ibíd., párr. 614), Nicaragua (ibíd., párr. 623), Nigeria (ibíd., párr. 624), Noruega (ibíd., párr. 625), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 621 y 622), Países Bajos (ibíd., párr. 620), Paraguay (ibíd., párr. 627), Reino Unido (ibíd., párr. 652), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 577), Rusia (ibíd., párr. 631), Singapur (ibíd., párr. 633), Suiza (ibíd., párr. 642), Tayikistán (ibíd., párr. 643), Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 645), Ucrania (ibíd., párr. 649), Uganda (ibíd., párr. 648), Uzbekistán (ibíd., párr. 657), Venezuela (ibíd., párr. 658), Yemen (ibíd., párr. 661), Yugoslavia (ibíd., párr. 663), Zambia (ibíd., párr. 664) y Zimbabwe (ibíd., párr. 665); v. también la legislación de Bulgaria (ibíd., párr. 565), Burkina Faso (ibíd., párr. 566), Eslovaquia (ibíd., párr. 634), Hungría (ibíd., párr. 594), Italia (ibíd., párrs. 602 y 603), Mozambique (ibíd., párr. 616), Paraguay (ibíd., párr. 626), Perú (ibíd., párr. 628), República Checa (ibíd., párr. 581), República de Corea (ibíd., párr. 607), y Togo (ibíd., párr. 644), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 556), Burundi (ibíd., párr. 567) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 646).
[118] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso vi).
[119] Estatuto del TPIR (1994), art. 4, apdo. c) (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1577); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 3, apdo. e) (ibíd., párr. 1569).
[120] V. TPIY, Furundzija case, fallo (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1733) y Kunarac case, fallo (ibíd., párr. 1734).
[121] V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 32, párr. 1637), Armenia (ibíd., párr. 1618), Australia (ibíd., párrs. 1620 y 1621), Azerbaiyán (ibíd., párrs. 1622 y 1623), Bangladesh (ibíd., párr. 1624), Bélgica (ibíd., párr. 1625), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 1626), Canadá (ibíd., párr. 1628), Colombia (ibíd., párr. 1630), Congo (ibíd., párr. 1631), Croacia (ibíd., párr. 1632), Eslovenia (ibíd., párr. 1652), España (ibíd., párr. 1654), Estonia (ibíd., párr. 1634), Etiopía (ibíd., párr. 1635), Georgia (ibíd., párr. 1638), Lituania (ibíd., párr. 1642), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 1648), Países Bajos (ibíd., párr. 1647), Reino Unido (ibíd., párr. 1656) y Yugoslavia (ibíd., párr. 1658); v. también la legislación de Mozambique (ibíd., párr. 1644), Paraguay (ibíd., 1651) y República de Corea (ibíd., 1641), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 1619), Burundi (ibíd., párr. 1629) y Trinidad y Tobago (ibíd. , párr. 1657).
[122]Protocolo adicional II (1977), art. 17.
[123]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso viii).
[124]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 38, párr. 100), Armenia (ibíd., párr. 66), Australia (ibíd., párr. 69), Azerbaiyán (ibíd., párr. 70), Belarús (ibíd., párr. 73), Bélgica (ibíd., párr. 74), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 75), Bulgaria (ibíd., párr. 77), Camboya (ibíd., párr. 79), Canadá (ibíd., párr. 81), China (ibíd., párr. 82), Colombia (ibíd., párr. 84), Congo (ibíd., párr. 86), Côte d'Ivoire (ibíd., párr. 88), Croacia (ibíd., párr. 89), Eslovaquia (ibíd., párr. 139), Eslovenia (ibíd., párr. 140), España (ibíd., párr. 141), Estonia (ibíd., párr. 95), Etiopía (ibíd., párr. 96), Georgia (ibíd., párr. 99), India (ibíd., párr. 103), Irlanda (ibíd., párr. 104), Kazajstán (ibíd., párr. 108), Letonia ( ibíd., párr. 110), Malí (ibíd., párr. 117), Moldova (ibíd., párr. 120), Nicaragua (ibíd., párr. 125), Níger (ibíd., párr. 127), Noruega (ibíd., párr. 129), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 124), Paraguay (ibíd., párr. 131), Polonia (ibíd., párr. 133), Portugal (ibíd., párr. 134), Reino Unido (ibíd., párr. 148), República Checa (ibíd., párr. 92), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 85), Rumania (ibíd., párr. 135), Rusia (ibíd., párr. 136), Tayikistán (ibíd., párr. 143), Uzbekistán (ibíd., párr. 152) y Yugoslavia (ibíd., párr. 154); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 65), Burundi (ibíd., párr. 78), El Salvador (ibíd., párr. 94) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 144).
[125]V. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 752 (citada en vol. II, cap. 38, párr. 193), Res. 822, 874 y 884 (ibíd., párr. 195) y Res. 918 (ibíd., párr. 196); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 200 a 203); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 46/134 (ibíd., párr. 208) y Res. 50/193 (ibíd., párr. 210); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1994/87 (ibíd., párr. 211), Res. 1995/77 (ibíd., párr. 212) y Res. 1996/73 (ibíd., párr. 213).
[126]Protocolo adicional II (1977), art. 5, párr. 2, apdo. e).
[127] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso xi).
[128] V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 32, párr. 1492), Australia (ibíd., párr. 1468), Azerbaiyán (ibíd., párrs. 1469 y 1470), Belarús (ibíd., párr. 1473), Bélgica (ibíd., párr. 1474), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 1475), Bulgaria (ibíd., párr. 1477), Camboya (ibíd., párr. 1479), Canadá (ibíd., párr. 1480), Colombia (ibíd., párr. 1482), Congo (ibíd., párr. 1483), Cote d'Ivoire (ibíd., párr. 1485), Croacia (ibíd., párr. 1486), Eslovenia (ibíd., párr. 1519), España (ibíd., párrs. 1520 y 1521), Etiopía (ibíd., párr. 1490), Georgia (ibíd., párr. 1491), Irlanda (ibíd., párr. 1494), Lituania (ibíd., párr. 1498), Malí (ibíd., párr. 1502), Moldova (ibíd., párr. 1504), Níger (ibíd., párr. 1510), Noruega (ibíd., párr. 1512), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 1507), Paraguay (ibíd., párr. 1514), Polonia (ibíd., párr. 1515), Rumania (ibíd., párr. 1516), Tailanda (ibíd., párr. 1524) y Tayikistán (ibíd., párr. 1523); v. también la legislación del Reino Unido (ibíd., párr. 1528), Yemen (ibíd., párr. 1531) y Yugoslavia (ibíd., párr. 1532), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 1464), Burundi (ibíd., párr. 1478), El Salvador (ibíd., párr. 1489), Jordania (ibíd., párr. 1495), Líbano (ibíd., párr. 1497), Nicaragua (ibíd., párr. 1509) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 1525).
[129] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso xi).
[130] V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 15, párr. 65), Australia (ibíd., párr. 56), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 57), Canadá (ibíd., párr. 59), Congo (ibíd., párr. 61), Croacia (ibíd., párr. 62), Eslovenia (ibíd., párr. 74), Etiopía (ibíd., párr. 63), Georgia (ibíd., párr. 64), Irlanda (ibíd., párr. 66), Noruega (ibíd., párr. 73), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 72), Países Bajos (ibíd., párr. 71), Reino Unido (ibíd., párr. 75) y Yugoslavia (ibíd., párr. 79); v. también la legislación de Italia (ibíd., párr. 67), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 57) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 76).
[131] Protocolo adicional II (1977), arts. 9 y 11.
[132] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso ii).
[133]V. Knut Dormann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court. Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 447 a 451.
[134]V., v.g., la legislación de Croacia (citada en vol. II, cap. 7, párr. 340), Eslovenia (ibíd., párr. 350), España(ibíd., párrs. 351 y 352), Estonia (ibíd., párr. 342), Georgia (ibíd., párr. 343), Irlanda (ibíd., párr. 344), Nicaragua (ibíd., párr. 346), Noruega (ibíd., párr. 438), Polonia (ibíd., párr. 349), Tayikistán (ibíd., párr. 353) y Yugoslavia (ibíd., párr. 354); v. también la legislación de Italia (ibíd., párr. 345), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 338), El Salvador (ibíd., párr. 341) y Nicaragua (ibíd., párr. 347).
[135]V. los informes finales de las comisiones de expertos de las Naciones Unidas establecidas en virtud de la resolución 780 (1992) del Consejo de Seguridad (citada en vol. II, cap. 7, párrs. 144 y 546) y Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 935 (1994) (ibíd., párr. 145).
[136]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 7, párrs. 474 y 718), Argentina (ibíd., párr. 453), Australia (ibíd., párrs. 455 y 456), Azerbaiyán (ibíd., párr. 457), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 459), Canadá (ibíd., párr. 461), Chile (ibíd., párr. 462), Colombia (ibíd., párr. 464), Congo (ibíd., párr. 465), Croacia (ibíd., párr. 466), Cuba (ibíd., párr. 467), Eslovenia (ibíd., párr. 492), España (ibíd., párrs. 493 y 726), Estonia (ibíd., párrs. 471 y 716), Georgia (ibíd., párrs. 473 y 717), Guatemala (ibíd., párr. 475), Irak (ibíd., párr. 476), Irlanda (ibíd., párrs. 477 y 719), Lituania (ibíd., párrs. 479 y 721), México (ibíd., párr. 480), Nicaragua (ibíd., párrs. 484 y 722), Noruega (ibíd., párrs. 486 y 724), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 483), Países Bajos (ibíd., párr. 482), Perú (ibíd., párr. 487), Polonia (ibíd., párr. 489), Portugal (ibíd., párr. 490), Reino Unido (ibíd., párr. 498), República Dominicana (ibíd., párr. 468), Rumania (ibíd., párrs. 491 y 725), Suecia (ibíd., párr. 494), Tayikistán (ibíd., párrs. 495 y 728), Venezuela (ibíd., párrs. 501 y 729) y Yugoslavia (ibíd., párr. 502); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párrs. 454 y 712), Burundi (ibíd., párr. 460), El Salvador (ibíd., párrs. 470 y 715), Nicaragua (ibíd., párrs. 485 y 723) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 496).
[137]V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 771 (citada en vol. II, cap. 7, párr. 534) y Res. 794 (ibíd., párr. 535); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 40/139 (ibíd., párr. 538) y Res. 41/157 (ibíd., párr. 538); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1992/S-1/1 (ibíd., párr. 542).
[138]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso vii).
[139]Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 4, apdo. c).
[140]Protocolo adicional II (1977), art. 4, párr. 3, apdo. c).
[141]Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 33, párr. 3.
[142]V., v.g., las declaraciones de Estados Unidos (citada en vol. II, cap. 39, párr. 569) e Italia (ibíd., párr. 559); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1071 y 1083 (ibíd., párr. 572); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaración del Presidente (ibíd., párr. 576); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1998/63 (ibíd., párr. 464), Res. 1998/75 (ibíd., párr. 465) y Res. 1998/82 (ibíd., párr. 467).
[143]V. notas a pie de página 82 y 83 supra.
[144]Protocolo adicional II (1977), art. 16.
[145]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso iv).
[146]Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), arts. 19 y 28.
[147]Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 15, párr. 1, y art. 22.
[148]V., v.g., la práctica de Alemania (citada en vol. II, cap. 12, párr. 194), Cabo Verde (ibíd., párr. 181), Croacia (ibíd., párr. 185), Emiratos Árabes Unidos (ibíd., párr. 219), Irán (ibíd., párr. 202), Pakistán (ibíd., párr. 215), y Yugoslavia (ibíd., párrs. 237 a 239); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 47/147, 49/196 y 50/193 (ibíd., párr. 245); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1994/72 (ibíd., párr. 248) y Res. 1998/70 (ibíd., párr. 249); UNESCO, Conferencia General, Res. 4.8 (ibíd., párr. 251); OCI, Res. 1/5-EX (ibíd., párr. 261).
[149]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 12, párr. 132), Argentina (ibíd., párr. 105), Australia (ibíd., párrs. 108 y 109), Azerbaiyán (ibíd., párr. 110), Belarús (ibíd., párr. 111), Bélgica (ibíd., párr. 112), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 113), Bulgaria (ibíd., párr. 114), Canadá (ibíd., párrs. 116 y 117), Chile (ibíd., párr. 118), Colombia párrs. 120 y 121), Congo (ibíd., párr. 122), Croacia (ibíd., párr. 124), Cuba (ibíd., párr. 125), Eslovaquia (ibíd., párr. 157), Eslovenia (ibíd., párr. 158), España (ibíd., párrs. 159 y 160), Estonia (ibíd., párr. 130), Georgia (ibíd., párr. 131), Hungría (ibíd., párr. 133), Irlanda (ibíd., párr. 134), Kirguistán (ibíd., párr. 138), Letonia (ibíd., párr. 139), Lituania (ibíd., párr. 141), México (ibíd., párr. 143), Nicaragua (ibíd., párr. 148), Níger (ibíd., párr. 150), Noruega (ibíd., párr. 151), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 147), Paraguay (ibíd., párr. 152), Perú (ibíd., párr. 153), Polonia (ibíd., párr. 154), Reino Unido (ibíd., párr. 167), República Checa (ibíd., párr. 127), República Dominicana (ibíd., párr. 128), Rumania (ibíd., párr. 155), Rusia (ibíd., párr. 156), Suecia (ibíd., párr. 161), Suiza (ibíd., párrs. 162 y 163), Tayikistán (ibíd., párr. 164), Uruguay (ibíd., párr. 169), Venezuela (ibíd., párr. 170) y Yugoslavia (ibíd., párr. 171); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 106), Burundi (ibíd., párr. 115), El Salvador (ibíd., párr. 129), Jordania (ibíd., párr. 137), Nicaragua (ibíd., párr. 149) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 165).
[150]Estatuto del TPIY (1993), art. 3, apdo. d).
[151]TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (citado en vol. II, cap. 12, párr. 268).
[152]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e).
[153]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso xii).
[154]V. v.g. los manuales militares de Alemania, Benin, Croacia, Filipinas, Nigeria y Togo (citados en vol. II, cap. 2, párr. 7), así como de Alemania, Benin, Colombia, Croacia, Ecuador, Italia, Kenya, Líbano, Madagascar, Sudáfrica, Togo y Yugoslavia (ibíd., párr. 115).
[155]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 2, párr. 128), Australia (ibíd., párr. 119), Azerbaiyán (ibíd., párr. 120), Canadá (ibíd., párr. 122), Congo (ibíd., párr. 123), Croacia (ibíd., párr. 124), España (ibíd., párr. 138), Estonia (ibíd., párr. 126), Georgia (ibíd., párr. 127), Noruega (ibíd., párr. 136), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 134) y Reino Unido (ibíd., párr. 140); v. también la legislación de Eslovaquia (ibíd., párr. 137), Hungría (ibíd., párr. 129) e Italia (ibíd., párr. 131), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, así como los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 118), Burundi (ibíd., párr. 121), El Salvador (ibíd., párr. 125), Nicaragua (ibíd., párr. 135) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 139).
[156]TPIY, Blaskic case, fallo (citado en vol. II, cap. 2, párr. 181).
[157]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso xii).
[158]Estatuto del TPIY (1993), art. 3 apdo. e).
[159]TPIY, Jelisic case, fallo (citado en vol. II, cap. 16, párr. 740).
[160]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 16, párr. 155), Armenia (ibíd., párr. 122), Australia (ibíd., párr. 125), Azerbaiyán (ibíd., párr. 126), Belarús (ibíd., párr. 129), Bélgica (ibíd., párr. 130), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 131), Camboya (ibíd., párr. 135), Canadá (ibíd., párr. 138), Congo (ibíd., párr. 142), Croacia (ibíd., párr. 144), El Salvador (ibíd., párrs. 149 y 150), Eslovenia (ibíd., párr. 199), España (ibíd., párrs. 200 y 201), Estonia (ibíd., párr. 151), Georgia (ibíd., párr. 154), Letonia (ibíd., párr. 166), Lituania (ibíd., párr. 168), Moldova (ibíd., párr. 177), Nicaragua (ibíd., párr. 184), Níger (ibíd., párr. 185), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 182), Países Bajos (ibíd., párr. 180), Portugal (ibíd., párr. 193), Reino Unido (ibíd., párr. 211), Tayikistán (ibíd., párr. 205), Uzbekistán (ibíd., párr. 215) y Yugoslavia (ibíd., párr. 219); v. también la legislación de Bulgaria (ibíd., párr. 133), Eslovaquia (ibíd., párr. 198), Italia (ibíd., párrs. 161 y 162), Mozambique (ibíd., párr. 178), Nicaragua (ibíd., párr. 183), Paraguay (ibíd., párr. 190), Perú (ibíd., párr. 191), República Checa (ibíd., párr. 147) y Rumania (ibíd., párr. 194), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, así como los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 121), Burundi (ibíd., párr. 134), Jordania (ibíd., párr. 164) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 206).
[161]Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 4; Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso iii).
[162]V. nota a pie de página 69 supra.
[163]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso ix).
[164]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 18, párrs. 971 y 1284), Argentina (ibíd., párr. 1267), Azerbaiyán (ibíd., párr. 1270), Bélgica (ibíd., párr. 1271), Bolivia (ibíd., párr. 1272), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 964), Canadá (ibíd., párr. 1274), Colombia (ibíd., párr. 1275), Congo (ibíd., párrs. 968 y 1276), Costa Rica (ibíd., párr. 1278), Croacia (ibíd., párr. 969), Eslovenia (ibíd., párr. 978), España (ibíd., párr. 1302), Etiopía (ibíd., párr. 1282), Georgia (ibíd., párrs. 970 y 1283), Guatemala (ibíd., párr. 1285), Kirguis- tán (ibíd., párr. 1289), Liechtenstein (ibíd., párr. 1291), Moldova (ibíd., párrs. 1293 y 1294), Níger (ibíd., párr. 1300), Noruega (ibíd., párrs. 977 y 1301), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 976), Reino Unido (ibíd., párr. 981), Suecia (ibíd., párrs. 979 y 1303), Suiza (ibíd., párr. 1304), Tayikistán (ibíd., párr. 1305), Togo (ibíd., párr. 1306), Yemen (ibíd., párr. 1310) y Yugoslavia (ibíd., párr. 983); v. también los proyectos de ley de Burundi (ibíd., párr. 966), El Salvador (ibíd., párr. 1280), Jordania (ibíd., párr. 1282), Líbano (ibíd., párr. 1290), Nicaragua (ibíd., párr. 1298) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 980).
[165]TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (citado en vol. II, cap. 18, párrs. 920 y 1503).
[166]Convención sobre las armas químicas (1993), arts. I, párr. 1, apdo. b) y VII, párr. 1), apdo. a); Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), arts. 3 y 14; Convención de Ottawa (1997), arts. 1 y 9.
[167]V., v.g., los manuales militares de Alemania (citado en vol. II, cap. 20, párr. 412), Australia (ibíd., párr. 408), Ecuador (ibíd., párr. 411), República de Corea (ibíd., párr. 413) y Sudáfrica (ibíd., párr. 415).
[168]V., v.g., la legislación de Belarús (citada en vol. II, cap. 20, párr. 422) (sólo las armas “prohibidas por tratados internacionales”), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 423), Colombia (ibíd., párr. 425), Croacia (ibíd., párr. 427), Eslovenia (ibíd., párr. 447), España (ibíd., párrs. 448 y 449), Estonia (ibíd., párr. 431), Etiopía (ibíd., párr. 432) (sólo las armas “prohibidas por convenciones internacionales”), Finlandia (ibíd., párr. 433), Kazajstán (ibíd., párr. 436) (sólo las armas “prohibidas por un tratado internacional”), Lituania (ibíd., párr. 437), Moldova (ibíd., párr. 438) (sólo las armas “prohibidas por tratados internacionales”), Nicaragua (ibíd., párrs. 441 y 442), Polonia (ibíd., párr. 444), Rusia (ibíd., párr. 445) (sólo las armas “prohibidas por un tratado internacional”), Suecia (ibíd., párr. 450), Tayikistán (ibíd., párr. 451), Uzbekistán (ibíd., párr. 452), Viet Nam (ibíd., párr. 453) y Yugoslavia (ibíd., párr. 454); v. también la legislación de Bulgaria (ibíd., párr. 424), Eslovaquia (ibíd., párr. 446), Hungría (ibíd., párr. 434), Italia (ibíd., párr. 435), Mozambique (ibíd., párr. 439) y República Checa (ibíd., párr. 428), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, así como el proyecto de ley de Argentina (ibíd., párr. 421).
[169] Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 6.2 (ibíd., párr. 407).
[170] V., v.g., la legislación de Belarús (citada en vol. II, cap. 3, párr. 35), Bélgica (ibíd., párr. 36), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 37), Colombia (ibíd., párr. 40), Croacia (ibíd., párr. 42), Eslovenia (ibíd., párr. 57), España (ibíd., párr. 58), Estonia (ibíd., párr. 45), Georgia (ibíd., párr. 46), Indonesia (ibíd., párr. 47), Lituania (ibíd., párr. 51), Níger (ibíd., párr. 55), Suecia (ibíd., párr. 59), Tayikistán (ibíd., párr. 60) y Yugoslavia (ibíd., párr. 62); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 32), El Salvador (ibíd., párr. 44), Jordania (ibíd., párr. 49), Líbano (ibíd., párr. 50) y Nicaragua (ibíd., párr. 54).
[171] TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (citado en vol. II, cap. 3, párr. 134) y Kupreskic case, fallo (ibíd., párr. 137).
[172] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 65), Armenia (ibíd., párr. 50), Belarús (ibíd., párr. 53), Bélgica (ibíd., párr. 54), Colombia (ibíd., párr. 59), España (ibíd., párr. 75), Níger (ibíd., párr. 73) y Suecia (ibíd., párr. 76); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 49), Burundi (ibíd., párr. 56), El Salvador (ibíd., párr. 63) y Nicaragua (ibíd., párr. 72).
[173] V. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 2000/58 (citada en vol. II, cap. 3, párr. 116).
[174] V. Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso xii).
[175] V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 11, párrs. 148 y 299), Azerbaiyán (ibíd., párrs. 136 y 283), Belarús (ibíd., párrs. 137 y 284), Bélgica (ibíd., párrs. 138 y 285), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párrs. 139 y 286), Croacia (ibíd., párrs. 142 y 293), Eslovaquia (ibíd., párrs. 159 y 314), Eslovenia (ibíd., párrs. 160 y 315), España (ibíd., párrs. 161 y 316), Estonia (ibíd., párrs. 146 y 297), Georgia (ibíd., párrs. 147 y 298), Hungría (ibíd., párrs. 149 y 300), Lituania (ibíd., párrs. 153 y 304), Níger (ibíd., párrs. 157 y 311), Polonia (ibíd., párr. 313), República Checa (ibíd., párrs. 144 y 295), Tayikistán (ibíd., párrs. 162 y 317), Venezuela (ibíd., párr. 322), Yemen (ibíd., párr. 164) y Yugoslavia (ibíd., párrs. 165 y 323); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párrs. 132 y 278), Burundi (ibíd., párr. 287), El Salvador (ibíd., párrs. 145 y 296), Jordania (ibíd., párrs. 151 y 302), Líbano (ibíd., párrs. 152 y 303) y Nicaragua (ibíd., párrs. 156 y 310).
[176] V., v.g., TPIY, Blaskic case, asunto n.° IT-95-14-T, fallo, Sala de Primera Instancia I, 3 de marzo de 2000, párr. 716; Kordic and Cerkez case, asunto n.° IT-95-14/2-T, fallo, Sala de Primera Instancia III, 26 de febrero de 2001, párr. 256; v. también Karadzic and Mladic case, examen del auto de procesamiento (citado en vol. II, cap. 32, párr. 2364).
[177] V., v.g., TPIY, Aleksovski case, asunto n.° IT -95-14/1-T, fallo, Sala de Primera Instancia I, 25 de junio de 1999, párr. 229.
[178] V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 32, párr. 2294), Azerbaiyán (ibíd., párrs. 2286 y 2287), Belarús (ibíd., párr. 2289), Georgia (ibíd., párr. 2295), Lituania (ibíd., párr. 2297), Polonia (ibíd., párr. 2303), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 2292) y Tayikistán (ibíd., párr. 2304); v. también la legislación de Perú (ibíd., párr. 2302) y Yemen (ibíd., párr. 2307), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y el proyecto de ley de Burundi (ibíd., párr. 2290).
[179]V., v.g., las declaraciones de Chile (citada en vol. II, cap. 32, párr. 2310), Tayikistán (ibíd., párr. 2326) y Yugoslavia (ibíd., párr. 2346); la práctica referida de Rwanda (ibíd., párr. 2323); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1995/89 (ibíd., párr. 2348); Secretario General de las Naciones Unidas, informe sobre la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL) (ibíd., párr. 2349), Primer Informe sobre los progresos logrados por la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL), (ibíd., párr. 2350) e informe preparado en cumplimiento del párrafo 5 de la resolución 837 (1993) del Consejo de Seguridad relativo a la investigación efectuada en nombre del Secretario General sobre el ataque perpetrado el 5 de junio de 1993 contra las fuerzas de las Naciones Unidas en Somalia (ibíd., párr. 2351).
[180]Protocolo adicional II (1977), art. 4.
[181]V. nota a pie de página 89 supra.
[182]V., v.g., la legislación de Albania (citada en vol. II, cap. 32, párr. 1814), Australia (ibíd., párr. 1817), Azerbaiyán (ibíd., párr. 1821), Bélgica (ibíd., párr. 1825), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 1826), Cote d'Ivoire (ibíd., párr. 1830), Croacia (ibíd., párr. 1831), Eslovenia (ibíd., párr. 1850), Irlanda (ibíd., párr. 1834), Noruega (ibíd., párr. 1847), Paraguay (ibíd., párr. 1848), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 1828), Uzbekistán (ibíd., párr. 1852) y Yugoslavia (ibíd., párr. 1857); v. también el proyecto de ley de Burundi (ibíd., párr. 1825).
[183]Protocolo adicional II (1977), art. 4.
[184]V. nota a pie de página 92 supra.
[185]Estatuto del TPIR (1994), art. 4, apdo. b); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 3, apdo. b).
[186]Protocolo adicional II (1977), arts. 14 y 18.
[187]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1996/73 (citada en vol. II, cap. 17, párr. 631).
[188] Comisión de Expertos de las Naciones Unidas establecida de conformidad con la Resolución 935 (1994) del Consejo de Seguridad, Informe preliminar (citado en vol. II, cap. 17, párr. 113).
[189]V., v.g., la legislación de Alemania (citada en vol. II, cap. 17, párr. 50), Azerbaiyán (ibíd., párr. 39), Belarús (ibíd., párr. 40), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 41), Croacia (ibíd., párr. 47), Eslovenia (ibíd., párr. 57), Etiopía (ibíd., párr. 48), Lituania (ibíd., párr. 52) y Yugoslavia (ibíd., párr. 61).